Perú/ Las armas de guerra detrás de las muertes en la convulsión social. [Luz Alarcón/Edmundo Cruz Vilchez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de febrero 2023

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Perú



Las armas de guerra detrás de las muertes en la convulsión social



Una serie de necropsias e informes balísticos que forman parte de la
investigación fiscal por homicidio calificado confirman muertes de personas
–no todos eran manifestantes– por armas de uso militar. Se registra también
que por lo menos en 30 de los civiles fallecidos durante las protestas la
causa de la muerte fue el impacto de proyectiles de arma de fuego de carga
única, es decir, fusiles o pistolas.



Luz Alarcón/Edmundo Cruz Vílchez

La Diaria, 4-2-2023

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El 15 de diciembre de 2022, un día después de que el gobierno de Dina
Boluarte decretó el estado de emergencia en Perú, cientos de personas
intentaron tomar el aeropuerto de Ayacucho. La Policía y los militares
reprimieron a los manifestantes con armas de fuego letales para liberar la
pista de aterrizaje. Los disparos continuaron, incluso, cuando los
manifestantes huían. Ese día, Edgar Prado Arango, de 51 años, salió de su
casa para auxiliar a un herido y fue alcanzado por dos disparos. En las
imágenes grabadas por una cámara de seguridad de esas calles se lo ve de
rodillas intentando levantar a una persona. Luego, cae al piso. Murió por
traumatismo toracoabdominal abierto.



La necropsia –que forma parte de la investigación fiscal– confirma que
Edgard Prado Arango recibió el impacto de dos proyectiles de armas de
guerra. Dentro de su cuerpo se halló un proyectil “para cartucho de Fusil
HK, GALIL, calibre 5,56 mm y/o 223” de 1,6 cm x 1,1 cm, de eje mayor por eje
menor, y el otro de calibre 9 mm Ojival”, según el Informe Pericial
Balística Forense emitido por la Dirección de Criminalística de la misma
Policía Nacional del Perú, al que accedió Ojo Público.



El fusil HK (marca alemana) es un arma de asalto, con proyectiles calibre
5,56 mm, usada principalmente por las fuerzas armadas. El Galil (de origen
israelí) también es un fusil de asalto, con balas de calibre entre 5,56 mm y
7,62 mm. El alcance efectivo de ambas armas varía entre 400 y 800 metros,
dependiendo de sus tipos. Ambos fusiles son considerados armamento de guerra
y forman parte del tipo de armas que usan las Fuerzas Armadas peruanas.



“La velocidad [del proyectil] es de 700 a 800 metros por segundo, la energía
es altísima. Es brutal usar un arma como esta, porque va a causar daño. Son
armas de alta velocidad, clasificados como armamentos de guerra”, explica la
fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Carmen Rosa
Cardoza.



Según los datos consignados en el peritaje balístico, la especialista señala
que en el caso de Edgard Prado se encontró dos tipos de proyectiles: uno de
alta velocidad (fusil de guerra) y otro de corto alcance (pistola).



Ese 15 de diciembre, la magnitud de las protestas –que comenzaron el 7 de
diciembre, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y su
destitución por parte del Congreso– ya había escalado en varias regiones y
el gobierno declaró el estado de emergencia. Sólo aquel día en Ayacucho, se
registraron 50 heridos y diez civiles murieron durante la represión, entre
ellos un menor de edad. Todos los fallecidos fueron por proyectiles de armas
de fuego.



Un análisis de las necropsias e informes balísticos revisados por Ojo
Público confirma el uso de armas de guerra (fusiles) y otras letales
(pistolas) por parte de las fuerzas del orden para reprimir a los
manifestantes. Aun cuando en diversos momentos la presidenta Dina Boluarte
ha señalado que no se sabe el origen de los disparos, el informe balístico
del ayacuchano Edgar Prado Arango confirma el uso de armas de alta velocidad
de parte de los militares.



Armas de guerra contra los manifestantes



Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia se reportan 48 personas
muertas directamente durante las protestas (47 civiles y un policía).
Además, otros diez civiles han fallecido en accidentes de tránsito y hechos
vinculados a los bloqueos de carreteras.



En la mayoría de las necropsias de las muertes directas se afirma: “Se
consigna como agente causante de la muerte: proyectil de arma de fuego”.



Ese 15 de diciembre, Jhon Mendoza Huarancca, joven ayacuchano de 34 años,
murió por dos proyectiles que le causaron cinco heridas. La necropsia
detalla que fueron dos orificios de entrada, un orificio de reingreso y dos
orificios de salida.



