México/ "Somos el trofeo de la guerra contra las drogas". Las cárceles se pueblan de mujeres pobres. [Mariana Mora]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de enero 2022

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México



Narcotráfico, mujeres y prisión



“Somos el trofeo de la guerra contra las drogas”



Para mostrar efectividad en la guerra contra las drogas, el Estado mexicano
construyó una narrativa basada en la violencia, la persecución y el
encarcelamiento masivo. Una década y media después deja un saldo de más de
350 mil muertes y casi cien mil desapariciones. Lejos del discurso de
persecución a los grandes narcos, las cárceles se pueblan de mujeres pobres
dedicadas a actividades de bajo rango y alto riesgo. La regulación será
feminista o no será.



Mariana Mora *

Revista Anfibia, enero 2022

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Betty Maldonado vivía con su esposo y uno de sus hijos en la Ciudad de
México. Tenía 42 años, tres hijos y casi dos décadas casada. Trabajaba en
una fábrica de bolsas y vendía alimentos en la calle; su esposo trabajaba
como hojalatero pintor. Siempre habían tenido una vida tranquila. Por eso se
sorprendió cuando un día  de agosto de 2009 un grupo de hombres llegó a su
casa y le dijo que su marido debía casi 15 mil dólares por consumir cocaína.
Betty no lo podía creer. A punta de amenazas, asumió la deuda de su
compañero y empezó a trabajar con las organizaciones criminales para
pagarla.



El trabajo de venta de Betty no duró mucho. El 3 de marzo de 2010 doscientos
policías, apoyados por un helicóptero, llegaron hasta la casa. La detuvieron
a ella, a su marido, a su hijo y a otras 19 personas que estaban en la
vecindad. De todas las personas detenidas solo quedaron 8 sentenciadas.
Betty fue condenada a seis años y seis meses de prisión por posesión,
narcotráfico, narcomenudeo y portación de arma y cartucho de 9 milímetros.



***



—Mi esposo se envenenó con la cocaína en los tiempos del calderonismo,
cuando se abrieron las puertas en nuestro país y muchos familiares
comenzaron con esa adicción.



Betty se refiere a la administración del ex presidente mexicano, Felipe
Calderón, que declaró la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006,
a pocos días de haber asumido. La ofensiva se tradujo en la creación de la
Ley de Narcomenudeo en 2009 y el endurecimiento de las penas a los delitos
contra la salud. También entró en vigor en 2008 la Iniciativa Mérida, un
programa bilateral antinarcóticos financiado por Estados Unidos y México
centrado en el entrenamiento de policías y militares mexicanos y las
reformas legales en el aparato judicial. El endurecimiento de las políticas
prohibicionistas, que tomó solidez institucional en 2009, aumentó la
población penitenciaria de mujeres en un 62.5% en un año, pasando de 21 mil
209 mujeres privadas de la libertad en 2008 a 34 mil 480 en 2009.



Que las mujeres empiecen a trabajar en la venta o tráfico de sustancias
ilícitas para apoyar a sus parejas, como le pasó a Betty, es de lo más
común. Incluso muchas son “obligadas por hombres en su entorno familiar,
sujetas a dinámicas de violencia”, explica Viridiana Valgañón, abogada
litigante de la organización feminista Equis, Justicia para las Mujeres.
Pero las relaciones de poder con los hombres de su entorno no son el único
factor de desigualdad que contribuye a que participen del mercado ilegal de
las drogas: “hay mujeres que se involucran empujadas por la pobreza, por la
marginación económica, social, incluso en muchos casos empujadas por la
discriminación y violencia relacionadas con su raza”, dice Viridiana, quien
junto a su equipo hace años que investiga el tema y acompaña a mujeres
detenidas en causas por drogas.



El incremento de la población carcelaria femenina a partir de la guerra
contra las drogas refleja la dinámica de criminalización de mujeres derivada
de políticas prohibicionistas y punitivistas. En general las mujeres se
involucran en actividades de alto riesgo y bajo rango, como la producción y
el transporte, mucho más que los hombres, por lo que están más expuestas a
ser detenidas y encarceladas que los hombres.



De acuerdo con datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal en
2020, las mujeres privadas de la libertad por los delitos de narcomenudeo y
delitos contra la salud representan el 40.8% de la población penitenciaria
femenina en los centros federales y estatales, mientras que los hombres
encarcelados por los mismos delitos representan un 31.4% de la población
masculina.



