Panamá/ Alzamiento popular contra la minería. [Sublinas/Puig]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de noviembre 2023

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Panamá se levanta contra la minería

 

Las masivas protestas en oposición a un contrato con la minera canadiense
First Quantum Minerals han paralizado la nación centroamericana durante
semanas. La decisión de la Corte Suprema de anular el contrato, este 28 de
noviembre, tendrá un fuerte impacto y constituye un triunfo de los sectores
movilizados.

 

Jon Subinas/Salvador Martí i Puig *

Nueva Sociedad, noviembre 2023

https://nuso.org/

 

Desde el 23 de octubre pasado, Panamá está enzarzado en un conflicto minero
por el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum
Minerals. Las protestas han bloqueado las principales vías terrestres, lo
que está generando numerosas pérdidas económicas. En una nota técnica del
impacto de los disturbios y los cierres de caminos publicada el 15 de
noviembre por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se estimaba
que las pérdidas ascendían a unos 1.700 millones de dólares. Fruto de la
crisis minera, las acciones de First Quantum Minerals (la sexta empresa
minera más grande del mundo en extracción de cobre) han llegado a
desplomarse cerca de 50%. Tras estas caídas la firma expresó en un
comunicado su disposición a dialogar con el «pueblo panameño».

 

En la III Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2023), dos de cada
tres personas encuestadas priorizaban el medioambiente por encima del
crecimiento económico, 93,3% identificaba el cuidado del medioambiente como
la principal característica de una buena ciudadanía, y más de 50%
consideraba que es muy prioritario que el presupuesto público invierta en
ese objetivo. Pese a ello, la cuestión ambiental ha pasado desapercibida en
los debates parlamentarios hasta que estallaron las protestas a finales de
octubre.

 

Hoy Panamá se enfrenta a la mayor crisis política que ha sufrido desde la
transición a la democracia, con manifestaciones, bloqueos y concentraciones
masivas. Este episodio hace que haya un notable desorden y desabastecimiento
en comercios y gasolineras, y cierres de colegios y universidades. También
han aparecido escraches a representantes políticos, incluso frente a la
residencia del propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, junto
piquetes sindicales. En un comunicado del 13 de noviembre 2023, la
canadiense First Quantum Minerals ha manifestado que ha tenido que reducir
sus operaciones por un bloqueo realizado por pequeñas embarcaciones en el
puerto de Punta Limón.

 

Estas movilizaciones tuvieron como detonante la aprobación por parte de la
Asamblea Nacional de la Ley 406, que establecía el contrato con la empresa
Minera Panamá. El hecho es que esta ley se aprobó en la Asamblea el día 20
de octubre de 2023 de una forma exprés -en dos días- ignorando muchas
demandas que habían expuesto amplios sectores de la ciudadanía y partiendo
de la iniciativa de un gobierno que está terminando su mandato, con un alto
grado de desaprobación (73,8% considera que su labor es mala o muy mala en
la III Encuesta de Ciudadanía y Derechos 2023), y con un gran nivel de
desgaste por la gestión de la pandemia y las sucesivas crisis que ha tenido
que afrontar. 

 

El Parlamento aprobó la norma haciendo caso omiso a un gran rechazo social,
con un amplio consenso en favor del contrato-ley tanto por parte de los
partidos que apoyan al gobierno, Partido revolucionario Democrático (PRD) y
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), como por parte de
los partidos de la oposición, Cambio Democrático y Partido Panameñista. El
rechazo al contrato-ley estuvo protagonizado por los cinco diputados
independientes que votaron en contra en las tres sesiones. El contrato-ley
se aprobó con un resultado de 47 votos favorables, seis en contra y dos
abstenciones en la primera votación. En el segundo debate, 45 diputados
votaron a favor del proyecto, nueve en contra y dos se abstuvieron, mientras
que, en la última sesión, durante el tercer debate, 42 diputados votaron a
favor, cinco en contra y dos se abstuvieron. 

 

Frente a lo que acontecía en el Congreso, el ciclo de protestas inició de
forma rápida y extendida. La primera manifestación fue a raíz de una
convocatoria nacional, el domingo 22 de octubre, organizada por colectivos
como la organización juvenil Sal de las Redes, el Sindicato Único Nacional
de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS),
el mayor sindicato de trabajadores de la construcción, y la Asociación de
Profesores de Panamá (ASOPROF). La demanda de quienes salieron a la calle
era la derogación del contrato-ley y la aprobación de una moratoria minera;
posteriormente la sociedad se ha dividido entre quienes piden esperar a la
vía judicial frente a varias demandas presentadas por inconstitucionalidad
de la ley y quienes piden su derogación inmediata, una vez aprobada la
moratoria minera por la Asamblea. 

