Uruguay/ Otro año marcado por la violencia femicida:. [Stephanie Demirdjian]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de diciembre 2023

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Uruguay

 

Otro año marcado por la violencia femicida: ¿en qué estamos fallando y qué
nuevas estrategias se pueden activar para paliar la situación?

 

Especialistas aseguran que Uruguay declaró la emergencia nacional en 2019
pero siguió abordando la situación como si se viviera en un “estado de
normalidad” y coinciden en que no es sólo una cuestión de destinar más
recursos.

 

Stephanie Demirdjian 

La Diaria, 30-12-2023

https://ladiaria.com.uy/

 

Encontraron el cuerpo de una joven de 25 años que estaba desaparecida
después de que su pareja la mató en el Cerro de Montevideo. Una mujer de 47
años fue asesinada por su hermano en la ciudad de Melo, Cerro Largo. En
Rivera, un hombre hirió de siete puñaladas a su esposa, de 41, que sigue
internada en estado grave desde Nochebuena. Todo esto pasó mientras escribía
esta nota. Dos femicidios y una tentativa en una semana.

 

La reacción que muchas tenemos ante la noticia de un nuevo femicidio es,
primero, de dolor e indignación, seguida de una fuerte sensación de
desamparo, y una pregunta que resuena: ¿por qué nos siguen matando?

 

Por supuesto que hay razones estructurales que responden a esa pregunta y
que tienen que ver con que vivimos en una cultura patriarcal, machista y
misógina que naturaliza y habilita la violencia hacia las mujeres. Pero
también existen motivos vinculados directamente con cómo el Estado concibe,
en general, el fenómeno de la violencia basada en género, qué estrategias
despliega para su prevención y atención, y cuánto prioriza –o no– ese
combate.

 

Una violencia que no baja

 

Pese a tener una normativa ejemplar y una institucionalidad comprometida con
la lucha contra la violencia de género, Uruguay sigue siendo uno de los
países de la región con las tasas más altas de femicidio. Así lo revela el
Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América
Latina (Cepal) en su actualización más reciente
(https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio), basada en datos de 2022,
donde asegura que Uruguay es el tercer país del continente con la tasa más
alta, con 1,6 femicidios por cada 100.000 mujeres, un lugar que comparte con
El Salvador y que sólo está precedido por República Dominicana (2,9) y
Honduras (6,0).

 

Los datos oficiales del Ministerio del Interior (MI), a los que accedió la
diaria a través de un pedido de acceso a la información pública, muestran
que entre 2012 y 2022 –el último año cerrado, fueron asesinadas 273 mujeres
por motivos de género en Uruguay. Son, en promedio, 25 femicidios por año
durante esta década. De ese total, 79% fueron femicidios íntimos, es decir,
cometidos por la pareja o expareja de la mujer.

 

A esto se suman las tentativas de femicidio, que también son parte del
fenómeno de la violencia femicida, y que el MI empezó a sistematizar a
partir de 2018. Desde ese año hasta 2022, hubo 99. Un promedio de 20
tentativas por año.

 

El Estado tiene la responsabilidad de prevenir los femicidios, como parte de
su deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, según
establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 19.580. El Consejo Nacional
Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, espacio
interinstitucional que creó esa misma ley, presenta todos los años las
iniciativas que implementan los distintos organismos públicos con ese fin.

 

Pero los datos muestran que, si bien en algunos años hubo más de 25
femicidios y en otros hubo menos, no hay una tendencia a la baja. Lo mismo
muestra la gráfica de las denuncias de violencia doméstica sistematizadas
por el MI durante la última década: es una línea que apenas aumenta en 2017
(cuando hubo 35.672 denuncias) y permanece prácticamente estable hasta 2022
(con 38.463 denuncias).

 

Las expertas consultadas por La Diaria aclaran que –precisamente por el
carácter estructural de la violencia de género– no existen “fórmulas
mágicas” para erradicar los femicidios o disminuirlos de un día para el
otro, pero aseguran que se pueden tomar algunas medidas para mitigar la
situación.

