Francia/ El movimiento contra la reforma de las jubilaciones en la cresta de la ola. [Léon Crémieux]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de marzo 2023

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Francia



El movimiento contra la reforma de las pensiones en la cresta de la ola



Léon Crémieux

Viento Sur, 10-3-2023

https://vientosur.info/



Las manifestaciones del 7 de marzo en 280 ciudades francesas batieron los
récords de movilización popular desde el inicio del movimiento en defensa de
las pensiones: 3,5 millones según la CGT, y 1,28 millones según el
Ministerio del Interior. En ambos casos, estas cifras son superiores a las
de todas las jornadas de manifestaciones sociales, al menos en los últimos
30 años, incluido 1995. Y las memorias militantes, en muchas ciudades, han
confirmado estos registros de participación popular.



Estas cifras reflejan una realidad ineludible: día tras día, aumenta el
rechazo a la propuesta de ataque a las pensiones, el rechazo a Macron y a su
gobierno. Están cada vez más aislados y en minoría en el país, no sólo sobre
este proyecto de reforma, sino sobre la confianza que la población puede
tener en ellos. El 90% de las y los trabajadores rechazan el proyecto de ley
de pensiones y esta cifra, lejos de desmentirse, se ha consolidado en las
últimas semanas.



La fecha del 7 de marzo ha representado un punto de inflexión en este
movimiento social: por un lado, la intersindical había pedido explícitamente
que esta fecha fuera el inicio de un pulso entre el movimiento social y
Emmanuel Macron. Por otro lado, el gobierno contaba con acelerar la adopción
de su reforma en el Senado para completar su paso a la fuerza lo antes
posible.



El 11 de febrero, la intersindical nacional (CGT, CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU,
Solidaires, UNSA) había lanzado la consigna "paralizar Francia" a partir del
7 de marzo. La intersindical también llamaba explícitamente a participar en
las manifestaciones del 8 de marzo, día internacional de lucha por los
derechos de la mujer, día de huelga feminista. En el calendario del debate
parlamentario exprés impuesto por el gobierno, el 7 de marzo se encontraba
en pleno debate parlamentario. Tras diez días de debate en la Asamblea, del
6 al 17 de febrero, el Senado debía debatir del 2 al 12 de marzo, cerrándose
todo el debate el 15 de marzo.



Sin convocar una huelga interprofesional, el grupo intersindical afirmó que
se sumaría a un movimiento prolongado para obtener la retirada del proyecto.
Se trataba de un compromiso explícito entre la posición de la CGT y
Solidaires por un lado, partidarios de un llamamiento más claro a la huelga
renovable, y la de la CFDT, la UNSA, la CFTC y la CGC, partidarios de una
línea moderada, centrada en jornadas de manifestaciones e interpelaciones a
diputados y senadores. Asimismo, el compromiso había desembocado en una
especie de tregua de tres semanas en febrero, para "no perturbar las
vacaciones escolares de invierno". A pesar de este riesgo de desmovilizar
las energías reunidas durante los días anteriores, muchas federaciones y
equipos sindicales aprovecharon estos veinte días para poner en marcha
iniciativas locales y organizar la movilización del 7 de marzo.



Del mismo modo, una serie de corrientes sindicales quisieron marcar
explícitamente la voluntad de construir una huelga renovable a partir del 7
de marzo. Entre el 10 y el 12 de febrero, la CGT ferrocarril y SUD Rail, la
RATP intersindical (CGT, UNSA, FO, CGC) y la Union syndicale Solidaires
lanzaron llamamientos a una huelga renovable a partir del 7 de marzo. Unos
días más tarde, el 20 de febrero, la confederación Force ouvrière (FO) se
declaró "no hostil" a continuar la huelga tras el 7 de marzo. Después vino
la federación de transportes Solidaires, llamando a los bloqueos a partir
del 7 de marzo.



