Bolivia/ Jeanine Áñez: una condena que no cierra las heridas. [Fernando Molina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de junio 2022

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Bolivia



Jeanine Áñez: una condena que no cierra las heridas



Un tribunal de La Paz condenó a la ex-presidenta «interina» a diez años de
prisión. Este fallo mantiene viva la discusión sobre lo ocurrido en 2019,
cuando Evo Morales fue derrocado y Jeanine Áñez asumió interinamente sin
quórum parlamentario. Pero también pone nuevamente en cuestión la histórica
falta de independencia judicial.



Fernando Molina *

Nueva Sociedad, junio 2022

https://nuso.org/



La sentencia de diez años de prisión para la ex-presidenta «interina»
Jeanine Áñez, que acaba de decidir un juzgado en La Paz, no dejó satisfecha
a ninguna de las partes enfrentadas y no cerrará las heridas del pasado
reciente de Bolivia. La oposición (que en general no apoyó a Áñez más que
con comunicados) ha considerado el juicio ilegítimo de principio a fin. La
defensa ha señalado que apelará dentro y fuera del país, con lo que el
conflicto judicial seguirá latente. Y el oficialismo no logró o no quiso
plantear un juicio de responsabilidades sobre la gestión presidencial y
entonces ha tenido que resignarse a una pena menor que la que cree que Áñez
merece por sus actos como presidenta, entre ellos dos masacres -con 36
asesinatos y más de 80 heridos- y cientos de detenidos y exiliados. Áñez
solo fue juzgada por su acciones entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019,
cuando asumió la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales. De modo que
las presiones internas por nuevos juicios para tratar estos delitos volverán
a plantearse.



La situación por resolver cuando comenzaba la gestión de Luis Arce era, sin
duda, muy complicada. El procedimiento legítimo e integral hubiera sido un
encausamiento de Áñez por el Parlamento, el único que podía habilitar el
«juicio de responsabilidades», la opción legal establecida por la
Constitución para procesar a los ex-mandatarios. Para ello se requerían dos
tercios de los votos de la Asamblea Legislativa, una cantidad de votos con
los que el Movimiento al Socialismo (MAS) no contaba. Por la polarización
política que la crisis de 2019 había generado, era improbable que la
oposición apoyara el procedimiento, que además enfrentaba dificultades
técnicas.



Al mismo tiempo, Arce no podía dejar de cumplir su promesa electoral de
llevar al estrado a Áñez y sus ministros. Aunque la ex-presidenta asombraba
con su decisión de no irse del país tras el triunfo del MAS en 2020, eso
podía cambiar en cualquier momento; sus ministros encargados de la
seguridad, los más buscados por el nuevo gobierno de Arce, ya se habían
fugado (Arturo Murillo, del Interior, terminaría preso en una cárcel en
Miami por corrupción y lavado de dinero).



Así que el equipo jurídico gubernamental orquestó la estrategia legal, muy
cuestionada posteriormente, de dividir los ilícitos supuestamente cometidos
por Áñez en al menos tres grupos: (a) conspiración para la toma del poder o
«caso Golpe I», (b) actos administrativos contrarios a la Constitución para
proclamarse como presidenta o «caso Golpe II», que es el que se acaba de
sentenciar y (c) actos gubernamentales –entre ellos, la represión sangrienta
de las protestas de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019– que debían
evaluarse en un juicio de responsabilidades.



Según la defensa y los organismos internacionales de derechos humanos, esta
división afectó los derechos de la acusada. A la fiscalía le permitió
encausar a Áñez en los tribunales ordinarios, arrestarla en marzo de 2021 y
mantenerla en «detención preventiva» desde entonces, con un sinfín de
percances debidos a la mala salud de la reclusa, a la fuerza y emotividad
del apoyo que recibió de sus hijos y a la adhesión de los grandes medios de
comunicación a su causa. No puede extrañar si se toma en cuenta que muchos
propietarios de medios respaldaron el juramento de Áñez el 12 de noviembre
de 2019.



En su última declaración ante los jueces que la sancionaron, Áñez dijo que
«volvería a hacer» lo que hizo en 2019, mostrando, otra vez, tanto su valor
personal como la irreflexividad que caracterizaron su paso por la vida
política boliviana. Cuando se realizaron las elecciones del 20 de octubre de
2019, Áñez era una senadora que no buscaba la reelección y, por tanto,
estaba a punto de retirarse. Se la conocía por su odio al presidente Morales
y por su condena, a veces con tonalidades racistas, de los movimientos
indígenas. Áñez tenía un papel de segunda línea dentro del ala de los
«halcones» de la oposición de derecha, en la cual destacaba por su torpeza
Arturo Murillo, su amigo y futuro ministro.