Las características de estas mujeres coinciden en las intersecciones entre
género, clase y raza que imbrican distintos estados de vulnerabilidad. “La
mayoría ha vivido escasez de servicios estatales, son cabezas de familia e
indígenas”, señala Romina Vázquez, coordinadora del área de comunicación
para la incidencia en el Instituto RIA, una organización que se dedica a la
investigación e incidencia en políticas de drogas para la construcción de
paz.



Romina realizó una investigación sobre mujeres ex privadas de la libertad
por delitos menores de drogas y encontró que “el 91.4% no tiene antecedentes
penales, más del 80% tiene al menos un hijo o son cuidadoras y el 76.3%
sufrió algún tipo de violencia por parte de la policía u otra autoridad al
momento del arresto”.



Dentro de la narrativa que el Estado construyó, el encarcelamiento masivo
fue una forma de mostrar que la guerra contra las drogas estaba surtiendo
efecto. “Lo que vemos es un despliegue desmedido de políticas punitivas, de
persecución policial contra estas mujeres”, dice Viridiana y añade que el
discurso oficial ha sido el de detener, procesar y sentenciar a grandes
capos. “Este discurso se ha construido sobre las espaldas de estas mujeres”.




Para Betty Maldonado, el engrosamiento de las cifras para legitimar la
guerra es claro:



—Fuimos un trofeo para Felipe Calderón.



En países como Estados Unidos o Brasil, el componente etnicoracial en el
encarcelamiento masivo ha sido más evidente y rastreable que en México,
donde se ha invisibilizado históricamente la racialización. Por un lado, no
fue sino hasta 2019 que el Congreso reformó la Constitución para reconocer a
las personas afromexicanas; por el otro, pese a que debería bastar con que
la población indígena se autoadscriba como tal, el Estado sigue sin
reconocerles si no hablan alguna de las lenguas (cada vez más exiguas) o
alguna autoridad tradicional les avala con una carta. Sin embargo, tanto
Viridiana como Romina coinciden en que las mujeres indígenas son
especialmente vulnerables a ser criminalizadas y la mayoría de ellas son
detenidas, juzgadas y sentenciadas sin la presencia de un traductor.



El periodista estadunidense John Gibler analiza en su libro sobre la guerra
contra el narcotráfico, Morir en México, cómo “el control social racializado
es el origen de la era moderna de la prohibición de drogas”. Y dentro de
esta población criminalizada, las mujeres son doblemente vulnerables. En
comparación con los hombres, ellas enfrentan mayor incertidumbre respecto de
su situación jurídica. El 51.5% de las mujeres que estaban privadas de la
libertad por el delito de narcomenudeo en 2019 no tenía una sentencia, en
contraste con el 38.8% de los hombres.



Así se encuentra Citlalli Guzmán Ferrer, una mujer de 33 años que está
privada de la libertad desde el 2014 sin una sentencia. A diferencia de
Betty, que contó con el apoyo de alguien que financiara un abogado privado,
el caso de Citlalli está siendo llevado por el defensor de oficio que ofrece
el Estado, un hombre de trato déspota que se ufana de haber llevado casos de
personas que han estado hasta 30 años en prisión sin una sentencia.



Antes de ser privada de la libertad, Citlalli era trabajadora doméstica.
Estudió hasta tercero de secundaria y desde chica trabajó, primero ayudando
a su mamá en un puesto callejero de revistas didácticas, y después limpiando
casas. Tuvo a su primer hijo a los 19 años y poco después tuvo una segunda.
El padre de los niños no asumió su responsabilidad y ella les crio y sostuvo
con su trabajo y el apoyo de su red familiar. Después conoció a Fernando, el
hombre junto con el que fue detenida el primero de abril de 2014.



Desde entonces, Marisol Ferrer, la madre de Citlalli se hizo cargo del
sostenimiento y la crianza de sus nietos, la gestión jurídica del caso de su
hija y, si sobra dinero, contribuir a los gastos de la prisión: desde
galletas hasta artículos de salud menstrual.



Como explica Romina Vázquez, los cuidados que ejercían las mujeres antes de
ser privadas de la libertad son asumidos por otras mujeres, lo cual
precariza su estancia en prisión más que la de los hombres, que suelen
recibir muchas más visitas e insumos. Además, explica, las mujeres que son
encarceladas por delitos contra la salud “están desafiando roles de género,
por lo que es más común que se les prive de sus redes de apoyo y pierdan a
su comunidad”.



