Uruguay/ Una radiografía del sistema carcelario. [Mariaámgel Solomita]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de junio 2023

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Uruguay



Radiografía del sistema: ¿cuáles son las peores y mejores cárceles?



Mariángel Solomita

Que Pasa, 4-6-2023

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El irrefrenable crecimiento de los presos



Es como una fiebre que no baja. Uruguay nunca tuvo tantos presos. Dos
semanas atrás, cuando comenzó a prepararse este informe, la cifra era de
14.796 y al cierre de esta edición ya sumaban 14.903. A su vez, la Dirección
Nacional de Supervisión de Libertad Asistida vigila a casi 20.000 personas
que cumplen su condena con medidas alternativas al encierro. El ritmo de
crecimiento no da tregua, es un número rojo que las autoridades del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el sistema judicial y distintos
organismos públicos, incluyendo la oficina del Comisionado Parlamentario
Penitenciario reciben a diario y les quita el aliento.



El incremento de la delincuencia fue paulatino. Desde el 2000, se triplicó
la cantidad de personas en cárceles. Hasta que el país pasó a ocupar el
puesto número 10 en el mundo entre los que tienen más población privada de
libertad. Por distintos factores —como los cambios legislativos que han
endurecido las penas y limitado los instrumentos de medidas sustitutivas al
encierro— a partir de 2020 el sistema penitenciario ingresó a 3.000 nuevos
presos. La cantidad de mujeres tras las rejas creció más del doble en
relación a los hombres.



Esto para el Estado tiene un efecto multiplicador. Son otras tres mil camas
en cárceles que en su inmensa mayoría no se construyeron para volúmenes tan
grandes. Son tres mil personas más para brindarles asistencia médica.
Conducirlas a las fiscalías y a los juzgados. Que reciben visitas. Tres mil
bocas más para alimentar. Evitar que se fuguen, sean heridas y asesinadas.
Tres mil de las cuales muchas querrán estudiar y trabajar para redimir pena
y encaminar su rehabilitación, lo que se traduce en más salones, más equipos
docentes y la necesidad de más empresas que los empleen. Esto a su vez
requiere más funcionarios que los custodien. Y más móviles policiales. En
definitiva, ampliar un presupuesto del que el INR todavía no sabe de cuánto
dispondrá: su dirección solicitó el máximo y aguarda con los dedos cruzados.



El problema se agrava si se analiza quiénes son las personas que ingresan a
las cárceles. Luis Mendoza, el director del instituto, al que anteceden 48
años de servicio, dice que la única manera de conocerlos es ponerse en la
piel de los presos, “si los juzgamos desde nuestra experiencia nunca vamos a
entender la realidad que traen consigo”. Rejas adentro conviven dos
generaciones, tal vez tres. Hoy, la gran mayoría de los que entran son
hombres de entre 25 y 30 años de edad. Más del 90% tiene un problema de
consumo de estupefacientes y el 55% es, además, analfabeto. Muchos nunca
trabajaron en su vida. Demasiados les dicen a sus defensores que no tienen a
nadie: cuando pongan un pie afuera, no tendrán a donde ir. Esto contribuye a
que el reingreso sea alto. Hay personas que cuando son liberadas cometen
delitos leves y vuelven a la cárcel hasta tres veces en un mismo año, cuenta
Mendoza.



Últimamente, son tantos los que entran estando en situación de calle que en
el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) del área metropolitana
—donde se concentra el 70% de la población carcelaria— los funcionarios
consiguieron un ropero donado, en el que juntan ropa y zapatos. Los
detenidos llegan descalzos, sin abrigo. Con piojos. Algunos no se bañan
desde hace días. Están sin comer. Mendoza concentra este panorama en una
imagen: cuando el ómnibus que trae a los nuevos detenidos arriba a Santiago
Vázquez (exComcar, unidad n°4), los ha visto caminando acuclillados,
recogiendo las colillas de cigarrillos que se encuentran en el camino al
módulo donde serán encerrados.



