Chile/ Principio de incertidumbre. La derrota fue más profunda que cualquier pronóstico. [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de septiembre 2022

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Chile



Tras la debacle del Apruebo



Principio de incertidumbre



Los errores propios de la convención, los contenidos de la propuesta, la
campaña de desinformación y la concurrencia de nuevos votantes figuran entre
las causas con las que varios especialistas explican el resultado. Mientras
un alicaído Gabriel Boric busca tender puentes con los partidos políticos,
vuelven las marchas y las evasiones masivas de estudiantes en el metro.



Cristian González Farfán, desde Valparaíso

Brecha, 9-9-2022

https://brecha.com.uy/



«Yo practiqué judo alguna vez. Para derribar a mi oponente tenía que ver
cuáles eran sus puntos débiles y buscaba una técnica para llevarlo al piso y
ganarle. El rechazo hizo eso: aprovechó todas las instancias en que el
apruebo le dejó la puerta abierta», reflexiona Víctor Cartes, un profesor de
la comuna de Petorca –una localidad de la región de Valparaíso situada a 204
quilómetros al norte de Santiago– que votó rechazo a la propuesta de nueva
Constitución sometida a plebiscito el domingo. Petorca pertenece a la
provincia homónima, que ha sido etiquetada por el gobernador regional,
Rodrigo Mundaca, como «el epicentro de la violación del derecho humano al
agua». Alude a la acción de grandes empresarios agroindustriales que, según
él, han secado los valles y horadado la vida de la comunidad, merced a los
numerosos derechos de aprovechamiento de agua que poseen.



En esa comuna, golpeada por una severa crisis hídrica, mezcla de megasequía
y usurpación de aguas, la opción rechazo ganó con un 56,11 por ciento,
mientras que el apruebo marcó solo un 43,89 por ciento. El resultado causó
sorpresa a nivel nacional, en tanto la propuesta constitucional consagraba
el derecho humano al agua y su calidad de bien común natural inapropiable,
entre otras medidas. De cualquier modo, lo sucedido en Petorca se replicó en
casi todo el país y de forma apabullante: el rechazo ganó en 338 comunas,
mientras que el apruebo solo se impuso –y por escaso margen– en ocho de
ellas.



A Víctor Cartes le irrita que lo llamen «ignorante», la palabra más suave
proferida por los partidarios del apruebo en redes sociales contra quienes
en Petorca optaron por el rechazo. «Yo no soy ningún ignorante, me parece
poco atinado que traten a la gente así. La gente consiguió el texto, lo leyó
y se informó a través de los debates en la televisión. Ha habido una mirada
despectiva sobre Petorca. Yo tengo mi posición, pero no voy a convencer a la
gente; les decía: “Léala, si le gustan los diez puntos más importantes, vote
apruebo; si no le gustan, vote rechazo”», comenta el docente, para quien
«faltó convencimiento de la Convención Constitucional de que el trabajo que
se hacía era correcto. Hubo un problema de transmisión de la información
respecto de la propuesta: se ideologizaron, tomaron posturas partidistas, y
eso no me parece».



Tanto el pueblo de Petorca como los sectores más rurales de la comuna,
reconoce Cartes, se abastecen de agua a través de camiones aljibe. Pero
desmiente que la gente se tenga que bañar por partes y que las niñas no van
al colegio porque no se pueden lavar las manos durante su período menstrual
por la falta de agua en los recintos educativos, como señaló en una
entrevista la activista y exconstituyente petorquina Carolina Vilches. «A
mí, al menos, nunca me ha faltado el agua», esgrime el profesor. No fue el
agua, sino otras razones las que lo llevaron a impugnar el texto
plebiscitado: «Cuando leí el texto, sentí que no abarcaba las necesidades
básicas de la sociedad chilena en su conjunto. Tenía líneas segregadoras muy
marcadas y errores gramaticales y de sintaxis. Por otra parte, la propuesta
segregaba a la familia, la familia no aparecía en ninguna parte en la
Constitución, solo hablaba del Estado». En rigor, el artículo 10 del texto
reseñaba que «el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas
formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos
exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna».