Los hijos de Citlalli han sufrido agresiones escolares por la
estigmatización a su madre, pero Marisol se mantiene firme en su solidaridad
con su hija a pesar de que no tiene muy claro si es culpable o no de los
delitos que le imputan. Por un lado, Citlalli es acusada de posesión con
fines de venta de marihuana y pastillas psicotrópicas; pero también
Fernando, su compañero, fue acusado de secuestro y, pese a que las víctimas
no la señalan a ella, también se le atribuyó ese delito.



***



Pese al encarcelamiento masivo, el porcentaje de población que había
consumido alguna droga ilegal aumentó de 4.1% en 2002 a 10.3% en 2016. Desde
muy temprano fue evidente que la estrategia prohibicionista no estaba
cumpliendo los objetivos que el Estado aseguraba perseguir; sin embargo,
hubo quienes desde el principio cuestionaron, no solo la efectividad de
estas políticas, sino su intencionalidad. “Más que detener el narcotráfico,
el financiamiento de la guerra contra las drogas ha propiciado una
estrategia bélica que asegura acceso a las corporaciones trasnacionales a
los recursos. Por medio de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos auspició una
réplica de la guerra al estilo colombiano en México”, escribió la periodista
y socióloga canadiense Dawn Marie Paley en 2014 en su libro Capitalismo
antidrogas: una guerra contra el pueblo. Dawn, que vive en México desde 2011
y cubre temas de violencia, explica la creciente militarización del país a
partir de 2006 como un mecanismo para reforzar el control socioeconómico de
las élites sobre la población.



Además del cuestionamiento a la militarización y la violencia que ha
derivado en más de 96 mil personas desaparecidas y más de 360 mil homicidios
de 2006 a 2020, también se ha construido una fuerte crítica al
encarcelamiento masivo de mujeres y otras personas vulnerables. Uno de los
resultados más recientes de la incidencia política que ha hecho la sociedad
civil organizada es la Ley de Amnistía, aprobada en abril de 2020. La
organización Equis, Justicia para la Mujer, fue una de sus principales
impulsoras; sin embargo, a un año de entrar en vigor, encuentran múltiples
trabas en su implementación.



“La aprobación de esta ley prometía ser un parteaguas para el acceso a la
justicia de las mujeres afectadas por la llamada guerra contra las drogas y
para poblaciones históricamente vulneradas. Sin embargo, a un año de su
publicación, esa promesa se ha quedado en el papel”, anuncia su informe
Amnistía ¿Ya? Hasta el 30 de agosto de 2021, la Comisión de Amnistía había
recibido 1,516 solicitudes para aplicar la Ley de las cuales 259 fueron
realizadas por mujeres. Del total, 1,015 son por delitos contra la salud, la
mayoría por transporte. Únicamente han salido de prisión por amnistía 37
personas, de las cuales 23 son mujeres. Todas estaban privadas de la
libertad por delitos contra la salud.



“A estas personas que ya de por sí habían sido golpeadas por la pobreza y
luego por la guerra contra las drogas, les vamos a exigir esta serie de
cosas imposibles de probar”, explica Viridiana Valgañón de lo que han
observado en los casos que acompañan. Se les pide que comprueben que fueron
amenazadas, que se encontraban en una situación de violencia o incluso que
acrediten que son indígenas. De las 14 mujeres que se autoadscriben
indígenas y solicitaron una amnistía, solamente se aprobó la autoadscripción
a 6 de ellas. A pesar de ser un mecanismo que prometía ser reparador, la
interpretación de la Ley por la Comisión de Amnistía está impidiendo que las
mujeres tengan acceso a la justicia nuevamente.



Además de las fallas en su implementación, Geras Contreras, oficial de
proyectos en Equis en el área de políticas públicas, reconoce que uno de los
grandes pendientes en la Ley de Amnistía es que no contempla un mecanismo
para la restitución de derechos posterior de la amnistía, es decir, no
atiende el proceso de reinserción social de quienes saldrían. “Entonces, las
personas beneficiarias al final siguen teniendo los mismos desafíos que una
persona recién liberada enfrenta”, diagnostica Geras, cuando en realidad, la
amnistía implica que el Estado reconoce que la persona no debió ser
encarcelada y no debería tener antecedentes penales.



