Argentina/ Atentado contra CFK: los engaños de la "paz social". [Eduardo Castilla - Jorge Altamira]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de septiembre 2022

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Argentina



Atentado contra CFK: entre los discursos de odio y los engaños de la “paz
social”



Eduardo Castilla *

Ideas de Izquierda, 4-9-2022

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e-odio-y-los-enganos-de-la-paz-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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La imagen congelada transmite dramatismo. Medio metro separa la Bersa
Thunder del rostro de Cristina Kirchner. El intento de asesinato, condenado
de inmediato por el PTS-Frente de Izquierda
(https://www.laizquierdadiario.com/El-PTS-repudia-el-atentado-contra-Cristin
a-Kirchner), convoca muchas de las tensiones sociales, económicas y
políticas que asolan a la Argentina en crisis.



La polarización política, eterna protagonista de la coyuntura nacional,
desbordó los marcos de lo verbal. Los discursos de odio, construidos con
metódica sistematicidad, mutaron a hechos: Fernando Sabag Montiel gatilló
dos veces. El resultado fue otro episodio en la larga crisis nacional. Uno
de magnitud impensada hasta ahora.



La grieta, sin embargo, pareció deglutir casi al instante el clima de unidad
nacional que parecía haberse instalado en las horas siguientes al atentado.
Los cruces políticos se hicieron oír rápido. La movilización convocada a
Plaza de Mayo terminó en un acto partidario del Frente de Todos, solo para
confirmar que cada hecho de la coyuntura política debe ser inscripto en el
marco de una larga campaña electoral.



Antes y después, sin embargo, hubo tiempo para los llamados a la “paz
social”, la “unidad nacional” y a la “convivencia democrática”. Convivencia
propuesta por actores tan pocos dialoguistas como los empresarios de la
Unión Industrial Argentina o los dirigentes de la CGT.



Usinas de odio



El discurso oficialista –progresista y no tanto– presenta el intento de
asesinato como inseparable de los discursos de odio que erige ese
conglomerado que agrupa a la oposición política de derecha, gran corporación
mediática y Poder Judicial. Negar ese entramado resulta absurdo. A modo de
ejemplo, lo ocurrido en la llamada “Causa Vialidad” confirma la labor
conjunta.



En el día a día asistimos a un ritual de persistente demonización; con
discursos que apuestan a la erosión de diversas figuras políticas, al tiempo
que alientan políticas de ajuste social y económico aún más duras que las
impulsadas por el Gobierno. Agravios y ataques recorren los grandes medios.
Funcionan, además, 24/7, en las redes sociales: allí el meme deviene
inagotable fuente de burlas y descalificaciones [1].



Describiendo la situación, José Natanson señala que:



El odio circula subterráneamente por la sociedad; es una emoción, tan humana
como el amor, el miedo o la envidia. El problema aparece cuando un líder, un
partido o un comunicador –es decir, alguien con poder en la discusión
pública– moviliza ese odio en contra de un grupo social, una ideología o una
persona. Esa es la dimensión neofascista del momento actual […] Hay palabras
de odio en todas las ideologías, incluyendo el peronismo, y de hecho uno de
los motivos que explican su propagación es la dificultad de uno de los
bandos para entender el rechazo que produce en el otro [2].



Sin embargo, los sentimientos negativos funcionan como recursos permanentes
de la política capitalista. Los relatos o discursos en base al amor resultan
demasiado endebles en una sociedad estructurada de manera clasista.
Contrariamente a eso, los múltiples odios son direccionados en función de
canalizar descontentos y construir enemigos.



El despliegue de esta discursividad tiene carácter internacional. Anclándose
en la crisis de las formaciones políticas tradicionales, las derechas
radicales del mundo ejercen su influencia. Los ejemplos de Trump o Bolsonaro
están lejos de ser únicos.



Odio y frustración



En la coyuntura política actual, la construcción de un “ellos o nosotros” a
medida se ejecuta con sistemática continuidad a ambos lados de la grieta.
Emerge como herramienta política de las coaliciones mayoritarias para
afirmar voluntades e intentar (re)construir lealtades entre fracciones de
masas.



Sin embargo, ese odio no crece en terreno neutro. Se alimenta y nutre de un
malestar persistente ante las frustraciones y dificultades de la vida
cotidiana. Vida signada por la precariedad del empleo [3] y los ingresos;
por la inseguridad alimentaria que acosa a millones de personas; por la
fragilidad de lazos afectivos, triturados bajo la presión de la alienación
diaria.



Ese agobio tiene como trasfondo las variables de una economía bajo ajuste.
Con una inflación persistente que no cesa de erosionar el nivel de vida de
las grandes mayorías trabajadoras [4]. Con una pobreza que se extiende a
amplias capas de la población, incluyendo cada vez más a quienes tienen
empleo formal. ¿Cómo separar los discursos de odio de esa frustración que
nace del día a día económico?



