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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><EM><FONT size=4><FONT color=#800000>Boletín
informativo - Red solidaria de la izquierda radical</FONT><BR><IMG alt=""
hspace=0 src="C:\Documents and Settings\EH\Mis documentos\germain 1.JPG"
align=baseline border=0><BR><FONT color=#000080>Año III - 6 de marzo 2006 -
Redacción: </FONT></FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=4>germain@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Informe
Especial/l</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3>a industria del papel<BR><BR>El
usurero pacto binacional que la papelera Botnia le impuso al Uruguay<BR><BR>Cómo
tener la pelota bien atada<BR></FONT></STRONG><BR><STRONG>Para una joya legal
del menemismo: Uruguay tiene que indemnizar a la empresa hasta si le hacen una
manifestación en la puerta. El Acuerdo con Finlandia fue impuesto en 2003 con la
dura oposición del Frente Amplio.<BR> <BR>Laura Vales<BR>Página/12, Buenos
Aires, 6-3-06</STRONG><BR><BR> <BR>Supongamos que las papeleras que se
construyen en Fray Bentos comienzan a funcionar. Pasa el tiempo, un día ocurre
un problema de contaminación. Los vecinos de Fray Bentos protestan. Y sus
acciones –cortes de ruta que bloquean la entrada de camiones a las plantas, por
ejemplo– perjudican a las empresas. La situación es nada más que una conjetura,
pero ya está prevista y sus consecuencias, férreamente pautadas: el Estado
uruguayo se verá obligado a indemnizar a las plantas de celulosa por sus
pérdidas, aunque sean culpables de afectar el ambiente. Así lo establece el
Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia, en cuyo
artículo 6 se lee, sin maquillaje: “Los inversores que sufran pérdidas” por
“revueltas, insurrecciones o manifestaciones” serán indemnizados “en efectivo,
en moneda de libre conversión e inmediatamente transferible”, con una cifra que
se calculará según el criterio “que resulte más favorable” a los dueños de las
empresas.<BR><BR>Botnia, la compañía finlandesa que levanta del otro lado del
río la megaplanta de procesamiento de pulpa de madera, impuso el acuerdo entre
los dos países como condición para instalarse en territorio uruguayo.<BR><BR>Fue
en el año 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, antes de que la empresa
iniciara las obras de construcción. Es una paradoja que la imposición fuera
conocida por la actitud del Frente Amplio, que se opuso a su firma. La coalición
que poco tiempo después llevaría al gobierno a Tabaré Vázquez argumentó
entonces, con razones ahora borradas de su discurso, sobre los riesgos de este
instrumento legal que dejó a los uruguayos en una posición muy débil para
intervenir en lo que las papeleras hagan en su territorio.<BR><BR>El acuerdo fue
suscrito el 21 de marzo de 2002, en Montevideo, entre el Poder Ejecutivo de
Uruguay y el de Finlandia. El Senado lo aprobó el 15 de octubre siguiente y la
Cámara de Representantes, el 4 de mayo de 2004. Votaron a favor las bancadas del
Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Se opusieron todos los
legisladores de Encuentro Progresista-Frente Amplio. El debate quedó asentado en
versión taquigráfica.<BR><BR>En las formas, es un convenio para la protección de
las inversiones de cada país en el otro, en un tono de reciprocidad. Pero su
aprobación fue una exigencia de Botnia. En la discusión del Parlamento nadie lo
negó. Al contrario. El diputado Pablo Mieres (Independiente) fundamentó así su
postura: “He votado afirmativamente porque parece imprescindible que se proceda
con la mayor urgencia para la aprobación de esta inversión. ¡Como si Uruguay
viviera en un mundo lleno de inversiones! Acá pasamos meses tratando de aprobar
este acuerdo que, como todos sabemos, es el marco necesario para una inversión
de mil millones de dólares. Lamentamos que no haya sido por unanimidad. Pero
bueno, aunque sea con una mayoría ajustada, está la ley y, por lo tanto, estarán
las inversiones” (Actas de la Sesión de la Cámara de Representantes del
04-05-04).<BR><BR>Su par Naum Bergstein (batllista) completó el concepto: “En el
mundo entero hoy las grandes empresas privadas no hacen inversiones importantes
fuera de fronteras si no median previamente estos acuerdos de protección
recíproca”, dijo.<BR><BR><STRONG>Dolores de cabeza</STRONG><BR><BR>Los artículos