Muchas personas ex privadas de la libertad manifiestan que salir puede ser
tan doloroso como entrar. “Cuando uno sale de prisión sale con miedo, con
terror”, cuenta Betty. Ella salió en 2016 y decidió no volver a su casa, al
mismo contexto que la llevó a la cárcel. En vez de eso, se fue a vivir con
una de sus compañeras, que ahora es su pareja, y en 2018 empezaron una
colectiva de mujeres ex privadas de la libertad. Para muchas, volver a las
mismas circunstancias en las que vivían contribuye a una posible
reincidencia, además se suma el estigma y los antecedentes penales que
vuelven casi imposible encontrar trabajo. Es por esto, que Betty y sus
compañeras crearon Mujeres Unidas x la Libertad, para incidir en las vidas
de las mujeres que salen y las que siguen dentro.



***



Además de la amnistía, otro mecanismo jurídico que, construido con
perspectiva de género y justicia social, podría contribuir a la
descriminalización de muchas mujeres es la regulación del cannabis. Según
las cifras oficiales, de los delitos de narcomenudeo, la mitad (50.1%) están
relacionados con la posesión y comercio de cannabis, por lo que su
despenalización tendría un impacto significativo en la población
penitenciaria.



Eso pasaría en un escenario ideal y más bien alejado de lo que realmente
está sucediendo con la regulación del cannabis en México. Desde hace más de
tres años el proyecto de Ley Federal de Regulación de Cannabis pasa de la
cámara de diputados a la de senadores y de regreso con modificaciones,
prórrogas y discusiones interminables que a veces son interpeladas por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le recuerda al poder
legislativo, a través de sentencias, que tiene que regular la sustancia. La
última declaratoria de inconstitucionalidad que realizó la Corte fue en
julio de 2021 para eliminar la prohibición del consumo de cannabis en
México; pero continúa existiendo el delito de posesión, lo cual da pie a la
criminalización de personas usuarias, cultivadoras y vendedoras de pequeñas
cantidades de cannabis.



El avance en la regulación del cannabis se debe al ejercicio de
organizaciones de la sociedad civil que desde hace años luchan por un modelo
regulatorio basado en la salud pública, los derechos humanos y la reparación
a las víctimas de las políticas prohibicionistas de la guerra contra las
drogas. Una de las organizaciones que estuvo presente en el parlamento
abierto convocado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2020 fue la Red
de Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas, en la cual confluyen diversas
organizaciones y alrededor de 50 mujeres, madres, activistas, cultivadoras,
profesionales e investigadoras que se posicionan como feministas
antiprohibicionistas. Presentaron al Congreso una serie de demandas, entre
las cuales estaba eliminar la criminalización de la posesión simple y
establecer plazos más reales en torno a la excarcelación de las mujeres que
han sido privadas de la libertad por delitos relacionados con cannabis.



A casi un año del parlamento, Ángeles Lobos Palacios, activista feminista
antiprohibicionista e integrante de la Red, tiene la sensación de que ese
ejercicio fue “mera formalidad” y reconoce que el lobby de la industria
canábica “va dictando la guía y tiene mucha presión, mucho dinero y mucho
poder”, explica. En esto coinciden las organizaciones: se está regulando
para un mercado industrial lo cual deja fuera a las víctimas históricas de
las políticas prohibicionistas.



Desde el Instituto RIA, Romina considera que “la regulación tiene un enfoque
muy empresarial, que está diseñada para que sea cooptada por empresas
transnacionales que ya llevan mucho tiempo en la logística del mercado”.
Esto se debe a que para participar del mercado legal se deberán expedir
licencias, las cuales tendrán un precio de alrededor de 800 dólares. Lo que
las organizaciones están exigiendo es que en los primeros años de regulación
por lo menos el 80% de las licencias sean otorgadas a personas que ya están
vinculadas con el comercio de una manera ilegal, “justamente para hacer este
tránsito al mercado legal” argumenta Ángeles e identifica que se trata de
“población del sector social, como ejidatarias o cooperativas”. También se
estipula que el 50% de esas licencias estén destinadas a mujeres.



Por otro lado, lo que debería de suceder al aprobarse esta Ley es que se
aplique de manera retroactiva y el Estado mexicano libere a las personas
privadas de la libertad por delitos relacionados con cannabis; sin embargo,
“lo que va a pasar es que cada persona va a necesitar que sus abogados
interpongan una comunicación al juez, le pidan que se les libere porque esta
conducta ya no es delictiva”, explica Viridiana y se pregunta “¿quiénes
tienen para pagar un abogado?”