El perfil del preso uruguayo también se ha recrudecido. Si las prisiones hoy
tienen un problema de densidad porque la mayoría están pobladas por encima
de su capacidad, las que están peor son las requieren un mayor nivel de
seguridad que se ajuste a la población que está ingresando. Estas son el
tipo de cárceles que se necesitan para apaciguar el hacinamiento que hay en
algunos módulos de Santiago Vázquez (Montevideo), de Canelones (unidad n° 7)
y de Las Rosas, en Maldonado (unidad N°13), plantea Mendoza.



Por eso, en breve comenzarán las obras en el mismo terreno del Penal de
Libertad (unidades n° 2 y 3) para construir otras tres cárceles de alto
nivel de seguridad: la 27, la 28 y la 29. Cada una tendrá 430 plazas y su
propio CIDD. Por su tamaño, hay quienes ya le llaman “el nuevo Comcar”.
Mejor dicho: el segundo Comcar, vendría a ser. Otra “ciudad” que crecerá
detrás de las rejas.



Radiografía del hacinamiento



Cuando hablamos de hacinamiento puede ser esto: que una celda pensada para
cuatro personas, con dos cuchetas, un espacio pequeño para circular, una
pileta, un wáter y una ducha, la ocupen ocho o diez presos. Si hay colchones
extra se comparten y si no los hay, se rotan para dormir. La defensora de
ejecución Claudia González, integrante de la Asociación de Defensores
Públicos, recuerda haber visto a un hombre durmiendo debajo de una cucheta,
en un hueco. “Es como si vos durmieras debajo de tu cama”, dice.



El de la densidad es un problema grave que, de acuerdo a un pedido de acceso
a la información que realizó El País, representa una sobrepoblación del
118,7% para todo el sistema. Otra forma de decirlo es que 2.336 privados de
libertad no tienen una cama.



Según este relevamiento, 18 de las 26 unidades están ocupadas por encima de
su capacidad. En algunos casos el margen es leve, como en Lavalleja
(103,10%), Río Negro (105%) y Colonia (111,20%). En otros, es grave. Esto
sucede en Artigas (183,80%), Treinta y Tres y Paysandú (ambas 177,70%), en
la cárcel de mujeres en Montevideo (173,70%), Durazno (172,40%), Salto
(161%), Rivera (148,80%) y Canelones (131,60%).



Unos días atrás, la Justicia intimó al Ministerio del Interior a aplicar el
plan de mejoras que la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario
planteó ante “las condiciones inaceptables” que su director, Juan Miguel
Petit, denunció en el módulo 2 de la cárcel de Canelones, donde se alojan
716 internos. En el avance del informe de 2022 al que accedió El País, Petit
detalla que detectó a 30 presos sin celda durmiendo en el piso de la
planchada interior, y que en las 33 celdas del sector no hay camas: vio una
sola cucheta en todo el celdario. Los servicios —duchas, saneamiento,
instalaciones eléctricas— están en pésimas condiciones, sumado a las “casi
nulas actividades de rehabilitación”. En los calabozos donde los presos
esperan a ser trasladados, no salen al patio ni a la planchada en común del
sector. “Permanecen hacinados en sus celdas por más de 10 días”, agrega el
informe.



El caso de Santiago Vázquez (exComcar), difiere según el módulo. En líneas
generales, la sobrepoblación trepa al 127,60%. Algunos módulos tienen cupos
disponibles, como el 7 (68,90% de ocupación), 2 (79,50%), 9 (80% de
ocupación) y 6 (88,30%). En cambio, el resto están “explotados”. Los peores
son el 3 (197,80%) y el 4 (195,20%). Le siguen el módulo 11 (149,50%), el 10
(141,70%) y el 8 (117,50%). En el 8, permanecen las personas formalizas que
cumplen una medida cautelar de prisión preventiva.



La sobrepoblación no es siempre sinónimo de “condiciones terribles”. Lourdes
Salinas, la operadora penitenciaria devenida en subdirectora técnica del
INR, antigua “llavera” —“yo hacía conteo de presos, los sacaba y entraba,
hacía requisas”—, exdirectora de la unidad n° 1 de Punta de Rieles y de Juan
Soler, en San José (dos cárceles modelo), pone el ejemplo de Salto. “Es una
unidad horrible, tiene casi el doble de la gente que puede abarcar pero no
tiene índice de violencia ni muertes porque la convivencia es muy buena. Eso
se logra porque se saca a un número importante de las celdas para trabajar y
estudiar. Hay mucho diálogo con ellos para hacer intervenciones”, dice.
Allí, están armando una decena de salones nuevos para ampliar la “comunidad
educativa”.



