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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
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<DIV align=center><EM><STRONG><FONT color=#800000 size=4>Boletín informativo -
Red solidaria de la izquierda radical</FONT></STRONG></EM></DIV>
<DIV align=center><EM><STRONG><FONT size=4><IMG alt="" hspace=0
src="C:\Documents and Settings\EH\Mis documentos\germain 1.JPG" align=baseline
border=0><BR><FONT color=#000080>Año III - 6 de junio 2006 - Redacción:
</FONT></FONT></STRONG></EM><A
href="mailto:germain@chasque.net"><EM><STRONG><FONT color=#000080
size=4>germain@chasque.net</FONT></STRONG></EM></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT
size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Entrevista con Graciela Romero
(Serpaj-Uruguay)<BR> <BR>La Ley de Caducidad es el sustento de la
impunidad </FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG>Construyendo Nº 17 *</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG>Montevideo, junio 2006</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Graciela Romero es la coordinadora nacional del
Servicio Paz y Justicia (Serpaj), abogada, y una de las responsables del Informe
Anual sobre los Derechos Humanos que se presenta todos los 10 de diciembre.
Integró el equipo del Serpaj-América Latina. Durante años estuvo recorriendo el
horror de los penales en todo el país. Testificó el “fracaso del sistema
penitenciario” en un trabajo colectivo realizado por el IV Seminario Sobre
Cárceles (Montevideo, 2003). Con ella conversamos, mientras preparaba con
Ielsur, Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Familiares de Asesinados
Políticos, las nuevas denuncias judiciales contra los mandos militares,
policiales y civiles de la dictadura. (Entrevista de Ernesto
Herrera)</STRONG><BR> <BR><STRONG></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG> ¿Cuál es el balance que hace Serpaj de la
política del gobierno Tabaré Vázquez sobre la impunidad del terrorismo de
Estado? <BR></STRONG> <BR>No se puede desconocer que en general desde el 1ª
de marzo 2005 existe en el país un nuevo escenario para la defensa de los
derechos humanos. Este gobierno ha manifestado una voluntad política distinta a
la de gobiernos anteriores. Por lo menos, expresa una mayor preocupación e
interés en investigar y alcanzar la verdad en el marco del artículo 4º de la Ley
de Caducidad. <BR>De todas maneras, el gobierno se enfrenta a un dilema.
Por un lado tiene el problema de respetar un programa moderado, que buscaba la
adhesión de sectores de centro o conservadores: por otro lado, debe dar
respuesta a la demanda creciente de los movimientos populares, es decir, de las
bases sociales y políticas que decidieron la victoria del Frente Amplio. Lo
“nuevo” es el escenario favorable para atacar y terminar con la impunidad. No
sólo en el plano ético-jurídico, sino en el político. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La reunión mantenida por los militares retirados y en
actividad en el Círculo Militar ante la inminente extradición de los
militares implicados en el caso Berríos, y la carta de los excomandantes
difundida el 18 de mayo, son síntomas muy claros de que la impunidad no es un
tema secundario o puntual como dicen algunos dirigentes del Frente Amplio. Por
el contrario, se trata de una cuestión vital para la democracia, entonces, sólo
habría que esperar (o mejor dicho exigir) una actitud mucho más firme y decidida
desde el gobierno. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Hasta el momento, la política del gobierno se cierra en
torno a la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado” establecida por la
Ley 15.848. Las organizaciones de derechos humanos y abogados representantes de
las familias de las víctimas, tenemos otra opinión: no se trata solamente de
“conocer la verdad” sino de que se haga justicia y que los criminales y
torturadores sean encarcelados. El objetivo es romper la lógica perversa de la
impunidad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Esto no implica desconocer lo positivo, como por ejemplo,
que se otorguen las extradiciones de quienes están acusados de cometer delitos
en otros países, pues el principio es “juzgar o extradictar”.
