Colombia/ Las otras guerras del ELN no tienen "cese al fuego". [Verdad Abierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de junio 2023

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Colombia



Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego



El acuerdo temporal pactado en La Habana, Cuba, ofrece un respiro temporal,
pero la confrontación contra el Estado colombiano no es la única que
sostiene este grupo insurgente. También choca en armas con disidencias de
las antiguas Farc y los ‘gaitanistas’. Las comunidades de las zonas más
golpeadas por esos enfrentamientos exigen soluciones integrales.



Verdad Abierte, 11-6-2023

https://verdadabierta.com/



El cese al fuego nacional y temporal pactado entre el Estado colombiano y la
guerrilla del Eln es un avance significativo en las conversaciones que
adelantan desde hace varios meses en busca de una solución negociada a esta
confrontación armada, pero por fuera de la mesa están las otras guerras que
libra el grupo insurgente con diversas organizaciones armadas ilegales en
algunas regiones del país.



Los focos bélicos más intensos se localizan en los departamentos de Arauca,
donde el Eln sostiene enfrentamientos con una de las disidencias de las
extintas Farc que se conoce como ‘Estado Mayor Central de las FARC-EP’,
comandadas por ‘Iván Mordisco’, y en Chocó, donde se enfrenta con las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) desde hace más de seis años.



En ambas confrontaciones la peor parte la llevan las comunidades campesinas,
negras e indígenas, que constantemente se ven confinadas o desplazadas de
manera forzada, rompiendo tejidos sociales, prácticas culturales y proyectos
productivos. Esta situación ha sido denunciada nacional e
internacionalmente.



Organizaciones locales, líderes y lideresas sociales, así como personas
defensoras de derechos humanos, han propuesto que se gestione un cese al
fuego multilateral, que incluya a todos los grupos armados ilegales y
también a las fuerzas estatales, o, cuando menos, se impulsen conversaciones
entre las estructuras armadas ilegales que están en confrontación.



De esa manera, argumentan, podrían llegar otros alivios humanitarios, más
allá de los que permita el cese al fuego bilateral anunciado desde La
Habana, Cuba, y reducir los estragos en las comunidades.



Las partes volverán a reunirse a mediados de julio en Venezuela para iniciar
el cuarto ciclo de conversaciones. Se espera que avancen en los protocolos
requeridos para adelantar el cese del fuego, que deberá arrancar el 3 de
agosto, tal como se pactó en La Habana.



Confinados y desplazados



La región Pacífico es la más afectada por confinamientos y desplazamientos
forzados a causa de enfrentamientos entre grupos ilegales. Foto: Juan Diego
Restrepo E.

Las guerras del Eln contra diversas estructuras armadas ilegales ocasionó
durante 2022 graves confinamientos y desplazamientos forzados, especialmente
en regiones como el Pacífico y en Arauca, donde los choques son frecuentes.



De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados la ONU (ACNUR), en 2022 se presentaron 76 eventos por
confinamiento que afectaron a 19.060 familias (69.881 personas). “De este
modo, 2022 se convierte en el año con mayor número de personas afectadas por
confinamiento desde que ACNUR comenzó el registro de este hecho”, precisó
está agencia de la ONU.



Según esos registros, el departamento más afectado es Chocó. “La disputa
entre distintos actores armados ilegales en las cuencas de los ríos Atrato,
Baudó y San Juan han intensificado las acciones de control territorial y
poblacional de estos actores sobre la población civil”, reportó ACNUR e
indicó que este departamento concentra el 59 por ciento de los
confinamientos. Son cinco los municipios donde esta emergencia ha sido
recurrente: Alto Baudó, Bojayá, Medio San Juan, Riosucio y Sipí.



Ese fenómeno se extendió a los demás departamentos del Pacífico (Valle del
Cauca, Cauca y Nariño). Junto con Chocó, según datos de ACNUR, concentraron
el 84 por ciento de las emergencias por confinamiento el año pasado.



