México/ La fiscalía del despojo. Una ola de desalojos arbitrarios. [Colectivo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de marzo 2023

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México



Una ola de desalojos arbitrarios en la Ciudad de México



La fiscalía del despojo



En la capital mexicana ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar
una vivienda. Desde 2016, la fiscalía ambiental ganó potestad para
investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital y usó ese
poder para expulsar vecinos sin permitirles defenderse y entregar sus casas
al capital inmobiliario.



Eliana Gilet/Ernesto Álvarez/Quinto Elemento Lab, desde Ciudad de México

Brecha, 31-3-2023

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Cuando escuchó las patadas en la puerta se alarmó y miró la hora: pasaba las
once de la mañana. Abrió la puerta y dos policías de investigación
encapuchados entraron a la sala, apuntando a su mujer y a su hijo. Se
metieron al apartamento, gritando que de una vez les dijeran dónde estaban
las armas, las drogas. Antes de que los sacaran de su casa sin explicación,
el padre identificó a quien traía la operación a cargo. Encaró al agente del
Ministerio Público, Juan Carlos Díaz Alamilla, vestido de traje y corbata,
con un fajo de hojas en un expediente:



—¿Dónde está tu orden?



—No tengo por qué tener una orden.



—¡Claro que tienes que tener una orden para desalojarnos!



—¿Sabes una cosa? ¡Me vale madre!



Díaz Alamilla encarna el poder que desde 2016 tiene la fiscalía ambiental de
la Ciudad de México para investigar denuncias por despojo de inmuebles. En
dos meses, octubre y noviembre de 2017, el funcionario firmó el acuerdo de
aseguramiento del viejo edificio de Leonardo da Vinci 129 tras recibir una
denuncia anónima, facilitó su demolición y entregó el predio vacío a un
abogado. Para diciembre, el edificio había sido demolido con las cosas de la
gente aún dentro. Hoy hay una torre de apartamentos de alta plusvalía
construida por la empresa GDC Desarrollos.



El mecanismo del despojo



Desde que fue bautizada como Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y
de Protección Urbana (Fedapur) bajo el mandato como jefe de gobierno de la
Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), hemos reporteado 36
casos de edificios asegurados por esta autoridad; en diez casos, fueron
expulsados vecinos en situación precaria que llevaban años buscando la
regularización de su tenencia ante el Instituto de Vivienda de la capital
(INVI). A partir de la revisión de cinco expedientes de la fiscalía
ambiental, identificamos una forma de desalojar extrajudicialmente, ignorada
hasta el momento en las discusiones sobre gentrificación y recambio
poblacional de la capital. Opera así:



1. Aseguramiento exprés. La puesta en custodia de objetos vinculados a
crímenes bajo investigación es una potestad que tiene cualquier agente del
Ministerio Público. Pero, cuando lo «asegurado» es un edificio habitado,
tras el eufemismo se encubre un desalojo extrajudicial. Asegurar un edificio
es tomarlo por la fuerza, y en los expedientes analizados se evidencia cómo
esta decisión no pasa por ningún control externo a la fiscalía ambiental,
como sí ocurre en los juicios civiles que hasta el momento monopolizaban la
emisión de órdenes de desalojo.



Al asegurar un edificio, la fiscalía ambiental pone sellos que indican el
número de expediente. De allí extrajimos la fecha de inicio de las
investigaciones en cada caso y la comparamos con la fecha del aseguramiento.
Así evidenciamos que la medida de fuerza es tomada prematuramente, al inicio
de las investigaciones. En Isabel la Católica 245 registramos el plazo más
breve: la averiguación inició el 14 de noviembre de 2018 y el edificio fue
asegurado el 3 de diciembre de 2018, tras menos de un mes de haber recibido
una denuncia anónima contra los vecinos por haber tirado escombros en la vía
pública. Aún sin pruebas del delito denunciado, la fiscalía lo mantiene
«preservado» y bajo su control hace cuatro años.



La rapidez del aseguramiento tomó a los vecinos por sorpresa y les impidió
defenderse, antes de someterlos a esta novedosa forma de «desalojo
extrajudicial». En cambio, la autoridad no actuó con esa misma rapidez al
recibir la denuncia por falsificación del certificado de uso de suelo del
Colegio Enrique Rébsamen, de Coapa, materia que también le compete a la
fiscalía ambiental. En este caso, durmió la decisión por seis meses, hasta
que el sismo del 19 de setiembre de 2017 mató allí a 19 niños y siete
adultos. La fiscalía recién retomó su investigación días después del sismo.