 

El 28 de noviembre, en una medida de alto impacto, la Corte declaró
inconstitucional la Ley 406 en respuesta a las demandas presentadas contra
el contrato minero, lo que tendrá como consecuencia el cese de los cierres
de las carreteras y la reducción de la conflictividad. Aún queda pendiente
un largo proceso que puede llevar al fin de la minería en Panamá, lo que
constituiría un hito para el antiextractivismo en la región. Panamá deberá
elegir otro modelo alternativo a la minería que sea sostenible y responda a
las deudas sociales impostergables.

 

Quienes protestan, denuncian el impacto ambiental de la actividad minera
metálica, a la vez que señalaban que el contrato con la empresa era
excesivamente ventajoso para ella, ya que le daba posibilidad de expropiar
terrenos dentro y fuera del área adjudicada, la gestión directa de puertos y
aeropuertos y la posibilidad de operar con un control laxo de parte del
Estado, además de tener una duración de 20 años prorrogables a otros 20 más.


 

Para buena parte de la ciudadanía, estas ventajas son la prolongación de una
lógica neocolonial contra la cual emergieron las luchas del siglo pasado por
la recuperación de la soberanía del Canal. Por otro lado, los que defendían
el contrato argüían que este suponía una mejora económica respecto de su
versión previa, ya que se pasó de una larga fiscal de entre 2% y 5% en
función de la ganancia bruta por la explotación del cobre a entre 12% y 16%
y, adicionalmente, la minera debía pagar el impuesto sobre la renta,
impuesto de dividendos e impuestos de remesas e impuesto de transferencia de
bienes muebles y servicios (ITBMS) por sus compras.

 

En un país caracterizado estas últimas décadas por su estabilidad política y
por la ausencia de grandes conflictos, sorprende que Panamá haya sufrido dos
de las mayores movilizaciones de su historia durante el último año y medio:
una fue en julio de 2022, provocada por el aumento de los precios de los
alimentos y la energía, la otra es la actual rebelión antiminería. Esta
última, con un balance de decenas de heridos, cuatro muertos y más de mil
detenidos, está acompañada por un profundo malestar social, hecho que ha
amplificado la dimensión de la protesta.

 

No cabe duda de que el descontento y las protestas son también el legado de
la crisis del covid-19, que supuso una caída de 17,9% del PIB en 2020 por
las estrictas restricciones aplicadas, deterioró las condiciones de vida los
sectores populares y de las clases medias, profundizó las brechas sociales
preexistentes y provocó un aumento de la pobreza. Hasta la llegada de la
pandemia, Panamá tenía un modelo económico exitoso en términos de
crecimiento, muy relacionado con la logística, el comercio, las finanzas y
la construcción, con la ampliación del Canal como el buque insignia de esta
dinámica «virtuosa» de inversión y desarrollo. Entre el 2004 y el 2018, el
país experimentó un crecimiento promedio de 7% frente a 3,3% del resto de
América Latina, pero ese crecimiento en ningún momento fue capaz de revertir
las altas tasas de desigualdad. 

 

El efecto demoledor de la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación en
un país acostumbrado a una gran estabilidad de los precios, debilitaron las
actividades más intensivas en trabajo y, en este contexto, el gobierno
interpretó que las actividades extractivas eran una alternativa para seguir
la senda del crecimiento y atender las dificultades financieras sin tener
que realizar una reforma fiscal que generaría resistencias empresariales. Es
importante destacar que según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), la proporción de ingresos tributarios con
relación al PIB representaba un exiguo 12,7% en 2021, muy por debajo del
promedio de América Latina y el Caribe, que se ubica en 21,7%. Sin embargo,
una parte importante de la población rechaza ese modelo de crecimiento
basado en el expolio ecológico del país. 

 

En Panamá, como en otros países de la región, esta actividad tiene una gran
tradición, pues ya desde la colonia el istmo era conocido como la «Castilla
del oro». De todas maneras, la importancia de la mineralización de sulfuros
de cobre y molibdeno no se manifestó hasta la segunda mitad del siglo XX.
Aún así, en Panamá ha existido una fuerte resistencia a la minería entre la
población indígena y la campesina, y fruto de ello, en la década de 1990 las
minas Santa Rosa y Remance -que estuvieron en producción algunos años-
terminaron cerrando. Sin embargo, hasta inicios del siglo XXI los focos de
oposición a la minería tendían a ser locales. 