Los nuevos votantes



El expresivo 61,87 por ciento que obtuvo a nivel nacional el rechazo versus
el 38,13 por ciento del apruebo mantuvo en vigencia la Constitución de 1980
escrita en dictadura y dinamitó el trabajo que durante un año emprendió la
convención constitucional electa por votación popular, con perspectiva de
género y participación de independientes y pueblos originarios. La gran
brecha con el plebiscito de entrada de 2020 (con voto voluntario, un 78,31
por ciento marcó apruebo versus un 21,69 por ciento que lo hizo por el
rechazo) radicó en la histórica participación –inédita en Chile– en el
referéndum del domingo: más de 13 millones de electores. El llamado Acuerdo
por la Paz del 15 de noviembre de 2019, que destrabó por vía institucional
la revuelta de octubre, había determinado que el plebiscito de salida fuese
con voto obligatorio. ¿El resultado? Más de 4 millones de votantes nuevos
–respecto de la segunda vuelta presidencial de 2021– aparecieron en escena e
inclinaron la balanza a favor del rechazo.



«Ese 38,13 por ciento del apruebo estaba de acuerdo con algunos derechos que
para otra parte del país no eran temas relevantes. Esa desconexión no era
evitable, porque no podíamos saber qué pensaban los chilenos que no votaban,
y se podía creer que apoyarían estas medidas que en otros países se
alababan. Internacionalmente era una propuesta muy bien recibida, pero
parece que no tocaba las preocupaciones o demandas más sentidas de las y los
chilenos», explica Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía
de la Universidad de Santiago, quien además era parte del equipo suplente
del Comité de Ética de la Convención Constitucional.



Otros analistas y los propios exconvencionales coinciden en que hubo una
convergencia de muchas variables que explican el rutilante triunfo del
rechazo, cuya amplia distancia con el apruebo no fue ni siquiera presagiada
por las encuestas. «Puedo mencionar como causas la votación obligatoria, en
la cual participaron personas que sienten una desafección profunda con la
política, por lo tanto, ejercen un voto de castigo; la amplificación, a
través de los medios de comunicación, de estereotipos conservadores sobre
cosas como el poco sentido patriótico de la convención, elemento que no
tenía ningún asidero; la asimetría de aportes en la campaña electoral y los
propios errores de la convención», admite la expresidenta del órgano
constituyente María Elisa Quinteros. La exlíder de la convención, asimismo,
critica el tiempo limitado en que transcurrió el proceso, lo que influyó en
que «no pudimos insertarnos en los sectores populares, porque escribir la
propuesta implicaba dejar de volver a nuestros territorios. No se logró
hacer pedagogía constitucionalista, que era muy necesaria por la brecha de
educación cívica que hay en la población chilena».



Esta imposibilidad de cubrir todos los territorios la padeció el profesor
Cartes, quien asegura haber visto a la exconvencional Carolina Vilches
haciendo campaña por el apruebo y explicando la propuesta en la comuna, solo
en el acotado plazo de dos meses entre la entrega del documento final (4 de
julio) y el plebiscito de salida (4 de setiembre). «Si querían un voto
informado, deberían haber traído a gente del apruebo y el rechazo a través
de un cabildo abierto para la gente», plantea Cartes, quien votó por el
ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial y,
paradójicamente, por Rodrigo Mundaca (reconocido activista de la zona por la
defensa del agua) en la elección para gobernadores regionales. Optó por el
rechazo tanto en el plebiscito de entrada como en el de salida, pues
–arguye– no es necesaria una nueva Constitución.



Plurinacionalidad, un concepto que no caló



Las causas del fracaso de la ruta constituyente exploradas por los comandos
del apruebo oscilan entre las críticas externas y la propia autocrítica. Más
allá de la campaña de descrédito orquestada por el rechazo (véase «Ecos de
una campaña sucia», Brecha, 12-VIII-22), que implicó una multimillonaria
inversión en redes sociales y difusión de noticias falsas validadas por el
espectro de medios de comunicación hegemónicos, los analistas sospechan que
los contenidos de la propuesta y el desempeño de la Convención
Constitucional fueron vistos con suspicacia por el grueso del universo
electoral.