 

“Son un tipo de homicidios difíciles de prevenir, en comparación con otros”,
deslizó la socióloga Victoria Gambetta, integrante del Núcleo de Análisis de
la Criminalidad y la Violencia del Departamento de Sociología de la Facultad
de Ciencias Sociales (Universidad de la República), que dedicó su tesis de
maestría a estudiar los femicidios íntimos.

 

“Si tengo una explosión de homicidios que tienen que ver con narcotráfico o
bandas criminales que controlan ciertos territorios, por ejemplo, saturo de
policías, hago trabajo de inteligencia, y eso disminuye muchísimo la
incidencia de esos homicidios”, ilustró. “Pero los homicidios que ocurren de
la puerta para adentro, como los femicidios, son difíciles de prevenir y
requieren una combinación de apuestas en el corto, el mediano y el largo
plazo”, explicó, sobre todo porque “no dependen únicamente de cuestiones
situacionales o estacionales”, sino que tienen que ver con “mentalidades
súper arraigadas en nuestra cultura, con desigualdades estructurales, y esos
cambios son de largo aliento”.

 

Un primer paso, en todo caso, es identificar dónde están las debilidades
para, a partir de ahí, analizar qué y cómo se puede mejorar.

 

¿En qué se está fallando?

 

El 30 de diciembre de 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez decretó la
emergencia nacional por violencia de género, al firmar una resolución que,
entre otras cosas, anunciaba que se diseñaría un Plan Nacional de Emergencia
por una Vida Libre de Violencia de Género “con acciones permanentes” y se
crearía un Comité de Emergencia encargado de implementarlas. Cuatro años
después, no hay rastros ni de las acciones ni del comité. Esta es una de las
primeras “fallas” que señalan las especialistas: haber declarado una
emergencia nacional que no estuvo acompañada por la toma de medidas a la
altura de esa urgencia.

 

“En Uruguay existía una emergencia desde hace mucho tiempo. En diciembre de
2019, el Estado la reconoce, pero la desatiende, la encajona y no hace
nada”, señaló la abogada Marina Morelli, integrante de Mujer Ahora. A su
entender, tras haber decretado la emergencia, “el Estado continuó actuando
como si Uruguay estuviera en un estado de normalidad en materia de violencia
hacia las mujeres, y eso hace que ninguna de las soluciones, servicios,
programas o políticas que crea puedan impactar positivamente”, porque
“parten de un diagnóstico equivocado”.

 

La profesional dijo que “las soluciones que tenés que buscar en una
emergencia nacional son radicalmente distintas a las que tenés que buscar en
un estado de normalidad”. Por ejemplo, “en un estado de normalidad, podés
pensar en hacer licitaciones para comprar dispositivos electrónicos
[tobilleras]”, pero “en un estado de emergencia, donde hay mujeres que están
en riesgo de muerte, lo que necesitás es solucionar cómo las sacás de la
casa, dónde duermen hoy, que los gurises se cambien de escuela”.

 

Morelli aseguró que “la violencia hacia las mujeres continúa siendo a nivel
del Estado una cuestión de segunda categoría, que poco interesa, entonces
tenés espacios formales que se abren en instituciones estatales y que, si
rascás un poco, lo que encontrás es un cascarón, absolutamente vacío de
contenido”.

 

Desde su perspectiva, eso “se traduce en la ausencia de una política de
Estado en Uruguay respecto de la violencia hacia las mujeres”. “Si vos
tuvieras una política de Estado, no solo no volverías a cero cuando cambian
los gobiernos o cambia la gente en los cargos, sino que notarías avances
notables a nivel de todas las políticas institucionales, ya sea del gobierno
central o de los gobiernos departamentales, y eso no sucede”, apuntó.

 

Por su parte, Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos
de la Fiscalía General de la Nación, recordó que pensar las respuestas a los
femicidios implica “no separarlos del análisis de la violencia basada en
género, porque tenemos que pensar la escalada de violencia que hubo antes de
esa situación puntual”.

 

Para ella, “llegar antes” –de que se consumen los femicidios– requiere
seguir trabajando en “el ámbito de la familia, del barrio, del trabajo, de
la educación formal, sobre qué esperamos del ser varón, del ser mujer, de
cómo relacionarnos, de qué es el amor, de qué es el consentimiento en una
relación sexual, de qué tiene que ver con esto de tener o no tener pareja”,
para “deconstruir las pautas culturales que sostienen determinadas formas
estereotipadas de género, de familia y de relaciones que parecen ser de
amor, cuidado y cariño, pero que claramente esconden una forma de
dominación”.

