México/ Ayotzinapa: informe de la CIDH apunta contra los militares, pero AMLO los defiende. [Gustavo Vasallo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de julio  2023

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México



El grupo de expertos de la CIDH entiende que militares torturaron y
ocultaron información



Un último informe sobre el caso Ayotzinapa apunta contra las Fuerzas Armadas



El Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos descubrió datos
reveladores sobre la desaparición de los 43 estudiantes.



Guido Vassallo

Página/12.31-7-2023

https://www.pagina12.com.ar/



Con críticas a los obstáculos plantados por el Ejército y la falta de
colaboración del Estado mexicano, un panel de expertos independientes que
investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de
septiembre de 2014 presentó un último y duro informe esta semana. El Grupo
Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI) formado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que las Fuerzas Armadas
ocultaron información y estuvieron presentes en los puntos donde
desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos.



"Para el GIEI es determinante que se aborde esta cuestión y que la mentira
no se institucionalice como forma de respuesta frente a preguntas o
realidades que se consideran incómodas", advirtieron los investigadores
Carlos Beristáin y Ángela Buitrago en la presentación del sexto y último
informe en Ciudad de México.



Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las críticas a
las Fuerzas Armadas son exageradas. En los casi cinco años que lleva de
gobierno, López Obrador buscó imprimirle otra imagen al Ejército, mucho más
cerca de las necesidades del pueblo, y en lo particular entiende que está
ayudando a esclarecer el caso.



Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de
septiembre de 2014 luego de que se dirigieran al municipio de Iguala en el
estado sureño de Guerrero, para subirse a colectivos. Pretendían viajar a la
capital mexicana para participar de una manifestación en memoria de otra
masacre estudiantil, la de Tlatelolco (el dos de octubre de 1968). Hasta el
momento solo fueron localizados e identificados los restos de tres de las
víctimas.



La participación del Ejército y la Marina



El GIEI fue creado en 2015 luego de que familiares de los jóvenes, el
gobierno mexicano y la CIDH alcanzaran un acuerdo de asistencia técnica. El
sexto informe de 322 páginas pone de manifiesto la resistencia del Ejército
para entregar información que hubiera sido útil para la búsqueda de los 43
estudiantes desaparecidos.



Gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones, el
GIEI descubrió que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
estuvieron en las zonas de la fatídica noche del 26 al 27 de septiembre.
Los investigadores aseguran que existió una comunicación "permanente" y
"bidireccional" entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control,
Cómputo y Comunicación) y acreditaron que la Sedena conocía los movimientos
del grupo delictivo Guerreros Unidos esa noche y los días siguientes. Sin
embargo, la entidad que depende del poder ejecutivo mexicano no accionó. 



En cuanto a la Secretaría de Marina (Semar), aunque no hay información de
que interviniera el 26 y 27 de septiembre, lo habría hecho inmediatamente
después. "Dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, pero
sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios
detenidos", sentenciaron Beristáin y Buitrago en la conferencia de prensa en
la que presentaron el informe. Además miembros de la Semar habrían realizado
un operativo de inteligencia de carácter reservado, llevando a cabo
detenciones y torturas, hechos que derivaron en la muerte de dos personas.



División en grupos y varios interrogantes



El estudio y mapeo de la telefonía realizado por el GIEI muestra detalles
desconocidos hasta el momento, como el papel del Centro de Inteligencia que
realizó un seguimiento exhaustivo de la actividad de los jóvenes ese día. El
grupo de expertos estableció que llegaron al "avanzado entendimiento" de que
los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso habrían
sido repartidos en otros grupos que "no fueron llevados a un mismo lugar".



Los investigadores recolectaron un mensaje cifrado de la Sedena que contiene
información sobre 11 detenidos. A través de un teléfono, una persona le
pregunta a otra: "Comadre, ¿Te tocaron los 11 detenidos del desmadre de ayer
o sabes dónde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo?".
Otro documento escrito del 4 de octubre de 2014 señala que algunos de los
estudiantes estaban en una cueva, pero no se dan mayores detalles.



La pista se pierde después de que los estudiantes se dividen en varios
grupos. Aunque hay investigaciones abiertas, a nueve años del crímen no se
sabe qué hicieron los miembros del cártel Guerreros Unidos ni las fuerzas de
seguridad con ellos. En el informe del GIEI se mencionan testigos que
dijeron que los estudiantes habían terminado en crematorios de la ciudad de
Iguala, y también se habla de la barranca de la Carnicería donde en 2020 y
2021 se encontraron restos de dos de los jóvenes desaparecidos, Christian
Rodríguez y Jhosivani Guerrero.



La investigación oficial del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto
(2012-2018) apuntaba como "verdad histórica" que los estudiantes fueron
detenidos por policías de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y los
entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un basural. Pero el
GIEI revisó el caso y tiró abajo la versión oficial alegando que habría sido
imposible que los quemaran en ese lugar, agregando que varios estudiantes
permanecieron vivos por días después de los hechos.



En su sexto y último informe, el panel de expertos descubrió que la Marina
intervino en el río San Juan al menos dos días antes de lo señalado y
documentado legalmente, donde ya era evidente la existencia de varias bolsas
con huesos, y no solo una como se sostuvo oficialmente, la cual habría sido
descubierta el 29 de octubre de 2014.



La reacción de AMLO



Pese a la contundencia del informe del GIEI, López Obrador, también hoy
comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sigue defendiendo el trabajo de
esas fuerzas. "No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que
Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (del GIEI)
pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la
colaboración de la Marina y Defensa", sostuvo el jueves en su rueda de
prensa diaria.



En casi nueve años la investigación ha producido 115 detenidos, incluyendo
al extitular de la extinta Procuraduría General de la República Jesús
Murillo Karam (2012-2015) y dos generales. En junio, ocho militares también
fueron capturados para ser investigados por el delito de desaparición
forzada. Otras autoridades y policías locales permanecen en la cárcel por
estos hechos.



López Obrador informó además que recibió una carta en la que el primer
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su interés por ayudar en la
extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de
Investigación Criminal, implicado en el caso Ayotzinapa. México había
anunciado desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel
a Zerón, exfuncionario del sexenio de Peña Nieto acusado de ocultar pruebas
y torturar testigos del caso.



El mandatario mexicano, que no irá por la reelección el próxima año, sostuvo
que en el caso está ayudando también el gobierno de Estados Unidos. "Tenían
grabaciones de algunos miembros de la delincuencia que habían participado.
Le solicitamos la cooperación, le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris
esas grabaciones y nos las enviaron, de esta manera estamos avanzando en la
investigación", apuntó López Obrador.



Pero las promesas del gobierno son insuficientes para los familiares de los
jovenes desaparecidos, que exigen una reunión urgente con el jefe de Estado.
Los expertos del GIEI cerraron su trabajo de investigación, aunque se
marchan exigiendo "una perspectiva crítica respecto a una manera de entender
el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia".
Para Beristáin y Buitrago, "las víctimas y familiares, así como la sociedad,
necesitan el compromiso real con la verdad".

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