 

Fue en 2011 cuando la población indígena ngöbe se rebeló contra la reforma
al cambio del código minero del 1997 por parte del presidente Ricardo
Martinelli. El descontento tuvo su pico en 2012, con fuertes enfrentamientos
que provocaron decenas de heridos y la muerte de dos indígenas. Tras estas
protestas, la población indígena acordó con el gobierno (por medio de una
ley) el fin de la actividad minera e hidroeléctrica en la Comarca Ngäbe
Buglé; pero la ley no se cumplió -ya que la hidroeléctrica de Barro Blanco
continuó su actividad- y se generó una gran desconfianza hacia las
autoridades por parte de los ngöbes. 

 

Así, más allá de estas resistencias, la presencia de la actividad minera en
el PIB ha ido incrementando a partir de la segunda década del siglo XXI,
pasando a representar 1,9% en 2018, 2,4% en 2019, 3,6% en 2020 y 7,1% en
2021 como consecuencia de la entrada en funcionamiento de la Mina de Cobre
de Panamá en Donoso, que en estos momentos se sitúa en el ojo del huracán.

 

En la actualidad, campesinos, indígenas (fundamentalmente ngöbes),
trabajadores y maestros constituyen la punta de lanza del movimiento contra
la minería. A estos colectivos se le han sumado -a la hora de salir a la
calle a protestar- una masa heterogénea e interclasista de ciudadanos,
liderada por jóvenes. Este fenómeno ha supuesto un salto cualitativo y
cuantitativo en las movilizaciones contra la minería, ya que históricamente
esta batalla se localizaba en zonas rurales e indígenas.

 

Así las cosas, el movimiento contra la minería ha acabado adquiriendo una
dimensión nacional a través de dinámicas de difusión y contagio informativo,
lo que generó un nuevo patrón de comportamiento político colectivo en el
país, que rechaza la política tradicional y defiende el valor del patrimonio
ecológico y de los recursos naturales (no es casual que una de las consignas
de los manifestantes sea «El oro de Panamá es verde»). Sin duda, estas
movilizaciones han ido creciendo porque suponen una vía para la expresión
contra múltiples agravios y del rechazo a las elites políticas, a la vez que
estas demandas se conectan con los marcos reivindicativos más potentes de la
actualidad: el issue ecologista que vincula la preservación de los
ecosistemas y la biodiversidad con la defensa de la tierra de las
comunidades indígenas y la lucha contra el cambio climático. Todo ello en
una coyuntura en la cual el Canal de Panamá ha tenido que restringir el paso
de barcos por falta de agua.

 

En este marco, se avecinan las próximas elecciones presidenciales de 2024,
en las que no hay ningún candidato con posibilidades canalizar las
aspiraciones de transformación a pesar de que 68,5% de las personas
consultadas en la mencionada encuesta del CIEPS manifiestan la necesidad de
un cambio radical. La dificultad y la impotencia de la izquierda para
conectar con la sociedad, pero sobretodo la ausencia de cultura política
contrahegemónica, hacen muy difícil (si no imposible) que la amalgama de
colectivos y demandas particulares que se han manifestado estos meses
cristalice en una propuesta que pueda dar una batalla política-electoral en
los próximos comicios. 

 

El sistema político panameño, que se ha caracterizado por una
institucionalidad excluyente y elitista, difícilmente va a mutar a causa de
las dos últimas olas de movilización experimentadas últimamente. Nadie
imagina que el nuevo ejecutivo quiera (ni pueda) cambiar a el rumbo de la
economía y las instituciones. Lo más posible es que este episodio incremente
la distancia que hay entre el sentir de la gente de la calle y sus
(supuestos) representantes. Pero, a partir de estos conflictos, quizás se
vaya construyendo una nueva cultura política más combativa y un aprendizaje
orgánico para el futuro. El fallo de la Corte es un gran éxito de las
movilizaciones. 

 

* Jon Subinas, es doctor en Sociología y Antropología por la Universidad
Complutense de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI).
Se desempeña como experto en investigación social y estudios de opinión
pública, consultoría y formación para organismos multilaterales,
administración pública, empresas y ONG. Actualmente es investigador del
Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) de Panamá. 

Salvador Martí i Puig, es catedrático de Ciencia Política en la Universidad
de Girona e investigador asociado de la Fundación CIDOB-Barcelona. Entre sus
libros se incluye Ciencia política. Un manual. Nueva edición actualizada (en
coautoría con Josep María Vallès, Ariel, Madrid, 2015).

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