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<DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#800000 size=4>Boletín informativo -
Red solidaria de la izquierda radical</FONT></EM></STRONG></DIV>
<DIV align=center><STRONG><EM><FONT size=4><IMG alt="" hspace=0
src="C:\Documents and Settings\EH\Mis documentos\germain 1.JPG" align=baseline
border=0><BR><FONT color=#000080>Año III - 24 de junio 2006 - Redacción:
</FONT></FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=4>germain@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia<BR><BR>Paramilitares se
reciclan al sur de Bogotá</FONT> <BR><BR></STRONG><STRONG><FONT size=3>Diana
Cariboni</FONT><BR></STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>IPS, enviada especial</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.ipsnoticias.net/">http://www.ipsnoticias.net/</A></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>Se dice que Ciudad Bolívar, tendida sobre los cerros
del sur de Bogotá, debe su nombre a la breve estancia del libertador Simón
Bolívar en una casa de la zona, tras escapar de un atentado en 1828. Hoy es uno
de los epicentros del fracaso de la desmovilización paramilitar promovida por el
presidente de Colombia, Álvaro Uribe. <BR><BR>Algunas fuentes indican la
presencia de unos ocho grupos paramilitares ultraderechistas con diferentes
dinámicas en Ciudad Bolívar y en el aledaño Altos de Cazucá, municipio de
Soacha. <BR><BR>Al menos tres son "hijos" del bloque de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) que comandaba el narcotraficante Miguel Arroyave, muerto en
septiembre de 2004 presuntamente por sus propios hombres, mientras negociaba su
desmovilización con el gobierno. <BR><BR>El funcionario Roberto Sicard, de la
Defensoría del Pueblo (ombudsman), distingue tres grupos remanentes de las AUC,
del Bloque Central-Santander y de lo que queda del Bloque Capital en el
paupérrimo Altos de Cazucá, de unos 50.000 habitantes, de los cuales 17.000
llegaron aquí desplazados por la guerra civil. <BR><BR>Sicard es coordinador del
proyecto Casa de los Derechos, casi la única presencia del Estado en Altos de
Cazucá, una zona marcada por el estigma a la que el agua llega apenas dos horas
por semana merced a un servicio que presta Bogotá. <BR><BR>Otras fuentes
sostienen que estos grupos se dedican a amenazar y asesinar a líderes
comunitarios, al reclutamiento más o menos forzado de jóvenes (el desempleo
constituye un aliciente), a la "limpieza social" de presuntos delincuentes y al
cobro de "impuestos" a comerciantes y transportistas. <BR><BR>También funcionan
aquí laboratorios de cocaína, el sustento del viejo conflicto armado de este
país. <BR><BR>Además, afirman esas fuentes, están los "pseudo-paras", que operan
bajo "franquicias" de las AUC o se ofrecen para alquilar sus servicios
criminales al mejor postor. <BR><BR>"Creo que en Colombia no se mata por
ideología, sino por hambre o por poder", dijo Sicard a una veintena de
periodistas sudamericanos que visitamos la zona a mediados de este mes.
<BR><BR>En Ciudad Bolívar el conflicto "se expresa en las redes de informantes
(promovidas por la fuerza pública), el control paramilitar y el cobro de
'impuestos'", sostuvo Michael Jordan, director de la oficina regional para
América Latina de la organización no gubernamental alemana Diakonia, que asiste
a la población en situaciones de desastre. <BR><BR>Se generan "continuamente
amenazas, asesinatos selectivos", pero sin la expresión del enfrentamiento
militar clásico, explicó Jordan. <BR><BR>Un hombre de 40 años, presidente de una
junta comunal de Cazucá cuya identidad se reserva IPS, relató que él y otros 13
líderes comunitarios habían sido amenazados de muerte por grupos ilegales. "El
30 de mayo me agredieron con armas punzantes y me dijeron que debía irme de la
zona". <BR><BR>"Hay miedo. Pensamos mucho sobre si hacer la denuncia en conjunto
y al final decidimos que era más seguro hacerla por separado", añadió.
<BR><BR>"No queremos ser conejillos de Indias de estas organizaciones, por eso
acepto hacer esta denuncia", dijo el hombre, ex militante del partido
izquierdista Unión Patriótica, exterminado a tiros. <BR><BR>"Nosotros" no
queremos nada "con los políticos. Por el clientelismo nos dan un mercadito (la
compra diaria de alimentos) a cambio de votos", sostuvo. <BR><BR>Este mes,
varias voces denunciaron asesinatos y desapariciones frecuentes en la zona sur
de Bogotá. Los cadáveres no siempre aparecen, y se cree que son arrojados al
cercano Rincón del Lago. <BR><BR>Denunciar los atropellos o delitos a las
autoridades es casi imposible. El puesto policial más cercano está a 20 minutos
en automóvil. Pero, además, algunas fuentes señalan "nexos aparentes" de los
criminales con suboficiales de la policía. <BR><BR>En su primer mandato,
iniciado en 2002, Uribe negoció con las AUC una desmovilización bajo un marco
legal que habilita el perdón de muchos crímenes cometidos por estas milicias, en
su momento autoras de 80 por ciento de las violaciones a derechos humanos, según
la Organización de Naciones Unidas (ONU). <BR><BR>Antes de que se iniciara el
proceso, los paramilitares se medían en menos de 5.000 integrantes. Hoy las
autoridades hablan de 32.000 desmovilizados y de unas 17.000 armas entregadas.
