Argentina/ Milei, el decretazo, y la "doctrina de shock". [Esteban Mercatante]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de diciembre 2023

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Argentina

 

Milei, el decretazo, y la “doctrina de shock”

 

Esteban Mercatante

Ideas de Izquierda, 24-12-2023

https://www.laizquierdadiario.com/

 

El miércoles por la noche, después de una jornada signada por la
movilización de sectores de los movimientos sociales y la izquierda en
rechazo al ajustazo de este gobierno, se difundió un mensaje grabado de
Javier Milei. El presidente aparecía sentado en el centro, rodeado de todos
sus ministros. A su derecha, parado y sonriente, vestido como maestro de
ceremonia, se ubicaba un personaje que no tiene ninguna cartera ministerial
ni otro cargo conocido hasta el momento en este gobierno. Se trata de
Federico Sturzenegger, el autor del texto del Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) cuya oficialización Milei se disponía a anunciar. Poco
después, cuando acaba de emitirse el dictamen, un sonido metálico invadía
las calles de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, y otras urbes del
conurbano: las cacerolas, que volvían a recordarnos que era 20 de diciembre
(el jueves la protesta se replicaría y ampliaría notablemente en el resto
del país, con Rosario y Córdoba como lugares destacados). Para el
presidente, era “síndrome de Estocolmo”; había gente que no sabía apreciar
las libertades que se les otorgaban y prefería seguir en un “modelo
empobrecedor”. ¿Será eso, o será que bastaron las breves explicaciones sobre
el contenido del DNU para que fuera claro que gracias a esta norma algunos
serán “más libres” que otros, por parafrasear una célebre frase de Rebelión
en la granja de George Orwell?

 

Fuera de Sektor

 

La exposición duró algo menos de veinte minutos, de los cuales más de la
mitad estuvo dedicada a repetir los terribles (y cargados de imprecisiones)
diagnósticos sobre la situación heredada que ya había descerrajado en su
asunción (y que Luis Caputo repitió cuando largó su paquetazo de ajuste), y
a despotricar sobre el comunismo y otros “colectivismos”, con las
afirmaciones sin fundamento a las que ya nos tiene acostumbrados hace
tiempo. Menos de diez minutos le alcanzaron para presentar (a modo de
titulares) una norma de 366 artículos y más de 80 páginas con la cual
pretende introducir modificaciones en los más diversos ámbitos de la
regulación económica y la operatoria estatal. Con este DNU, el Ejecutivo se
mete claramente en áreas que son de exclusiva competencia del Poder
Legislativo. Esta injerencia fue facilitada por la reforma Constitucional de
1994. Y, desde 2006, una norma presentada por Cristina Fernández cuando era
senadora amplió las facultades legislativas de la presidencia limitando la
capacidad que tiene el Congreso para rechazarlos (si una sola cámara
legislativa no los rechaza quedan en pie, y no hay plazos obligatorios para
que los DNU sean sometidos a tratamiento para su aprobación y rechazo).
Estas herramientas son utilizadas ahora de manera extrema por el “liberal
libertario” que pasó de proclamar el Estado mínimo a afirmar que “el Estado
soy yo”. Con su sola firma en este mamotreto, pretende introducir un reseteo
generalizado. Y sentar las bases, desde el comienzo de su gobierno, para
legislar sin tomarse la molestia de pasar por el Congreso excepto cuando el
Presidente lo considere conveniente.

 

El DNU, publicado ese mismo 20 de diciembre en el boletín oficial, deroga de
manera completa 30 leyes (de manera parcial otras 27) y 8 decretos, y
reemplaza 237 artículos e incisos en reglamentaciones existentes. Sin
ninguna pretendida modestia, la norma se publicó con el título “Bases para
la reconstrucción de la economía argentina”. Los temas sobre los que regla,
divididos en 16 títulos (que a su vez se subdividen en capítulos) van desde
cuestiones de simplificación administrativa en terrenos como el aduanero o
el registro automotor, hasta la pretensión de introducir modificaciones
profundas en las relaciones laborales y los sindicatos, la política
aerocomercial, el sistema de salud, las empresas del Estado (para habilitar
su privatización), los clubes de fútbol, y el sistema de jubilaciones y
pensiones (abriendo con la declaración de la emergencia previsional el
camino para suspender la movilidad y otras medidas que afecten ya
deteriorados los haberes, e incluso para que se vuelvan a privatizar el
sistema). No queda ámbito sin abarcar: elimina la ley de alquileres; otorga
“libertad” a las entidades financieras para fijar las tasas punitorias de
tarjetas de crédito sin restricciones, y a las empresas de salud privada
para fijar sus cuotas como consideren (a fines de la semana las prepagas
enviaron a sus clientes la notificación de aumentos del 40 % en la próxima
factura).