El sentimiento de fracaso cotidiano se alimenta de una realidad compleja
poblada de ganadores, perdedores relativos y perdedores absolutos. Entre los
primeros es posible catalogar a los grandes empresarios que, pandemia
incluida, se enriquecieron sideralmente en estos años. El segundo pelotón lo
integran amplias capas de las clases medias y los sectores más altos de la
clase trabajadora. Franjas que, limitadas para acceder a dólares, comprar
bienes inmuebles o ante la simple desvaloración del peso, despliegan un
consumo permanente, algo que ha sido llamado, con cierta creatividad,
“consumir ahorrando” [5].



La distancia entre el segundo y el tercer sector tal vez pueda ser medida
como la que separa a quien cena en un restaurant de quien se para ante las
mesas pidiendo una moneda. Sin embargo, ese pelotón de perdedores absolutos
se extiende cada vez más; se ramifica hacia millones de trabajadores y
trabajadoras que sienten el vertiginoso descenso de su poder adquisitivo.



Los discursos de odio empujados por la derecha encuentran nutrientes en ese
suelo poblado de polarización social y política. En una frustración
creciente que puebla encuestas y comentarios en cada cola de supermercado.
En un fastidio que buscan canalizar hacia programas sociales reaccionarios y
hacia la llamada antipolítica.



Resulta evidente que la fuente de ese clima de odio está también en la
propia política oficial. Una política de creciente giro a la derecha, acorde
al ajuste en curso. Movimiento que, en la coyuntura, encuentra expresión en
el empoderamiento de Sergio Massa como gerente de los recursos económicos
oficiales. Pero que, si se recorre el tiempo hacia atrás, contiene hitos
relevantes como el ajuste a jubilados y jubiladas apenas iniciada la gestión
del Frente de Todos; la represión a familias pobres que peleaban por tierra
y vivienda en Guernica; el acuerdo de ajuste firmado con el FMI, legalizando
la deuda macrista y, más recientemente, el discurso estigmatizador contra
las organizaciones de desocupados, a tono con los gritos desaforados de la
derecha libertaria.



Ese ajuste, que profundizó la miseria popular al tiempo que creaba ganadores
en el gran capital, encontró un fuerte castigo electoral hace ya un año.



Odio y opinión pública



El atentado no puede escindirse de este clima social reaccionario que se
intenta construir desde la cúspide del poder político y económico. De la
activa creación de una opinión pública destinada legitimar las políticas de
ajuste.



Conceptualizando, hace casi un siglo, León Trotsky afirmaba que



La opinión pública burguesa constituye un apretado tejido psicológico que
encierra por doquier las armas y los instrumentos de la violencia burguesa
[…] está compuesta de dos partes: la primera comprende los conceptos, las
opiniones y los prejuicios heredados que constituyen la experiencia
acumulada del pasado […] ; la otra parte está constituida por un mecanismo
complejo, muy moderno y hábilmente dirigido, que tiene en cuenta la
movilización del énfasis patriótico, de la indignación moral, del entusiasmo
nacional, el fervor altruista y otras formas de engaños y mentiras [6].



Oficialismo y oposición repiten, a coro, la imposibilidad de tomar un camino
distinto al ajuste. Los matices que puedan diferenciarlos transcurren en el
limitado universo del acuerdo con el FMI. Bajo ese axioma, la construcción
de la opinión pública se direcciona en función de naturalizar recortes y
evitar reclamos.



La gran corporación mediática hace su labor con patente entusiasmo: mientras
se encarga de expandir y multiplicar el agravio contra quienes cortan calles
y rutas ofrece, por ejemplo, “consejos” para reducir el consumo de energía o
gas. Una suerte de periodismo de servicios destinado a hacer digerible el
tarifazo que se profundiza.



Direccionada hacia la derecha por la clase dominante, esa ideología de la
resignación potencia conceptos preexistentes. Las distintas formas
discursivas del odio social, cultural y político se superponen, unas sobre
otras, como una serie de capas. Renovados al calor de la polarización
política actual, los prejuicios de ayer son los enojos de hoy. Entre las
clases medias más reaccionarias, la furia contra quienes cortan calles o
reclaman por planes se adosa a concepciones tradicionales que pueblan su
conciencia [7]. Esos sentimientos permean, también, a diversas capas de la
clase trabajadora y el pueblo pobre.



Sin embargo, ese profundo malestar entre la clase trabajadora puede ser
orientado a izquierda. Puede convertirse en cemento de una nueva política
que se presente enfrentada a los intereses del gran capital. Que juegue en
la arena pública, en constante combate a la opinión pública reaccionaria que
intenta edificar la clase dominante.



Antipolítica y métodos fascistas



La derecha radicalizada alimenta, desde hace tiempo, el culto a la
antipolítica. Desde un lugar de aparente distancia al poder, ese
conglomerado construye un relato que rechaza toda forma de política,
prescindiendo del origen y el carácter social de la misma. El furioso
griterío que acompaña termina en un recetario de obsequios y beneficios para
el gran capital. Su génesis es más que comprensible. Para millones, la
política ejecutada por los grandes partidos capitalistas es ajena a sus
intereses inmediatos.



Ese rechazo a la política en general también emergió en las últimas horas.
Para una porción de la población, el intento de magnicidio apareció como
algo “armado”, construido artificialmente. O como “un circo” destinado a
tapar el ajuste que se procesa desde el poder político. O, como lo definió
el mismo Milei este sábado en el Congreso, un “hecho delictivo”.