más cuestionados del Acuerdo Uruguay-Finlandia fueron el 5, 6 y 9. Ellos
norman:<BR><BR>- Que las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni
indirectas (la figura de “expropiación indirecta” es una novedad).<BR><BR>- Que
el Estado deberá indemnizar las pérdidas por manifestaciones o
revueltas.<BR><BR>- Que en caso de controversia, las empresas podrán saltearse
los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, según les
parezca. La oposición al Acuerdo fue encabezada por el Frente Amplio. La
diputada Raquel Barreiro, según consta en la versión taquigráfica, sintetizó así
su rechazo: “Estamos de acuerdo con las inversiones, pero no con cualquier
inversión. Las inversiones deben tener en cuenta el cuidado del medio ambiente,
el cuidado de la vida digna de los ciudadanos y, en lo posible, el futuro de la
vida de nuestros hijos, porque el cuidado del medio ambiente implica dejar un
mundo sano y saludable para ellos”.<BR><BR>La legisladora cuestionó que se
otorgara a las empresas la facultad de elegir, en caso de diferendos, al
tribunal arbitral. “Nosotros siempre nos hemos opuesto a esto, porque el
inversor se coloca en un plano superior al del Estado y elige los tribunales
(privados) que más le convengan. Se elude la jurisdicción de los tribunales
nacionales, con lo que la soberanía descansa muy maltrecha”.<BR><BR>Su compañera
de bancada Silvana Charlone se refirió a la expropiación indirecta: “Me gustaría
saber (a qué se refiere el convenio) cuando habla de expropiaciones indirectas
–cosa que no ha aparecido en otros tratados–. Nosotros pensamos que vamos a ser
gobierno y no sé si nuestra futura reforma tributaria puede ser entendida como
una expropiación indirecta de la cual más tarde nos vamos a tener que
responsabilizar”.<BR><BR>Aquella sesión de aprobación de la ley se hizo cinco
meses antes del cambio de gobierno, luego de varios intentos fallidos de
sancionarla, cuando los votos del Frente Amplio en el Parlamento estaban en
minoría. Tras convertir el acuerdo en ley, el diputado Ricardo Castromán, del
Partido Socialista, hizo una lectura a futuro: “Creo que esto le va a traer
muchos dolores de cabeza al Estado uruguayo, cualquiera sea la conducción
política que a partir de octubre tome los destinos del país”, dijo a Radio El
Espectador. El acuerdo “no da muchas salvaguardas: les da todas las
salvaguardas”.<BR><BR><STRONG>“Enclaves extranjeros”</STRONG><BR><BR>Los
especialistas consultados por Página/12 coinciden en que el punto más
perjudicial es el que permite a las empresas saltearse la Justicia uruguaya, por
la desprotección que eso implica para los ciudadanos. Si una controversia entre
las partes no es resuelta de manera amistosa en el término de seis meses, dice
el Acuerdo, “la misma, a criterio del inversor”, podrá ser llevada a un tribunal
arbitral internacional. El texto pone como opciones la Corte Internacional del
Centro para la Solución de Controversias (Icsid) y un cuerpo ad hoc que tome las
normas de Naciones Unidas.<BR><BR>También es visto con preocupación el concepto
de expropiación indebida. Y un párrafo que establece que “cada Parte Contratante
no impedirá, con medidas injustas, o arbitrarias o discriminatorias, la
administración de las inversiones”.<BR><BR>¿Qué pasaría en el caso de que el
gobierno de Tabaré quisiera, a pedido de la Argentina, modificar el
funcionamiento de las plantas papeleras? ¿Podría el convenio impedir la
suspensión de las obras por 90 días, como intenta acordar Buenos Aires con
Montevideo? No está tan claro. “Pero en principio –señalaron los consultados–,
cualquier cambio en las condiciones en las que se pautó inicialmente la
inversión puede hacer que las firmas se consideren con derecho a
reclamar.”<BR><BR>El Acuerdo fue denunciado por el fiscal uruguayo Enrique Viana
en su demanda contra el Ministerio de Vivienda por haber autorizado la
instalación de las fábricas. El fiscal apuntó allí un dato agravante: Botnia y
Ence tendrán dos zonas francas. “Se constituyen así verdaderos enclaves
extranjeros privados: áreas cercadas y aisladas eficientemente”.<BR><BR>Sería un
error mirar este acuerdo como algo excepcional, inédito. Porque aunque algunos
de sus artículos, como el que anticipa una indemnización si hay manifestaciones,
son realmente notables, el convenio debe ser puesto en un contexto más amplio:
el de los avances del poder de las empresas transnacionales sobre los países