<BR> <BR><STRONG>La demanda de poner fin a la impunidad también exige
desmantelar toda la arquitectura represiva del Estado, sin embargo, el gobierno
ni siquiera ha puesto en práctica una depuración efectiva en los aparatos de
seguridad y mantiene una estrategia de penalizar la protesta
social…</STRONG><BR> <BR>Bueno, es que los gobiernos del Partido Colorado y
el Partido Nacional mantuvieron intacto el aparato represivo, “protegiendo” a
militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos,
otorgando ascensos a militares denunciados, y negando toda colaboración a las
solicitudes provenientes del exterior para informar, interrogar o extraditar
militares uruguayos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Lo que si es absolutamente reprobable, y en tal sentido
nuestra crítica ha sido muy categórica, es que el gobierno progresista mantenga
en sus cargos a gente denunciada y acusada de violar los derechos humanos. Por
eso hemos dicho que no pueden permanecer en las instituciones, que no pueden ser
ascendidos, ni ocupar cargos de representación ante organismos internacionales,
como es el caso de la designación de Ernesto Serrón. Lamentablemente, nuestro
reclamo no ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades de gobierno.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>En cuanto a los procesamientos de militantes y
trabajadores, Serpaj los condenó en su momento y, como organismo de
derechos humanos, reivindicamos por sobre todas las cosas el pleno ejercicio
democrático de la lucha y la protesta. <BR> <BR><STRONG>Desde Serpaj vienen
planteando, junto a otros movimientos sociales y organizaciones de izquierda, la
necesidad de anular la Ley de Caducidad. Parece claro que para derrotar a la
impunidad, es imprescindible quebrar el marco político-institucional que la
sostiene ¿Cuál es tu opinión?</STRONG> <BR> <BR>Entendemos que es
imprescindible anular la Ley de Caducidad, lo venimos planteando desde
hace tiempo. La anulación es fundamental para garantizar una democracia
verdaderamente respetuosa de todos los derechos humanos y, simultáneamente,
hacer efectivas las convenciones internacionales que el país firmó. La Ley de
Caducidad debe ser anulada, porque instaló en el país - a partir de su
aprobación - un contexto político y jurídico de impunidad que afecta a la
democracia y al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Ahora bien, la impunidad no es sólo una cuestión
jurídica. La impunidad no es un concepto abstracto, ni sólo una situación de
injusticia por hechos ocurridos en el pasado. La impunidad es un hecho real,
concreto, que está ocurriendo ahora y que está violando hoy los derechos
humanos. Es, básicamente, una cuestión política con un sustento jurídico.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La impunidad, es un sistema de relaciones de poder por el
que un grupo de delincuentes se ubica fuera y por encima de las normas de
convivencia de la sociedad. Esto implica un mensaje: quienes pueden detentar el
poder pueden cometer crímenes, para ellos no hay castigo. Para los demás, para
los que no tiene su poder sí lo habrá. La impunidad cuestiona todo el “contrato
social,” toda el funcionamiento democrático del Estado, todos los valores en los
que se sustenta la democracia. En definitiva, es la propia legitimidad del
Estado la que está cuestionada mientras no se revierta la impunidad. Por lo
tanto, para nosotros se debe analizar este tema en dos planos: el político y
social y el ético-jurídico. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En el plano jurídico la Ley de Caducidad ha sido el
instrumento clave para sellar la impunidad, pero esto a su vez tiene su
contracara política y ética. No se puede menospreciar lo que significaría
eliminar esta ley: se derrumbaría todo el sustento jurídico-político de la
impunidad. <BR> <BR><STRONG>¿Por qué la nulidad y no la
derogación?</STRONG><BR> <BR>La derogación extingue la vigencia de la ley
pero con efecto hacia el futuro. La nulidad, por el contrario, declara la
inexistencia de la norma, revirtiendo el contexto de impunidad de todas las
violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985. Si bien la Ley
de Caducidad está viciada de nulidad absoluta, y por lo tanto es nula desde su
nacimiento y así permanece, no es considerada de esta forma por el Poder
Ejecutivo ni, hasta ahora, por ningún magistrado. Es nula por ser violatoria de
normas de “jus cogens” que son las que consagran derechos humanos fundamentales,
y son aceptadas y reconocidas por la comunidad de Estados en su conjunto; estas
normas universales, imperativas y dinámicas se encuentran por encima de la
voluntad de los Estados, están ubicadas en la cima del ordenamiento jurídico,
por lo que no pueden ser derogadas por ningún tratado y mucho menos por una
ley.<BR> <BR><STRONG>¿Y cómo se llega, desde el punto de vista de Serpaj, a
esa anulación? ¿existe una coordinación con otros movimientos y organizaciones
de izquierda para organizar una campaña?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Fomentando la condena pública y masiva a la impunidad. La
Marcha del Silencio es un buen ejemplo de esto. Promoviendo el debate,
socializando la información y creando una movilización social que tenga como
objetivo colocar en la agenda de las fuerzas populares la nulidad de la Ley de
Caducidad. Pero también es importante que haya extradiciones, que se denuncie y
que, finalmente, la justicia actúe. Esto contribuye a revertir el proceso de
impunidad y esa sensación de fracaso o de “ya se puede hacer nada”. En cuanto a
la campaña, ya existe una coordinación entre organizaciones sociales y de
derechos humanos, que funciona desde hace varios meses, pero en estos días se
estará creando un espacio de ejecución que apunte a llevar adelante una campaña
con ese objetivo.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>* Construyendo, mensuario de la Coordinación de Unidad
Revolucionaria (CUR).
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080>La información contenida en el boletín es de
fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, redes alternativas,
movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda. Los artículos
firmados no comprometen la posición editorial de Correspondencia de Prensa.
Suscripciones, Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><EM><FONT
color=#000080>germain@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>