Médicos legistas especializados en el tema –que solicitaron no ser
identificados por seguridad– explicaron que esto implica que uno de los
proyectiles atravesó el cuerpo y el otro ocasionó dos heridas y la bala
quedó dentro del cuerpo.



Los informes balísticos –que forman parte de la investigación fiscal por
homicidio calificado– señalan que los cuerpos de Josué Sañudo Quispe (31
años), Raúl García Gallo (35 años) y David Huancco Chacca (27 años), que
también murieron durante la violenta represión en Ayacucho, presentaron dos
heridas: un orificio de entrada y un orificio de salida. En todos los casos
se trató de un proyectil disparado con arma de fuego para “cartucho para
fusil calibre 5,56 mm y/o su equivalente en pulgadas”.



Las evidencias que exponen las necropsias y los peritajes balísticos
confirman que las muertes a causa del uso de armas de guerra continuaron en
Puno.



El 9 de enero, un grupo de manifestantes también intentó tomar a la fuerza
el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. Los militares y la Policía
respondieron con disparos. La represión dejó 17 civiles fallecidos, entre
ellos una menor de edad y seis jóvenes menores de 23 años, todos también a
causa de proyectiles de armas de fuego. En las necropsias se han hallado
orificios producidos por proyectiles de calibre 7,6 mm (armas de guerra) y
restos de calibre 9 mm (pistolas).



Los peritajes realizados a las personas que fallecieron en Puno en las
protestas plantean un patrón claro respecto del uso de las armas y la
distancia de los disparos.



Fuentes cercanas al Ministerio Público dijeron que el patrón de las muertes
en Juliaca –de acuerdo al tipo de heridas identificadas en los fallecidos–
corresponde a disparos de larga distancia.



“Los agentes causantes fueron por armas de fuego, tanto en la cabeza como en
el tórax; la mayoría tuvo orificio de entrada y salida por arma corta y
larga, de los dos tipos. Fue parecido a Ayacucho: son armas de carga única,
fueron de un solo proyectil que en menos de la mitad [de los casos] quedaron
restos o proyectiles completos dentro del cuerpo. No fueron a corta
distancia, a todos les han disparado de lejos, ha sido disparo
indiscriminado a quien le caiga”, señaló la fuente.



Dos de las personas que murieron por esta represión fueron Eberth Mamani
Arqui (40 años) y Reynaldo Ilaquita Cruz (19 años). Recibieron impactos de
bala en la cabeza y en el tórax, respectivamente. En ambos casos los agentes
causantes fueron proyectiles de arma de fuego de carga única (fusil o
pistola): registraron orificio de entrada y de salida.



La región donde inicialmente se presentó la mayor cantidad de muertes por la
represión del gobierno fue Apurímac, entre el 11 y el 12 de diciembre de
2022. Los hechos ocurrieron antes de la declaratoria del estado de
emergencia y también cuando un grupo de manifestantes intentó tomar el
aeropuerto de Andahuaylas.



En esa región los protocolos de necropsia también confirman que los
fallecidos presentaron, como en Puno y Ayacucho, disparos en el tórax y en
la cabeza.



Ese es el caso, por ejemplo, de Wilfredo Lizarme Barboza (18 años), quien
falleció por el impacto de un proyectil de arma de fuego que ingresó de
frente por el tórax y salió por la espalda. Esto le ocasionó trauma
pulmonar, hemotórax masivo y shock hipovolémico que finalmente lo condujo a
la muerte. El orificio de entrada tuvo una medida de 0,7 cm x 0,7 cm y el
orificio de salida fue de 2,2 cm x 1,4 cm.



David Atequipa Quispe, de 15 años, la primera víctima menor de edad del
estallido social, recibió un impacto de bala por la espalda que traspasó las
costillas, el pulmón, sus músculos y salió por la clavícula derecha. El
disparo le causó un traumatismo torácico abierto, fractura costal,
laceración pleural, laceración pulmonar, hemotórax y fractura clavicular. El
orificio de entrada fue de 0,7 cm x 0,5 cm y el de salida fue de 2,8 cm x
1,4 cm.



Jhon Enciso Arias, de 18 años, recibió el impacto del proyectil también por
la espalda. La bala ingresó por la parte axilar izquierda y –luego de
atravesar sus órganos vitales– salió por la clavícula izquierda. El
proyectil chocó con la parte baja de su rostro y cuello, y reingresó a su
cuerpo.



En ese momento, al chocar con un hueso, la bala se dividió en dos: un
fragmento tomó una dirección hacia el cuello, colisionó con el cervical 5 y
se detuvo en los laterales del cuello del lado derecho; mientras que el
mayor fragmento del proyectil atravesó la base de la boca, avanzó hacia la
parte temporal derecha y se detuvo en el conducto auditivo externo.