 

Entre tanto hachazo legislativo, encontramos lo que para el presunto autor
de la norma –así lo llamamos porque no faltan los indicios de que varias
manos interesadas intervinieron en la redacción de partes del mismo para
asegurarse la introducción de artículos que tienen nombre y apellido de
beneficiario– es la clave del decreto: los cambios en el Código Civil y
Comercial de la Nación que permiten realizar contratos en otras monedas que
no sean el peso argentino, a ser cumplidos en la moneda pactada, sin que
pueda la justicia imponer la obligación contraria de que se salden en pesos.
Una puerta abierta para una dolarización de la que Milei ya no habla, pero
que, como Conan, conserva una fantasmal existencia en numerosas decisiones
de estos primeros días de gobierno.

 

1, 2, ultraviolento

 

“Solo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero”,
afirmaba Milton Friedman, uno de los próceres de Milei, en el prefacio a la
reedición de 1982 de Capitalismo y libertad. Friedman se refería a las
disrupciones de magnitud como eventos capaces de romper la “inercia –una
tiranía del status quo–”. Es uno de los primeros autores en proponer lo que
Noemí Klein definiría como la “doctrina del shock”, a través de la cual se
aprovechan (y se estimulan) eventos disruptivos para facilitar la imposición
de políticas que en otras condiciones encontrarían fuerte resistencia. En
igual sentido viene utilizando Milei la crisis, cuyos alcances magnifica aún
más con cifras estrafalarias (al menos todavía hoy) como la inflación anual
de 15.000 %. En otra vuelta de tuerca, también con el DNU, que se impone sin
debate y de manera inmediata, pretende imponer un shock, cambiar las reglas
antes de que nadie pueda siquiera atinar a entender lo que se propone esta
nueva legislación en todas sus facetas.

 

Lo laboral es uno de los terrenos donde, DNU mediante, Milei mete su
motosierra. Las modificaciones abarcan distintos niveles. Un primer nivel
son las condiciones de contratación. Se reduce las indemnizaciones por
despido, y al mismo tiempo se crean condiciones para impulsar su reemplazo
por fondos de cese laboral como el que se aplica en la UOCRA (Obrera de la
Construcción de la República Argentina). Se amplía el período de prueba, de
los tres meses que rigen hoy hasta ocho meses. Se plantea que un patrón con
cinco empleados puede pasar a ser un “trabajador independiente” con
colaboradores, abriendo las puertas a un nuevo régimen laboral para pequeños
patrones cuyos alcances y consecuencias serán motivo de alguna ley (o DNU)
que el Ejecutivo dará a conocer más adelante. También se abre de par en par
la puerta al fraude laboral: se pone límites a la presunción de existencia
de contrato de trabajo “cuando la relación se trate de contrataciones de
obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o
facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se
realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación
correspondiente”. Esta “contratación de obra”, a través de la cual el
empleado se convierte en monotributista, es una de las formas más típicas
bajo las que se encubre una relación laboral fraudulenta. Además, se
eliminan las multas por empleo no registrado. Toda una invitación a que
florezca el empleo precario con impunidad asegurada para los empleadores.
Hay mucho más: las licencias por maternidad pueden ser reducidas
“voluntariamente” por las empleadas. Se abre la puerta para que regresen con
furia las tercerizaciones laborales que florecieron en los años ‘90. Se
modifica en perjuicio de los trabajadores la regulación del principio de
norma más favorable y de irrenunciabilidad, abriendo la puerta a que
empleador y empleados acuerden acogerse a reglamentaciones desventajosas
para los segundos.