Las elecciones de 2019 terminaron con una victoria de Evo Morales con la
cantidad de votos casi milimétricamente exacta para imponerse en la primera
vuelta. La forma chapucera y sospechosa en que este resultado –de hecho
difícil de comunicar– fue presentado a la población por el Tribunal
Electoral, y la predisposición de mucha gente a creer que Morales hacía
trampas, porque se había habilitado a esas elecciones desoyendo el resultado
de un referéndum que había negado tal pretensión en 2016, condujeron al
desastre.



El MAS fue arrinconado por las movilización de las clases medias en contra
del «fraude descomunal» y en favor del resultado del referéndum de 2016
(«Bolivia dijo No»); la policía se amotinó, sumándose a lo que así se
convirtió en una insurrección; y los militares no solo decidieron no
defender al presidente Morales, sino que además contribuyeron a su caída al
«sugerirle» a Morales que renunciara.



La tarde del 10 de noviembre, momento de la renuncia de Morales y del
vicepresidente Álvaro García Linera, el gobierno se hundió desordenadamente.
Los movilizados atacaron las casas de las figuras oficialistas más
conocidas, que tuvieron que ponerse a buen recaudo. Muchos funcionarios
renunciaron a sus cargos públicos para alejar el peligro de sus familias. Al
mismo tiempo, todo indica que Morales decidió adoptar una estrategia de
«tierra quemada», lo que determinó las renuncias públicas de los presidentes
del Senado y la Cámara de Diputados, que podían sucederlo, por lo que la
línea de sucesión quedó vacía (la nueva Constitución de 2009 no incluye en
ella al presidente de la Corte Suprema, como ocurría con la anterior).



Áñez era entonces la segunda vicepresidenta del Senado, la máxima autoridad
parlamentaria de la oposición. La oposición consideró que como había «vacío
de poder» podía asumir a la vez la Presidencia del Senado y luego la
Presidencia. Consiguieron incluso un comunicado de prensa (no resolución)
del Tribunal Constitucional Plurinacional que recordaba que en ningún caso
el país podía caer en un «vacío de poder». (La historia de cómo apareció
este comunicado está rodeada de misterio, pues el oficialismo, que ha
decidido mantener el mismo Tribunal Constitucional de entonces, permitió que
este se retracte de este «desliz» y borre con el codo lo que había escrito
con la mano).



Pero, como decíamos, la mayoría de los parlamentarios masistas siguió en sus
bancas (el MAS controlaba dos tercios del Congreso). Una que no renunció fue
Susana Rivero, la vicepresidenta de Diputados. Lo haría posteriormente, el
14 de noviembre, pero en el momento de la conformación del nuevo gobierno
ella tenía mejores credenciales legales que Áñez para asumir. Este fue uno
de los argumentos de la fiscalía en el juicio contra Áñez.



Sin embargo, el principal argumento acusador fue que, estando la Asamblea
Legislativa y pudiendo funcionar, Áñez debió haberle entregado el poder a
ella, que es su fuente democrática, para que, con el quórum reglamentario,
aceptara la renuncia del presidente y el vice y nombrara como presidente del
Senado y, por tanto, presidente constitucional del país, a quien quisiera.
En lugar de eso, Áñez actuó como si la Asamblea no existiera y se proclamó
sucesora ipso facto en un hemiciclo semivacío.



La cuestión del quórum de esa sesión ha dado lugar a una larga disputa. La
defensa alegó que los parlamentarios del MAS se confabularon para no asistir
a la reunión convocada el 12 de noviembre para definir la cuestión. Los
oficialistas argumentaron que Áñez no hizo nada para trasladar a los
diputados y senadores desde sus regiones a La Paz –la Asamblea Legislativa
estaba en receso por las elecciones y por la convulsión social– y que su
seguridad física corría peligro. Lo que dio lugar a otro debate: ¿podía el
país esperar más tiempo a elegir un gobierno? En Bélgica o Suiza no habría
pasado nada incluso si se tardaba meses en convocar a la Asamblea, pero en
una Bolivia convulsionada y con la policía amotinada, la situación resultaba
más urgente.