Los objetos metálicos encontrados dentro del cuerpo de Jhon Enciso Arias
fueron de 0,7 cm x 0,4 cm y 2,2 cm x 0,7 cm, respectivamente. La causa de
muerte registrada en el protocolo de necropsia es de trauma vertebromedular,
fracturas múltiples en cráneo y cara, edema cerebral, herida perforante con
orificio de reentrada por proyectil de arma de fuego.



Los peritos consultados señalaron que por las características de las
heridas, en estos tres casos de Apurímac, el disparo corresponde al uso de
un arma corta (pistola), que generalmente son los de calibre 9 mm. Por la
intensidad y el impacto del reingreso de la bala en el caso de Enciso Arias,
se puede tratar de un disparo a corta distancia.



Para la antropóloga Rosa Cardoza, de la EPAF, los proyectiles de calibre 9
mm corresponden a armas cortas de baja y mediana velocidad, es decir,
alrededor de 350 metros por segundo. “La distancia efectiva es de 100
metros, por eso [tras analizar la información] se puede concluir que se
trata de disparos de más cerca. Hay que precisar que mientras más cerca, más
fuerte es el impacto”, apuntó.



Luego de revisar los peritajes de Ayacucho, Puno y Andahuaylas a los que
accedió Ojo Público para este informe, la especialista forense descartó que
estas muertes hayan podido ser provocadas por perdigones o bombas
lacrimógenas, ya que el patrón general fue el uso de armas de carga única
(fusiles y pistolas) y no de carga múltiple como es el perdigón.



La mayoría de las heridas corresponde a perforaciones en el cuerpo: tienen
orificios de entrada y de salida, o de reingreso. “El perdigón en la mayoría
de los casos se queda dentro del cuerpo, no traspasa todo el cuerpo, salvo
que pase rozando”, precisa Cardoza.



Uso de armas y derechos humanos



Las leyes peruanas y los estándares internacionales prohíben el uso de armas
letales y de guerra para controlar las manifestaciones. Incluso, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda que, cuando se trate de
asuntos de control del orden interno, no se incluya a las Fuerzas Armadas,
debido a que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.



Incluso, en los Lineamientos administrativos y operativos aplicables a las
operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del
orden público, emitidos por la Comandancia General de la Policía Nacional en
octubre de 2022, se lee expresamente: “En las operaciones policiales de
control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, durante
disturbios o reuniones tumultuarias violentas, el personal policial no debe
emplear armas de fuego letales, salvo cuando se individualice a la persona
que genere un peligro real e inminente de muerte o de lesión grave contra el
personal policial o terceros, y cuando medidas menos extremas resulten
insuficientes o sean inadecuadas”.



Estos lineamientos también señalan que el personal policial debe priorizar
“la conservación de la vida e integridad física de las personas, de sí
mismo, e inclusive de los infractores de la ley”.



Lo mismo señala el Manual de procedimientos para las operaciones de
mantenimiento y restablecimiento de orden público: “Para el uso de las armas
de fuego en las operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden
público se debe tener en consideración que las armas de fuego no deben
considerarse como una herramienta táctica, sino como un recurso excepcional
y de última instancia en respuesta a situaciones individuales que amenazan
con causar muertes o heridas graves”.



Al respecto, la antropóloga forense Rosa Cardoza sostiene que “este tipo de
armamento no se puede utilizar para manifestaciones de orden social; estas
armas son clasificadas para armas de guerra, y esto no es una guerra”.



“El estado de emergencia no es una carta de aval para que las fuerzas del
orden disparen indiscriminadamente”, dice Gloria Cano, directora de la
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Cano, que también es abogada de
los familiares de algunos de los fallecidos en estas protestas, enfatizó que
“en cualquier caso, los disparos deben hacerse en forma racional: si hieren
a una persona, es lesiones; si pierde la vida, es asesinato”.



El reglamento del decreto legislativo 1.095, que establece reglas de empleo
y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio
nacional en un contexto de estado de emergencia, es explícita al señalar que
las Fuerzas Armadas sólo pueden usar armas de fuego en caso extremo y que,
“en cualquier caso, está prohibido disparar indiscriminadamente”.



Tanto a Cano como a Rosa Cardoza les preocupa la persistencia de los
disparos en el tórax y cabeza. “Cuando estás en un combate tradicional, la
mayor parte de lesiones son en los miembros superiores o inferiores (brazos
y piernas). En cambio, cuando tú quieres matar a la persona, vas a las zonas
consideradas letales, por los órganos que tienen, y por la poca posibilidad
de sobrevivir [...] Acá el patrón que se observa, tras lo sucedido en
Apurímac, Ayacucho y Puno, es que la mayor parte de las lesiones con
proyectiles de alta velocidad está en los segmentos tórax-abdomen y
cabeza-cuello, es decir, es un patrón de violación de derechos humanos”,
señala Rosa Cardoza.