Mientras, la prensa, analistas y activistas de derechos humanos ya mencionan la
existencia de una tercera generación de estos grupos ilegales. <BR><BR>Ciudad
Bolívar y Altos de Cazucá, separados apenas por una calle, son también el
precario hogar de decenas de miles de campesinos que escapan del conflicto
armado en casi cualquier parte del país y llegan a la capital en busca del
Estado que los proteja. <BR><BR>Aquí se encuentran con las mismas amenazas que
quisieron dejar atrás --junto con sus casas, sus predios y su sustento-- más la
pobreza y el abandono. <BR><BR>Según un relevamiento de 1993, en Ciudad Bolívar
residen 713.000 personas en 252 barrios, 50 de ellos ilegales, que se van
formando sobre las zonas más altas de los cerros. Estimaciones más recientes
hablan de más de un millón de habitantes. Según el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), allí viven unos 100.000
desplazados. <BR><BR>Belfa Marín, de 37 años, llega agitada con dos de sus hijos
a la Casa de los Derechos, financiada por la ONU. Llora sin lágrimas porque el
gobierno cerró la policlínica que atendía hasta este mes a unas 10.000 personas,
con un promedio de 1.050 consultas al año. <BR><BR>La Casa de los Derechos
ofrece asesoría legal y servicios de educación y salud, así como proyectos
productivos para la población desplazada. <BR><BR>Marín busca papel para recoger
firmas contra el cierre de la policlínica. "¿Por qué nos van a quitar de aquí?
Yo he depositado confianza en los doctores", dice presa de indignación. Tres
años atrás, abandonó su pequeña finca en Vista Hermosa, en el central
departamento del Meta, con su marido, sus tres hijos, su cuñado y una sobrina.
Allí actuaban las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). <BR><BR>Primero marcharon a la aldea de San Juan de Arama, un poco más
al norte, pero allí se encontraron con los paramilitares. <BR><BR>A Marín le
cuesta dar detalles y nombres. De volver no quiere ni hablar, aunque aquí vive
en la miseria. <BR><BR>La zona de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá fue décadas
atrás territorio de apoyo logístico de las FARC, pero pasó luego a manos de los
paramilitares, que proliferaron desde los años 80. <BR><BR>En alguna fachada se
ven leyendas como "AUC presentes". <BR><BR>Las viviendas son casi siempre de
ladrillos. En las zonas más bajas de Ciudad Bolívar se rodean de pequeños
jardines y las calles están asfaltadas, hay luz y agua. Todo empeora a medida
que se asciende. Las cañadas con aguas servidas corren a la vera de los caminos
y las viviendas se vuelven más precarias, al tiempo que el verde desaparece.
<BR><BR>Los desplazados recién llegados se instalan cuesta arriba. El trámite
para conseguir asistencia del Estado (un monto total equivalente a unos 200
dólares por un máximo seis meses) puede demorar dos meses o más. Por eso es muy
común verlos pidiendo limosnas en los semáforos. <BR><BR>Eso fue lo primero que
le tocó hacer a Germán Luna, ahora presidente de la asociación de desplazados
"Semillas de Esperanza", con unas 350 familias. <BR><BR>Luna ha reunido a
alrededor de 50 madres y sus hijos en un espacio que oficia de comedor en el
sector de Santa Viviana, un vecindario ilegal de Ciudad Bolívar, que por serlo
no tiene agua, luz ni teléfono. Hoy no hay almuerzo. Han esperado pacientemente
la llegada de los periodistas para denunciar lo que viven. <BR><BR>Luna dirige
el comedor "Lunitas de Amor". Con arroz, lenteja, aceite y panela --donados por
el Programa Mundial de Alimentos a través de la alcaldía bogotana-- se las
ingenia para ofrecer una comida diaria a 417 niños. <BR><BR>"Vivimos de la
caridad", dice Luna. "Aquí no hay trabajo, y el reasentamiento es una mentira
del Estado. No hay seguridad para retornar", afirma. En septiembre de 2001, su
esposa y otras 17 personas fueron asesinadas en Montes de María, en el
nororiental Sucre. Luna partió entonces junto a sus hijos, hoy de siete y ocho
años. <BR><BR>Uno de ellos, sonriente, se acerca con un papel en blanco.
"Póngame su nombre y su teléfono", me pide. Mientras escribo, le digo que vivo
muy lejos, en Uruguay. "No importa, si usted me deja, igual me voy caminando
hasta allá". <BR><BR>Cuando los periodistas se marchan, una joven se presenta
con su beba en brazos. La pequeña está afiebrada. La madre pide "un autógrafo"
en la suela del zapatito impecablemente blanco. "Es para cuando ella sea grande
y yo le cuente que ustedes estuvieron acá", dice. <BR><BR>Cabría esperar que,
para entonces, la guerra colombiana haya terminado. <BR><BR>"Estamos muy lejos
del fin del conflicto y del paramilitarismo, que es el asesino ilegal al lado de
la fuerza pública. Han cambiado de nombre con los años: antes eran sicarios,
luego AUC y ahora, veremos...", suspira Jordan.</DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#000080>La información contenida en
el boletín es de fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda. Los
artículos firmados no comprometen la posición editorial de Correspondencia de
Prensa. Suscripciones, Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain@chasque.net"><STRONG><EM><FONT
color=#000080>germain@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A></DIV>
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