Los reportes en el sur de Chocó indican que desde el 2017 el Frente de
Guerra Occidental del Eln disputa amplios corredores selváticos con las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades
como ‘Clan del Golfo’. Las comunidades han denunciado que el Ejército ha
tomado parte apoyando a los ‘gaitanistas’ para afectar a los ‘elenos’. (Leer
más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)



Siguiendo la ruta de confrontaciones, Arauca es otro de los departamentos
afectados por los confinamientos como consecuencia de las confrontaciones
armadas en las que está involucrada el Eln. “Como consecuencia de las
disputas entre el ELN y grupos disidentes de las FARC, en los municipios de
Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Tame se han registrado más de 30 eventos
de este tipo; salvo en Fortul, en los demás municipios los eventos han sido
recurrentes”, asevera ACNUR en su reporte sobre lo ocurrido en 2022



Con respecto al desplazamiento forzado, esta agencia de la ONU reportó para
el año pasado 176 desplazamientos masivos que afectaron a 26.336 familias
(68.745 personas), que tuvieron lugar en 58 municipios de 12 departamentos
del país.



Así, según el monitoreo de ACNUR, 2022 fue el año con mayor población
desplazada en eventos masivos por causas relacionadas por el conflicto
armado desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las
Garc en 2016.



Las mayores afectaciones ocurrieron, en su mayoría, en la región Pacífico
(Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), donde se concentró el 82 por
ciento de la población desplazada. “Solo el departamento de Nariño concentró
la mitad de la población afectada”, indicó ACNUR.



La situación no ha mejorado en el año en curso. Según el Consejo Comunitario
General del San Juan (Acadesan), la confrontación armada entre el Eln y
‘gaitanistas’ sigue ocasionando confinamientos y desplazamientos forzados.
Así lo denunciaron a finales del pasado mes de mayo.



“Como consecuencia de la situación de confrontación armada, se viene
presentando desplazamiento forzado de carácter masivo de las comunidades
negras de Cajón, Torrá, y Santa Bárbara (municipio de Nóvita), así como de
Charco Largo, Barrancón, y Charco Hondo en el municipio de Sipí. La mayor
parte de las familias se están desplazando hacia la cabecera municipal de
Istmina, aunque algunas se han dirigido a Nóvita. Las comunidades y familias
que resisten están en situación de confinamiento y están en alto riesgo de
desplazamiento forzado”, se lee en el comunicado. (Ver documento)



En el caso de los pobladores del departamento de Arauca, según ACNUR,
padecieron un “agudo deterioro de la situación humanitaria” por cuenta de
las disputas entre Eln y grupos disidentes de las extintas Farc que
“causaron desplazamientos masivos dentro de Arauca y hacia departamentos
vecinos, en su mayoría reconocidos y atendidos como desplazamientos
individuales, así como desplazamientos desde Venezuela hacia Arauca”.



La guerra entre alzados en armas y las disidencias no parece tener tregua
este año. De hecho, el pasado 4 de junio, seis días antes de conocerse la
decisión en La Habana, voceros del Frente de Guerra Oriental del Eln
anunciaron a través de un video la declaratoria de guerra contra un frente
disidente de las antiguas Farc comandado por alias ‘Antonio Medina’ (Omar
Pardo Galeano), que opera en zona de frontera con Venezuela y a la que los
‘elenos’ catalogan de “organización criminal, mercenaria y
narcoparamilitar”.



La situación en Antioquia también es crítica. En regiones como el Bajo
Cauca, Nordeste, Norte y parte del Occidente antioqueño y el sur del
Córdoba, el Eln choca con las Agc. “Entonces, allí es donde se queda el
sinsabor de que hace rato se ha disminuido la confrontación entre el Eln y
la Fuerza Pública, pero lo mismo no está sucediendo en algunos territorios
con grupos con las Agc”, aseveró Carlos Zapata, presidente del Instituto
Popular de Capacitación (IPC), que estudia este tipo de fenómenos.



Igual situación se registra en el Catatumbo, Norte de Santander, donde
tienen presencia diversos grupos armados ilegales. Allí el Eln también choca
con las Agc. De acuerdo con Wilfredo Cañizares, director de la Fundación
Progresar, que analiza con detalle este tipo de situaciones en este
departamento, ese es un inconveniente para el cese al fuego.



“Los ‘gaitanistas’ incursionaron en diciembre de 2020, absorbieron a ‘Los
Rastrojos’ y están en expansión hacia el bajo Catatumbo. Ahí hay una guerra
que el Eln le ha declarado a las Agc o ‘Clan del Golfo’, en donde
permanentemente están enfrentados y quienes pagan las consecuencias son la
población civil, las organizaciones sociales y los líderes que trabajan en
esos territorios”, explicó Cañizares.



