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<BODY bgColor=#ffffff><FONT face=Arial size=2>
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<DIV align=center><EM><STRONG><FONT color=#800000 size=4>Boletín informativo -
Red solidaria de la izquierda radical</FONT></STRONG></EM></DIV>
<DIV align=center><EM><STRONG><FONT size=4><IMG alt="" hspace=0
src="C:\Documents and Settings\EH\Mis documentos\germain 1.JPG" align=baseline
border=0><BR><FONT color=#000080>Año III - Nº 9259 - Enero 19 - 2006 -
Redacción: </FONT></FONT></STRONG></EM><A
href="mailto:germain@chasque.net"><EM><STRONG><FONT color=#000080
size=4>germain@chasque.net</FONT></STRONG></EM></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Brasil</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Impuesto Territorial
Rural:</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial>
<DIV align=justify><BR></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Los
latifundistas le agradecen, Presidente<BR><BR>João Pedro Stedile
*</FONT></STRONG><BR><BR><STRONG>ALAI-AMLATINA, Sao Paulo,
18-1-06</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Traducción de
ALAI</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>El 30 de noviembre de 1964, el
entonces régimen militar promulgó, a través de decreto, la primera ley de
reforma agraria de Brasil. La Ley 4.554 se llamó Estatuto de la
Tierra. Muchos analistas agrarios de la época alabaron su promulgación,
pues en su esencia la ley era progresista. De hecho, traía aspectos
progresistas en su concepción, porque fue resultado de la propuesta de un grupo
de técnicos que venía preparando la ley desde el gobierno João Goulart y se
inspiraba en las ideas defendidas por la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL): utilizar una amplia distribución de tierras como un mecanismo de
distribución de renta, estímulo al mercado interno y al desarrollo
rural.<BR><BR>Entre los aspectos progresistas de la ley, estaba la creación del
mecanismo de desapropiación por el Estado. Acababa, por lo tanto, con el
derecho absoluto de la propiedad de la tierra, en vigor hasta entonces, y
establecía el pago de la tierra expropiada en títulos del tesoro nacional,
pagables en un período de veinte años.<BR><BR>Con el Estatuto de la Tierra, el
gobierno creó el actual Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
(INCRA), en su época llamado Instituto Brasileño de Reforma Agraria
(IBRA). Instituyó también la posibilidad de que los beneficiarios de la
reforma agraria se organicen cooperativas de producción. Estableció el
catastro de todos los inmuebles rurales del país, hasta entonces inexistente, y
los clasificó, por ley, en minifundios (inmueble con una área inferior a las
necesidades de desarrollo de una familia campesina); empresas rurales (inmueble
con una área y condiciones de progreso económico); y latifundios (inmueble que
era improductivo en relación a su potencial, o tenía dimensiones que por sí sólo
era nefasto para la sociedad).<BR><BR>Entre otros elementos progresistas, la ley
estableció por primera vez el cobro de Impuesto Territorial Rural (ITR). Y
aún más: determinaba un impuesto progresivo, año a año, si su propietario no
aumentaba la producción. Los recursos serían recogidos por la Unión y
deberían ir directamente a las arcas del INCRA, para ayudar a financiar los
costos de la reforma agraria.<BR><BR><STRONG>Pura propaganda de
Cardoso</STRONG><BR><BR>A lo largo de esos cuarenta años, diversos gobiernos
intentaron agilizar el impuesto. Ya el gobierno de Fernando Henrique
Cardoso (FHC) intentó estadualizarlo. El ex ministro Raul Jungmann cambió
los criterios del ITR anunciando que el nuevo impuesto sería una verdadera
revolución agraria, como instrumento de corrección de la concentración de la
propiedad agraria. ¡Pura propaganda!<BR><BR>En la realidad, durante todos
esos años, el ITR nunca fue usado de forma progresiva. También nunca hubo
ningún mecanismo de sanción para aquellos propietarios que no pagaban o mentían
en sus declaraciones. Así, se unieron dos factores, todos los gobiernos
que pasaron por el Palacio de Planalto, para mantener sus alianzas electorales,
nunca quisieron elevar el impuesto y penalizar a los grandes propietarios.
Y la Reserva Federal se hacía de la vista gorda en la recaudación de este
impuesto. En todo ese periodo, justicia sea hecha, hubo sólo un caso
ejemplar de la superintendente de la Reserva Federal de Ceará, durante el
gobierno Itamar Franco (1992-94), que usó la ley y trató de penalizar y recaudar
el ITR en su Estado. Pagó caro su osadía. Pasado el gobierno de Itamar,
sufrió, hasta hoy, el ostracismo en la Reserva Federal.<BR><BR>Entre los
mentalizadores del Estatuto de la Tierra, estaba uno de los mayores
especialistas de reforma agraria del país, miembro de la Secretaría Agraria del
Partido de los Trabajadores (PT), y fundador de la Asociación Brasileña de
Reforma Agraria (ABRA), el viejo José Gomes da Silva, fallecido en 1996.