La peligrosidad de esa posición estriba en que habilita este tipo de
agresiones. Y esa permisividad no es ociosa en una sociedad fraccionada en
clases sociales con intereses antagónicos. Hay que enfrentar y denunciar
decididamente estos métodos fascistas que mañana serán usados contra la
clase trabajadora y el pueblo pobre. Si hoy pueden utilizarse contra quien
ejerce la vicepresidencia de la nación, ¿qué impediría que mañana se empleen
contra dirigentes sociales, sindicales o luchadores obreros y populares?



No resulta casual que ni Javier Milei ni Patricia Bullrich hayan condenado
el atentado. Aunque con matices, comparten un discurso común, donde los
pedidos de más ajuste entroncan con la demanda de mayor dureza contra el
derecho a protestar. Son voceros activos de una derecha que reclama más
flexibilización laboral y menos derechos sindicales. Ninguno, de ser
posible.



Los engaños de la “paz social”



El atentado alentó el discurso de la “paz social”. Hablado por boca de la
dirigencia sindical burocrática y dirigentes políticos del peronismo, ese
significante vacío vino a presentarse como un pedido de no confrontación,
como un llamado a la armonía más allá de las banderas y los intereses.



Una tónica similar fue adoptada, en parte, por la oposición patronal. Lo
ejemplifica la declaración que este sábado acordaron en el Congreso Nacional
el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y la derecha de Milei y Espert. En
el texto, la necesaria condena al atentado contra Cristina Kirchner se
amalgama con la exhortación a “la dirigencia toda y a la población a buscar
todos los caminos que conduzcan a la paz social”.



El llamado propone una concordancia que se resuelve en contra de las
mayorías explotadas y oprimidas. ¿Qué implica la “paz social” en un país
sometido a los designios del FMI y con una pobreza superior al 40 %? ¿Qué
“paz social” podría existir junto a los empresarios que empujan la
devaluación, despiden o precarizan?



En un excepcional discurso, Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) desnudó
la funcionalidad real de ese llamado. Respondiendo los ataques del radical
kirchnerista Leandro Santoro, indicó que “la paz social se utiliza contra
los que luchan, contra los que salen a pelear contra el ajuste. Es la paz
social de la CGT, que deja que les roben el salario a los trabajadores y no
dice nada”.



La “defensa de la democracia” emergió, también, en los discursos posteriores
al atentado. Ocupó lugar protagónico también este mismo sábado, en la Cámara
de Diputados. Soporta, sin embargo, el mismo obstáculo que los llamados a la
“paz social”. Supone una posible unidad de intereses en una sociedad
dividida en clases antagónicas, crecientemente polarizada a raíz de la
crisis.



Desde una perspectiva socialista revolucionaria, la condena al atentado no
equivale a defender la institucionalidad de un régimen ordenado en función
de la clase social dominante. La democracia actual –división de poderes
incluida– sigue operando como oficina de negocios de los grandes grupos
empresarios, sean bancos, cerealeras, automotrices o petroleras. El Estado
actual es el garante de la dominación social y política del gran capital.



A fines de los años 30, exiliado en México, León Trotsky afirmaba que “Tanto
la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de
la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis,
invariablemente dirigida contra el proletariado” [8]. Toda restricción de
derechos en los marcos de una sociedad de clases se inclinará, tarde o
temprano, contra el pueblo trabajador [9].



Enfrentar esos ataques resulta una cuestión esencial para la clase
trabajadora. Está ligado a la tarea estratégica de ampliar el horizonte para
la lucha de clases. De defender y conquistar posiciones que le permitan
pelear por sus demandas inmediatas y enfrentar las políticas de ajuste en
curso, ordenadas bajo las órdenes del FMI. Posiciones, también, necesarias
para desplegar su lucha en la perspectiva de la transformación
revolucionaria del orden existente.



Los llamados engañosos a la “paz social” o a la “unidad nacional” tienen una
finalidad estratégica para la clase dominante. Se trata de bloquear el
camino al desarrollo de una política independiente, socialista y
revolucionaria, por parte de la clase trabajadora.



* Militante del PTS (Partido de los Trabajadores Socialista), es periodista
y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de
editor general de La Izquierda Diario.



Notas



[1] “Solo se puede volver objeto de una agresión directa, de una violencia
desnuda, aquello que ha sido antes despreciado, desvalorizado, vulnerado
bajo distintas modalidades pero con algún grado de legitimidad en la esfera
pública. Las redes sociales contribuyen a ello a través de la puesta en
práctica de una serie de operaciones ideológicas como la memificación sin
fin, la distorsión, la banalización y/ o la negación de violencias
históricas y contemporáneas”. Al odio no se lo lleva el viento, Micaela
Cuesta y Lucía Wegelin en Anfibia.

[2] “El discurso y el acto”, José Natanson en El Dipló.

[3] El martes pasado miles de docentes marcharon por las calles cordobesas.
Junto a las demandas salariales, reclamaron por justicia para Karina Moyano,
docente de nivel nacional, que falleció tras recibir un constante acoso
laboral. Una carga que constituye el día a día de la docencia, allí y en
todo el país.