En Artigas, en la cárcel que se inaugurará —sustituyendo a la actual— en
setiembre, para 260 personas, también se harán nuevas aulas. “Tendrá cuatro
módulos como la de Minas (catalogada como de las mejores) y dos barracas
como la de Tacuarembó (que acaba de ser inaugurada), con techo liviano y
celdas para seis”, describe Mendoza.



El actual edificio pertenece a la jefatura y tiene más de 120 años de
construido. Es “añejo”, pero no llega a estar al nivel de la de Treinta y
Tres: una unidad “espantosa”, cuyas paredes se levantaron un siglo atrás
utilizando una mezcla con barro. Cuentan que hubo presos que las atravesaron
haciendo agujeros con una cuchara.



A estas cárceles viejas, mientras tanto, se las ensanchó como se pudo.
“Modificamos los espacios para tener más alojamiento: por ejemplo un comedor
se convierte en celda, pero son lugares que no fueron construidos para tanta
gente. Y no solo es armar una habitación, sino que necesita baño,
saneamiento, luz, conexión eléctrica”, dice Salinas, la mano derecha de
Mendoza. Son parches “para que la cárcel no explote”. Pero se tambalea.



El hacinamiento, entonces, no alcanza para determinar la mala fama de una
cárcel. Así como Santiago Vázquez puede ser “un infierno” en sus peores
módulos, cinco abogados particulares, tres defensoras de oficio y una jueza
de ejecución señalaron que el Penal de Libertad es otro abismo. “El escalón
más bajo en el que podés terminar después del Comcar”, describió una fuente
judicial que semanalmente entrevista a privados de libertad. Allí han
sucedido las últimas muertes.



Las mejores y las peores cárceles



En el sistema entero, y en el interior de cada unidad en particular, los dos
conceptos que priman son el de “progresividad” y “regresividad”: dos fuerzas
centrífugas que sellan el recorrido de un preso por las distintas cárceles.



El punto de partida de este “peregrinaje” es el CIDD. En la zona
metropolitana (Montevideo, Canelones, San José), está localizado en la
unidad n°1 de Punta de Rieles, el primer experimento de participación
público privada. En el interior, en tanto, el recorrido empieza en la puerta
de ingreso del INR en la cárcel del departamento.



Debido a que el 70% de los delitos se cometen en el área metropolitana, y
que aquí es dónde se cristaliza el incremento de la delincuencia, las 100
plazas que inicialmente había previsto el CIDD no alcanzan y tiene una
sobrepoblación de 148%.



El diseño prevé que en 72 horas —que según algunos abogados, a raíz de la
saturación pueden llegar a extenderse hasta entre cinco y 15 días—, el
privado de libertad sea evaluado por un equipo técnico que valorará
distintos factores, pero fundamental su seguridad y su salud.



Desde 2017, para este análisis, se aplica un modelo de intervención
penitenciaria llamado Riesgo, necesidad y capacidad de respuesta que según
indica Salinas —de formación psicóloga—, les permite “predecir la conducta
delictiva y por lo tanto cambiarla”. En una entrevista que conlleva una hora
por persona, se aplica otro instrumento: Oasis. El Oasis arroja un número,
que equivale a un nivel de riesgo bajo, medio y alto. Este nivel es una
“orientación” para la intervención que el preso requerirá.



“Si es bajo, nos está diciendo que tiene algunas habilidades que hay que
fortalecer”, apunta la subdirectora técnica. Pongámosle, si la persona
culminó sus estudios en Primaria, se aspirará a que curse Secundaria durante
la reclusión. “Si el nivel de riesgo es medio o alto, ahí la intervención
debe ampliarse con programas específicos (drogas en caso de ser consumidor,
de agresión sexual si cometió un delito de este tipo), educación y trabajo.
Eso, ya veremos, es el mundo ideal; para algunos de los entrevistados, “una
utopía”.



Las respuestas del preso —sobre su salud, sus vínculos familiares—, además
del estudio de sus antecedentes y el delito que cometió, y el resultado del
Oasis definen a qué unidad, y dentro de cada unidad a qué sector o módulo,
será asignado.