 

Un segundo nivel son los convenios colectivos. La norma fija límites a la
llamada “ultraactividad”, condición que asegura la vigencia de las
condiciones de los convenios aunque estén vencidos. Aclaremos que en los
hechos esta “ultraactividad” venía bastante relativizada porque las
burocracias sindicales dieron lugar a amplias revisiones regresivas de los
mismos [1]. De acuerdo al DNU, las cláusulas sobre condiciones de trabajo
mantienen la ultraactividad, pero todas las demás no. Esto afecta a
muchísimas disposiciones de los convenios colectivos que se van a caer si se
vence su plazo y no se renueva. También se imponen límites a las asambleas,
que solo podrán llevarse a cabo “sin perjudicar las actividades normales de
la empresa o afectar a terceros”. La norma también pone obstáculos para que
los sindicatos continúen percibiendo las cuotas sindicales y establece que
cada trabajador y trabajadora debe dar su aval para los descuentos, una
medida que busca apoyarse en el descrédito generalizado de la burocracia
sindical para dar un guiño demagógico.

 

Un último nivel, es el de los conflictos, donde el DNU también mete la cola.
El principal límite al derecho a huelga viene dado por la extensión de los
servicios considerados esenciales o “de importancia trascendental”. En los
primeros, que incluyen el sector salud, educación hasta nivel secundario,
transporte, servicios públicos, telecomunicaciones, aeronáutica comercial y
control de tráfico aéreo, y servicios de aduana, se exige una cobertura
mínima de 75 %. Las actividades “trascendentales”, que incluyen a vastos
sectores de la economía como bancos, radio y televisión, industria
alimenticia, sectores exportadores, y actividades industriales que se deben
realizar de manera continua, tienen una exigencia de cobertura mínima de 50
%. Además, los bloqueos a empresas y “afectar la libertad de trabajo de
quienes no adhieran a una medida de fuerza” serán pasibles de sanción,
incluyendo despido con causa. Esto abre las puertas a todo tipo de
arbitrariedades y despidos por luchar, a los que ya la patronal apela con la
legislación vigente, y buscará hacerlo más aún si hay condiciones legales
más favorables.

 

La pretensión de “desregular” las condiciones de contratación es un grosero
eufemismo para establecer en realidad una regulación en favor de la parte de
por sí más fuerte, los patrones. El liberalismo, amante de aquellas
abstracciones que le permiten mostrar la cara supuestamente más amigable del
orden social capitalista, considera que la relación laboral se basa en un
contrato entre iguales. Es cierto, hay dos partes que ejercen su voluntad al
incurrir en la relación empleado-empleador. Supuestamente ocurre un contrato
sin ninguna coerción, en el que ambas partes tienen obligaciones y derechos.
Si nos quedáramos en este terreno, no podríamos más que darle la razón a
aquellos entusiastas de la libertad (económica) que quieren imponer (con
toda la violencia del Estado detrás) la menor regulación entre las partes.
Pero esta igualdad formal implica una desigualdad material fundamental. El
que compra la fuerza de trabajo, solo pone en juego ganar más o menos. Quien
vende la fuerza de trabajo, se juega literalmente la vida, poder comer y
satisfacer todas las necesidades. Esta es la asimetría constitutiva de esta
sociedad de clases, donde una minoría es poseedora de prácticamente toda la
riqueza social. Es que, mientras una parte establece esta relación
respaldada por su condición de propietaria de los medios de producción con
los que se confeccionan las mercancías que satisfacen las necesidades
sociales o que sirven de insumo a otros sectores de la producción, la otra
parte ingresa “liberada” de todo lo que no sea la propiedad sobre su propia
capacidad de trabajo. En estas condiciones, por supuesto, la fuerza de
trabajo es “libre”: libre de elegir entre morirse de hambre sin recibir
ingresos o de obtener un salario a cambio de ser explotada por un patrón,
que la hará trabajar mucho más de lo que haría falta para reponer sus
necesidades, porque sólo así, de ese tiempo excedente de trabajo, surge la
ganancia. Por eso, si trasponemos el umbral de la “libre contratación”, y
nos adentramos en la “morada oculta” donde se llevan a cabo los procesos de
producción y prestación de servicios, el panorama es muy distinto a esa
imagen idílica. Permítasenos citar a Marx en El capital para ver cómo se
trasponen las cosas en ese pasaje:

 

La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos
límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en
realidad, un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí
imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. ¡Libertad!,
porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la fuerza
de trabajo, sólo están determinados por su libre voluntad. Celebran su
contrato como personas libres, jurídicamente iguales. El contrato es el
resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica
común. ¡Igualdad!, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto poseedores
de mercancías, e intercambian equivalente por equivalente. ¡Propiedad!,
porque cada uno dispone sólo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno de los
dos se ocupa sólo de sí mismo. El único poder que los reúne y los pone en
relación es el de su egoísmo, el de su ventaja personal, el de sus intereses
privados. Y precisamente porque cada uno sólo se preocupa por sí mismo y
ninguno por el otro, ejecutan todos, en virtud de una armonía preestablecida
de las cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, solamente
la obra de su provecho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo.