[4] Según consigna un reciente estudio del Centro Cifra –ligado a la CTA
oficialista– en el último lustro “los asalariados perdieron 7,7 billones de
pesos de 2021, prácticamente equivalente a 70 mil millones de dólares de
diciembre del 2021, los cuales representan el 19,5 % del valor agregado
promedio entre 2016/21, habiéndose registrado la mayor la pérdida durante el
gobierno actual”. Documento de Trabajo N.° 18. La distribución del ingreso
en la etapa actual, de Pablo Manzanelli, Leandro Amoretti y Eduardo M.
Basualdo.

5] “Consumo e inflación: dos países, el que llena los restaurantes y el que
no llega a fin de mes”, Delfina Torres Cabreros.

[6] “La opinión pública burguesa. La socialdemocracia. El comunismo”, de
León Trotsky.

[7] “…la identidad de clase media lleva incorporadas las anteojeras
elitistas que nos han enseñado a mirarnos a nosotros mismos y a los demás.
Esa identidad tiene efectos siempre concretos: divide y ‘ordena’ en una
jerarquía a los habitantes de esta tierra según su nivel adquisitivo, su
ocupación, su educación, su lugar de residencia, sus modales, su aspecto”,
Historia de la clase media argentina, Ezequiel Adamosvsky, Buenos Aires,
Booket, 2015, p. 491.

[8] León Trotsky, Escritos latinoamericanos, Buenos Aires,Ediciones CEIP,
1999, p. 169.

[9] Esta posición hemos sostenido en relación a la causa vialidad en la que
se juzga a Cristina Kirchner. Ver “Más allá de los relatos: ajuste,
corrupción capitalista y casta judicial”.

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Argentina



El atentado contra Cristina Kirchner (y dos notas previas sobre el
"quilombo")



Jorge Altamira *

https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok



Los magnicidios o tentativas de magnicidios ejecutados por supuestos
“llaneros solitarios” deben ser tomados con pinzas y, todavía más, con
enorme desconfianza. Los servicios de seguridad, tanto nacionales como
extranjeros, han penetrado todos los poros de la vida ciudadana, en especial
cuando, como ocurre en la actualidad, cuentan con herramientas tecnológicas
impresionantes. Hasta el aparato de espionaje menos sofisticado puede
´guiar´ a un individuo a cometer un asesinato político. La primera cuestión
que plantea el atentado contra la vida de Cristina Kirchner es determinar,
precisamente, si fue o no parte de una conspiración política criminal. De un
modo general, el llamado “estado profundo” es proclive a encubrir estos
hechos y a sus protagonistas; sabe que sus ramificaciones hacia arriba
pueden comprometer al Estado en su conjunto. Es lo que estamos viendo en
estos días con la indulgencia del poder político y judicial norteamericano
frente a Donald Trump, que comandó un golpe de estado en enero de 2021 y en
su retiro de la presidencia se apropió de documentos secretos con el
propósito de extorsionar eventualmente a sus rivales políticos.



Lo dicho hasta aquí es especialmente oportuno porque la tentativa de
asesinato de ayer, jueves, contra Cristina Kirchner, no se produjo en el
vacío. Fue precedida, en primer lugar, por un reclamo de condena de 12 años
por parte de los fiscales de la causa Vialidad. También por una disputa
política abierta entre los gobiernos nacional y porteño, y entre la policía
de la Ciudad y la Federal, acerca de la romería que se había desarrollado en
torno al domicilio de la Vice. Todo esto, en el marco de un renovado peligro
de corrida cambiaria y estallido hiperinflacionario. El episodio criminal
tuvo lugar luego de un acuerdo entre ambos gobiernos y ambas policías, más
preocupadas por reglamentar la vigilia kirchnerista que por la custodia de
la mandataria. El resultado fue que, a la hora de los hechos, la
vulnerabilidad de la vicepresidente alcanzara ribetes de tragedia; la cosa
incluso empeoró porque CFK siguió con la rutina de firmar dedicatorias por
algunos minutos, cuidada por expertos.



El discurso en cadena que pronunció Alberto Fernández, un par de horas
después de lo ocurrido, no hizo la menor alusión a estas circunstancias. Fue
un discurso encubridor, mientras en los medios de comunicación se ventilaba
que la custodia de Cristina Kirchner se había duplicado, y hasta para
algunos cuadruplicado, sin que este celo se manifestara en el terreno. Como
la Policía de la Ciudad responde al macrismo y la Federal al kirchnerismo,
las responsabilidades se encuentran repartidas ´salomónicamente´. Obviarlas
es simplemente encubrimiento. Con un enorme tendal de policías, el entorno
del domicilio de CFK quedó convertido en “una zona liberada”. Antes de esto,
los medios de comunicación del oficialismo denunciaban a los grupos de
“escraches” que actuaron frente a la Rosada y el Congreso.