El punto neurálgico de esta decisión es la seguridad, “que no es un fin en
sí mismo” —aclara el director del INR—, “sino que fija los cimientos para
edificar la rehabilitación”. Sin seguridad, todo se cae, según Mendoza.
Seguridad significa determinar qué prisión garantiza mejor su integridad
física e impedirá que se fugue.



Salvo algunos condenados que suelen ser ubicados en sectores particulares
—sexuales, mujeres que lastimaron a niños, violencia doméstica—, las
cárceles no se categorizan por concentrar un tipo de delito sino por su
nivel de seguridad. Además, los que cumplen prisión preventiva —1.036, según
datos del INR— están separados de los condenados. Antes solían ir al módulo
8 en Santiago Vázquez, pero el alto volumen obligó a crear más sectores en
otras unidades.



“Es como armar un puzzle de alta ingeniería”, dice Mendoza. El asunto es que
la mayoría llega al CIDD con un oficio judicial o de su defensa alegando que
por “riesgo de vida” no puede ingresar a una cárcel con perímetro militar.
“En algunas cárceles muy complicadas, el privado de libertad siente que es
una rifa saber si va a sobrevivir”, dice la abogada Laura Robatto. No
quieren ir ni al exComcar, ni al Penal de Libertad, ni a la cárcel de
Canelones, que junto con la de Maldonado son consideradas “las peores”. En
ese nivel también está la cárcel de mujeres, que será mudada a un nuevo
edificio que se construirá en el predio de Punta de Rieles.



El módulo 8, en el exComcar, divide aguas. Desde la Asociación de Defensores
Públicos, dicen que el diagnóstico depende de si es un preso reincidente
—“en ese caso suelen firmar el acuerdo abreviado para no estar ahí, porque
tienen menos patio y pocas posibilidades de estudio y trabajo”, apunta
Virginia de los Santos—, o un primario —“muchos al hacer el acuerdo piden no
salir de ese módulo, porque se sienten más protegidos”.



Para el abogado Marcos Pacheco, en cambio, la experiencia es oscura. “La
Policía los lleva y los otros presos no me preguntes cómo hacen pero se
enteran por qué delitos están y ahí empiezan los peajes. Les dan un teléfono
y los obligan a llamar a sus familias. Al otro día, las familias empiezan a
recibir mensajes, ‘mirá que lo vamos a pinchar, lo vamos a violar, lo vamos
a quemar si no me mandás tanta plata’”.



En Libertad, el ambiente también “es pesado” porque allí van “los de
antecedentes más complicados de conducta”, señala una jueza. La abogada
Serrana Carbajal narra una guerra en el celdario que desde hace años
enfrenta al sector A contra el B. “Ahí, como en los peores módulos del
Comcar, tenés cero posibilidad de rehabilitación. Sí los presos de tu celda
consumen, vos tenés que consumir. Y si no consumís, te roban”. Las medidas
de seguridad son más estrictas aún que en el exComcar, lo que conlleva poco
tiempo de patio. Esto a su vez empeora la convivencia, conformando así un
círculo vicioso. En el INR reconocen la situación. Saben que algunos
detenidos prefieren no salir al patio para evitar conflictos, ya que las
peleas suelen desatarse en los espacios compartidos, incluso durante el
espacio “sagrado” de las visitas.



“El problema que tenemos, es que hoy en día incluso los primarios llegan con
estas advertencias de riesgo de vida. Vienen con problemas de la calle, o de
sus familiares encerrados, incluso con enfrentamientos que comenzaron en el
Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente). Y todo eso se
cobra en las cárceles, esa es la verdad”, dice Mendoza.