 

Al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de
mercancías, en la cual el librecambista vulgaris abreva las ideas, los
conceptos y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo
asalariado, se transforma en cierta medida, según parece, la fisonomía de
nuestras dramatis personæ [personajes]. El otrora poseedor de dinero abre la
marcha como capitalista, el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su
obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso;
el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su
propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan. [2].

 

Pues bien, en sus proclamas de libertad, el minarquista Milei apunta con sus
(des)regulaciones a reducir la relación laboral a esta expresión esencial,
en la cual se creen las condiciones más favorables para que las patronales
“curtan” el cuero de la fuerza de trabajo. Si el derecho laboral fue una
concesión a las sucesivas luchas de clase trabajadora que amenazan al orden
social capitalista, aunque en ocasiones también se reglamentó “desde arriba”
para crear aspectos de “ciudadanía” (burguesa) que aseguraran mayor consenso
para el dominio del capital, el DNU se propone desandar ese camino. Los
liberales que abjuran del Estado, apelan acá a toda la fuerza del mismo para
reforzar la dictadura del capital contra el trabajo que se perpetúa en todos
los lugares (fábricas y empresas) donde tiene lugar la valorización del
capital. El capítulo laboral del decretazo se propone estimular los animal
spirits de la inversión capitalista, expresión más prosaica de las “fuerzas
del cielo” a las que tan reiteradamente menciona el presidente. Estas
reformas forman un combo inseparable con el paquete de Caputo, cuyo efecto
puede resumirse en una “desposesión” en gran escala a través del ajuste
fiscal, la devaluación y licuación. Lo que pierden la clase trabajadora y
los sectores populares genera transferencias en favor de la clase
capitalista, a un paso más acelerado de lo que esta logró durante los
gobiernos anteriores bajo el régimen del FMI.

 

El shock de la desregulación ultraviolenta no deja sector sin atender. Y
casi cada norma tiene beneficiarios concretos (empresas, ni siquiera
sectores). Veámoslo. Se elimina la ley de Góndolas (Coto, Carrefour) y la
ley de Abastecimiento. Se abre las puertas para que las empresas de salud
privadas avancen todavía más en su dominio de las partes más rentables del
sistema de salud (Belocopitt). Se facilita el recetado de genéricos, y a la
vez se desregula la comercialización de medicamentos para que puedan ser
despachados en kioscos y cualquier otro comercio. También se abre las
puertas para la extensión del modelo de farmacias como sociedades anónimas
sin restricciones (Quintana, ex “ojos” de Macri en su gabinete). Se facilita
la introducción de cambios en subsidios energéticos, y en las condiciones de
generación energética (Rocca). Se restablece la política de cielos abiertos
en beneficio de las grandes aerolíneas internacionales y las de vuelos
baratos y precarios (Eurnekián).

 

El DNU también elimina de un saque la Ley de Tierras con sus límites para
que los extranjeros puedan seguir adquiriendo las apetecibles parcelas del
país (Lewis, Benetton). También impulsa un mayor desarrollo de la minería
limpiando algunas reglamentaciones. Los extractivistas multinacionales ya
festejan el banquete que Milei les ofrece, en continuidad potenciada con las
administraciones precedentes en este terreno.

 

Ellos son

 

Para no perderse en el abigarrado articulado de la norma, y captar el
sentido general en el que apunta (aunque muchas de las decisiones no se
pierden en sutilezas y son ya bastante diáfanas) puede ser recomendable
mirar quienes aplaudieron en estos días la normativa.

 

“Es absolutamente necesario reducir el déficit fiscal y el tamaño del sector
público, permitiendo que las fuerzas productivas liberen lo más pronto
posible su potencial, para poder atenuar lo más que se pueda las
consecuencias del ajuste”, señaló el viernes un comunicado de la
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
Esta entidad integra la CRA, una de las cuatro patas de la llamada Mesa de
Enlace que protagonizó el lockout de las patronales agrarias de 2008.
Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, también sumó su apoyo en otro
comunicado.