Lo ocurrido el jueves no fue tampoco una suma de hechos inconexos. El
kirchnerismo llevó la disputa en torno a la vigilia en la Recoleta a un
cuestionamiento de la autonomía constitucional de la Ciudad. Acusó a la
Policía de la Ciudad de “política”, o sea, al servicio de la camarilla de
Larreta. Ambas cosas, sin embargo, tanto la autonomía de la Ciudad como la
instalación de una policía local, fueron pactadas por todos los
protagonistas actuales. Luego, buscaron otorgar su propia policía a los
intendentes. Menemistas y radicales, frepasistas y duhaldistas,
kirchneristas y macristas – todos juntos – pactaron sacar a la capital de la
tutela federal. ´Alberto´ y ´Cristina; Zaffaroni y Vilma Ibarra la votaron
con ambas manos. La función económica de la autonomía porteña había sido
resumida, sin medias palabras, por Domingo Cavallo, cuando señaló el
propósito de convertir a la Ciudad en “la Capital financiera y turística”
del Mercosur. La autonomía fue la expresión política de los intereses
inmobiliarios y financieros que, desde Puerto Madero, pretenden cubrir toda
la ribera del Plata y del Riachuelo. Es un plan de desalojo masivo, que sólo
ha disminuido de velocidad por la terrible crisis social y habitacional de
gran parte de la urbe, sin por eso detener el negocio, que ahora acaba de
recibir la bendición ´nacional y popular´ de un blanqueo.



Alberto Fernández, luego de consultar por teléfono a Cristina Kirchner,
adjudicó el atentado a ”los discursos de odio”. No hizo referencia a las
enormes irregularidades de la custodia; ni a la disputa constitucional
desatada entre el gobierno de la Nación, de un lado, y de la Ciudad, del
otro; ni al proceso judicial por defraudación del estado; ni a los discursos
de CFK para desmantelar el movimiento piquetero. Adjudicó al atentado
criminal una “gravedad institucional”, lo que equivale a una tentativa de
golpe, y dijo, para reforzar, que “afecta la democracia”. En este caso,
Alberto Fernández sabe más de lo que se conoce acerca del atentado; de lo
contrario ha recurrido al palabrerío para zafar de la responsabilidad del
gobierno en la protección de la Vicepresidenta. Si detrás de lo ocurrido hay
golpistas, hay que señalar que un par de horas antes, el kichnerismo había
votado con los golpistas, en el Senado, el otorgamiento de un dólar de 200
pesos a la exportación adicional de la industria automotriz, y se apresta a
hacerlo para favorecer a los exportadores de soja. Massa, la otra pata del
trío, dijo lo mismo: “Cuando el odio y la violencia se imponen sobre debate
de ideas, destruyen las sociedades y se generan situaciones como la de hoy:
un intento de magnicidio”. Pero él mismo ha incorporado al gobierno a un
tuitero del odio, que tuvo que disculparse por sus dichos pasados para poder
asumir como vice ministro de Economía. Las proclamas de “repudio” y las
convocatorias a “la solidaridad”, luego del atentado, no bajan ni un
milímetro la crisis política que se ha desatado luego de las Paso de 2021.
Es una crisis que no tiene que ver con el odio sino con la bancarrota del
Estado propiciada por el capital financiero, y con el hambreamiento de los
trabajadores.



Tentativa de golpe fue la corrida contra el peso que llevó a la renuncia de
Guzmán, y fue gestada desde el propio kirchnerismo. Un estallido del dólar
había colocado al gobierno al borde del colapso. En lugar de denunciar el
golpe, el gobierno de los Fernández les ofreció a los golpistas financieros
dos cosas: el rescate de los bonos públicos en pesos que se habían
desplomado en valor, y un “bono dual”, que se ajusta al mayor valor entre el
dólar y la inflación. Alberto Fernández, en esa ocasión no convocó a cadena
nacional, ni CFK usó las redes para denunciar el golpismo – nombraron a
Massa para que arreglara con los golpistas.



La invocación a “la paz social”, otro plato del discurso, es una extorsión
contra los trabajadores. El gobierno pretende usar el atentado para frenar
los reclamos, las manifestaciones y las huelgas. Los punteros oficiales
asumen que el atentado, la denuncia de un golpe y la defensa de la
democracia son una buena platea para lanzar a la líder a la candidatura a la
presidencia. El kichnerismo pretende contener con una operación “clamor” las
luchas contra el ajuste, la precarización laboral, la recesión que levanta
cabeza y la confiscación de los ingresos. Se trata de un ´operativo´
reaccionario – busca apoyo en el FMI contra los trabajadores.



La “paz social” que reclama AF se resentirá considerablemente con el
tarifazo de los servicios, el aumento de la nafta y las devaluaciones a
medida que diseña el gobierno con el Banco Central. De otro lado, con la
crisis financiera se acentuará el conflicto entre los distintos sectores
patronales en torno al carácter de la “estabilización” de la economía, por
un lado, y el conflicto judicial, por el otro. Hay una lucha a muerte por
imputar a CFK y su camarilla la asociación ilícita, como si no alcanzara la
defraudación al estado y la cadena de estancias de Lázao Báez. En oposición
a los republicanos vacilantes, como el ex K Pichetto o el periodista Carlos
Pagni, el profesor ´garantista´ Roberto Gargarella refuerza hoy en Clarín la
importancia de la asociación ilícita, o sea la condena a doce años contra
CFK. No alude en ningún momento a un vicio fundamental del juicio oral, como
lo es la colusión del fiscal Diego Luciani con el juez Giménez Uriburu y,
adicionalmente, la que afectaría al juez Gorini. Y, sucesivamente, la que
atañe a los jueces de Casación que juegan al paddle con Macri. Argentina
asiste a una disolución espectacular de su régimen político en medio de un
descomunal impasse financiero – en un mundo capitalista en guerra
internacional sin fecha de vencimiento.