«Cada convencional se presentó con un programa determinado. Los
independientes lo hacían por los animales, el agua, el feminismo, etcétera.
Cada uno llegó con sus banderas de lucha y hubo mucho énfasis para un
electorado que no funciona de la misma manera. Hay grupos que defienden
ciertas banderas y que no van en la lógica de la mayoría de la población: el
aborto, la plurinacionalidad. Los constituyentes estaban de forma legítima
en representación de sus territorios, pero fallaron en ese examen de
presentar una Constitución no solo para los grupos que defendían esas
banderas, sino para toda la población. Les faltó mayor amplitud», analiza
Javiera Ulloa, académica de la carrera de Ciencia Política de la Universidad
de Los Lagos.



Parcialmente coincide en el diagnóstico el abogado constitucionalista Javier
Couso, para quien la definición de Estado plurinacional tuvo muy poca
acogida en la sociedad chilena. Tanto es así que hasta en las comunas con
alta población indígena el rechazo también se impuso: «Se podía sentir que
no había mucha empatía con la plurinacionalidad, diría que fue
desconcertante. La mezcla entre la aprobación de las normas del aborto y del
Estado plurinacional produjo una caída del apruebo en las encuestas de la
que nunca más se recuperó». Esto se conjugó, según el experto, con que en la
asamblea había convencionales muy «radicalizados» y que contribuyeron a
presentar normas «abiertamente desalineadas con la opinión del votante medio
chileno» dentro de las comisiones. Aclara Couso que varias normas fueron
corregidas o rechazadas en el pleno, pero igualmente los medios las
reprodujeron y alarmaron a la población. Un poco en línea con la analogía
del judo, reseñada por el profesor de Petorca.



La filósofa Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Santiago, percibe que hubo un «maximalismo progresista» de la
Convención Constitucional, ya que, además de garantizar derechos sociales
demandados desde hace mucho tiempo, «se incluyeron otros derechos llamados
liberales, como la plurinacionalidad, que no se sabía tan claramente si
estaba siendo exigida por el país». Sin embargo, en ese punto, Aurenque
responsabiliza al gobierno de Sebastián Piñera por entorpecer el
funcionamiento de la convención: «No hubo una campaña informativa del
gobierno de Piñera para socializar lo que se conversaba en el interior de la
convención con el resto del país. Y como el gobierno no condujo el proceso,
ciertos conceptos le parecieron muy extraños a la ciudadanía». Para Couso,
profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego
Portales, otro pecado de la convención fue «no convocar a la derecha, que
tenía una representación del 20 por ciento en el órgano constituyente, a
través del reglamento».



La politóloga Ulloa cree que, al final de cuentas, la Convención
Constitucional fue escrutada con la misma vara con que se mide a la clase
política en general: «Fue vista como una nueva elite política, habiendo ya
un enorme descrédito de la clase política. La gente comenzó a mostrar
distancia desde la instalación de la convención, cuando algunos
constituyentes gritaban en el pleno. Ahí la gente sintió que no se mantenía
una formalidad republicana. Basta que esa nueva clase política, en un país
tan formal como Chile, se comporte de manera inadecuada para que confirme
esa idea general que hay sobre los políticos en su totalidad».



Los expertos atribuyen, paralelamente, la victoria del rechazo a lo que
llaman campaña del terror, impulsada por la elite y que fue reproducida sin
contrapeso por la prensa en sus diferentes plataformas. «Fue una estrategia
que hizo a los convencionales perder mucho tiempo en desmentir una
información falsa en vez de hablar de los artículos de la propuesta. Y
luego, cuando querían entrar a hablar de los artículos, surgía otra mentira.
Es una estrategia antigua. Goebbels y Hitler hicieron lo mismo para ganar
audiencia y poner la atención en otras cosas. Tampoco tenemos leyes que
protejan o regulen la desinformación y los discursos de odio», critica
Aurenque.