 

La psicóloga y exdirectora de Políticas de Género del MI, July Zabaleta,
consideró que “llegamos tarde” porque “no estamos teniendo una política
profunda de prevención”. Esto, para empezar, implicaría “que cada vez más
personas estén formadas y sepan qué significa la violencia basada en género,
en qué cosas de nuestra vida cotidiana impactan y cuáles son las medidas que
cada uno de nosotros podemos tomar para esa prevención”.

 

Otro elemento que podría mejorarse tiene que ver con el acceso a los datos.
Gambetta, que está embarcada en una nueva investigación sobre femicidios
íntimos en Uruguay junto con la también socióloga Sofía Vanoli, consideró
que “la política pública tiene que estar orientada por investigación” pero
que, en el caso de los femicidios, esa investigación a veces se dificulta
porque es “muy difícil acceder a los datos” y “lo que termina pasando es que
cuando conocés a alguien que trabaja en estas instituciones tenés más claro
qué incluir en la solicitud”, mientras que, de lo contrario, “tenés que
estar preparado para perseverar”. Por eso, sugirió que “debería haber una
base de homicidios que cualquier persona la descargue, sin datos
identificatorios de nadie, para poder generar más información y aportar a
análisis nuevos”.

 

¿Qué se puede hacer?

 

Las especialistas plantearon algunas propuestas que podrían ser eficaces
para paliar la situación de emergencia. Zabaleta puso sobre la mesa medidas
muy concretas, que apuntan a “la respuesta rápida y sostenida para las
personas que ya están en una situación de violencia y pudieron pedir ayuda”.
Mencionó, como cuestiones básicas, que no haya personas en lista de espera
para ingresar al programa de tobilleras electrónicas, que existan soluciones
habitacionales para todas las mujeres que estén haciendo su proceso de
salida de la situación de violencia, y “que haya más apoyos para la
independencia económica de las víctimas que lo necesiten”.

 

Por su lado, Solari propuso crear un grupo que se reúna cada vez que ocurra
un femicidio y “revise cómo fue la trayectoria de la muerte violenta de esa
mujer”, como pasa “cuando hay una emergencia climática y se reúne un comité
de emergencia”. La directora de la Unidad de Víctimas dijo que,
“estadísticamente”, eso “permitiría poder hacer la ruta interinstitucional
de cómo llegó ese caso y dónde se dieron las dificultades, para aprender. No
sólo para decir quién tuvo la culpa, porque el daño ya está hecho, sino para
poder aprender de lo que falló”. Destacó que es una medida que no implica
más recursos, sino “sentarnos en una mesa a ver lo que se hizo bien y lo que
se hizo mal”.

 

Solari reconoció que son necesarios más recursos, pero dijo que,
“fundamentalmente, hay que revisar lo que ya tenemos, evaluar, pasar raya,
saber que hay cosas que venimos haciendo que están muy bien hechas y ver
cuáles hay que mejorar”.

 

En paralelo, propuso pensar en qué medida las instituciones deberían
modificar sus modelos de respuesta “para adaptarlos a las características de
las situaciones de violencia actual”. “Implica pensar, por ejemplo, que en
los últimos femicidios aumentó la intensidad de la violencia y crueldad
sobre los cuerpos de las mujeres (descuartizarlos, esconderlos, planificar
su enterramiento y colaborar para su búsqueda), o en las características de
los ofensores, que no estaban ‘totalmente’ aislados, sino integrados, con
pareja, educación, trabajo. Eso hace que las respuestas para deconstruir las
relaciones abusivas y visibilizar la violencia y necesidad de ayuda deban
‘colarse’ por donde transitan las personas, no sólo en un servicio. Por
ejemplo, los lugares de trabajo (sindicatos y empresas), o de recreación y
servicios (almacenes, supermercados, peluquerías, clubes deportivos)”,
detalló.