2. Penalización de lo civil. Rogelio León Fortanel supo qué era la Fedapur
cuando ya estaba preso. Fue uno de los primeros procesados por despojo en la
capital y pasó dos años injustamente detenido en el Reclusorio Sur hasta que
fue absuelto. Logró probar que, el día que la fiscalía lo acusó de cometer
el despojo, él estaba en Chiapas. Su nombre fue tomado de un pleito
archivado en la justicia civil, cuando Fortanel defendió legalmente a la
comuna okupa Chanti Ollin, un espacio de gestión colectiva que resistió 13
años hasta que se topó con la fiscalía ambiental.



En el aseguramiento del Chanti, en la madrugada del 22 de noviembre de 2016,
intervinieron 800 agentes de choque (según la tarjeta informativa) que
tomaron el edificio trepando por la fachada para luego irrumpir en la
asamblea que ocurría en el primer piso. La Fiscalía detuvo a 26 personas y
las liberó sin cargos, pero Fortanel fue apresado dos días después por
policías de civil que lo metieron en un automóvil sin placas.



En entrevista, Fortanel describió con claridad el mecanismo del despojo:
«Esta fiscalía parece tener todos los poderes que pueda tener una autoridad
en el país, porque tienen la facultad de aseguramiento y, con eso, de
desalojarte, algo que antes solo podía hacer un juez. Llegué a entender que
esta fiscalía fue creada justamente para esto: para anular procesos civiles
que pueden ser muy largos en favor de quienes teníamos la posesión, en este
caso, el colectivo Chanti Ollin».



Durante el primer año de acción del mecanismo, las denuncias por despojo de
inmuebles se multiplicaron por siete. Crecieron de 484 carpetas de
investigación en 2015 a 3.242 en 2016. En 2019, el despojo de inmuebles pasó
de ser considerado un delito de bajo impacto a estar penado con diez años de
cárcel cuando se comete con el agravante de «agrupación delictuosa». Este es
el caso de la comunidad indígena mazahua, que hoy pelea su permanencia en la
colonia Juárez.



La amenaza de ir a la cárcel inhibió a la gente afectada de pelear por sus
derechos y logró que, en la mayoría de los casos, los implicados hablasen
solo a condición de anonimato, como los vecinos de Da Vinci. No solo eso: la
marca de la fiscalía ambiental es hacerles perder todas sus pertenencias,
porque las «asegura» junto con el edificio.



A los de Da Vinci se les permitió que dos personas por familia entraran
brevemente a sacar algunas cosas, pero la mayoría de los muebles se
perdieron en la demolición del lugar. Además de la posesión, se les despojó
de cómo probar que alguna vez la tuvieron. Ni se diga del daño económico que
les implicó quedarse sin nada.



3. El suelo cambia de manos. En relación al total de denuncias por despojo
recibidas, la cifra de 268 edificios asegurados entre 2019 y 2021 es baja.
Sin embargo, el 61 por ciento de ellos fue entregado a los denunciantes.
Para esto tampoco intervino ningún juez, ya que los expedientes muestran que
esta decisión depende del agente del Ministerio Público que lleva el caso.



Este superpoder se concentró a inicios del año 2016 en la sede central de la
Fiscalía General de Justicia y se gestó en dos normativas cuando Miguel
Ángel Mancera fue procurador y luego jefe de gobierno de la ciudad. Pero el
mecanismo ha seguido gozando de buena salud en el gobierno de Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno desde 2018. Aunque cambió de nombre a Fiscalía
de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana,
mantiene sus potestades intactas.



Desde 2022, una decena de autoridades de alto nivel del gobierno capitalino
conforman la «Mesa de Despojos» y respaldan el mecanismo como un pilar del
Plan de política criminal de este año: «El aseguramiento de inmuebles por
parte de esta institución inhibe la intención de los grupos delictivos de
continuar con la ejecución del delito, permitiendo la entrega y devolución a
la persona que se encuentra legitimada», según el citado documento.



Una vez «restituidos» (como la fiscalía llama al cambio de manos tras el
aseguramiento) los edificios quedaron abandonados o fueron derrumbados.
Salvo Cuauhtémoc 166, donde los vecinos frenaron la demolición ilegal
gracias a tres clausuras de obra entre 2020 y 2021. El esqueleto del
edificio permanece medio de pie, medio caído, como un fantasma entre las
colonias Roma y Doctores, que recuerda que no todo conflicto se resuelve por
la fuerza.



