Nicaragua/ Ser o no ser madre bajo la dictadura. [Divergentes]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de septiembre 2023

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Nicaragua



Ser o no ser madre bajo la dictadura



La persecución política que mantiene la dictadura Ortega-Murillo contra
mujeres activistas ha hecho que muchas de ellas decidan no ser madres. Sin
embargo, se enfrentan a una doble clandestinidad: la de su activismo y la de
decidir sobre sus cuerpos.



Divergentes, 18-9-2023

https://www.divergentes.com/



Cuando Ángela miró que la prueba de embarazo salió positiva en abril de 2022
tuvo muchos sentimientos encontrados. Algo muy dentro de ella reconocía que
quería experimentar la mternidad, pero no en las condiciones en que se
encontraba, relató a Divergentes la joven de entonces 21 años.



“Soy una perseguida política del régimen Ortega-Murillo”, explica. Ángela
era activista feminista y también periodista. En menos de seis meses había
sido forzada a mudarse tres veces de casa por el acoso y las amenazas de
detención de policías, paramilitares y fanáticos del Frente Sandinista. En
las viviendas en las que se instaló siempre aparecían patrullas y la
perseguían a cada lugar que se movilizaba.



“Estaba muy afectada, quería en algún momento embarazarme conscientemente y
ver mi panza crecer, pero tenía miedo porque era una perseguida política.
Pensaba, ¿qué va a pasar si un día la policía me agarra y tengo una panza de
seis meses? ¿Me van a hacer abortar? ¿En qué condiciones voy a abortar? ¿Y
si me hacen tener un bebé en la cárcel?”, se cuestionó la joven.



Ángela ni siquiera podía imaginarse en un futuro cercano como madre porque
se veía en una cárcel, junto con las más de 200 personas presas políticas
que estaban recluidas en esas fechas en las prisiones de Nicaragua. Lo único
que tenía en mente era resguardar su seguridad, así que interrumpir el
embarazo fue la opción que finalmente decidió. A partir de aquí arrancó otro
suplicio para la joven activista.



Nicaragua es uno de los tres países de las Américas que penaliza de manera
absoluta el aborto, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo,
cuando el feto no tiene posibilidad de vida y cuando el embarazo es producto
de una violación, de acuerdo con Amnistía Internacional. El procedimiento
fue penalizado de manera inconstitucional en el año 2007 por el régimen
sandinista, pese a ser una violación a los derechos humanos y una forma de
discriminación contra las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS).



Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo tienen que hacer en la
clandestinidad, muchas veces de manera insegura y sin garantías médicas.
Aunque esta penalización afecta a todas las mujeres, las adolescentes y las
niñas del país, desde el inicio de la crisis sociopolítica, impacta de
manera particular a las mujeres activistas y perseguidas por el régimen,
explicó Mariana, defensora de derechos humanos que habló con Divergentes
bajo condición de anonimato.



Según la defensora, las mujeres activistas no tienen acceso a los servicios
de salud que brindaban las organizaciones de derechos de las mujeres que
fueron cerradas por el régimen sandinista. Las que han decidido interrumpir
su embarazo tienen temor de acudir a las instituciones médicas por el riesgo
de ser arrestadas por su activismo y por cometer “un delito”. Es decir, el
riesgo para ellas aumenta doblemente bajo la administración de una dictadura
como la nicaragüense.



Silencio absoluto sobre el aborto



En Nicaragua este derecho básico para la salud es inexistente. Si antes
hablar del aborto en el país era complicado, ahora está totalmente
prohibido, manifestó la socióloga y feminista, María Teresa Blandón.



“Muchas de las activistas y las personas que apoyaban (la interrupción del
embarazo) se han tenido que ir del país o están en el exilio, y las personas
que pudieron haber tenido alguna sensibilidad en las instituciones
sanitarias ahora tienen más miedo”, explicó.