Visiones agridulces



El cese al fuego, temporal y nacional, acordado por el Estado colombiano y
el Eln anunciado el pasado viernes en La Habana tiene tres etapas: la
primera va hasta el 6 de julio, fecha en la cual se confirmarán los
protocolos y los mecanismos de verificación. A partir de ese día y hasta el
3 de agosto, se realizará el proceso de alistamiento, para que, a partir de
ese momento, comiencen a correr los 180 días pactados, que podrían ser
prorrogables de acuerdo con el balance que hagan las partes.



“Es muy difícil tener esperanza en estos momentos. El Eln entra a un cese al
fuego bilateral, pero, paralelamente, están decretando guerra con las
disidencias y estas últimas responden en el mismo sentido. Al final, sigue
quedando la población civil en medio de la guerra”, se lamentó un líder
social de Arauca, quien, por razones de seguridad, pidió la reserva del
nombre.



Jorge López, integrante de la Asociación Nacional Campesina José Antonio
Galán Zorro y del Coordinador Nacional Agrario, también reconoce que el cese
del fuego es “un avance sobre la situación humanitaria en los territorios
donde se espera que haya una disminución de los homicidios, desplazamientos
y otros hechos victimizantes”. No obstante, expuso la otra cara de la
moneda.



“Por otro lado, no hay una voluntad real del Estado y de las estructuras de
las fuerzas estatales para desmontar el paramilitarismo, que ahora ha tomado
otras caras”, expuso López y llamó la atención sobre una de las debilidades
del cese al fuego pactado en la isla del Caribe: “No presiona para que
grupos como las llamadas disidencias de los frentes 10, 28 y 45 comandadas
por un colaborador del Ejército (en referencia a alias ‘Antonio Media, quien
confesó ante tribunales de Justicia y Paz que luego de desertar de las
antiguas Farc en 2009 se había dedicado a colaborar con la Fuerza Pública),
y otras estructuras paren su política de exterminio contra el movimiento
social”.



Y agregó: “Tampoco se toman medidas contra la expansión del paramilitarismo
denunciada por las comunidades al igual que su relación con fuerzas
militares y policiales. Mejor dicho, no contempla a los que matan con
cuchillo prestado. El cese es un avance temporal, pero la voluntad del
Estado se muestra muy limitada”.



Desde Chocó también se expresaron a favor del cese al fuego pactado en Cuba.
Elizabeth Moreno Barco, lideresa de Acadesan, calificó “de gran valor” lo
decidido en la isla del Caribe: “Es muy importante teniendo en cuenta que,
como proceso, siempre hemos solicitado que sea uno de los alivios
humanitarios que se le puede ofrecer a las comunidades para bajarle la
intensidad al conflicto armado y buscar articulaciones que nos permitan
gozar de esa paz total en los territorios”.



La lideresa también llamó la atención sobre la expectativa de ese acuerdo en
las regiones, donde esperan que la decisión ayude a superar la situación
local y regional: “Una cosa es lo que se habla en la mesa frente a los
compromisos del Eln y del gobierno, pero otra cosa es la realidad que
vivimos en los territorios, donde se siguen dando los desplazamientos, los
confinamientos, las desapariciones, los asesinatos”.



Que cese la estigmatización



Sobre comunidades y líderes sociales recaen señalamientos por parte de
actores armados ilegales y funcionarios estatales que les generan riesgos.
Foto: Juan Diego Restrepo E.

Otra de las debilidades que le observan al pacto de La Habana es que no
contiene compromisos sobre lo que califican de acciones estigmatizantes
contra los liderazgos sociales y declaraciones de funcionarios que ponen en
peligro a las personas defensoras de derechos humanos.



De esas acciones de estigmatización también ha hecho parte alias ‘Antonio
Medina’, el disidente de las antiguas Farc que en la guerra con el Eln
ordenó la detonación, en Saravena, de un carro bomba en las afueras del
edificio Héctor Alirio Martínez, sede de varias organizaciones sociales, y
lanzó amenazas contra 300 pobladores.



