Ecuador/ Días de incertidumbre. Ante las elecciones más atípicas de su historia reciente. [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de junio 2023

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Ecuador



Días de incertidumbre



Tras la disolución del parlamento por Lasso, los ecuatorianos se aprestan a
una campaña electoral en la que primarán la fragmentación y la
inestabilidad.



Decio Machado, desde Quito

Brecha, 2-6-2023

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El 20 de agosto, los ecuatorianos irán nuevamente a las urnas ante la
convocatoria anticipada de elecciones presidenciales y legislativas en el
país. Estas elecciones de carácter extraordinario son consecuencia de la
disolución de la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, tras
invocar la cláusula constitucional popularmente conocida como «muerte
cruzada».



Es la primera vez que en Ecuador se aplica esta figura legal, que, pese a
estar recogida en la Constitución de 2008, nunca había sido puesta en
práctica. A partir de la disolución del legislativo, la ley faculta al
mandatario ecuatoriano a gobernar mediante decretos de urgencia económica
durante los próximos seis meses –plazo en el que debe conformarse un nuevo
gobierno– sin el contrapeso de ningún otro poder del Estado.



Así las cosas, la sociedad ecuatoriana se enfrenta por la vía de los hechos
a que su carta magna –considerada por muchos como el máximo exponente del
constitucionalismo posneoliberal– legitima y viabiliza un modelo de gobierno
con alto déficit democrático como medida para enfrentar las crisis de
Estado.



¿Por qué disolver la Asamblea Nacional?



El 17 de mayo, los ecuatorianos amanecieron en un país cuya capital había
sido militarizada. Desde la madrugada, varios escuadrones de las fuerzas
armadas rodearon la Asamblea Nacional con el fin de impedir la posible
entrada de los legisladores a dicho recinto. De igual manera, batallones
militares se apostaron en el perímetro del palacio presidencial de
Carondelet con el objetivo de proteger el centro neurálgico del poder
institucional ante cualquier posible expresión de descontento social.



El habitual desayuno temprano en los hogares de las familias trabajadoras
vino, en esta ocasión, acompañado por la emisión de una cadena televisiva
gubernamental que fue paralelamente retransmitida por los medios radiales de
mayor audiencia. En compañía de sus ministros más cercanos, todos hombres
blancos pertenecientes a la elite económica del país, el mandatario hacía
público su veredicto: «He decidido aplicar el artículo 148 de la
Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la
Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo
cual he firmado el decreto ejecutivo n.º 741. Además, he solicitado al
Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones
legislativas y presidenciales».



Sin embargo, y más allá de elocuentes discursos, la alusión del presidente
Lasso a una supuesta «grave crisis política y conmoción interna» en el país
como argumento legitimador de tal decisión no tuvo retorno por parte de la
sociedad ecuatoriana. Lasso, el presidente latinoamericano con más bajo
índice de aprobación en este momento, enfrentaba entonces un juicio político
por peculado en la Asamblea Nacional. La disolución del órgano que ejerce el
poder legislativo en Ecuador se dio 48 horas antes de que tuviera lugar una
sesión plenaria en la que, con el voto anunciado de más de dos tercios de
sus legisladores, el presidente habría sido destituido de su cargo.



Pese a la inexistencia de causales reales que justificasen la «muerte
cruzada» invocada por Lasso, las fuerzas armadas –ignorando que dicha
resolución requiere ser previamente convalidada por la Corte Constitucional–
expresaron públicamente y de forma inmediata su apoyo al mandatario y su
accionar. Con un país carente de equilibrio y separación de poderes,
cualidad fundamental que caracteriza a las democracias representativas, y
tras la convocatoria acelerada de elecciones generales extraordinarias,
Lasso enterró de un plumazo la investigación que estaba siendo llevada a
cabo respecto a una trama de corrupción que se expande por al menos cuatro
empresas públicas y que fue denominada como Caso Encuentro.



Coyuntura actual



El país vuelve a vivir una situación muy similar a lo sucedido entre la
segunda mitad de la década de 1990 y la primera mitad de la de 2000, cuando
un profundo descontento generalizado entre la población resultó en
levantamientos populares que derrocaron uno tras otro a tres presidentes de
la república: Abdalá Buracam en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez
en 2005. No obstante, y a diferencia de entonces, el actual y profundamente
rasgado tejido social ecuatoriano carece del músculo necesario para mantener
la movilización social de forma sostenida.



Desde la década de gobierno correísta hasta hoy, predomina como visión
gubernamental entender el conflicto social como una anomalía que debe ser
evitada a toda costa. Esta incapacidad para gestionar los antagonismos,
sostenida de forma permanente por los distintos gobiernos de turno, termina
explotando en violencia extrema una vez cerrado el espacio de lo posible.



Dicha situación se agudiza en el actual gobierno, dada su total desconexión
con la población –reflejada en las encuestas– tras ir quemando de a poco
todos los canales antes existentes de diálogo con los sectores populares. El
gobierno ecuatoriano se interpreta a sí mismo como un gobierno «pretoriano»,
conformado por lo que las elites económicas consideran como los «mejores»,
lo que los lleva a prescindir de cualquier articulación con lo plebeyo y a
ensanchar la ya profunda brecha existente entre ellos (oligarquía patriarcal
y «miamizada») y la gente.



Momento preelectoral



Ecuador se enrumba hacia lo que serán las elecciones más atípicas que hasta
el momento ha enfrentado el país. Convocadas con apenas 90 días de
antelación y en un contexto generalizado de desánimo y apatía social, se
estipuló que el período de campaña electoral se limite a ocho días. El
cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral convoca a los 13,4
millones de electores ecuatorianos a votar en primera vuelta el próximo 20
de agosto y, muy previsiblemente, a una segunda vuelta el 15 de octubre.



Obligadas por la circunstancia, las organizaciones políticas perfilan a
marcha forzada durante estos días sus respectivos binomios presidenciales y
listas de legisladores, vulnerándose toda posibilidad de democracia interna
y proceso de primarias en el interior de los partidos. Aún por definirse el
conjunto de candidaturas en disputa, todo parece indicar que volverá a
repetirse un amplio abanico de ofertas de la última elección y, en
consecuencia, un amplio fraccionamiento del voto.



A priori, el elemento político más novedoso en esta disputa electoral será
la irrupción de varias candidaturas identificadas con el populismo
conservador o la ultraderecha. Por el lado de la izquierda, está por
definirse quién será el candidato presidencial del movimiento indígena y la
posibilidad de acuerdos entre el correísmo y los sectores sociales en
resistencia. Pese a que la corriente política liderara por el expresidente
Rafael Correa es la que mayor simpatía despierta entre el electorado, lo más
probable es que requiera de alianzas estratégicas para ganar. Más allá de lo
anterior, respecto al posible resultado electoral nada es seguro aún.

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