El atentado contra Cristina Kirchner no es la causa eficiente de esta
crisis, sino el accidente criminal que expone un derrumbe histórico
descomunal. Las exhortaciones a contener el ´sobregiro´ alcanzado por esta
crisis están condenadas al fracaso.



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La noche de la Lealtad en Recoleta



Vayan a descansar - del trabajo a casa y de casa…



Las epopeyas en Argentina siguen la cotización del peso paralelo. Anoche,
con la temperatura en descenso, nadie necesitó mojar los pies en una fuente,
por otra parte inexistente. Rodríguez Larreta, el general Ávalos de los
tiempos pos modernos, sólo necesito recurrir a la policía de la Ciudad para
obtener del oficialismo la orden de desalojar las calles que circundan el
domicilio de la Vicepresidenta de la Nación. Es cierto que el kirchnerismo
promete llenar plazas hasta el aniversario del 17 de Octubre, pero esto no
depende de él sino del podador del gasto social, el dúo Massa-Rubinstein.
Cristina Kirchner reivindica un poder que ha dejado en manos de un señalado
gestor de los fondos internacionales que quieren cobrar sus créditos y
reclaman una devaluación. Antes que la Cámpora organice sus columnas, miles
de trabajadores descenderán a las calles para reclamar por sus salarios, por
trabajo y por asistencia social. “No es la hora de reclamar por los
salarios”, dijo un entrevistado por el móvil de un canal de TV, “es la hora
de apoyar a la jefa que defiende los salarios”. Este portavoz excelente de
la política oficial, no necesitó recurrir al lenguaje inclusivo para
enunciar esta falacia.



En un escenario más fiel a los trabajadores, como el que alberga a las
industrias más poderosas de Argentina, se desarrollaba desde varios días
antes un accionar verdadero de activistas y obreros, frente al que se
protagonizaba en el distrito donde Juan Domingo Perón no pudo ganar una sola
elección. Pero esta lucha fue olímpicamente ignorada en la noche de la
Lealdad del barrio norte, donde la Vicepresidenta exhortaba a enfundar. Los
obreros de Fate estaban luchando contra una patronal que, por esos días,
había avanzado, sin eufemismos, en el propósito de proscribir la
organización sindical en la fábrica. Con la intrepidez de un 17 de Octubre;
de un 29 de Mayo (Cordobazo); de un 2 de Junio (la huelga general contra el
rodrigazo, en 1975); de un 30 de Marzo (el combate de 50 mil obreros
convocados por la CGT contra la dictadura de Galtieri); y de un 20 de
diciembre (la pelea contra los grupos de tareas para llegar a Plaza de Mayo
en el Argentinazo); con esa intrepidez bloqueaban las entradas y salidas del
obsoleto pulpo de los Madanes, para aumentar la remuneración de las jornadas
de fin de semana, defender el convenio colectivo de trabajo y dar la pelea
contra los descuentos brutales de salarios por los días de huelga. En medio
de un palabrerío vacío acerca de la Constitución y el estado de derecho,
esos luchadores salieron a la defensa del derecho de huelga, la única sombra
de derecho de una Constitución que pone el derecho del capital por encima
del derecho a la vida. Los descamisados del 45 están de vigilia, pero en los
portones de los monopolios del Neumático.



El recorrido de la pugna contra el reclamo de condena a Cristina Kirchner,
no está trazado por el cronograma de actividad que diseña Máximo Kirchner,
al cual la prensa le ha descubierto un sentido discutible del humor. La
Lealtad no se cotiza en el mercado local sino en Wall Street y, según
parece, en Houston, la capital de las petroleras y mineras norteamericanas.
Massa pretende obtener un préstamo internacional que sostenga una
estabilidad del peso, mediante una kermesse que subaste los recursos del
subsuelo – en plena guerra imperialista por los yacimientos y ductos del
petróleo y del gas. Estamos muy lejos de una confrontación Marc Stanley
versus Cristina Kirchner, como la que sustentó la Lealtad hace 75 años. La
expectativa de la Vice es, por el con-tra-rio, que los ajustes brutales de
Massa tengan éxito; que el tarifazo quede indexado a la inflación; que el
Presupuesto 2023 sea apoyado por el FMI y votado por los seguidores de
Larreta y Bullrich; que Massa obtenga el deseado préstamo internacional, aun
sabiendo que sus cláusulas de garantía consisten en una devaluación del 50%
del peso. El dilema no es reservas versus devaluación sino financiamiento de
una devaluación.