“’Antonio Medina’ equiparó a todo líder social, comunal e, incluso,
comerciantes de Saravena, como miembros del Eln”, contó uno de los lideres
saravenenses, quien, además, dijo que esa misma dinámica la ha seguido la
Fiscalía, ordenando allanamientos contra presidentes de Juntas de Acción
Comunal a quienes sindica, “sin fundamentos”, de pertenecer al grupo alzado
en armas.



Sonia López, vocera del Movimiento Social y Popular del Centro Oriente de
Colombia, reiteró a través de un video divulgado en la red social Facebook,
que es necesario que este cese al fuego abarque otros aspectos, “como la
estigmatización contra el movimiento social, se desmonten las estructuras
paramilitares y se pare la ofensiva de exterminio de las organizaciones
comunitarias que se piensan un país diferente”.



Para el caso de Arauca, López planteó que es necesario que el Estado
colombiano empiece por “desarticular ese contubernio que hay entre la Fuerza
Pública y estructuras criminales de corte paramilitar y narcotraficante que
en la región se conocen como disidencias del Frente 10, 28 y 45 de las Farc,
y que desde el año pasado han venido en una ofensiva contra el movimiento
social”.



Cañizares, de la Fundación Progresar, consideró que el cese al fuego
acordado debe estar dirigido a proteger a la sociedad civil. “El mayor
desafío del gobierno nacional es lograr que el cese se cupla de manera total
frente al comportamiento del Eln con la sociedad civil, con organizaciones y
líderes sociales”.



Y agregó: “El tema del cese al fuego entre los armados puede ser más fácil,
pero amenazar a un líder social, amenazarlo, despojarlo y perseguir a sus
organizaciones, eso no tiene la misma dimensión que un ataque a una base
miliar o puesto de Policía. Al gobierno le hemos insistido que lo
fundamental es garantizar que el Eln cumpla el cese y deje de agredir a la
población civil”.



Pero lo que planteó Cañizares no está en la órbita de los negociadores del
Eln en La Habana. Así lo dejó claro el jefe de la delegación del grupo
subversivo, alias ‘Pablo Beltrán’, quien en una conversación con periodistas
dijo que el tema de las finanzas apenas se empezó a discutir en la mesa con
el gobierno nacional y aún no ha terminado.



“En estos protocolos no entrarán, se aspira a que más adelante sí”, dijo
‘Beltrán’, lo que permite concluir que tanto la extorsión como el secuestro
se mantendrán como práctica de financiación del grupo alzado en armas.



Al respecto, Cañizares planteó varios interrogantes: “El tema de las
extorsiones es generalizado, allí habrá un problema muy grande. ¿Qué va
pasar el día que un tendero no quiera pagar ‘impuesto’ a las cervezas o
‘impuesto’ a las gaseosas que vende? Eso pasa en todo lado, no sólo el
Catatumbo, también en la zona rural de Cúcuta. Saldrán unos temas muy
complicados que dependerán de la voluntad del Eln de cumplir con el cese al
fuego”.



Reclaman monitoreo efectivo



¿Cómo serán la verificación y el monitoreo del cese al fuego? Esas son
algunas de las principales inquietudes en las regiones donde delinque el
Eln. Foto: Carlos Mayorga Alejo.

El acuerdo alcanzado estableció el plazo de un mes para confeccionar los
protocolos que regirán el cese al fuego de seis meses. Al respecto, Zapata,
del IPC, sostuvo que los mecanismos de monitoreo y verificación funcionan si
hay participación de la sociedad civil y son expeditos en los territorios.



“Están la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, que tienen
un gran cubrimiento en el territorio nacional, pero realmente el cubrimiento
en esencia está por las organizaciones comunitarias de base”, planteó este
investigador social.



En ese sentido, expuso que su aspiración es que la sociedad civil participe
activamente en las acciones de monitoreo y verificación, “y en esa medida
nos parece importante el anuncio para vincular en su construcción otros
actores”.



“El llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Paz y a las partes –agregó–
es que hagan públicos los protocolos. Si no los hacen públicos, como pasó
con los anteriores decretos, entonces qué seguimiento y control le vamos a
hacer al cumplimento de esos acuerdos. Estos son los primeros pasos
esperando la consolidación de la paz en el territorio nacional, que en el
anterior proceso nos quedó bastante coja”.