El 21 de febrero, en un movimiento sin precedentes en el funcionamiento de
la Confederación, 5 federaciones de la CGT (Ferrocarril, Química, Puertos y
Muelles, Vidrio y Cerámica y Energía) emitieron una declaración conjunta en
la que decían explícitamente "Cambiemos el tono hacia la huelga renovable" a
partir del 7 de marzo. Esta postura, diferente de las declaraciones más
moderadas de la dirección confederal, correspondía también a la orientación
de estas federaciones, en oposición a la dirección de Martinez, juzgada
demasiado moderada y demasiado unitaria. El 27 de febrero, fueron la UNSA y
la CFDT ferrocarril quienes, a su vez, junto con la CGT y SUD, convocaron
una huelga renovable en la SNCF. Esta dinámica continuó durante la segunda
quincena de febrero, cuando los índices de popularidad de Macron y Borne
caían en las encuestas y el 54% de las personas encuestadas se declaraba
partidario de las huelgas renovables a partir del 7 de marzo. El 1 de marzo,
ocho sindicatos parisinos de enseñanza secundaria declararon que harían
huelga "todo el tiempo que fuera necesario" para retirar la reforma. A raíz
de esto, los sindicatos CGT de los proveedores de queroseno del aeropuerto y
los sindicatos parisinos de recogida de basuras llamaron a la huelga. CGT de
Comercio y Construcción se unieron a las federaciones opositoras de la CGT
que convocaron una huelga renovable e incluso organizaron una rueda de
prensa conjunta en los locales de la confederación CGT. El 4 de marzo, siete
federaciones sindicales de la Enseñanza Nacional llamaron "a decidir en
asambleas generales el seguimiento, incluida la huelga renovable". Además,
la intersindicali en la sanidad convocó una huelga el 8 de marzo, en el
marco de la jornada de huelga feminista. Así pues, más allá de la
convocatoria de compromiso de la intersindical nacional, en muchos sectores,
la dinámica fue la de pronunciarse y movilizarse por una huelga renovable,
arrastrando a los sindicatos FO, UNSA e incluso CFDT más allá de la posición
de su dirección confederal. Esto se hizo sin crear ninguna polémica ni
escisión en la intersindical nacional, ni siquiera por parte de la dirección
de la CFDT, que dijo explícitamente que el gobierno sería el responsable del
bloqueo del país.



Así pues, la huelga del 7 de marzo fue también masiva, junto con las
manifestaciones. Huelga en todos los sectores que habían llamado a la
movilización, en los transportes, la energía, los puertos y los muelles, en
particular. Pero también en la Educación Nacional y en la Administración
Pública, donde el número de huelguistas fue comparable al del primer día de
huelga del 19 de enero. En muchas empresas privadas como ArcelorMittal en
Florange, en las empresas aeronáuticas Safran, en Renault-Cléon. El 8 de
marzo, se dieron las movilizaciones por los derechos de las mujeres, con 200
concentraciones y una manifestación de 70.000 personas en París, en su gran
mayoría mujeres, superando las últimas cifras de mujeres manifestantes de
los últimos años. En el centro de las manifestaciones estaban el recorte
salarial del 25% y el recorte de las pensiones del 40%, la cuestión de la
discriminación salarial y profesional, la precariedad que sufren las mujeres
y que se ve agravada por el proyecto Macron. Pero también la violencia y los
feminicidios, cuyo número, tres meses después del comienzo del año, nunca
había sido tan elevado.



En muchas ciudades, también hubo concentraciones en rotondas, bloqueos y
cortes de carreteras en los últimos días, como en la frontera española en
los Pirineos Orientales, en Abbeville, en la circunvalación de Caen. Estos
bloqueos reflejaban a la vez la voluntad militante de bloquear la vida
económica, pero también, en muchos sectores, la dificultad de prolongar la
huelga general. Del mismo modo, a pesar de la masividad de las
manifestaciones, el movimiento fue débil en lo que respecta a las reuniones
interprofesionales locales para dinamizar el movimiento y a las numerosas
asambleas generales en los centros de trabajo. La unidad sindical
interconfederal, que dirige esencialmente el ritmo, tiene como contrapartida
una debilidad demasiado grande de la autoorganización por la base.



Por tanto, el balance de los últimos días es contradictorio. El rechazo al
gobierno y a su reforma ha seguido creciendo, alimentado también por la
cólera ante el coste de la energía y de los alimentos y la negativa del
gobierno a tomar medidas contra la carestía de la vida. Crece la confianza
entre los trabajadores que están convencidos de la utilidad de pasar a la
acción, ir a la huelga y manifestarse. La idea de que la victoria es
posible, de que podemos obligar al gobierno a retirar su reforma, ha ganado
claramente fuerza en las últimas semanas. Este aumento de confianza procede,
sin duda, de la mayor claridad de los sindicatos sobre la necesidad de
bloquear el país, de crear una relación de fuerzas que vaya más allá de las
manifestaciones y obligue al gobierno a retirar su texto.



Macron y su gobierno han decidido mantener el puyso e ignorar la
movilización popular más importante de las últimas décadas. Desde hace
meses, rechazan el más mínimo diálogo con el movimiento sindical, incluso
con los componentes como la CFDT que están dispuestos a hacer muchos
compromisos. El objetivo es anunciar una rápida liberación de recursos
ampliando la duración de las cotizaciones y el paso de 62 a 64 años. Y sobre
este último punto, el rechazo es claro por parte de todos los sindicatos,
incluida la CFDT. Si bien Macron creyó posible pasar por encima de cualquier
acuerdo social, pensando que el movimiento sindical era demasiado débil y
estaba demasiado dividido para bloquearlo realmente.