Desde el seno de la ex Convención Constitucional, su expresidenta María
Elisa Quinteros, sin eludir la autocrítica, señala que «hay que respetar la
democracia, pero también hay que resguardar que la información sea objetiva
y no enlodada por una estrategia política. Eso claramente daña la
democracia». Del mismo modo, Quinteros descarta que la propuesta haya sido
demasiado vanguardista para una sociedad con una subjetividad conservadora
importante: «La propuesta era superclara e iba directo a las demandas
claves: un proyecto de sociedad de derechos, migrar hacia un sistema
nacional gratuito de salud, la defensa de la educación pública, entre otras
cosas». Pese a la derrota, agrega la expresidenta de la convención, «las
transformaciones no pararán y esto tiene que ser una etapa intermedia para
seguir impulsando cambios y que terminemos de una vez con una Constitución
heredada de la dictadura. La historia a veces da dos pasos y retrocede uno;
todavía estamos en un proceso de construcción».



Para Javiera Ulloa, el oneroso despliegue de recursos de los grupos del
rechazo para difundir noticias falsas, como la expropiación de las
viviendas, la división territorial del país y la no heredabilidad de los
fondos de pensiones, «vino a jugar con los miedos que ya tenía la
población», y eso se conjuga con que los medios de comunicación «dieron más
cobertura a los escándalos de la convención que a los contenidos mismos de
la propuesta. Era más atractivo mostrar eso que el trabajo que hacían los
constituyentes hasta las 12 de la noche». Por ello, cree Ulloa, el
plebiscito, más que una evaluación de la propuesta constitucional, fue al
desempeño de la convención y, adicionalmente, un plebiscito al gobierno del
presidente Gabriel Boric, cuya posición quedó debilitada ante el triunfo del
rechazo. No obstante, asegura Aurenque, «no se puede decir que el rechazo
ganó por las fake news», pero sí «que tuvo que ver en parte con la decisión;
cuando se le pregunta a la gente en la calle por qué votó rechazo, muchos
citan argumentos que eran mentiras, principalmente respecto de la vivienda y
de los símbolos patrios».



Esta situación quedó refrendada, por solo citar un caso puntual, en un
reportaje de Ciper que reveló que al menos 29 cuentas de redes sociales
invirtieron un total de 116,7 millones de pesos chilenos (más de 130 mil
dólares) en Facebook e Instagram para divulgar información falsa sobre
normas de la propuesta que supuestamente ponían en riesgo los fondos de
pensiones, la vivienda propia, los colegios particulares subvencionados y la
atención de salud.



Una olla de presión



«La derecha no puede atribuirse el triunfo del plebiscito», señala Ulloa
categóricamente. «Lo que primó fue una división de la centroizquierda, con
una parte que se sumó al rechazo y rompió un cierto equilibrio», agrega la
académica de la Universidad de Los Lagos, para quien, sin embargo, la
derecha «está en una excelente posición para hacer sentir que gracias a
ellos el país recobró la cordura y primó el sentido común».



Para Couso, en tanto, la derecha mostró destreza política en desaparecer de
los primeros planos en la campaña del rechazo y delegar ese espacio a
personeros de la ex-Concertación, que fueron los verdaderos rostros de la
oposición al texto constitucional propuesto. Son ellos, principalmente,
quienes enarbolaron la bandera de una «nueva» pero «buena» Constitución. La
pregunta es, según Couso, si la derecha «cumplirá o no su promesa de
articular un nuevo proceso constituyente, encarnado en la frase rechazar
para reformar».



El miércoles 7 de setiembre se llevó a cabo en el Congreso Nacional de
Valparaíso la primera reunión formal entre el presidente Boric y los líderes
de todos los partidos políticos, a efectos de trazar las líneas de la nueva
hoja de ruta constituyente. Hubo algunos consensos preliminares, sin todavía
ser materializados oficialmente: una convención cien por ciento electa, no
más de seis meses de funcionamiento, fin a las listas de independientes y
trabajar sobre la base de la propuesta constitucional de la expresidenta
Michelle Bachelet y de la recientemente rechazada.