El silencio absoluto que hay sobre el aborto en Nicaragua también se debe al
cierre arbitrario de las organizaciones feministas, que hasta la fecha, 212
han sido despojadas de su personería jurídica, según los datos de la
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).



“Nadie está hablando de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el tema
de los embarazos no deseados, embarazos producto de la violencia sexual o
embarazos de altos riesgos”, señaló Blandón.



La falta de información sobre el aborto también es más palpable que nunca.
En Nicaragua no hay información sobre la cantidad de mujeres que tienen
complicaciones médicas o que fallecen debido a los abortos clandestinos.
Según la OMS el 45 % de los abortos en el mundo se realizan en condiciones
peligrosas.



La crisis sociopolítica ha agudizado la indefensión de las mujeres para
tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus embarazos. Según Blandón, nadie
sabe lo que está ocurriendo en los hospitales y el impacto que tiene la
penalización del aborto sobre la vida de las mujeres. La prohibición de la
interrupción del embarazo con represión y sin represión ha violentado
profundamente los cuerpos de las mujeres, aclara, pero ahora es imposible
defender ese derecho.



Aunque el Estado y las instituciones de salud tienen conocimiento de que los
abortos se siguen realizando en la clandestinidad, nunca se han encargado de
garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por el contrario,
desde el inicio de la crisis, el régimen Ortega-Murillo la mantiene en un
total estado de abandono.



Esta situación se agudiza con el cierre arbitrario de todas las
organizaciones feministas que antes de su cancelación brindaban servicios
médicos enfocados en la salud sexual y reproductiva, especialmente para las
mujeres, las adolescentes y las niñas en situación de pobreza de áreas
urbanas y rurales.



Tras el cierre de estos espacios, el régimen no ha garantizado estos
servicios que fueron interrumpidos, sino que los servicios que ya se
ofrecían desde las instituciones de salud son cada vez más deteriorados,
como en el caso de las Casas Maternas, añadió Blandón.



“Lo que sabemos es que las mujeres, especialmente las más pobres de zonas
urbanas y rurales, dicen que muchas veces no van a los hospitales porque no
las atienden, les dan los resultados del papanicolau tardíamente, no les
brindan los métodos anticonceptivos o no les permiten acceder a métodos
anticonceptivos permanentes porque les dicen que son muy jóvenes o tienen
muy pocos hijos”, explicó.



“No quiero que mi hijo nazca en una dictadura”



Ángela tomó la decisión de interrumpir su embarazo porque no quería que su
hijo naciera en un contexto de persecución o cárcel. Su trabajo de activista
y periodista la pusieron en el foco de atención del régimen sandinista.



“No quiero que un hijo mío nazca en una dictadura. No me imagino criando a
alguien si tengo traumas por todo lo ocurrido desde 2018. Es terrible que
tuviera que rechazar mi vida de madre por el régimen, ¿hasta dónde se ha
metido esta gente en nuestras vidas?”, expresó la joven de ahora 22 años.



Para continuar con el proceso de interrupción, Ángela contactó a una
ginecóloga de confianza que le ayudó a continuar con el procedimiento de
manera segura desde su hogar. Aunque antes de aplicarlo tuvo que cambiarse
nuevamente de vivienda porque donde residía había acoso policial.



Ya en un lugar seguro, en compañía de su pareja y con el acompañamiento de
su doctora a través del teléfono, siguió el proceso según las indicaciones.
Fueron 18 horas de procedimiento, sangrado y dolores. También fueron 18
horas de preocupaciones, miedos y dudas. Aunque Ángela ya había acompañado a
amigas a interrumpir sus embarazos, experimentarlo fue bastante diferente.



“A pesar de que abortemos por decisión, igual es un duelo. Son cambios
físicos y emocionales que activan todos los constructos sociales que nos
enseñan desde niñas y las culpas que nos imponen”, explicó la joven.