periféricos. Firmados a partir de ladécada del ’90, no sólo Uruguay si no
también la Argentina tiene convenios de este estilo. Son una de las nuevas
formas de dependencia económica, que subordina las leyes locales e incluso los
instrumentos básicos del derecho internacional. En Argentina, en base a un
Tratado con Estados Unidos, Azurix busca cobrar 550 millones de dólares por un
intento fallido de implementar un sistema privatizado de agua en la provincia de
Buenos Aires. En Bolivia, tras la guerra del agua, Bechtel Agua del Tunari
denunció al gobierno por el Tratado Países Bajos-Bolivia.<BR><BR>El acuerdo
Finlandia-Uruguay es un corsé que limita (por un período de 20 años) las
posibilidades de acción del gobierno de Tabaré Vázquez para solucionar el
conflicto abierto por las papeleras. Tiene un extenso período de vigencia, de 20
años. Nos guste o no de este lado del río, estará como trasfondo de todas las
negociaciones entre Uruguay y Argentina. </DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><FONT size=3><STRONG>Informe Especial/la industria del
papel<BR><BR>Que Rollo</STRONG></FONT><BR><BR><STRONG>El conflicto con las
papeleras ha desnudado problemas ligados al modelo de desarrollo de la región y
su inserción en el mercado mundial. El impulso del monocultivo forestal se
inició hace más de 16 años, fomentado por el Banco Mundial y el BID. La
explotación forestal y las plantas de celulosa en Argentina, Brasil y ahora en
Uruguay funcionan como engranajes de fábricas globales que destinan para la
región sólo los primeros eslabones de sus cadenas productivas.<BR><BR>Veronica
Gago</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Suplemento Cash</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Página/12, Buenos Aires, 6-3-06</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>El impacto social y político que alcanza el conflicto por la
instalación de las fábricas de celulosa de papel en Uruguay ha desnudado
problemas ligados al modelo de desarrollo de la región y su inserción en el
mercado mundial. El caso uruguayo es sobre todo una muestra paradigmática –por
el tamaño de las plantas y la dimensión de la economía oriental– de lo que en
Misiones, la provincia que concentra más de la mitad de la producción nacional
de pasta celulósica, representa la empresa forestal Alto Paraná, la más grande
del país y dueña del 33 por ciento de la superficie forestada de la provincia.
Ambas situaciones dan cuenta de un modelo depredatorio-extractivo de recursos
naturales que se expande en esta parte del mundo y que funciona como engranaje
de verdaderas fábricas globales que destinan para la región los primeros
eslabones de sus cadenas productivas.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Relocalización</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Según el economista Claudio Lozano (CTA), “a nivel
internacional, con la oferta actual está absolutamente cubierta la demanda
existente en relación al papel blanco y su uso imprescindible”. Sin embargo, la
instalación de varias empresas trasnacionales en el cono sur responde “a la
expansión del uso de papel para cuestiones ornamentales y de lujo, a la orden
del día en el sistema de packaging que aportan a otras industrias”. Los
demandantes principales de este tipo de producción son los países más ricos. Los
consumos comparativos lo prueban: mientras Finlandia (el país de donde proviene
la empresa Botnia, una de las pasteras que ya se están construyendo en la rivera
uruguaya) utiliza 380 toneladas al año, Argentina consume 43 y Uruguay 22.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los criterios de relocalización de las plantas obedecen a
la exigencia de rentabilidad de las empresas al interior de una cadena de
producción globalizada. Esto implica que las ventajas de instalarse en la región
se realizan en la medida en que logran acelerar un proceso económico-ambiental
que necesita la venta compulsiva de campos para la forestación, la expulsión de
la población rural, la reducción de la diversidad productiva de las zonas
involucradas y una promoción estatal de este tipo de inversiones. La falta,
hasta el momento, de políticas que contemplen un desarrollo productivo más
amplio y que tengan en cuenta una protección ambiental aumentan el impacto de
primarización que estas inversiones tienen sobre la economía de la región.