***



El proceso de regulación sigue abierto. El Senado tenía hasta el 15 de
diciembre de 2021 como límite para aprobar la Ley de Regulación de Cannabis,
sin embargo, se pospuso para el próximo periodo legislativo. Si bien las
organizaciones y activistas están insatisfechas con el modelo regulatorio
que está propuesto, en el Instituto RIA y la coalición Regulación por la Paz
prefieren que se apruebe la Ley y sobre la marcha se vaya modificando a que
se siga retrasando más.



En este escenario, más inclinado a la apertura de mercados que a la
reparación social, limitarse al debate en torno a la regulación “oscurece la
naturaleza militarizada de la guerra antidrogas”, en palabras de la
periodista Dawn Marie Pailey. Si bien la administración de López Obrador
tuvo un cambio discursivo sobre el paradigma de combate a las drogas en su
Plan de Desarrollo e impulsó la regulación del cannabis y la Ley de
Amnistía, la militarización del país sigue en aumento y las sustancias
ilícitas siguen estando al centro de la narrativa en materia de seguridad.
Esto se evidenció en la reciente publicación del Entendimiento Bicentenario,
el tratado binacional que viene a reemplazar a la Iniciativa Mérida, aunque
en esencia da continuidad a las políticas prohibicionistas y punitivistas en
torno a las drogas y el control transfronterizo.



Podría parecer contradictorio, pero es más bien complementario, explica
Geras Contreras: “la militarización es el brazo armado que está protegiendo
la futura industria cannábica y al consumidor”, explica la investigadora,
“está produciendo una división entre usuarios y productores dignos de
protección y quienes no merecen la protección del Estado”. Finalmente, el
prohibicionismo como excusa para el control Estatal, analiza Ángeles Lobos,
tiene raíces clasistas y racistas. “Con estas guerras de baja intensidad se
va fichando a la población pobre, joven, negra, mujeres, disidencias
sexuales y genéricas”, comenta la activista.



Para Viridiana y Geras, desde Equis, la regulación por sí misma y tal cómo
está no va a cambiar mucho la situación para las mujeres más vulnerables.
“Más allá de los cambios normativos que tienen que ver con regulación, una
de las grandes cosas que también tiene que cambiarse es esta lógica de
persecución, de creación de delitos, de un discurso del enemigo”, sostiene
Viridiana, “tenemos que empezar a mirar quiénes son las mujeres que se
involucran con estos delitos”. Mujeres como Betty o Citlalli, que han sido
precarizadas, vulneradas y después criminalizadas, pero Geras también hace
énfasis en que uno de los grupos más afectados por esta guerra son las
cultivadoras.



Pensando también en las cultivadoras de amapola y en que el 34.1% de las
personas privadas de la libertad por delitos contra la salud fue por
metanfetaminas y el 14.4% por cocaína, las organizaciones coinciden en que
el cannabis es el primer paso para el camino de la regulación de todas las
sustancias ilícitas. “Es lo que tiene a los militares fuera del cuartel: las
drogas como concepto abstracto que decidieron poner como el enemigo a
perseguir”, expone Romina.  Pero también todas coinciden en la importancia
de regular sin un enfoque liberal y de mercado, sino “una regulación que
apueste por una justicia diferente, que apueste por el reconocimiento de las
víctimas de la guerra contra el narcotráfico, tiene que ser una regulación
que ponga al centro a las víctimas”, afirma Viridiana.



Las feministas antiprohibicionistas parten de ese paradigma y se preguntan
cómo articularse con otras luchas relacionadas como el movimiento de
buscadoras de personas desaparecidas o las zapatistas. Por ahora se
encuentran en la intersección entre el feminismo y el antiprohibicionismo,
tratando de poner una perspectiva feminista a la lucha por la regulación,
pero también de integrar la lucha por la regulación a los feminismos, porque
en materia de drogas, el Estado les debe mucho a las mujeres.



* Mariana Mora es periodista independiente mexicana. Trabaja cubriendo temas
de salud, género, violencia, despojo y sus intersecciones en formato escrito
y audiovisual. Es parte de la Red de Jóvenes Periodistas Latinoamericanos de
Distintas Latitudes y becaria de la International Women Media Foundation.

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