Además de que el aborto es un proceso físico y psicológico que puede ser
complejo para las mujeres, realizarlo en la clandestinidad, vivirlo de
manera secreta y cargar con el estigma social, lo hace aún más difícil.
“Tenía que ocultarlo a las personas y recuperarme en silencio. No se lo
conté a nadie, mis padres no lo sabían”, indicó Ángela.



Solo dos meses después de esto, tuvo que exiliarse de Nicaragua junto con
más de una docena de periodistas, tras una nueva ola de capturas arbitrarias
ejecutadas por la policía.



Actualmente se encuentra en un país de Europa como refugiada, sin la
posibilidad de regresar a su casa y a su país que vive un contexto más
represivo para la prensa independiente: al menos 93 periodistas
nicaragüenses se exiliaron durante 2022, según Voces del Sur, y existen
alrededor de 185 periodistas exiliados desde el inicio de la crisis
sociopolítica, según una sistematización realizada por la Libertad de
Expresión y Democracia (FLED).



A pesar de verse forzada a salir de su país, el exilio le mostró a Ángela
que tomó la decisión correcta para su vida. “Tuve que salir de Nicaragua
después de esa situación y agradezco no haber estado embarazada. No me
imagino estar actualmente en el exilio y criando a un bebé”, expresó.



Mientras en Nicaragua Ángela vivió la interrupción de su embarazo llena de
temores por los peligros penales que conllevaba, en el país en que se
encuentra actualmente las mujeres lo viven de manera diferente.



Ángela cuenta que hasta ahora ha acompañado a dos amigas a realizarse este
procedimiento y no tuvieron complicaciones para acceder a él. También señala
que durante los chequeos ginecológicos incluso le preguntaron si alguna vez
había tenido un aborto, pues es una información necesaria para el historial
médico de las mujeres.



“Las leyes violentas y represivas que han tomado Ortega y Murillo contra las
mujeres obliga a las mujeres que decidan entre la vida y la muerte cuando
estamos ante un aborto”, manifiesta.



Centroamérica, una región con los derechos sexuales y reproductivos en
declive



Centroamérica es la región de las Américas con las políticas más
restrictivas en cuanto a la salud sexual y reproductiva. En esta zona, se
concentran los tres únicos países que penalizan de forma absoluta el aborto:
Nicaragua, Honduras y El Salvador, siendo este último el más restrictivo del
mundo, pues incluso sanciona los abortos por emergencias obstétricas.



Y si bien Guatemala y Costa Rica tienen despenalizado el aborto por la
causal de salud, en realidad las instituciones muy pocas veces garantizan
este procedimiento a las mujeres que lo necesitan, revela el estudio Leyes y
Sombras: Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe, realizado
por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai).



Así que en la práctica, el acceso al aborto en Centroamérica es casi
imposible, independientemente de la circunstancia en que se encuentren las
mujeres, las niñas o las adolescentes. Pese a que los países tienen
compromisos internacionales para garantizar este servicio de salud, los
Estados se niegan a cambiar sus legislaciones.



El último caso que hizo temblar la región fue la demanda Beatriz vs El
Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(https://www.divergentes.com/caso-beatriz-feministas-entusiastas-fallo-despe
nalice-aborto-region/). Se trata de un juicio en el que se acusa al Estado
de El Salvador de violentar los derechos de Beatriz al negarle la
interrupción del embarazo de manera oportuna, cuando era el procedimiento
necesario para salvar su vida por tener un embarazo de alto riesgo.



Es el segundo juicio al que se somete a El Salvador por violentar los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que requieren interrumpir
su embarazo. Y un fallo a favor de Beatriz podría significar una esperanza
para las mujeres salvadoreñas y centroamericanas, que además de sentar un
precedente de la necesidad de garantizar este servicio, podría cambiar las
legislaciones.



El impacto que ha tenido la penalización del aborto sobre las mujeres en la
región y sobre las activistas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua,
es incierto, dice Mariana, defensora feminista. Sin embargo, así como
Ángela, todas acceden a él con riesgos, temores y en la clandestinidad, a
conciencia del Estado.

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