Ecuador/ Consultas populares: a favor de la naturaleza. Lasso "pone en duda" el acatamiento al resultado. [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de agosto 2023

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Ecuador



Los plebiscitos por el Yasuni y el Chocó andino



Apuesta a la naturaleza



Además de elecciones generales, el domingo Ecuador celebró dos plebiscitos
para decidir sobre el futuro ambiental de dos áreas clave del país. De
manera abrumadora, la población se volcó por la protección de esos
ecosistemas y en contra de los proyectos extractivos.



Antonio José Paz Cardona

Brecha, 24-8-2023

https://brecha.com.uy/



El domingo 20 de agosto los ecuatorianos tomaron dos decisiones que tienen
emocionados a los ambientalistas del país y del mundo. Además de ir a las
urnas para elegir a la nueva Asamblea Nacional y al presidente que terminará
el mandato de Guillermo Lasso, los votantes participaron en dos consultas
públicas en las que resolvieron detener la explotación petrolera en el
Parque Nacional Yasuní y no permitir la minería en el Chocó Andino.



Junto a las papeletas para Asamblea y presidente, los ecuatorianos
encontraron una para la consulta popular del Yasuní, en la que se les
preguntaba si querían que el petróleo del Bloque 43
Ishpingo-Tambococha-Tiputini, más conocido como ITT, dentro de este parque
nacional, permaneciera de manera indefinida en el subsuelo. Por su parte,
los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito encontraron una papeleta
adicional para decidir si querían prohibir la minería metálica artesanal,
así como la de pequeña, mediana y gran escala, en varias de las parroquias
rurales de la capital ecuatoriana, y que forman parte de la Reserva de
Biósfera del Chocó Andino.



Los resultados fueron contundentes: el 59 por ciento de los electores a
nivel nacional votaron a favor de parar la extracción de petróleo en el
Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y parte
de la Amazonia ecuatoriana. El 68 por ciento de los quiteños decidió que no
se podrá llevar adelante minería metálica en las zonas rurales de Quito en
donde se estaban entregando concesiones mineras.



«Es un triunfo histórico para Ecuador, pero también para el planeta entero,
porque frente a la inacción de los gobiernos, que se reúnen cada año en las
COP [Conferencia de las Partes] para, supuestamente, tomar medidas en contra
del cambio climático, pero que nunca las toman, el pueblo ecuatoriano ha
dado el primer paso para hacer frente a esta lucha», comentó Antonella
Calle, vocera del colectivo Yasunidos.



Los ecuatorianos regresarán a las urnas en octubre, cuando se efectúe la
segunda vuelta de las elecciones para presidente. Luisa González, del
movimiento Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, candidato de la alianza ADN
(Acción Democrática Nacional), son los dos candidatos que buscan ocupar el
Palacio de Carondelet. Uno de ellos tendrá en sus manos el compromiso de
hacer cumplir la voluntad de los ecuatorianos y detener la explotación
petrolera en el Yasuní y la minería en el Chocó Andino.



Esperar diez años



«Damos las gracias a los ciudadanos ecuatorianos que votaron por el Sí a la
consulta del Yasuní. Gracias por respaldar el derecho a la vida y el derecho
a los bosques. Hemos ganado, no solamente la región amazónica, sino todos
los ecuatorianos y a nivel mundial», asegura Lolita Piyaguaje,
vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana.



Piyaguaje agradece, sobre todo, porque ella ha sido testigo de lo que sucede
en los territorios con explotación petrolera: «Yo vengo de una nacionalidad
indígena donde hay petróleo. Allí hay mucha contaminación y hay muchas
enfermedades. Rechazamos profundamente la inserción de las empresas
petroleras en la Amazonia porque nos ha traído más pobreza, más
contaminación y más problemas sociales».



Calle considera que el triunfo del Sí en la consulta del Yasuní también
representa una buena noticia para los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario que habitan en ese parque nacional. El portal Mongabay Latam ha
reportado en varias ocasiones cómo las carreteras y las plataformas
petroleras se acercan a la zona intangible, donde habitan estos pueblos
dentro del área protegida.





Con la decisión que tomó el pueblo ecuatoriano, la industria petrolera que
opera desde hace varios años en el ITT no podrá abrir nuevos pozos y tendrá
un año para salir progresivamente de este sector de la Amazonia. La
producción actual del bloque es de aproximadamente 58 mil barriles diarios
de petróleo, lo que representa un 12 por ciento de la producción nacional,
que ronda los 481 mil barriles por día.



Las reacciones del gobierno no se hicieron esperar. El ministro de Energía,
Fernando Santos, le dijo al medio de comunicación Primicias que no habrá
suficiente dinero para las importaciones de combustibles ni de otros bienes
por el cierre del ITT.



Cálculos de Petroecuador dan cuenta de un costo de 16.470 millones de
dólares por dejar de producir crudo en el ITT, lo que incluye costos de
retiro de la infraestructura, indemnizaciones a comunidades, arbitrajes
internacionales y el petróleo que se dejará de extraer durante los próximos
20 años.