Argentina, durante la última década, ha sido un importador neto de productos
forestales con alto valor agregado (láminas, muebles y papeles de impresión) y
un exportador de bienes primarios o semielaborados (rollizos, madera aserrada y
pasta para papel).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, para el economista Aldo Ferrer, si se
superan las objeciones ambientales y tecnológicas planteadas, no hay por qué no
considerar la instalación de las fábricas como “una oportunidad de crecimiento y
desarrollo”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El debate por la instalación de algunas de las plantas
más grandes del mundo en la región –tendrán una capacidad instalada para
producir 1 millón 800 mil toneladas de pasta– logra así poner sobre la mesa una
serie de cuestiones que pasaban inadvertidas hasta ahora, con decenas de plantas
instaladas en Argentina, Brasil y Chile: el tipo y la magnitud de empleo que
esta forma de inversión genera, la imposibilidad del Mercosur de pautar
regionalmente una relación con las grandes trasnacionales que supere la pura
competencia entre Estados para atraer al capital internacional y el modelo
depredatorio-extractivo de materias primas.<BR>De hecho, la forma de
organización industrial papelera ejemplifica notablemente esta guerra por los
recursos naturales, ya que se caracteriza por una estructura integrada
verticalmente hacia el control y la propiedad directa del bosque, debido a la
importancia crucial de la materia prima en la producción y la imposibilidad de
sustituirla. Esto se traduce en que el control del abastecimiento de la madera
es un factor estratégicamente indispensable para las empresas.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Monocultivo forestal</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El impulso del modelo de monocultivo forestal se inició
hace más de 16 años, fomentado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, que llevó a los países de la región a modificar sus regímenes de
promoción forestal. Uruguay, por ejemplo, permitió desde 1987 la compra de
tierras por sociedades anónimas, dando lugar a un acelerado proceso de
extranjerización y latifundización. Esto se complementó con una política de
subsidios estatales (50 por ciento del costo de la forestación), entregas de
créditos, exoneración de impuestos nacionales y locales y la realización de
obras de infraestructura para ayudar al transporte y exportación de madera. En
Argentina la última disposición de esta misma tendencia es la ley la Ley 25.080
y su decreto reglamentario 133/99.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según Lozano, el acuerdo bilateral entre Uruguay y
Finlandia es casi idéntico a los firmados durante toda la década del ‘90 entre
Argentina y Estados Unidos en el sentido que consolida un sistema de protección
a la inversión extranjera basado en la cesión de jurisdicción que, ante la
eventualidad de una modificación en los contratos, vuelve a los países
latinoamericanos demandables ante el CIADI.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay una suma de elementos en el caso de Botnia y Ence (la
segunda de las pasteras instalada en Uruguay, de origen español) que proyectan
las características del modelo en general: en la medida en que se les ha
declarado a los territorios en los que se sitúan “zonas francas”, no pagan
impuestos; los insumos y servicios que utilizan son en buena medida de origen
internacional; y muchas veces no precisan servicios portuarios porque las
plantas tienen sus propias terminales. De esta manera, en la región se dan los
primeros eslabonamientos de las cadenas productivas de la industria papelera,
sin avanzar aún en la creación de complejos productivos de mayor dinamismo y
desarrollo, capaces de multiplicar sus efectos en términos ocupacionales, de
ingresos y de crecimiento tecnológico e industrial.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ferrer sitúa más bien los términos a futuro: “Hay que
tratar que proyectos como éstos en vez de ser protagonizados por empresas
extranjeras, sean asumidos por capitales argentinos y uruguayos, por el
empresariado local”.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>La ilusión del empleo</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Uno de los principales argumentos de las pasteras para
conseguir consenso público es anunciar los puestos de trabajo que crearán. La
página web de Botnia enfatiza que habrá “300 empleados en la planta de celulosa,