Durante la mañana de ese mismo día, en Santiago, un grupo masivo de
estudiantes secundarios realizó evasiones en algunas estaciones del metro,
lo que evocó las jornadas de la revuelta del 18 de octubre. El martes 6, en
tanto, otro grupo de escolares había marchado por el centro de la capital
chilena para exigir una asamblea constituyente sin la «cocina» de los
partidos políticos y sin exclusión de la ciudadanía, mientras Boric lideraba
en La Moneda su primer cambio de gabinete: el caso más altisonante fue la
salida de Izkia Siches del Ministerio del Interior y el ingreso en ese cargo
de la exministra de Michelle Bachelet y exalcaldesa de Santiago Carolina
Tohá, rostro de la ex-Concertación que apostó por el apruebo. Hay anunciadas
otras concentraciones y marchas, en la víspera –además–, del 49.o
aniversario del golpe de Estado, este domingo, 11 de setiembre.



«Ese miedo a dejar que hubiera listas de independientes se vio bastante
devaluado por el voto obligatorio del plebiscito», esgrime Couso. El abogado
constitucionalista prevé que la izquierda estará dispuesta a eliminar
algunos aspectos de la propuesta rechazada que provocaban más ruido: «Creo
que vamos a tener un Estado multicultural y no plurinacional. La gente de la
derecha más liberal reconoció que la paridad de género llegó para quedarse y
hay acuerdo en que debe haber un reconocimiento a los pueblos originarios,
pero sin llegar a la plurinacionalidad».



En tanto, Ulloa presume que el Senado se reincorporará en el debate
constitucional, ya que el texto rechazado lo reemplazaba por una Cámara de
las Regiones. «Creo que habrá un mayor rol de los partidos políticos y que
en el aborto no se avanzará», plantea la académica. Coincide con Couso en
que la plurinacionalidad no será parte del nuevo proceso y, además, destaca
la voluntad de diálogo de Boric en este particular. «El presidente tiene un
buen talante para el diálogo, para aceptar las diferencias. Tiene el ánimo
de avanzar escuchando a otros sectores, y eso probablemente le traerá
diferencias con su propio conglomerado», añade.



Diana Aurenque postula que el nuevo proceso debería darse en un plazo breve
y que la derecha más recalcitrante debe ser capaz de «soltar la Constitución
de Pinochet y permitir que haya un Estado que deje de ser subsidiario. En el
fondo, debe dejar de decir que porque en la Constitución aparezca el Estado
vamos a tener socialismo o nos vamos a volver Cuba o Venezuela. Nada de eso:
buscamos un Estado de bienestar, como lo hay en un montón de países
capitalistas».



Para la expresidenta de la convención María Elisa Quinteros, los movimientos
sociales no pueden estar excluidos del próximo proceso constitucional, y así
lo han expresado las nuevas protestas en el centro de Santiago, que han sido
reprimidas con dureza por la fuerza pública. «Este nuevo proceso no debería
ser solo de la clase política», dice Quinteros, quien llegó a la convención
precisamente desde los movimientos sociales: «La base donde se ha originado
todo este proceso es la desafección, la distancia y la falta de
representación de la clase política con respecto a las bases sociales. El
problema sigue siendo el mismo».



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Estrellarse con la dura realidad



Raúl Zibechi

Brecha, 9-9-2022



Ni los más optimistas de la derecha esperaban semejante resultado. Ni los
más pesimistas de la izquierda pensaban perder por semejante margen. Chile
entra en un nuevo escenario, con un claro reposicionamiento de los sectores
más conservadores y un gobierno forzado a negociar para sobrevivir.