Esta reforma es esencialmente política para Macron. Evidentemente, quiere
demostrar su capacidad para llevar a cabo una reforma liberal que responda a
las exigencias de los gobernantes capitalistas, de la Comisión Europea y de
las agencias de calificación que determinan la solidez de las políticas
públicas según criterios capitalistas. Las cifras han sido ampliamente
difundidas por los equipos sindicales. Entre 2019 y 2022, los gobiernos de
Macron han concedido a la patronal exenciones de las cotizaciones a la
seguridad social por valor de 278.000 millones. De esta cantidad, 52.000
millones deberían haberse dedicado a financiar las pensiones. Además, la
primera partida presupuestaria real de las finanzas públicas está
representada por las ayudas públicas a las empresas, 157.000 millones en
2019, un tercio del presupuesto del Estado, dos veces más que el presupuesto
nacional de educación. Este maná financiero distribuido, esencialmente a las
grandes empresas, exige evidentemente que el gobierno recorte aún más los
presupuestos sociales, los mecanismos de redistribución hacia las clases
trabajadoras. La reforma del seguro de desempleo aplicada este otoño y la
reforma de las pensiones son una muestra de la capacidad del gobierno para
seguir el ritmo de los demás gobiernos neoliberales de la Unión Europea.
Para ello, el gobierno debe llevar a cabo una reforma que pretende drenar
rápidamente miles de millones del sistema de protección social.



Además, Francia es una excepción, sobre todo en Europa, en lo que respecta
al sistema de protección social y, en particular, a las pensiones. La parte
del sistema de capitalización es totalmente marginal. Mientras que la
capitalización representa más del 60% de la parte de las pensiones en
Estados Unidos y Canadá, y una parte importante en varios países europeos
como los Países Bajos y Gran Bretaña, en Francia representa menos del 5%.
Desde hace varios años, la Comisión Europea presiona a los países europeos
para que aumenten la parte de las pensiones de capitalización, los fondos de
pensiones, que constituyen una verdadera ganancia financiera para las
grandes aseguradoras. En Francia, el presupuesto anual destinado a las
pensiones será de 346.000 millones en 2021, es decir, el 13,8% del PIB.



Ante la creciente hostilidad de las clases trabajadoras y de las y los
asalariados, el gobierno se ha puesto febril en los últimos días. Sobre el
papel, las cosas son sencillas. En teoría, cuenta con un acuerdo entre los
macronistas, sus aliados del Modem y de Horizontes, y el apoyo a su proyecto
de Les Republicains [derecha tradicional] en el Senado y la Asamblea. Pero
la presión popular también se está ejerciendo sobre los diputados, hasta el
punto de que varios diputados del Modem y de Horizontes han anunciado que no
votarán a favor del proyecto, así como una veintena de diputados
republicanos. Tras no haber sido votado en primera lectura en la Asamblea
Nacional debido a la obstrucción provocada por la presentación de miles de
enmiendas por parte de la France insoumise, el proyecto también está
bloqueado en la Senado y el gobierno lucha por reunir una mayoría para su
votación la semana próxima. Ante su aislamiento político en el país, el
gobierno se arriesga a tener que admitir de nuevo su debilidad recurriendo
al artículo 49-3 de la Constitución para evitar el riesgo de ser superado en
las votaciones. Estos giros parlamentarios demuestran, sin embargo, que el
resultado de esta secuencia depende de la relación social de fuerzas en las
empresas y en la calle.



La Intersindical, en lugar de convocar una huelga extensible a partir de
ahora a todos los sectores profesionales, decidió celebrar dos nuevas
jornadas, el sábado 11 y el miércoles 15. Al mismo tiempo, envió una carta a
Macron para que la recibiera el presidente. Pero todo el mundo entiende que
no hay nada que esperar de una posible reunión con el presidente, que ha
declinado la invitación trasladándola al ministro de Trabajo. El verdadero
problema de los próximos días será la capacidad del movimiento social para
mantener y ampliar el movimiento huelguístico. Este viernes 10 de marzo, las
huelgas siguen siendo fuertes, sobre todo en las refinerías, el ferrocarril
y los basureros de varias ciudades, entre ellas París. La CGT de los puertos
y muelles convoca a marineros y estibadores a tres jornadas de huelga del 14
al 16 de marzo. El movimiento está, pues, en la cresta de la ola. El
gobierno ha perdido todo el apoyo de la población y se enfrenta a una
movilización de una fuerza inusitada de la que saldrá perdiendo
políticamente. Pero no está desbordado por el movimiento social y las
instituciones pueden permitirle imponer su proyecto. Todo dependerá de la
evolución de la próxima semana.

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