Otra analogía políticamente instructiva tiene que ver con la indumentaria –
la de antaño vestía alpargatas. Los militantes y funcionarios que eligieron
pasar un sábado a la noche en modo histórico declaran usar una ropa
diferente, al menos en su interior. Se reivindican soldados de Perón, o sea
que no han aprendido nada. El Oktubre que imaginaron en el 72 – el retorno
de Perón al gobierno -, condujo a la mayor derrota de la clase obrera en el
siglo pasado – primero la Triple A, la militarización del área del Paraná de
San Nicolás a la santafesina San Lorenzo, pasando por Villa Constitución; el
“aniquilamiento’ de la subversión, y finalmente el golpe militar. Calzar
fajina de nuevo, esta vez inocua, por el gobierno que legitimó la deuda de
Macri con el FMI; avanzó en la destrucción de las jubilaciones; declara la
guerra al movimiento piquetero; se codea con Larry Fink (BlackRock) y el
fondo Pimco; y ha largado un ajuste que supera al de Toto Caputo y Dujovne;
es un despropósito. Es convertir la tragedia de muchos luchadores de
aquellas épocas, en una farsa que no divierte.



La fiebre de este sábado a la noche ha tenido el efecto de proyectar a CFK a
una candidatura a la Presidencia, cuando se había relegado hasta ahora a la
gobernación de Buenos Aires, y Máximo K se estaba anotando para disputar en
Santa Cruz. Es obvio que es más difícil ‘dar la vida’ por una eventual
gobernadora. Pero la lógica de este proyecto conflictúa con la de la
designación de Massa como “superministro”, que tiene por meta el mismo
sillón. Si Massa acabara como Guzmán y Batakis, sería el fin de las
candidaturas del FdT y del mismo Frente de Todos. Este impasse ‘electoral’
ha llevado a la superficie la anulación de las pasos, lo cual requiere una
mayoría para que se convierta en ley. El desarrollo del juicio de Vialidad
aportará un nuevo caudal a la crisis política, simplemente porque podría
traer al conocimiento público mayores novedades acerca del mundo oscuro de
los contratos de obras y servicios que han servido a la ‘prosperidad’ de la
burguesía argentina y de sus gestores políticos.



No asistimos a ninguna epopeya. La épica de la burguesía nacional ha quedado
enterrada en el pasado. Las irregularidades manifiestas que se evidencian en
el juicio son asuntos secundarios con relación al conjunto de la situación
nacional, donde sus protagonistas están unidos en una política de
confiscación de la fuerza de trabajo, de la miseria social y de la entrega
de la autonomía política. Una denuncia del fraude judicial debe consistir en
el desenmascaramiento político, en primer lugar del estado capitalista y el
régimen político, y en segundo lugar del rol reaccionario y antidemocático
de acusadores y acusados en la crisis nacional. Debe ser una escuela
política que muestre a los trabajadores los intereses de clase de jueces e
imputados y el carácter corrupto de sus métodos de gobierno. Debe servir,
por medio de esta política antagónica al capital y sus instituciones, para
preparar a los trabajadores para la lucha por construir su propio gobierno.



La condena judicial a Cristina Kirchner



La atención política será acaparada, a partir de los primeros días de
septiembre, por el desarrollo del juicio oral y público del caso Vialidad.
La defensa de Cristina Kirchner y la del resto de los imputados se esmerará
en refutar la acusación de los fiscales, que han pedido diversas penas por
los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita. De acuerdo a lo
que han ventilado voceros y periodistas del riñón oficialista, presentarán
pruebas, testimonios y peritajes que invalidan que la obra pública realizada
por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, haya violado el sistema
licitatorio, incumplido con los pliegos correspondientes o incurrido en
sobreprecios. El debate acerca de la asociación ilícita para defraudar al
erario público ocupará un lugar fundamental, tanto en cuanto a las pruebas
que se exhiban como a la doctrina. Los defensores insistirán en que la
equiparación de un gobierno constitucional con una banda para delinquir es
un absurdo conceptual.



El debate no quedará circunscripto a la Acusación, por un lado, y a la
Defensa, por el otro. El escenario será copado por los medios de
comunicación y por las manifestaciones políticas de un lado y del otro, y
también por terceros. Tres mandatarios latinoamericanos, de los más
significativos, han tomado posición a favor de Cristina Fernández – el
mexicano López Obrador, el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, y
Luis Arce de Bolivia. El ex gobernador republicano Ted Cruz, una de las
principales espadas de Trump, salió en punta a una campaña continental a
favor de la condena a la ex Presidenta. Se descuenta que el juicio ocupará
un lugar relevante en la campaña presidencial en Brasil, en especial por
parte de Bolsonaro, que no perderá ocasión para ligar a Lula con la
delincuencia institucional.