Él siempre defendió el uso riguroso del ITR como un instrumento que contribuiría
para presionar el aumento de la productividad, penalizar el malo uso de la
tierra por parte de los grandes propietarios y ser una fuente importante de
recursos para financiar la reforma agraria.<BR><BR>Él defendió siempre, en el
PT, en la ABRA y en todos los foros posibles la agilización de ese
impuesto. Y se rebeló siempre, con<BR>fuertes argumentos, cuando en
diversas ocasiones, los gobiernos federales intentaron estadualizar o
municipalizar el impuesto. José Gomes defendía lo contrario: era necesario
mantenerlo como impuesto federal, pues eso permitiría a la Reserva Federal
cruzar las informaciones de los declarantes, con su impuesto de renta y con
otros impuestos. Y, así, los latifundistas no podrían mentir o usar la
propiedad de la tierra inclusive como forma de escabullirse del pago del
impuesto a la renta.<BR><BR>José Gomes defendía también que el gobierno federal
debería cumplir la ley a la raya, expropiar los latifundios y pagar sólo el
valor declarado por el propio hacendado al pagar el ITR. La Reserva
Federal actualiza el índice de hectáreas de tierra por región, pero el
propietario es quien dice cuanto vale cada hectárea. De ese modo, para efecto
del impuesto a la renta, las personas declaran cuanto vale su casa, su terreno,
su apartamento. Las ideas de José Gomes cayeron en el vacío y ninguno de
los gobiernos las utilizó. Murió soñando que un día Lula llegara al poder,
y entonces podría aplicar lo que siempre defendió en los programas del
PT.<BR><BR>Como resultado de esa política de todos los gobiernos, el gobierno
recaudó por concepto del ITR sólo R$ 280 millones durante el 2004. Eso
equivale al Impuesto sobre Propiedad Territorial Urbana (IPTU) de sólo un barrio
de la ciudad de São Paulo.<BR><BR>Según las reglas actuales del ITR, las
pequeñas propiedades están exentas del pago. Entonces, si sumáramos los
inmuebles clasificados como mediana y gran propiedad, tendremos alrededor de 270
mil propietarios (342 mil inmuebles por encima de 200 has - según el INCRA - y
272 mil establecimientos rurales por encima de 200 has, según el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística).<BR><BR>Esos medianos y grandes
propietarios controlan 298 millones de hectáreas. Se estima, entonces, que
el actual ITR cobra menos<BR>de un real por hectárea por año. Y cada
hacendado paga, como promedio, mil reales por año por propiedad, lo que es una
bagatela y no representa ninguna presión, penalización y, mucho menos, mecanismo
fiscal correctivo de la concentración de la propiedad de la
tierra.<BR><BR><STRONG>Al gusto de los latifundistas</STRONG><BR><BR>La
situación es esa. ¿Qué hizo el actual gobierno con respecto a esta
situación? Podía seguir la ley y las ideas de José Gomes da Silva: aumentar la
tasa del ITR por hectárea; aumentarlo progresivamente, año a año; pagar las
desapropiaciones sólo por el valor declarado por el latifundista; y destinar
esos recursos a la reforma agraria (una vez que, en los últimos años, era
destinado a la caja común del Tesoro).<BR><BR>El gobierno de Lula se olvidó de
los consejos del viejo Zé Gomes. E hizo lo que ningún otro gobierno se atrevió:
municipalizó el cobro y el destino del ITR. Así, envió un Proyecto de Ley
al Congreso, que fue aprobado en última instancia por el Senado y de forma casi
unánime (¿extraño?) el día 15 de diciembre pasado. Y, el último día del
año del 2005, para que entre en vigor en el año fiscal de 2006, el presidente
Lula promulgó la nueva ley del ITR, que deja de ser un impuesto para la reforma
agraria. Ahora pasa a ser un impuesto a ser cobrado, fiscalizado y
recaudado por los Ayuntamientos Municipales, que podrán usar el dinero como a
bien tuvieren.<BR><BR>El ITR fue muerto y sepultado. La Reserva Federal va
a perder el control del catastro y de la oportunidad de cruzarlo con las
declaraciones del impuesto a la renta. Los latifundistas están eufóricos,
ya pagaban poco y, ahora, basta engañar a sus amigos alcaldes y pagarán aún
menos. El INCRA pierde la tasa que le venía siendo negada, pero que estaba
en la ley, y pierde el poder de expropiar por el valor declarado.<BR><BR>Pierde
la reforma agraria. Hace falta el viejo Zé Gomes para explicar mejor la
gravedad de ese cambio a su amigo Luiz Inácio Lula da Silva. </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR>* João Pedro Stedile es dirigente
del Movimiento de losTrabajadores Rurales Sin tierra (MST) y de la Vía
Campesina, Brasil.
<HR>
<STRONG><FONT color=#000080>La información contenida en el boletín es de fuentes
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comprometen la posición editorial de Correspondencia de Prensa. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><FONT
color=#000080>germain@chasque.net</FONT></STRONG></A>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>