 

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a un puñado de los
dueños de firmas más grande, celebró que “el gobierno se disponga a tomar
medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido
por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una
elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de
comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento. Desde AEA
estamos convencidos que la eliminación de dichas anomalías y la
revalorización del sector privado que propugna el gobierno, redundará en
mayores inversiones productivas, en crecimiento del empleo y en un aumento
de las exportaciones, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar a
la Argentina en la senda del desarrollo económico y social sostenido”.
Descorchan champagne.

 

Las firmas siguen. La UIA (Unión Industrial Argentina) observó, puntualmente
sobre lo laboral, que las modificaciones “implementadas muestran un camino
para entender las nuevas realidades laborales y sientan las bases para que
cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones
sean más simples y sostenibles”. Su titular, el abogado laboralista Daniel
Funes de Rioja, tuvo que hacer malabares para hacer creer que, si bien el
estudio que lo sigue teniendo como socio intervino en alguna instancia de
redacción/modificación de la norma, no metió ninguna mano en favor de los
intereses de sus representados.

 

IDEA, el club de los CEO que se reúne todos los años en Mar del Plata,
también saludó el shock desregulatorio. También la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC). Amcham, la cámara que nuclea a las empresas de
capitales estadounidenses en la Argentina, publicó este viernes un
comunicado que sostiene que las medidas que tomó Milei van en línea con el
“desarrollo económico y social”.

 

No hay ningún misterio en el motivo de estos amplios apoyos. El DNU los
beneficia en todos los niveles. Ata de manos al Estado contra cualquier
atisbo de intervención, dejando todo librado a las fuerzas del mercado.
Otorga simplificaciones administrativas que abaratan costos. Interviene
activamente para favorecer a las patronales contra la clase trabajadora, y
crea condiciones para que las empresas más fuertes impongan todo el peso
competitivo sobre las más débiles (al mismo tiempo que esquiva la vista de
las tendencias monopolistas de estas mismas firmas que coluden para imponer
precios altos a sus clientes evitando que cualquier competidor se aparte de
libreto, como dejó en evidencia desprevenidamente Claudio Belocopitt al
admitir el jueves que el aumentazo de la salud privada lo concertarían entre
todas las empresas). Los ganadores de siempre, que vieron siempre sus
beneficios engordados con el paso de las regulaciones y desregulaciones,
ahora celebran la “libertad” para seguir haciendo más de lo mismo de
siempre. Que de esto resulte el prometido capitalismo de las “fuerzas
productivas” liberadas, es otro cantar. Una promesa siempre incumplida,
porque se hace haciendo abstracción de las condiciones del capitalismo
periférico argentino, que son las que explican, más que cualquier desatino
regulatorio, la continua trayectoria decadente de las últimas décadas.

 

El FMI, acreedor privilegiado de la economía argentina y veedor desde que
regresó con Mauricio Macri, también sumó su apoyo al camino trazado por el
decreto. Otra señal clara de que estamos condenados al éxito.

 

Violadores de la ley

 

“Fuera de la ley nada, dentro de la ley todo”, es el mantra de Milei y sus
ministros. Ahora deberían revertirlo, dado que este DNU excede las
atribuciones para las que se supone fue previsto. Retoma y profundiza una
práctica que han realizado todos los gobiernos desde la restauración
democrática, de manera cada vez más recurrente. Lo hace, claramente, para
mostrar la vocación “decisionista” del Ejecutivo. Es otra muestra de los
rasgos bonapartistas –aunque débiles– con los que un gobierno con minorías
legislativas quiere mostrar fortaleza.

 

El diagnóstico de los constitucionalistas consultados en los medios
periodísticos fue prácticamente unánime. La pretensión normativa del
Ejecutivo se ubica fuera de los márgenes de lo que podría reglarse por DNU.
Por empezar, la Necesidad y Urgencia resultan difíciles de justificar para
todas las materias tratadas. Todavía no concluyeron las sesiones ordinarias,
y además, puede convocarse a extraordinarias, como de hecho hizo el
Presidente el viernes último. Ninguna de las modificaciones justificaría la
necesidad de reglamentar ya. Además, la norma excede con creces las
atribuciones del Ejecutivo para modificar leyes y decretos.

