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<DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#800000 size=4>Boletín informativo -
Red solidaria de la izquierda radical</FONT></EM></STRONG></DIV>
<DIV align=center><STRONG><EM><FONT size=4><IMG alt="" hspace=0
src="C:\Documents and Settings\EH\Mis documentos\germain 1.JPG" align=baseline
border=0><BR><FONT color=#000080>Año III - 8 de mayo 2006 - Redacción:
</FONT></FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=4>germain@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Bolivia</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>La política "nacionalizadora" del
gobierno</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>La producción de los hidrocarburos
seguirá bajo control de las
transnacionales</FONT></STRONG><BR><BR><STRONG>CEDLA</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Bolpress</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial
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<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>El decreto de nacionalización abre un nuevo escenario de
negociación con las transnacionales del petróleo en base a medidas transitorias
de presión. Mientras el gobierno busca un mayor impacto político de esta medida,
se omite que las reglas del juego se mantienen con la misma orientación de la
Ley de Hidrocarburos 3058.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Si bien las reformas contenidas en el Decreto
nacionalizador 28701plantean un mayor control estatal del transporte y la
refinación de los hidrocarburos, otorgando al Estado un margen de maniobra en la
definición del precio de los carburantes en el país, el control sobre el proceso
de producción y exportación de alrededor del 90% de los hidrocarburos como
materia prima, sigue bajo el control de las empresas transnacionales, según el
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en un documento
en el que evalúa los primeros 100 días del gobierno del MAS.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La institución afirma que la nueva Ley de Hidrocarburos
3058 es la que determina la política sectorial, en tanto que el D. S. 28701, por
el carácter transitorio de sus artículos, permite que las empresas petroleras
transnacionales continúen definiendo el ritmo y la dirección de la cadena
hidrocarburífera boliviana, ya que la propiedad efectiva sobre los medios para
su explotación, es decir de los yacimientos, la infraestructura, los equipos,
etc., continuarán bajo su dominio, de acuerdo con la política establecida por la
mencionada Ley.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Ingresos transitorios</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El gobierno del presidente Evo Morales pretende mostrar
que los ingresos a favor del Estado por la producción hidrocarburífera se
incrementarán a un 82%, sin aclarar que este aumento es transitorio -durante 180
días, tiempo establecido para que las empresas petroleras modifiquen sus
contratos- y sólo será impuesto a Petrobras, Repsol y Total, socias en los
megacampos San Alberto y Sábalo (Tarija).</DIV>
<DIV align=justify><BR>De esa manera, la política de "nacionalización" contenida
en el Decreto Supremo 28701, se dirige a materializar la migración obligatoria
de los contratos petroleros de riesgo compartido hacia los nuevos contratos
creados por la Ley 3058, merced a la aplicación de una fuerte presión sobre las
empresas transnacionales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Mientras dure ese período transitorio, las mencionadas
empresas tributarán el 82% de la producción para el Estado y retendrán el 18% de
la producción obtenida en los campos San Alberto y Sábalo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El D.S. 28701 también instruye la realización de
auditorías a todas las empresas petroleras que operan en el país, para
determinar, caso por caso, las inversiones realizadas, amortizaciones, costos de
operación y rentabilidad obtenida en cada campo, sobre cuyos resultados YPFB
determinará la retribución o participación definitiva (dependiendo a qué tipo de
contrato migren) correspondiente a cada empresa.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esto significa que el Decreto 28701 ejecuta la medida
incluida en la actual Ley de Hidrocarburos, referente al otorgamiento de un
premio a campos menores y/o marginales que significa, en los hechos, una
reducción del 32% por concepto de IDH a favor del Estado. Asimismo, ratifica la
orientación exportadora del gas natural como materia prima.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Nuevo escenario de negociación</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>De manera intencional, el gobierno pretende mostrar la
participación adicional para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
como si se tratara de un aumento permanente del 32% en la tributación del sector
establecida en la Ley 3058 (IDH), cosa que no puede ocurrir sin modificar dicha
Ley.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El gobierno ha pregonado que a partir de la firma de
nuevos contratos, las empresas extranjeras se convertirían en prestadoras de
servicios (Contrato de Operación). Sin embargo, será el proceso de este nuevo
escenario de negociación con éstas el que determine si las transnacionales
petroleras están dispuestas a firmar ese tipo de contrato u optar por Contratos
de Asociación o de Producción Compartida, pues su interés es participar en la
producción de gas y petróleo bolivianos y no sólo prestar servicios a
YPFB.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Una "nacionalización" selectiva</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La propuesta "nacionalizadora" del gobierno se
complementa con la transferencia gratuita a favor de YPFB de las acciones de los
bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) en las
empresas capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por tanto, la acción del gobierno para controlar el 50%
más uno de las acciones de las tres empresas capitalizadas, no es
necesariamente, según el texto del Decreto Supremo 28701, una disminución
importante de la participación accionaria de las transnacionales. En el caso de
la refinación y almacenaje, el gobierno no niega la posibilidad de que la
nacionalización adopte la forma de una compra de las acciones a precios de
mercado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Teniendo en cuenta que las empresas Chaco y Andina juntas
controlan apenas el 9,7% de las reservas de gas natural y el 9,8% de las
reservas de petróleo, la mayoría de las reservas hidrocarburíferas continúa bajo
el dominio de Repsol-YPF, Total S.A. y Petrobras, que no participaron del
proceso de capitalización y que juntas controlan el 83% de las reservas de gas
natural y el 86% de las reservas de petróleo.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080>La información contenida en el boletín es de
fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, redes alternativas,
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firmados no comprometen la posición editorial de Correspondencia de Prensa.
Suscripciones, Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><EM><FONT
color=#000080>germain@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
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</FONT></DIV></BODY></HTML>