Uruguay/ "Trato cruel, inhumano y degradante". Se triplicó la cantidad de presos. [Gabriel Díaz Campanella]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de abril 2023

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Uruguay



Se triplica su cantidad de presos en 20 años y ya tiene la tasa más alta de
Sudamérica



Cuatro de cada 1.000 uruguayos están en la cárcel. Las drogas y el
hacinamiento lastran el sistema punitivo nacional.



Gabriel Díaz Campanella, desde Montevideo

El País, 16-4-2023

https://elpais.com/



La sólida estructura social y política que suele exhibir Uruguay se
resquebraja en las áreas que conforman su sistema penitenciario. Con cuatro
de cada 1.000 uruguayos en prisión, el país tiene la tasa de encarcelamiento
más alta de América del Sur y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La
población carcelaria se ha triplicado en las dos últimas décadas y crece a
un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con
altos niveles de hacinamiento y violencia interna, según lo refleja el
informe
(https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/DocumentosCPP/Inf_2021_final_
para_web.pdf)  de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema
Penitenciario.



De acuerdo con los datos oficiales, en 2002 Uruguay tenía aproximadamente
5.000 personas privadas de libertad. En 2022, eran casi 14.500. En el país
hay 26 establecimientos penitenciarios, con un promedio de ocupación del
123% (123 personas cada 100 plazas), aunque ese porcentaje de hacinamiento
crítico se dispara sobre todo en el área metropolitana de Montevideo. El
informe detalla que solo un 10% del total de reclusos se encuentra en
unidades que reúnen las condiciones y oportunidades de rehabilitación e
integración social, un 56% no cuenta con suficientes oportunidades, mientras
que un 34% pasa su reclusión en condiciones de “trato cruel, inhumano y
degradante”.



“Uruguay tuvo un modelo penitenciario muy notable hasta la época previa a la
dictadura (1973-1985). Las cárceles dependían del ministerio de Educación y
tenían una guardia penitenciaria que actuaba con mecanismos preventivos de
diálogo y reservaba la violencia para los casos extremos”, dice Juan Miguel
Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Señala que ese modelo fue
desmoronándose hasta que fue intervenido por el Ministerio del Interior
durante la dictadura y se mantuvo bajo su órbita en democracia. Según Petit,
la explosión demográfica carcelaria se explica, en parte, por la aparición y
circulación masiva de drogas como la pasta base de cocaína en los años 2000
y las consecuentes formas de exclusión social y criminalidad que esta trajo
aparejada.



Dos décadas después, las cárceles uruguayas están superpobladas de jóvenes
varones menores de 35 años (el 75% del total), condenados en su mayoría por
delitos de hurto, tráfico o venta de estupefacientes y rapiña, con una
trayectoria vital marcada por la deserción del sistema educativo y el
consumo problemático de drogas. En ese sentido, un informe de ASSE
(Administración de los Servicios de Salud del Estado, principal prestador
público de salud) indica que las adicciones afectan al 80% de los reclusos,
mientras que otro diagnóstico del ministerio de Educación muestra que el
53,5% de los ingresados en 2022 era analfabeto.
(https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-
cultura/files/documentos/publicaciones/Informe%20PNEC%20DNE%20MEC%20mar%2020
23%20analfabetismo%20pob%20privada%20de%20libertad%20uruguay_0.pdf) “Se
requiere una especie de unidad de cuidados intensivos para recuperar el
tiempo perdido, sanar y transformar”, dice Petit.



Sin embargo, el informe muestra que las respuestas del sistema carcelario
uruguayo son deficientes y la reclusión se convierte en un eslabón más de la
violencia social que conlleva el delito. En 2021, hubo 224 reclusos heridos
graves y otros 45 murieron de forma violenta. La reincidencia es del 60%.
“Hay pocos programas, con bajos niveles de cobertura y poca capacidad para
diseñar e implementar tratamientos individualizados que atiendan las causas
del delito y busque modificarlas”, dice Ana Vigna, socióloga e investigadora
especializada en sistema penitenciario. La consecuencia más obvia de esto,
añade, es que Uruguay está hipotecando el potencial de generaciones de
jóvenes, que no logran salir de un circuito dominado por la violencia, el
delito y la cárcel.