Las posiciones están jugadas. El tratamiento que los medios han dado a la
entrevista a Alberto Fernández en A Dos Voces es la señal inequívoca que
agotarán todos los recursos para obtener la condena pedida por los fiscales.
La Nación llevó su editorial condenatorio de Alberto Fernández a la tapa de
la edición del viernes 26. El vocerío mediático atribuye al Presidente una
analogía entre los fiscales de Vialidad y el fiscal Nisman, que tuvo a su
cargo la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia del Memorando de
Entendimiento con Irán. La conexión entre la muerte de Nisman y las medidas
de seguridad pedidas por la Corte para Luciani y Mola, fue introducida por
los entrevistadores. Alberto Fernández advirtió que el asesinato de Nisman
no ha sido probado, lo cual es cierto. JxC, con la excepción de los
radicales Manes y Morales y del ex kirchnerista Pichetto, han presentado la
iniciativa de un juicio político al Presidente, alegando una injerencia en
el juicio en trámite, que violaría una norma constitucional. Alberto
Fernández, sin embargo, no reclamó los expedientes del juicio ni interviene
en su desarrollo, que es lo que prohíbe en forma taxativa la Constitución.
Contrariamente a lo que dice el macrismo, si el Presidente omitiera su
juicio sobre un pedido de condena de la Vicepresidente, podría ser
cuestionado como cómplice de un golpe de estado. La ofensiva contra Alberto
Fernández ha ido más lejos, porque se lo vuelve a identificar como un agente
de la diplomacia de Rusia y de China. Para redondear el relato, sectores de
JxC han reclamado la reapertura de dos juicios, el memorando con Irán y la
causa Los Sauces, en los que la Vicepresidenta fue sobreseída. El
kirchnerismo, por su lado, anuncia un “quilombo” en caso de condena y
reclama la movilización del PJ para hacer frente a lo que llama un intento
de destruir al peronismo.



Para el oficialismo, la condena “está escrita”. La intimidad entre el fiscal
Luciani y el juez Giménez Uriburu, así como la filiación macrista de Gorini,
otro de los jueces del tribunal, confirmaría aquella suposición. En la
campaña anti-kirchnerista se advierte una intención de que una condena sirva
para separar al ‘verdadero’ peronismo del destino de CFK. La Cámpora y sus
aliados, del otro lado, prometen “armar”, en caso de un desarrollo
desfavorable del juicio, un gran “quilombo”. El desarrollo del juicio no
está condicionado, sin embargo, sólo por toda esta confrontación. En forma
paralela, Sergio Massa necesita con urgencia obtener nuevo financiamiento
internacional para evitar una nueva corrida cambiaria y una corrida
bancaria. Ese financiamiento depende, eventualmente, de un compromiso de
devaluar el peso, a 200 por dólar.



Massa intenta contemporizar mediante la oferta de tipos diferentes de cambio
a cada sector de la economía; el vice de Economía, Gabriel Rubinstein, aboga
por un desdoblamiento cambiario – uno comercial, otro financiero. Dado el
impacto que tendrá en la deuda pública y en el agrandamiento del déficit
financiero del Tesoro y la inflación, cualquiera de estas variantes llevará
a una mega devaluación del peso y a una conmoción social y política. El
juicio de Vialidad está sentado sobre un volcán. Los grandes intereses
capitalistas en juego no dejarán de incidir en su desenlace y,
alternativamente, en una salida arbitrada. Argentina asiste a un
delineamiento de fuerzas políticas como pocas veces antes. Tiene lugar un
debate excepcional acerca del poder en todos los planos – no sólo ni
principalmente desde Comodoro Py, sino por sobre todo en una lucha de clases
creciente incentivada por el derrumbe de la economía y la política.



La mayor dificultad que tendrá el tribunal en imponer “la condena escrita”
está referida a la acusación de asociación ilícita. La objetan personajes
representativos del escenario político oficial como el macrista Pichetto, el
periodista Carlos Pagni, el constitucionalista Gil Domínguez y una tanda de
círculos jurídicos. Sería un hueso duro de tragar para la Corte cuando el
expediente le llegue en la apelación. Se plantea entonces la variante de una
condena por defraudación al Estado, y un desistimiento de la asociación
ilícita. Sería, al menos en principio, una derrota para ambos lados de la
‘grieta’. Las posibilidades que ofrece el recurso apelatorio podría dilatar
una sentencia definitiva, de un tipo u otro, hasta 2026. Lo que muchos
denuncian como un reaseguro para la libertad de CFK, sería también un
escenario de agitación permanente. El tránsito a las elecciones de
agosto/octubre del año que viene se encuentra totalmente trastocado, en
especial para las dos pseudo coaliciones mayoritarias.



Este panorama político deja en claro que en Argentina se desarrolla una
crisis de poder y una lucha de poder. Que la crisis envuelve al gobierno, al
régimen político y al Estado. Que la cuestión estratégica domina el
escenario político. El patrón de Fate y de Aluar, Javier Madanes
Quintanilla, acaba de declarar que “lo que se está discutiendo”, en el
conflicto por el pago del 200% por la jornadas de fin de semana, “es quién
conduce la planta, si la empresa o el gremio”. El propósito de la patronal
de destruir la organización del sindicato en las fábricas es condensado como
un conflicto de poder. El diario La Nación, que reproduce estas
declaraciones, advierte además que la importación de neumáticos, para
compensar las pérdidas que ocasiona el conflicto, llevaría el precio a las
nubes, debido al mayor costo de la producción extranjera. “Los de arriba” ya
no pueden gobernar ni producir como lo venían haciendo, y “los de abajo”
tampoco toleran más la precariedad laboral y la miseria social que han
venido sufriendo.



* Jorge Altamira, histórico militante trotskista, dirigente del Partido
Obrero (Tendencia) .

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