El ministro Santos aseguró que se llevará a cabo un plan de cierre
coordinado con el Ministerio de Ambiente, que estará listo en unos tres
meses, y que, para compensar lo que se dejará de generar en el ITT, se
tendrá que concesionar a privados el campo Sacha para que aumente su
productividad o hacer nuevas exploraciones en el suroriente amazónico,
aunque allí hay una fuerte oposición indígena.



Calle asegura que Ecuador ha extraído petróleo desde hace unos 50 años y que
en las zonas donde se hacen las explotaciones se ve destrucción,
contaminación y pobreza. «En Ecuador, las regiones más pobres son las
amazónicas, justo de donde se ha extraído petróleo históricamente. Mucha de
la plata se ha ido a la corrupción y a enriquecer a unos pocos», comenta.



Uno de los puntos sobre los que más insisten las organizaciones indígenas y
los colectivos sociales es el de remediar los pasivos ambientales que dejará
la operación en el ITT. Una reciente investigación de Mongabay Latam y La
Barra Espaciadora mostró que la remediación es crítica en Ecuador si se
compara con países como Bolivia, Colombia y Perú, ya que acumula la mayor
cantidad de pasivos ambientales y lo que el Estado denomina «otras fuentes
de contaminación». En total son 4.675 los puntos del país con residuos de la
industria petrolera. Más de la mitad de ellos se ubica en Sucumbíos (2.776)
y Orellana (1.646). Esta última es una de las provincias donde se ubica el
parque Yasuní.



Integrantes del colectivo Yasunidos señalan que estarán vigilantes de todo
el proceso, pues hace unos años hubo una consulta popular en Cuenca para
prohibir la minería en sus páramos y el gobierno no la ha cumplido, a pesar
de que los resultados de las consultas populares son vinculantes y de que
estas decisiones están por encima de cualquier gobierno de turno.



«Le exigimos al Estado ecuatoriano que nos respete la decisión pública, que
no sean vulnerados nuestros derechos, sino que sean respaldados», afirma
Piyaguaje.



Calle agrega que, «lastimosamente, para que se cumplan las cosas en este
país, los colectivos y la sociedad civil organizada siempre tenemos que
estar luchando y exigiendo que se cumplan los derechos. Y lo vamos a seguir
haciendo. Invitamos a toda la sociedad ecuatoriana que votó Sí y a toda la
comunidad internacional que ha dado su apoyo a esta consulta popular a que
sean veedores de este proceso».



Para llegar a las votaciones de la consulta popular del Yasuní, tuvieron que
pasar más de 10 años. En 2013, tan pronto se supo que la Asamblea Nacional
le había autorizado al entonces presidente, Rafael Correa, la explotación
petrolera en el parque Yasuní, se creó el colectivo Yasunidos y se
recolectaron más de 700 mil firmas para convocar a la consulta popular. Esta
no procedió porque la autoridad electoral anuló cerca del 60 por ciento de
ellas. Las organizaciones sociales apelaron la decisión ante varias
instancias judiciales hasta que el proceso llegó a la Corte Constitucional,
que confirmó un fraude en la revisión de las firmas y, una década después,
dio vía libre a la anhelada consulta popular.



«Los datos que provee la ciencia dan luces sobre la necesidad de conservar y
proteger esta área de alta diversidad biológica y cultural [el parque
Yasuní], y con ello evitar el llamado “punto de no retorno” en la Amazonia.
Por eso, desde WWF [siglas en inglés para Fondo Mundial para la Naturaleza]
creemos que es indispensable caminar hacia un cambio de modelo de desarrollo
basado en la justicia social y ambiental, así como una transición
energética», dice Tarsicio Granizo, director de la filial ecuatoriana de la
ONG WWF y exministro de Ambiente.



El No a la minería en Quito



En el noroccidente de Quito confluyen dos puntos vitales para la
biodiversidad mundial: el Chocó biogeográfico y los Andes tropicales. Esto
permite que muy cerca de la capital de Ecuador exista una gran diversidad
biológica donde habitan, además, muchas especies endémicas, es decir, que no
se encuentran en ningún otro lugar del planeta.



La riqueza es tan grande que, en 2018, la Unesco incluyó a gran parte del
noroccidente rural de Quito dentro de la Reserva de Biósfera del Chocó
Andino. Los cerca de 21 mil habitantes de esta zona se dedican al ecoturismo
y a la pequeña agricultura de cultivos como caña, café y cacao. En esta
región abundan las reservas privadas y las áreas de conservación y uso
sustentable, iniciativas que cuentan con el aval del gobierno municipal.
Incluso, en 2013, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de
Quito creó el Corredor Ecológico del Oso Andino para proteger a este
mamífero y conservar su hábitat.