Despojo y desalojo



Laura Frías fue la agente del Ministerio Público que firmó la suerte de
Cuauhtémoc 166: mandató el aseguramiento tras dos meses de investigación y
ordenó el desalojo del plantón (con la presencia del exfiscal José Espinosa
Nolasco), que las afectadas sostuvieron dos años y medio junto al predio, el
5 noviembre de 2019. Y entregó el lugar a los denunciantes: Antonio Omar
Abud Cardona, hijo de Antonio Abud Nacif, un arquitecto de 90 años, y al
abogado Roberto Sánchez Rocha, quien firmó junto a Frías el documento de
recepción de Cuauhtémoc, fechado el 28 de noviembre de 2019, que forma parte
de esta investigación.



La primera vez que fuimos a Cuauhtémoc, el 9 de junio de 2017, nos
desconcertó que no hubiese cosas ni gente en la calle. Dos chavitos nos
confirmaron que sí habían sido expulsados, pero que todo estaba dentro,
salvo los vecinos que buscaban respuestas en distintas oficinas de gobierno.
Los encontramos en la sede de la fiscalía, donde pidieron ver el expediente
y se los negaron. Solo si aceptaban la imputación por despojo, les dijeron,
les darían una copia.



Desde entonces acompañamos el proceso que terminó por darles la razón. El
último documento que se agregó a esta investigación está fechado el 24 de
junio de 2022 y reconoce, cinco años después del aseguramiento de Cuauhtémoc
166, que la fiscalía no tiene evidencia del delito con que justificó la
expulsión de la gente: «Hasta este momento procedimental, los medios de
prueba son insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del probable responsable».



Sin embargo, según consta en el Programa de persecución penal 2023, la
autoridad promueve que se modifique el delito de despojo y se «permita
detener al despojante en flagrancia» en el momento del aseguramiento. La
propuesta implica que, en vez de mejorar su capacidad para probar el delito,
bajarán las garantías individuales para detener a quien se encuentre en el
lugar. Si esto hubiese estado vigente al inicio de nuestra investigación,
los vecinos expulsados con los que conversamos estarían injustamente presos.



En los siete años que llevamos trabajando también reporteamos una ola de
desalojos arbitrarios ordenados por la justicia civil, concentrada en la
alcaldía Cuauhtémoc. En los 53 casos de desalojo de múltiples departamentos
que cubrimos en esa demarcación, ningún vecino tuvo aviso previo a ser
desalojado, un requisito del proceso judicial que, en 2019, se incluyó en la
Constitución Política de la Ciudad de México.



En un caso del Centro Histórico, Zapata 68, entendimos por qué nadie era
notificado: las demandas estaban dirigidas a otras personas, algunas ya
fallecidas, por deber rentas de contratos falsos que ni ellos ni los muertos
habían firmado. Organizados desde 2001 en una asociación civil para defender
su permanencia, los vecinos de Zapata habían resistido desalojos en 2006,
pero, una década después, como si hubiera cambiado el viento, sufrieron 11
desalojos arbitrarios y fueron denunciados por despojo ante la fiscalía en
enero de 2019.



Su caso evidenció cómo, más que atacar mafias invasoras, la «fiscalía del
despojo» actúa contra vecinos sin papeles, con largas posesiones y procesos
de regularización abiertos ante el INVI, institución que canalizó la
política de acceso a la vivienda popular en la Ciudad de México desde fines
de los años noventa. La carpeta del INVI de Cuauhtémoc fue abierta en 1999 y
la de Zapata en 2002.



Desde el terreno se ve cuánto tienen en común los despojos de la fiscalía
ambiental y los desalojos judiciales: la falta de aviso previo a los
afectados, su nulo acceso a los documentos que causaron su expulsión y la
imposibilidad de defenderse antes de ser evacuados. Sobre todo, se asemejan
en cómo la violencia institucional fue usada contra las personas más
vulnerables, en su mayoría mujeres, que habían invertido una vida en esos
sitios para tener un lugar digno donde vivir.



Los desalojos extrajudiciales de la «fiscalía del despojo» hicieron de la
criminalización su arma para extinguir décadas de lucha. Camuflados en la
arbitrariedad que campea en los desalojos civiles, se destacan por privar a
la gente de todo, incluso de la triste fortuna de ver sus cosas regadas en
la calle.

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