Aquí entra una consideración crucial: en ese momento insurreccional, cuando
la gente que había triunfado en la lucha por el poder todavía seguía en las
calles, y con los policías y militares de su lado, que trataban de
asegurarse de no recibir sanciones por sus actos, ¿podía formarse un
gobierno dirigido por una militante del MAS? El candidato opositor Carlos
Mesa lo dijo públicamente en esos días. A él –y a cualquier otro que fuera
realista– le parecía que, en tal situación, la gente no aceptaría a un
masista como presidente.



En suma, como dice el refrán, se juntaron el hambre (de Áñez y la oposición,
que subieron al trono a toda prisa, dejando de lado al Parlamento) con las
ganas de comer (es decir, la necesidad inmediata de un gobierno y la
imposibilidad física de que este fuera dirigido por un o una masista) para
conformar el «gobierno interino» que emergió en ese momento y que
posteriormente, luego de casi un año de gestión, dejaría una triste memoria.
Para complicar las cosas, la mayoría parlamentaria del MAS siguió en su
sitio y más tarde le enviaría a Áñez las leyes para que las promulgara, lo
que implicaba en los hechos reconocerla como presidenta.



Por supuesto, el tribunal que juzgó a Áñez no entró en estas
consideraciones. No debe de haber justicia más formalista -y al mismo tiempo
servil al poder de turno- que la boliviana. Para esta nada cuentan las
razones históricas y políticas, las motivaciones psicológicas. El tribunal
dictaminó que no se cumplió el procedimiento constitucional de sucesión y
punto. Eliminó todas las pruebas y testigos que no tuvieran que ver con este
asunto.



En cuanto a los ex-jefes militares y policiales que también fueron
procesados por los mismos delitos, consideró que ayudaron a consumar la
proclamación ilegal de la presidenta y que deliberaron, algo que tienen
prohibido. Pero si el ex-comandante de las Fuerzas Armadas, Williams
Kaliman, y el ex-comandante de la policía, Yuri Calderón, terminaron con
condenas tan prolongadas como la de Áñez, esto se debió a que se hallan
prófugos; de lo contrario probablemente habrían recibido una condena menor,
como ocurrió con los demás militares sancionados. Lo cual debe de resultar
difícil de comprender para quienes, especialmente fuera de Bolivia,
defienden la teoría de que lo sucedido en 2019 fue un «golpe de Estado
militar».



Pese a la decisión de los jueces, la polémica no se suspenderá porque como
han señalado organizaciones internacionales de derechos humanos y
observación judicial, el sistema judicial boliviano carece de entidad
propia. Esto se probó fehacientemente en este tiempo en el que, sin cambiar
de operadores, dicho sistema saltó de permitir que Evo Morales se habilitara
para una reelección contra la voluntad popular, cuando era presidente, a
enjuiciarlo en decenas de casos cuando dejó se serlo y se exilió, para luego
suspender estos procesos tras la vuelta del MAS al poder. Y, que, como hemos
visto, pasó de convalidar la sucesión ipso facto de Áñez a condenarla por lo
mismo.



Arce perdió la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Acabó así
por contribuir a impulsar el péndulo judicial. Muchos creen que la veleidad
política de los operadores de la justicia es responsabilidad de los
sucesivos gobiernos, pero en realidad lo es, sobre todo, de la propia
justicia, que se suma a las corrientes políticas de turno motu proprio, para
asegurarse cargos y que no se hagan reformas que la limpien de corrupción.
Un toma y daca que Arce ha continuado, pues es improbable que encare una
reforma profunda del sistema judicial en lo que le queda de gestión. Como
dijimos, el presidente boliviano ni siquiera ha tocado al Tribunal
Constitucional, que tan importante papel cumplió en el «golpe de Estado» del
que el oficialismo habla.



Si nada va a cambiar en la justicia, entonces es previsible que en el
futuro, si las condiciones políticas se modifican, el mismo sistema que hoy
le ha bajado el dedo a Áñez revierta esta sentencia. A eso apuntan, al
menos, quienes respaldan a la ex-presidenta. «La sentencia contra Jeanine
[Áñez] no mancha a quien la recibió, sino a quienes la impusieron en contra
de la ley. Un día restauraremos el Estado de derecho en Bolivia y este caso
se estudiará como un ejemplo de todo lo que estaba mal en Bolivia en 2022»,
tuiteó, por ejemplo, el empresario y político opositor Samuel Doria Medina.



* Es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de El pensamiento
boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz, 2009) e Historia
contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la Sierra, 2016).
Es colaborador del diario español El País.

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