Nada podía ser peor para quienes apostaron por una ruptura completa con el
pasado pinochetista que una abultada derrota en el referendo del domingo.
Todas las encuestas anticiparon un triunfo del Rechazo con una diferencia
promedio de 10 puntos sobre el Apruebo. Sin embargo, en los últimos días el
apoyo a la nueva Constitución parecía crecer, aunque Roberto Izikson, el
director de Cadem –uno de los principales centros de medición de la opinión
pública–, sostenía que el aumento del caudal de votantes favorecía el
Rechazo.



Lo cierto es que nadie imaginó semejante resultado, ni siquiera quienes
estaban en contra de la nueva carta magna. El Rechazo ganó en todas las
regiones, con una diferencia de tres a uno en la Araucanía y por apenas diez
puntos en la Región Metropolitana de Santiago y en Valparaíso. Un resultado
que favorece a la derecha y coloca contra las cuerdas al gobierno de Gabriel
Boric, que ya ha comenzado a reformar su gabinete.



Llevará tiempo analizar las causas de este desenlace. Izikson insiste en que
«el resultado más importante para entender esta elección es el aumento
significativo de la participación». En efecto, para explicar el 61,8 por
ciento del Rechazo a la Constitución, hay que comprender que, por primera
vez en más de 12 años, en Chile votó el 85 por ciento del censo electoral,
por lo que se llegó a un número récord en la historia chilena de 13,5
millones de votos, cuando en las consultas previas venía participando menos
de la mitad de los ciudadanos.



La izquierda y el progresismo chilenos, hegemónicos en la Convención
Constitucional, impusieron para esta vez el voto obligatorio, con pena de
multa en caso de no votar, por lo que acudieron a las urnas 5 millones más
de personas de las que solían hacerlo, lo que inclinó el voto de forma
decisiva.



Un largo camino



La elección de una Convención que redactara una nueva Constitución fue la
consecuencia directa de la revuelta social que estalló en Chile a fines de
octubre de 2019. Millones de manifestantes se lanzaron a las calles, por
primera vez en la historia con semejante masividad, para reclamar un cambio
en el modelo pospinochetista de neoliberalismo duro y exigir, en concreto,
la renuncia del presidente Sebastián Piñera, que apenas superaba el 10 por
ciento de aprobación popular.



La revuelta duró meses y se saldó con más de una treintena de muertos, más
de 10 mil heridos, graves violaciones de derechos humanos, entre 100 y 300
mil puestos de trabajos perdidos, la caída del peso chileno y la suspensión
de la cumbre de APEC, de la COP25 y de la final de la Copa Libertadores,
datos que dan una imagen de la magnitud de la revuelta.



Se respiraba, entonces, un amplio rechazo a la clase política, que se
plasmaba en la notable deserción de las urnas. Pero los partidos
reaccionaron rápidamente, al punto de que el 15 de noviembre se firmó el
Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, con las rúbricas de una parte
sustancial de la Concertación por la Democracia, que había gobernado desde
el fin del régimen militar, parte de la derecha y ningún partido de la nueva
izquierda, con la solitaria excepción de Boric. Su propia fuerza política
valoró la posibilidad de suspenderlo de su cargo y ningún partido del Frente
Amplio, ni tampoco el Partido Comunista, apoyó inicialmente la convocatoria
(véase «El pulso por el futuro», Brecha, 6-XII-19).



El escenario político se transformó a partir de ese momento. Las grandes
alamedas se fueron vaciando, incluso antes del confinamiento que impuso la
pandemia de coronavirus en marzo de 2020, y la iniciativa se trasladó al
terreno constitucional. En octubre de 2020 se hizo un plebiscito para
decidir si se aprobaba la convocatoria constituyente, en el que votó el 50,9
por ciento del censo electoral y el apoyo alcanzó casi el 80 por ciento de
los sufragios.



En mayo de 2021 se eligieron los 155 convencionales con una participación
del 41,5 por ciento del censo, o sea, 6,1 millones de votantes. La derecha
fue derrotada, ya que no consiguió el tercio necesario para bloquear cambios
en la nueva carta magna. Los partidos de la antigua Concertación también
salieron mal parados al obtener solo 25 escaños bajo el lema Unidad
Constituyente, frente a los 37 de la derechista Vamos por Chile. La
izquierda consiguió 28 escaños, en un muy buen desempeño. Los pueblos
originarios tenían asignados 17 puestos, los independientes consiguieron
nada menos que 48 escaños y se alcanzó la paridad entre varones y mujeres.