Cañizares se sumó a esa preocupación por el monitoreo y la verificación,
aunque resaltó que el anuncio lo recibió “con mucha esperanza y
expectativa”. Sin embargo, dijo que en la región están “muy atentos a cómo
se va a desarrollar el proceso de monitoreo de cumplimiento efectivo de lo
pactado” por los desafíos que implica.



Y añadió: “La situación es muy compleja. El Eln, según nuestro observatorio
de derechos humanos, tiene presencia en 25 de los 40 municipios de Norte de
Santander; tiene 12 estructuras militares. El primer desafío es cómo hacer
un monitoreo efectivo que logre garantizar el cumplimento del cese al fuego
y de hostilidades en una región tan amplia y con diversas estructuras”.



Moreno, de Acadesan, confió en que los protocolos que ahora están en
construcción incluyan como garantes a la Misión de Verificación de la ONU en
Colombia, a la Iglesia Católica y “a los demás acompañantes del nivel
nacional e internacional”, para que lo pactado se cumpla. Además, propuso la
integración de diversas organizaciones del Pacífico colombiano para “todos
revisemos y podamos crear estrategias, lineamientos que nos permitan tener
una sana convivencia, para poder hablar de paz”.



Fuentes conocedoras de las dinámicas de la guerra del Eln, que prefirieron
hablar desde el anonimato, recordaron que tras el cese al fuego pactado en
2017 durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos
(2010-2018), fue compleja la verificación, sobre todo en zonas rurales.



“Si antes fue difícil, en este momento, en los territorios que están con
esas otras guerras será mucho más complicada la verificación”, dijo una de
las personas consultadas.



Si bien en el acuerdo alcanzado en La Habana se contempló la participación
de las organizaciones de la sociedad civil en estas labores, la pregunta que
se hacen las personas entrevistadas por este portal es ¿cómo harán esa
verificación dados los riesgos que genera la confrontación armada y, sobre
todo, cuando son las mismas comunidades desplazadas y confinadas?



“Tampoco están pudiendo entrar a esos territorios organizaciones como la ONU
y la Iglesia Católica. ¿Entonces cómo se hará esa verificación?”, reiteró
una de las fuentes.



¿Y los otros grupos?



Las Agc son uno de los principales grupos en guerra abierta con el Eln.



El cuello de botella del cese al fuego acordado por el Estado colombiano con
el Eln es la injerencia de otros grupos armados ilegales con los cuales la
organización insurgente sostiene choques armados con afectación de la
población civil, en especial con las disidencias de las Farc y las Agc.



Por el momento aún no hay un camino despejado para establecer acuerdos con
esas organizaciones armadas ilegales. Con las disidencias las conversaciones
han sido inestables y llenas de obstáculos, y con los ‘gaitanistas’ se
encuentran suspendidas hace varios meses por decisión del gobierno nacional
ante sus ataques a la Fuerza Pública.



Para Moreno, la lideresa chocoana, “lo más importante es confiar en que se
puede seguir dialogando, pero que también se puede seguir buscando
estrategias para los actores armados que están presentes en el territorio,
aparte del Eln, que permitan bajarle a la situación en la que estamos”.



Y de paso hizo un llamado que espera se multiplique: “A que los actores
armados presentes en el territorio respeten la vida de los seres humanos que
habitamos el Pacífico colombiano. Al respeto a la vida de los seres humanos
que vivimos a diario todo el conflicto de la guerra y quienes hemos sido los
que hemos pagado el alto costo”.



Zapata, del IPC, hizo una propuesta que también comparten en Arauca: “Hay
que plantear en el escenario la necesidad de un cese multilateral o por lo
menos del Eln con otros actores, para que realmente la presión sobre la
sociedad civil en estos territorios baje ostensiblemente”.



En el anuncio del cese al fuego estuvo presente el presidente Gustavo Petro.
Desde la isla del Caribe, dijo, con voz optimista, que estas conversaciones
con el Eln llegaron “a un punto que nunca habían experimentado en los
diálogos a un cese al fuego que sigue con una promesa: el 25 de mayo de 2025
cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de
Colombia”.



Tal afirmación está por verse, pues habrá que resolver no sólo la
confrontación armada con este grupo alzado en armas, sino con aquellos que
persisten en disputarle sus territorios y que sostienen una guerra que está
por fuera de lo acordado en La Habana.

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