Los presos en las audiencias piden ir a una cárcel en el interior del país,
“las tranquilas”. Quieren ir a unidades que tengan chacras, donde se trabaja
la tierra (Libertad, Canelones, Juan Soler, Rivera, Lavalleja, Salto,
Artigas, Treinta y Tres, Soriano, Tacuarembó). La unidad estrella es la de
Florida. Empata con la de Juan Soler, en San José: las cárceles “de élite”,
con un régimen abierto y baja seguridad, actividades y servicios en buenas
condiciones. Luego, se destacan Campanero, en Lavalleja, y Piedra de los
indios, en Colonia. También son solicitadas la nueva unidad de Tacuarembó y
la n°6 de Punta de Rieles, en Montevideo. En el exComcar, los módulos 7 y 9,
donde se trabaja en el Polo Industrial, hacen la diferencia. Esos presos
reciben peculio —medio salario mínimo que cobra la familia o lo ahorran para
su liberación—, se encargan del mantenimiento de las celdas y de la
limpieza. “Los baños tienen olor a perfumol”, dice una jueza.



Miles de pedidos de traslados



La mayoría de los presos tienen defensores de oficio. Cuando son condenados,
los representan los especialistas en ejecución. En Montevideo, son 12.
Claudia González es una de ellos y tiene, como sus colegas, entre 450 y 500
presos a su cargo.



A partir de los 90 días, un privado de libertad, un familiar o su abogado
pueden solicitar el traslado. Esto es si no cometió ninguna sanción, que
suele suceder en el primer tiempo incluso como un derecho de piso que
implica hacerse cargo del castigo que cometieron presos de más trayectoria.
Si así fuera, debe esperar 180 días.



González dice que si hiciera todos los pedidos de traslado que le solicitan,
serían miles. Por eso únicamente toma los de detenidos sin vínculos
familiares, o analfabetos, o cuando los considera “arbitrarios”. La tarea
entonces queda en manos de los familiares.



Un mes atrás, una centena de familias de detenidos conformaron una
asociación. Gabriela Rodríguez, una de sus integrantes, explica: “Cuando te
toca vivir esto, uno no sabe cómo moverse y no hay tanta información
disponible”. La unión tiene la meta de generar mejoras en el sistema “y no a
nivel individual”, dice.



Los pedidos de traslados son analizados por una junta en la órbita del INR
que, según Rodríguez, “demora mucho en expedirse”. La junta hace un análisis
similar al que se llevó a cabo en el ingreso: otra vez se mide la seguridad
que requiere el detenido para tomar una decisión. Esta es la causa de que
aunque haya plazas libres en buenas cárceles, no sean utilizadas para alojar
detenidos de aquellas unidades desbordadas.



La inmensa mayoría de los traslados se piden de un módulo a otro del
exComcar y desde la zona metropolitana hacia las cárceles mejor valoradas.
Pero, si se trata de un formalizado sin condena, el INR no los mudará al
interior debido a que implicaría una demanda de vehículos y de funcionarios
cada vez que deba ser conducido a una fiscalía o al juzgado en la capital,
que está por encima de sus posibilidades. Esto además del gasto de
combustible.



En el caso de los condenados, Mendoza plantea que “múltiples traslados que
se realizan permanentemente tienen que ver con problemas de convivencia”.
“Muy pocas veces es porque la persona quiere irse para progresar. Esos
casos, nos llegan fundamentalmente por Petit”, agrega Salinas.



En Punta de Rieles n°6, donde los presos circulan libres, muchos de los que
son trasladados “se dan vuelta”. “Me dicen que no la aguantan. ¿Qué cosa?,
les pregunto. ‘Que me traten bien, que me digan buenos días, que no me
pateen la cama’”, cuenta Salinas. Con las chacras pasa algo parecido. Según
Mendoza, “la droga cambió los códigos. Hay una diferencia entre los
veteranos y los jóvenes. A los muchachos les cuesta trabajar. No quieren ir
a las chacras. Hace unos días, en Mercedes, uno me dijo que él no iba a
trabajar para los milicos. ‘Yo acá vine a hacer polifón’, es decir a
dormir”.



Una rehabilitación que cojea



Muchos se lastiman en la cárcel. Se cortan. Se cosen los labios con alambre.
Tragan pilas. “Es muy normal, son como medidas de huelga. Lo hacen para
pasar una semana en la enfermería”, dice el abogado Martín Frustaci. Según
distintos testimonios de detenidos, pueden pasar horas para acceder a la
asistencia médica y la situación es aún peor para ver a un médico fuera de
la unidad.



ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) se hace cargo en
las unidades metropolitanas y de Rivera. La ampliación de sus servicios está
prevista, pero no se ha concretado. El resto de las cárceles dependen de
Sanidad Policial cuya función es, en realidad, atender a los funcionarios.
“La atención en salud es extremadamente deficitaria y ni que hablar el tema
de salud mental y las adicciones”, dice Rodríguez desde la asociación de
familiares. Hay dos psiquiatras para todas las cárceles.



El INR asume que es un problema de gestión. En un pedido de acceso a la
información que realizó El País, ASSE detalló que en 2021 fueron atendidos
1.562 presos. Un año después, la cifra ascendió a 2.936 y en lo que va de
2023 a 3.414. Se necesita personal y vehículos para los trasladarlos que no
dejan de crecer.



Próximamente se construirá un “hospitalito” en Santiago Vázquez. El
instituto recibirá 20 móviles nuevos. Y ya han ingresado unos 300 policías
formados especialmente para trabajar en cárceles y se prevé sumar a otros 59
y a 97 operadores, pero no es una tarea fácil: son pocos los que quieren
trabajar detrás de las rejas y el nivel de certificaciones médicas —muchas
psiquiátricas— es alto.



¿Estas cantidades alcanzan para ponerse a tiro con el incremento de la
población privada de libertad? “No, pero ayuda”, dicen las autoridades.



Si la rehabilitación depende de la educación y del estudio, también hay un
gran debe que se recrudece con la limitación que la Ley de Urgente
Consideración primero y la Ley de Presupuesto después implantaron al impedir
la redención para un elenco de delitos (entre ellos, los delitos sexuales).
El abogado Jorge Barrera opina que estos artículos deben revisarse (así como
se está haciendo respecto al de las mujeres que ingresan droga a la cárcel,
que contribuyó al brutal boom de presas). “La forma de transmitir tanto al
recluso como a la sociedad que hay delitos más graves que otros no tienen
que ir por el lado del trabajo ni del estudio, sino por el quantum de la
pena”, plantea.



En febrero pasado, 7.862 detenidos manifestaron interés en estudiar, pero
2.774 quedaron sin lugar en las aulas. Faltan espacios físicos y también
docentes. También se necesitan fuentes laborales. En las cárceles hay poco
más de dos empresas empleadoras y algunas intendencias contratan detenidos
para realizar tareas pero, tras una movida para legalizar el trabajo de los
presidiarios, se perdió empleo. Afuera, el panorama es similar. Por eso,
días atrás, el gobierno convocó a un grupo de empresarios a un evento en el
lujoso piso 22 del World Trade Center donde se presentó un proyecto de ley
que subsidiará el 60% del salario de los hombres y 80% de las mujeres
liberadas durante su primer año de empleo. El principal orador, frente a las
230 firmas que se hicieron presentes, fue el presidente Luis Lacalle Pou.



Pero, para mantener un trabajo en libertad, es ineludible mejorar el
programa de tratamiento de drogas que se lleva adelante en el área
metropolitana y en Durazno. Salinas, del INR, explica que no ha podido
extenderse por falta de técnicos en las unidades. El alcance es de 400
privados de libertad: es decir, solo el 2,70% del total de presos accede.
Ahora, el INR con la ayuda de organizaciones no gubernamentales y el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo) prepara un rediseño del programa para
hacerlo crecer y se busca fortalecer los sectores de preegreso que están
casi vacíos. Son pocos los que están interesados. Sin embargo, el resultado
es alentador. En dos años, de los 21 que por allí pasaron, solo cinco han
reincidido y en delitos menores.



El asunto es ponerse en la piel de los presos, repite Mendoza. Una
estrategia que usa cuando recorre las cárceles es ver cómo son las visitas y
quiénes las reciben. En la fila están los que descienden de autos de alta
gama con ancianas que recorren a pie largas cuadras desde las paradas de
ómnibus, cargando una caja con lo que pudieron reunir para sus parientes.
Hay niños que lo toman como un paseo dominical: van a ver al padre, al tío,
al primo que está detenido. En la Junta de Traslados del INR, cada vez son
más habituales las cartas de mujeres que les piden a las autoridades que por
favor reúnan a sus familiares en una misma prisión: tienen a tantos
detenidos que no les alcanza el tiempo para visitarlos a todos.

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