 

Por otra parte, aseguró que “sigue habiendo un desafío gigante de cómo se
está trabajando con los varones” y consideró que “hay que seguir insistiendo
en que sea una prioridad, con servicio, con una oferta accesible, cercana”
y, en particular, que no llegue cuando ya sea tarde.

 

La triple e: expertise, evaluación y especialización

 

Solari hizo hincapié en la importancia de tomar decisiones basadas en la
evidencia. En ese sentido, recordó que, “durante los últimos años, se han
hecho investigaciones a partir de casos, hay encuestas de prevalencia, hay
datos que nos muestran cómo se comportan estos fenómenos, cómo son las
características, qué consecuencias dejan”. “Cuando fue la epidemia de covid,
como sociedad estuvimos de acuerdo en generar un grupo de expertos que nos
dieran recomendaciones basadas en evidencia. Lo que pasa con el
comportamiento humano y con las situaciones de violencia también requiere
echar mano a la expertise”, enfatizó.

 

Gambetta también valoró que “estaría bueno que haya una evaluación de la
política pública orientada a prevenir y erradicar la violencia de género,
donde podamos ver cuáles son los lugares críticos, dónde están las buenas
prácticas”, que esté “anclada en evidencia empírica”. En concreto, dijo que,
“así como hay un diagnóstico de homicidios, se podría pensar en un
diagnóstico que tenga que ver con la prevención, la atención y el combate de
los femicidios o de la violencia de género hacia las mujeres”.

 

La socióloga dijo que se podría mirar a países “del norte global” que
utilizan escalas para evaluar “qué tanto riesgo de sufrir un femicidio tiene
una mujer que está en una situación de violencia doméstica”. “Esas escalas
se crearon en sociedades diferentes a la nuestra pero, en un panorama donde
no tenemos de qué agarrarnos, lo más inteligente es tomarlas y, después, si
hay más recursos o más interés, empezar a investigar para ver si
efectivamente tiene sentido toda esa batería de factores de riesgo o hay
alguno nuevo en Uruguay que no estamos considerando porque nuestra cultura
es diferente”, apuntó.

 

Hay otras dos cosas “que sumarían un montón y que no son tan difíciles de
implementar”. Por un lado, “mejorar la colaboración entre los distintos
actores que forman parte de una política, porque las políticas tienen que
ser integrales”. Zabaleta fue otra de las que abogó por tener “verdaderas
respuestas interinstitucionales a la hora de que la persona pide ayuda, que
por supuesto las hay, pero que no son suficientes cuando estamos hablando de
una emergencia nacional”.

 

A modo de ejemplo, Gambetta mencionó que durante la investigación vieron que
el hecho de que “mujeres tengan a disposición recursos de cuidado o no los
tengan es un factor que juega un rol importante para que no tengan que
volver a entablar una relación con la persona que denunciaron porque no
tienen quién les cuide a los hijos chicos. Y eso es algo de lo que no se
encarga ni la Policía, ni el resto del sistema que interviene después de que
las cosas suceden”.

 

El segundo elemento que aportó la socióloga es reforzar el nivel de
especialización de las personas que trabajan en estos temas, que tiene que
ir más allá de que “hiciste un curso de género”. Para complementar esto, es
además importante “el reconocimiento de saberes de todo tipo”, sumó Vanoli,
y dijo que, por ejemplo, es probable que “las personas que más estén dejando
su vida y su energía en esto estén en la calle, en el territorio, entonces
hay que ir a integrar, preguntar, armar órganos de asesoría, dialogar”.

 

Hace apenas unas semanas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
hacia la Mujer presentó nuevas recomendaciones de acciones para que el
Estado uruguayo implemente de acá a 2030. En materia de violencia de género,
sugirió reforzar las medidas de prevención; adoptar protocolos que tengan en
cuenta la perspectiva de género para la investigación de los femicidios;
aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros asignados a la
aplicación de la Ley 19.580; ampliar los servicios de atención del Instituto
Nacional de las Mujeres y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; e
“intensificar la capacitación obligatoria y continua” del funcionariado que
de alguna u otra forma atiende situaciones de violencia de género.

 

Resta ver si las autoridades responsables toman nota.

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