Hacia la Constitución



Durante un año los constituyentes elaboraron un texto que recogía buena
parte de las aspiraciones de los movimientos sociales, tanto en materia de
igualdad de género como respecto a la plurinacionalidad y cuestiones
ambientales y sociales. Una mujer mapuche, Elisa Loncón, fue nombrada
presidenta de la Convención.





El sector de la población que se había lanzado a las calles en 2019 vivía un
clima de optimismo y confianza en sí mismo. Sin embargo, había luces
amarillas y rojas que no pudieron verse en ese clima. La más importante fue
la abrupta caída de la popularidad del presidente Boric, quien comenzó con
cerca de un 60 por ciento de aprobación y a los cuatro meses de asumir
contaba ya con casi un 60 por ciento de desaprobación. El clima económico,
el alza de precios, la devaluación del dólar, la inseguridad y la angustia
de buena parte de la población por su futuro fueron realidades que jugaron
en contra de la nueva Constitución.



Consciente de las dificultades, Boric y los partidos que lo apoyan tomaron
algunas decisiones problemáticas. El 11 de agosto las coaliciones Socialismo
Democrático (heredera de la Concertación) y Apruebo Dignidad (Partido
Comunista y Frente Amplio) difundieron un documento de «implementación y
mejoras» con el objetivo de que la población «tuviera certezas» con respecto
a la propuesta constitucional. Se buscaba tranquilizar a los grandes
empresarios y la opinión conservadora con un compromiso de que las
posibilidades más rupturistas que abría el nuevo texto constitucional no
serían puestas en práctica si este se aprobaba.



El acuerdo señalaba que, incluso aunque se aprobara la Constitución el 4 de
setiembre, no se iban a eliminar los fondos previsionales privados y se
mantendrían el amplio sector privado de la salud y la subvención estatal de
colegios privados en la educación. Además, los gobernantes se comprometían a
reponer el estado de emergencia que la nueva Constitución no contemplaba y a
reducir los alcances de la plurinacionalidad.



La reacción contraria de los movimientos fue inmediata. Sin embargo, el
gobierno se propuso calmar a quienes temían que la nueva Constitución
llevaría al caos, como venía pregonando la derecha. Ahora parece evidente
que ese esfuerzo tuvo nula o escasa influencia en el resultado, pero abrió
grietas de desconfianza importantes.



Giro a la derecha



La reacción inicial de Boric tras el plebiscito del domingo fue doble:
remodelar parte de su gabinete y llamar a los partidos a la redacción de una
nueva Constitución. Los ministerios fungibles son el de Interior y Seguridad
Pública, a cargo de Izkia Siches, y la Secretaría General de la Presidencia,
con Giorgio Jackson al frente. Ambos son parte del núcleo duro del
presidente y fueron sustituidos por figuras de la Concertación.



Para redactar una nueva Constitución, Boric contempla ahora la convocatoria
de una nueva Convención, pero eso depende de lo que decida el parlamento, o
sea, la vieja clase política contra la que se inició la revuelta de octubre
de 2019. En todo caso, una nueva carta deberá contar con el apoyo de la
ex-Concertación (en particular de los socialistas).



Ese sector acaba de hacer una elocuente evaluación de las tendencias a corto
plazo. El diputado y presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (del Partido
por la Democracia, del expresidente Ricardo Lagos), declaró el martes, luego
de reunirse con Boric, que «el eje político de la sociedad chilena tiende
más bien hacia la centroizquierda, tiende a moderarse un poco, y creo que
esa es una señal que tenemos que considerar todos los actores políticos para
actuar en consecuencia y movernos hacia donde se mueve la sociedad chilena»
(CNN, 6-IX-22).