Dina Boluarte insiste en negar el uso de armas



En reiteradas ocasiones, desde que se registraron las primeras muertes en
las protestas, la presidenta Dina Boluarte ha negado tajantemente que las
fuerzas del orden utilicen armas de fuego para reprimir a los manifestantes.
Incluso ahora, tras más de 50 días de protestas, y a pesar de las evidencias
que muestran los informes balísticos y las imágenes de video, continúa
señalando que no se puede decir que los disparos provengan de la Policía y
los militares.



En un inicio, tras los hechos en Apurímac, aseguró el 13 de diciembre que
“había dado las indicaciones a la Policía de no usar ninguna arma letal, ni
siquiera perdigones de goma”.



“Las indicaciones fueron que si hay violencia pueden usar las bombas
lacrimógenas de manera disuasiva, ni siquiera usen lo que está permitido por
ley, los perdigones de goma, que no son letales pero sí pueden causar
impacto, ni siquiera usen eso; esas fueron mis indicaciones. Y no sólo una
vez, yo me comuniqué con los ministros para que en cualquier momento se
salvaguardara la integridad física de todas las personas”, repitió la
mandataria el 2 de enero, cuando ya se registraban 22 fallecidos, y a pesar
de que decenas de videos grabados por vecinos y manifestantes exponían el
uso de armas letales.



A pesar de que los protocolos de necropsias e informes balísticos –como los
detallados en este reportaje– concluyen muertes por uso de fusiles de guerra
como HK o Galil, la mandataria continúa diciendo que se debe investigar la
procedencia de las armas, e incluso acusó a los mismos manifestantes de
matarse entre sí.



Sobre las muertes en Juliaca, dijo que a la zona llegaron más de 7.000
personas cargadas de huaracas, de herramientas artesanales letales, y que
unas armas denominadas ‘dum dum’ serían las que provocaron las muertes. Sin
embargo, ninguno de los peritajes e informes hasta ahora muestra alguna
evidencia de ello.



También pese a los videos y peritajes que exponen lo contrario, Boluarte ha
asegurado que el Ejército y las Fuerzas Armadas no tienen contacto con la
población.



Sin embargo, además de las imágenes registradas en videos, los testimonios
de familiares y otros manifestantes la contradicen. “Yo he visto los
documentos de necropsia que indican que mi esposo ha sido asesinado por arma
de fuego. ¿Por qué ella dice que no fue reprimido por los militares? Si yo
he sido testigo, yo fui ese día a buscar a mi esposo al aeropuerto, he visto
cómo los militares han disparado y matado a las personas [...] Las personas
no han muerto con perdigones ni con bomba lacrimógena”, dijo Ruth Barcena,
viuda de David Huancca y presidenta de la Asociación de Familiares de
Víctimas del 15 de diciembre en Ayacucho.



Once investigaciones en marcha



El jueves 26 de enero, el Ministerio Público informó que abrió 11
investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para
determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante
las movilizaciones que se desarrollan en el país contra el gobierno y el
Congreso.



El Ministerio Público aún no ha presentado una denuncia formal. Las
investigaciones se están realizando de acuerdo a las denuncias presentadas
por diversos colectivos de abogados. A pesar de tratarse de diferentes
procesos, Gloria Cano señaló que en algún momento los casos podrían
acumularse.



Una de estas investigaciones es contra la presidenta de la República Dina
Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y
lesiones graves”. Esta denuncia recae también sobre el presidente del
Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como sobre los ministros de
Interior y Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez.



“Mi análisis es que no hay genocidio, pero sí ejecución extrajudicial. Como
no hay ese tipo penal en el Código Penal, debe investigarse y judicializarse
por asesinato”, precisa Cano.



La abogada también señaló que durante las investigaciones se están
presentando obstáculos en el acceso a la información, ya que no se ha dado
respuesta a los pedidos fiscales, sobre todo en Ayacucho, sobre el plan de
operaciones y la asignación de armamento, entre otros.



Ojo Público solicitó información a las Fuerzas Armadas sobre la estrategia y
planes de operaciones y otros documentos que sustenten sus acciones frente a
los manifestantes, pero negaron estos datos argumentando que esa información
“se encuentra prevista dentro de las excepciones al ejercicio del derecho de
acceso a la información pública” por su carácter confidencial.



(Este artículo fue publicado originalmente por Ojo Público, 29-1-2023:
https://ojo-publico.com/4248/las-armas-guerra-detras-las-muertes-las-protest
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