Para velar por la protección de este territorio, las parroquias rurales de
Pacto, Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito y Gualea –todas pertenecientes al
municipio de Quito– se unieron y conformaron la Mancomunidad del Chocó
Andino. A pesar de esto, en la actualidad existe más de una decena de
concesiones de minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino, que
ocupa más del 20 por ciento del territorio.



Es por eso que, desde 2020, los habitantes de la zona empezaron a trabajar
en la propuesta de consulta popular que se concretó este 20 de agosto de
2023 y en la que el 68 por ciento de los quiteños decidió prohibir la
minería metálica a cualquier escala.



«Este es un ejemplo trascendental para Ecuador y para el mundo, porque hemos
tenido la oportunidad de, a partir de la consulta popular ciudadana, tomar
decisiones sobre hechos fundamentales como el modelo de desarrollo que los
ecuatorianos y los quiteños queremos tener. Estamos haciéndole una apuesta a
la vida, estamos haciéndole una apuesta a la salud de la naturaleza, a los
derechos de la naturaleza y a los derechos de las comunidades locales»,
comenta Ivonne Ramos, integrante de Acción Ecológica y parte de la campaña
Quito Sin Minería.



El biólogo Inty Arcos vive y trabaja en la Reserva de Biósfera del Chocó
Andino. Fue una de las caras visibles de la promoción de la consulta
popular. Arcos asegura que el Chocó Andino provee agua para varios barrios
de Quito, pero también regula el clima en esta ciudad y brinda alimento.
«Eso es lo que tenemos que cuidar, eso no se compra con dinero, y un puñado
de intereses mineros no puede estar sobre lo que quiere la mayoría. La
consulta popular lo demostró, ahí está el sentimiento de la gente y tienen
que respetar que no queremos minería metálica en ninguna escala en la
Reserva de Biósfera del Chocó Andino.»



(Publicado originalmente en Mongabay Latam:
https://es.mongabay.com/2023/08/ecuador-decidio-detener-explotacion-petroler
a-en-yasuni-y-mineria-en-reserva-del-choco-andino/)



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El colectivo Yasunidos adelantó que acudirá a la Corte Constitucional



Lasso pone en duda el acatamiento al resultado del plebiscito ambiental



El gobierno señaló que por lo pronto se va a seguir explotando petróleo en
el Parque Nacional Yasuní.



Página/12, 25-8-2023

https://www.pagina12.com.ar/



El gobierno de Ecuador tiene “algunas consideraciones” que hacer antes de
acatar el resultado de la consulta nacional que el domingo último resolvió
suspender la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní, afirmó el
ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. El "Sí" para dejar el crudo
bajo tierra en la reserva amazónica alcanzó un respaldo de 59 por ciento.



"Tenemos una duda legal. El artículo 57 numeral 7 de la Constitución dice
que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva de iniciación
y fin de actividad petrolera deben ser los habitantes de la zona donde está
situado el yacimiento petrolero. El bloque ITT está en el campo en la
provincia de Orellana y, según resultados preliminares de la consulta, los
habitantes de Orellana han dicho no a la consulta, queremos que continúe la
actividad", señaló Santos.



El bloque en discusión es el 43 ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha) de
Yasuní, considerada una reserva de características inusuales.



Hasta conocerse los resultados de la consulta, el gobierno no había objetado
que votaran los ciudadanos de todo el país como parece advertirlo ahora, más
allá de que hizo campaña en favor del No a frenar la explotación.



"Sí, la vamos a acatar (la consulta), pero tenemos algunas consideraciones
que hacer. No es entrar con un bulldozer y destruir la infraestructura
existente", manifestó el funcionario en entrevista con la televisora local
Ecuavisa.



El artículo 57 de la Constitución señala que las comunidades locales tienen
derecho a "la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo
razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y
comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras
y que puedan afectarles ambiental o culturalmente".



Los resultados de las votaciones del domingo último indican que el 57,99% de
los votantes en Orellana dijo No y el 42,01% Sí a terminar con la
explotación de crudo.



El funcionario señaló que por lo pronto se va a seguir explotando el Yasuní
y que para su desmantelamiento se necesitará un presupuesto de
aproximadamente 600 millones de dólares, que el país no tiene disponible
actualmente.



Añadió que ese monto también tendrá que ser incluido en el presupuesto del
Estado para el 2024, un cálculo de gastos con el que gobernará quien gane la
segunda vuelta de octubre, entre Luisa González y Daniel Noboa.



El colectivo Yasunidos, uno de los impulsores de la consulta, llamó a la
población a estar alertas y adelantó que si el gobierno no cumple la
decisión de la ciudadanía acudirá a la Corte Constitucional para que sean
destituidos los funcionarios responsables.



Fue justamente la Corte Constitucional la que avaló la realización de la
consulta, por la que Yasunidos hizo campaña durante 10 años.



"Queremos que el país sea consciente de este problema constitucional. Ellos
son los únicos que pueden decir Sí o No según la Constitución", insistió
Santos, para quien "la propia Corte (constitucional) debería pronunciarse".

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