Lo cierto es que habrá nueva Constitución, porque la población así lo desea
y hasta la derecha lo acepta. Pero el resultado estará lejos de lo que
esperaban las fuerzas de los cambios.



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Estamos en shock



La noche del 4 de septiembre el progresismo y los movimientos sociales de
Chile despertaron de un sueño, el de sepultar el neoliberalismo expresado en
la Constitución de 1980. Juan Cristóbal Peña transcribe una asociación libre
de sus primeras reflexiones, apenas conocido el triunfo del Rechazo.



Juan Cristóbal Peña *

Revista Anfibia, septiembre 2022

https://www.revistaanfibia.com/



Ya está. El 4 de septiembre pasó. El plebiscito de salida es historia. Ya
está. El resultado. Ganó el Rechazo, por paliza. Desde la redacción de
Anfibia Chile, cerrando el día, bajamos la mirada cuando un bocinazo de
festejo llega desde la calle hasta cortarnos el silencio, miramos hacia el
costado cuando pasa una ambulancia, nos compartimos los audios de WhatsApp
cuando nos escribe una colega y cuenta que están tirando gases cerca de
Plaza Italia (antigua Plaza Dignidad) y, poco más arriba, celebrando lo que
se interpreta como la derrota del comunismo y la sobrevivencia de un país.



El futuro es incierto. Boric dijo en cadena nacional que se reunirá el lunes
con los presidentes de las dos cámaras del Congreso, en señal de voluntad
para que el proceso constituyente siga su curso. La ultraderecha ya avisó
que no será de ese equipo. El mayor de sus referentes, José Antonio Kast,
festejó a la noche y notificó que el triunfo del Rechazo era la derrota del
gobierno de Boric. También celebraron el resultado los disidentes de
centroizquierda que tomaron distancia de la decisión de sus partidos de
apoyar la nueva Constitución, los que quedaron sin cargos en el nuevo
gobierno, los senadores que estaban amenazados de perder su mandato de ocho
años tras el fin del Senado. Llamaron a la conciliación, a la unidad
nacional, al reencuentro, después de protagonizar una campaña virulenta en
que dieron puntapiés y golpes bajos a los oponentes.



Estamos en shock. La derrota fue más profunda que cualquier pronóstico. Ni
siquiera las encuestas proyectaron tal brecha. Esa diferencia se profundizó
por el voto de gran parte de los sectores populares, para los cuales la
promesa de una Constitución de derechos no fue suficiente frente a las
amenazas. Amenaza a perder los ahorros individuales, a la división del
territorio, al poder y autonomía indígenas. El voto obligatorio -que había
sido suprimido en 2012- pudo ser decisivo para marcar un amplio margen de
diferencia entre ambas opciones. En el resultado influyó también el
desprestigio del trabajo de la Convención Constitucional y su apuesta por el
todo o nada. Y quizás, de paso, fue un voto de castigo al gobierno, en un
contexto de crisis económica y alta inseguridad. El Rechazo ganó hasta en
las cárceles, con un 58,3%, donde por primera vez se dieron las condiciones
para ejercer el derecho al sufragio.



Es el fin y también el comienzo. El fin del deseo de sepultar el
neoliberalismo expresado en la Constitución de 1980. Y el comienzo de un
nuevo, largo e incierto proceso para dejar atrás, y de una buena vez, una
herencia infame.



* Es periodista y director del Magíster en Escritura Narrativa de la
Universidad Alberto Hurtado. Es autor de los libros Jóvenes pistoleros
(Debate, 2019), La secreta vida literaria de Augusto Pinochet (Debate,
2013), Los fusileros (Debate, 2007) y La vida en llamas (Planeta, 2002); y
coautor de Los malos (UDP, 2015), Los archivos del cardenal (Catalonia/UDP,
2014), Volver a los 17 (Planeta, 2013), Antología de la crónica
latinoamericana (Alfaguara, 2012) y Lo mejor del periodismo en América
latina I y II (FNPI/FCE, 2006 y 2010), entre otros.

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