Dentro y fuera del sistema



“Para sobrevivir, tenés que estar todo el día a prepo (con prepotencia).
Prepo para comer, prepo para salir al patio, prepo para conseguir un
colchón. Cuando salís a la calle, seguís en la misma: prepo, prepo y más
prepo”, le comentó un joven recluso a Petit mientras el comisionado recorría
un centro penitenciario. “Cuando miramos lo que pasa en el tejido social
carcelario, también estamos viendo el mismo tejido relacional de aquellos
barrios donde la violencia transformó los mecanismos para alcanzar
objetivos”, dice Petit. Ese vivir deprisa, a prepo, busca tapar la angustia
de un encierro sin oportunidades y está estrechamente ligado al consumo de
drogas que afecta a la mayoría de los reclusos.



“Es fundamental empezar a desarrollar un programa de tratamiento de las
adicciones en todo el sistema penitenciario”, remarca Petit. En 2022, solo
344 reclusos participaron en un programa para tratar el uso problemático de
drogas, según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación.



Los “efectos perversos” de estas condiciones de reclusión no solo se
manifiestan en la dinámica cotidiana de los establecimientos carcelarios,
acota Vigna, sino que los traspasa y golpea de lleno a la sociedad, sobre
todo a las personas vinculadas afectivamente con los reclusos. “Sentimos que
estamos pagando por un delito que no cometimos”, sostiene Gabriela
Rodríguez, de Familias Presentes, asociación creada en 2022 por familiares
de personas privadas de libertad en Uruguay.



Rodríguez sostiene que en varios centros los familiares hacen colas de tres
o cuatro horas, con sol o lluvia, frío o calor, para acceder a las visitas,
y en muchos casos deben desnudarse íntegramente durante el control por la
falta de escáneres. “Es un nivel tremendo de invasión a la intimidad”,
afirma. Además, explica que reciben muy poca información de sus familiares
recluidos: si están sanos o heridos, si fueron trasladados de celda o de
prisión. “Es incomprensible y nos genera sentimientos de mayor angustia e
incertidumbre”, añade. Rodríguez se hace eco de la demanda extendida de
programas estratégicos de rehabilitación, al tiempo que pide el fin de los
encierros permanentes en las celdas, de 24 horas, que afecta a un número
significativo de reclusos, incumpliendo las Reglas Mandela que estipulan un
mínimo de una hora diaria al aire libre.



La situación de las mujeres



En medio del “agotamiento estructural” que padece el sistema penitenciario,
la población privada de libertad ha crecido a un ritmo sostenido de un 10%
anual, aunque en el caso particular de las mujeres ese incremento fue de
casi un 30%, debido al aumento de las penas por microtráfico de
estupefacientes, establecido por ley en 2020. A pesar de eso, explica Vigna,
las mujeres privadas de libertad –alrededor de 1.000- siguen siendo minoría
en un universo marcadamente masculino. “Por eso muchas veces sus necesidades
específicas pasan inadvertidas o son invisibilizadas ante las demandas de la
mayoría”, agrega. Además, considera que el uso de medidas alternativas a la
privación de libertad sería una respuesta adecuada para determinados
perfiles de mujeres en conflicto con la ley, como las involucradas en el
llamado narcomenudeo.



Según un informe del comisionado parlamentario, en Uruguay hay unas 15.000
personas con medidas alternativas a la prisión, sobre las cuales, asegura,
hay pocos datos disponibles. “Es muy difícil saber cuántas medidas de este
tipo hay en funcionamiento, cuánto duran, de qué tipo son, a qué población
atienden”, dice Vigna. Escasa información y mucha debilidad institucional:
el sistema contaba en 2021 con 86 funcionarios y un solo vehículo en
funcionamiento para supervisar a 15.000 personas con penas alternativas en
todo el país, de acuerdo con el texto citado.



En 2023, la coalición conservadora que gobierna en Uruguay se ha propuesto
revertir esta situación, tal como lo explicita el documento Estrategia de
Seguridad Integral y Preventiva
(https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/interior-presento-15-m
edidas-para-estrategia-seguridad-integral-preventiva),presentado en marzo
con la intención de alcanzar un consenso multipartidario para concretar una
reforma del sistema penitenciario. En esa dirección, buscará fortalecer el
alicaído programa de medidas alternativas y desarrollar un ambicioso plan de
atención a los reclusos con adicciones. Petit espera que el sistema político
avance en ese sentido. “La urgencia nos devora”, subraya.

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