pero con un total de 8000 puestos de trabajo que se generarán en Uruguay (5000
puestos directos y 3000 indirectos)”. Para evaluar el impacto real del empleo es
necesario distinguir una primer etapa que consiste en la construcción de las
plantas, de una duración aproximada de tres años, de una etapa posterior. En la
primera, podrían ocuparse entre 600 y 900 trabajadores por planta. La segunda
etapa, debido a la alta tecnificación de las empresas y la exigencia de un
trabajo calificado en buena medida extranjero, hará descender la mano de obra
directa empleada. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que –según los
economistas consultados– los empleos indirectos que se promocionan como un
efecto de la instalación de las pasteras son mayoritariamente los que ya existen
por el trabajo de plantación, cosecha y transporte de madera, es decir, por la
exportación directa de materia prima. La versión de las empresas difiere así de
un diagnóstico en el que varios análisis coinciden: el balance neto del empleo,
debido a la disminución de puestos en los sectores de turismo, pesca, actividad
agrícola y apicultura, por la instalación y el impacto económico-ambiental de
las pasteras, arroja un resultado negativo. Esto se debe a que son empresas de
capital intensivo que más allá del primer momento de construcción, ocupan poca
mano de obra.
<HR>
<BR>
<DIV><FONT size=3><STRONG>Opinan economistas
uruguayos</STRONG></FONT></DIV><FONT size=3><STRONG></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG><FONT size=2>Suplemento
Cash</FONT></DIV>
<DIV align=justify><BR><FONT size=2>Jose Rocca (Economista y docente de la
Universidad de la República - Uruguay)<BR></DIV></FONT></STRONG></FONT>
<DIV align=justify><STRONG>“Aceptar actividades indeseables”</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>“Estamos inscriptos en una división internacional del trabajo
que nos lleva a tener que aceptar las actividades indeseables que forman parte
de las cadenas productivas controladas por las grandes trasnacionales. Esos
costos son un mal negocio tanto por la contaminación como por el poco impacto de
empleo directo que tienen estas inversiones. Son inversiones de 1200 millones de
dólares, de los cuales 900 se destinarán a instalar la planta. Además, la
mayoría de ese dinero entra por medio de la importación de maquinarias ya
producidas en otros lugares. Claro, se puede hablar de un impacto en el PBI de
la economía nacional, pero los ingresos generados se los llevan mayoritariamente
las empresas trasnacionales. Creo que lo que vemos con la instalación de estas
plantas es una suerte de menemismo tardío, en el sentido de que hay un sector de
la derecha económica que aprovecha la desavenencia dentro del Mercosur para
presionar por un acuerdo directo con Estados Unidos.”</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Gustavo Melazzi (Economista especializado en
Planificación y docente en la Multiversidad de Uruguay)</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>“Acentúa el modelo de monocultivo”</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>“El impacto sobre el PIB en el caso uruguayo será del 1,5 por
ciento. Pero hay que tener en cuenta que esto será así en la primera etapa,
hasta el 2008: mientras dure la construcción de las plantas. Cuando entren en
operación, la baja de la mano de obra directa así como el alto componente
importado de la fuerza de trabajo calificada y de la tecnología empleada
reducirá fuertemente ese porcentaje. La instalación de estas empresas no cambia
cualitativamente la tendencia económica del país, ya que el proceso de
industrialización de los troncos no se hará aquí. Creo que esto es lo que
tendría que haber negociado el gobierno y no lo hizo. Hay aún posibilidades de
ampliar la superficie de forestación y varias empresas siguen comprando tierras
y anunciado inversiones, como la sueca Stora Enso. Esto indica que más que un
aprovechamiento del suelo de manera combinada, como podría ser la mixtura entre
ganadería y forestación, se acentúa el modelo de monocultivo.”</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#000080>La información contenida en
el boletín es de fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda. Los
artículos firmados no comprometen la posición editorial de Correspondencia de
Prensa. Suscripciones, Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><EM><FONT
color=#000080>germain@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A> </DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>