 

Pero este diagnóstico tiene efectos limitados. La norma entrará en vigencia
a 8 días de publicada. A partir de entonces, el Ejecutivo tiene diez días
para enviarla al Congreso. Una cámara bicameral, todavía no constituida,
deberá dictaminar sobre el mismo, y entonces quedará sometido a tratamiento
parlamentario. Pero, como dijimos más arriba, gracias a una ley de 2006
impulsada por Cristina Fernández, si una de las cámaras no rechaza el
decreto, este queda en pie. Esto da margen de maniobra al ejecutivo para
evitar que los legisladores hagan caer el DNU. De hecho, ningún DNU fue
rechazado por el Congreso desde 1994. Hoy el juego de los números muestra
una mayoría a favor del rechazo, pero el oficialismo tiene una herramienta
clave –los recursos federales– para realizar un toma y daca con los
gobernadores.

 

Ante la eventualidad de que los cálculos fallen y el DNU sea rechazado en el
Congreso, la UCR (Unión Cívica Radical) ya salió a ofrecerle al presidente
que cambia las formas para preservar el mismo contenido del shock
desregulatorio contra las mayorías: que se presente el texto del DNU, tal
como está, como proyecto de ley (por eso lo llaman “ley espejo”). Esto
permitiría que la norma se pueda modificar, y no solamente la disyuntiva
aceptación/rechazo de conjunto que se impone para los DNU. Si juzgamos por
los pronunciamientos políticos de estos días, la mayor parte de los rechazos
por parte de sectores del radicalismo, el PRO (Propuesta Republicana) e
incluso de varios peronistas, apuntan más a la forma que al contenido.
Aunque esta salida se daría de bruces con la pretensión bonapartista de
Milei de ubicarse por encima de la “casta” y por fuera de la “rosca” –quien
de hecho ya salió a descartar esta variante–, abriría la puerta para que
casi todos los ataques incluidos en la norma pasen con una amplia aprobación
legislativa.

 

Si bien ya hay presentaciones para declarar la inconstitucionalidad de la
alegada “Necesidad y Urgencia” en la Justicia, hay que ver si prosperan, y
qué alcance pueden tener. La “casta” judicial, de la cual Milei nunca emitió
opiniones explícitas, es proclive a acomodarse según corran los vientos. En
el mejor de los casos, según opinaron distintos especialistas, pueden
producirse fallos que rechacen partes del DNU. Resulta menos probable que
este sea rechazado en su conjunto. Si fuera así, quedarían en pie partes de
lo reglado y se impondría el mecanismo de avanzar en legislaciones
fundamentales por decreto.

 

Obviamente, no es solamente en este toma y daca legislativo y judicial donde
se vaya a definir la partida. La calle, como se vio esta semana ya, juega, y
todos los actores palaciegos deberán tomarla en cuenta. El rechazo al DNU,
que sería un hecho inédito porque no tiene antecedentes, y que abriría una
gran crisis para Milei, podría definirse como respuesta a la movilización
obrera y popular contra el ataque. El ajuste del “caputazo” y el shock del
DNU conforman un arco muy amplio de agraviados. El ultracapitalista hizo
campaña diciendo que iba a ajustar solo a la “casta”, pero resulta que al
final en esa casta están los asalariados formales de conjunto, los precarios
que seguirán siéndolo, quienes (mal)viven de un plan Potenciar que se
congela con inflación galopante, y también los sectores menos privilegiados
de la clase media golpeadas por los tarifazos. Todos los nombrados, sin
excepción, afrontan además la carestía por las remarcaciones aceleradas por
supermercadistas y sus proveedores al grito de “viva la libertad” carajo. Es
fundamental articular estas fuerzas en un rechazo al DNU y el conjunto del
programa mileísta. La burocracia sindical apenas ha llamado a una tímida
movilización para descomprimir. Se vuelve fundamental poner en pie comités
de lucha y coordinadoras para superar los límites que imponen, uniendo a
trabajadores ocupados con el movimientos sociales y el conjunto de sectores
que salen a luchar. 

 

* Los subtítulos de este artículo están tomados de los nombres de canciones
de Los violadores, banda de punk argentina de los años ‘80 y ‘90.

 

Notas

 

[1] Para un panorama de estas modificaciones durante parte del período
reciente, ver Paula Varela, “Framentación institucionalizada”, Ideas de
Izquierda N.° 5, noviembre 2013.

[2] Karl Marx, El capital. Crítica de la Economía Política, Tomo I, Vol 1,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, p. 214.

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