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<DIV align=center><EM><FONT color=#800000 size=5><STRONG>Boletín informativo -
Red solidaria de la izquierda radical</STRONG></FONT></EM></DIV>
<DIV align=center><FONT size=4><EM><IMG alt="" hspace=0
src="C:\Documents and Settings\EH\Mis documentos\germain 1.JPG" align=baseline
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<DIV align=center><FONT size=4><EM><STRONG>Año III - 20 de agosto 2006 -
Redacción: </STRONG></EM></FONT><A href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT
size=4><EM><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></EM></FONT></A></DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG>Argentina<BR><BR>Desembarco
minero</STRONG></FONT><BR><BR><STRONG>Estados Unidos, Canadá, Europa y China
planean inversiones mineras en los próximos cinco años por 5 mil millones de
dólares en el cordón cordillerano argentino. La oposición de los habitantes y de
organizaciones ambientalistas se centra en el deterioro ecológico y la venta de
tierras a manos extranjeras. El gobierno guarda
silencio.<BR><BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Fabián Kovacic desde Buenos
Aires <BR>Semanario Brecha<BR>Montevideo, 18-8-07</STRONG><BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2> </DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>Inversiones millonarias y leyes laxas
es la fórmula usada por una treintena de empresas mineras extranjeras para
instalarse a lo largo de todo el cordón cordillerano en tierras de diez
provincias argentinas. Sin embargo la reacción social ante la posibilidad de
sufrir las consecuencias contaminantes y de alteración del ambiente que traería
aparejada esa actividad, empieza a poner en entredicho a funcionarios
nacionales, provinciales y municipales y hasta enfrentarlos con verdaderas
puebladas.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>En Argentina existen 49 proyectos de explotación minera
distribuidos a lo largo de todo el país –especialmente en la región de la
cordillera de los Andes– y repartidos entre 39 empresas, de las cuales 35 son
extranjeras. Las principales provincias afectadas son Chubut, San Juan, Santa
Cruz, Neuquén, Río Negro, Salta, La Rioja, Jujuy, Mendoza y Catamarca. Todas
esas empresas vienen desembarcando en el país desde 1970, con un pico máximo
conocido en los años noventa cuando el menemismo desreguló la economía y reclamó
inversiones extranjeras.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Números
jugosos</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>El potencial minero del país es apetecible y aún poco
explotado. El 70 por ciento de la producción minera anual se exporta y, según
estudios de bancos privados, solamente el 15 por ciento de las reservas
minerales han sido explotadas. No en vano tras el default de 2002 y la decisión
del gobierno de Néstor Kirchner de revisar las privatizaciones de los servicios
públicos, el propio Banco Mundial y las principales consultoras económicas con
casas matrices en Washington recomendaron invertir en minería. “Las
oportunidades de inversiones están mayoritariamente en las actividades
extractivas no petroleras, donde el gobierno se entromete menos con sus
controles y acuerdos de precios”, señaló el analista Fernando Sedano de la firma
Manufacturers Alliance, una de las preferidas por las mineras extranjeras que se
instalaron en Argentina.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La actividad minera del país se rige por el Código de
Minería Nacional redactado y aprobado en 1887 con el objeto de encuadrar la
actividad del sector. El código admite la sanción de leyes que reglamenten las
explotaciones a través del tiempo y establece que las riquezas del suelo y
subsuelo son propiedad de los estados provinciales, con lo cual habilitó a cada
provincia a establecer las formas legales para explotar este recurso. “Eso
explica por qué las protestas de la última década se dirigen especialmente a
gobernadores, legisladores provinciales e intendentes municipales. Son estos
funcionarios los que deciden las concesiones a las empresas mineras”, explica
Javier Rodríguez Pardo, militante ambientalista de La Rioja, una de las
provincias donde la explotación minera genera controversias. De hecho se
presentan diferencias entre el Código nacional y las leyes provinciales, al
punto que algunos conflictos entre empresas instaladas en Argentina se resuelven
en foros judiciales canadienses.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Actualmente las empresas ima Exploration y Minera
Aquiline se disputan en Chubut la propiedad de explotación del yacimiento
Navidad, ubicado en la localidad de Gastre, que ostenta el jugoso título de ser
el segundo filón de plata más grande del mundo con 308 millones de onzas de
plata y 2.900 millones de libras de plomo. La decisión está en poder de la
justicia de Vancouver, Canadá, si bien el gobierno chubutense ya suspendió la
explotación minera por tres años en la zona cordillerana.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Protestas
vecinales</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Hace diez años que los vecinos de Esquel, en la patagónica
provincia de Chubut, iniciaron las protestas contra la instalación de la minera
estadounidense Meridian Gold, especialista en la extracción de oro practicando
la explotación a cielo abierto, una de las formas más contaminantes pues no sólo
utiliza sustancias como el cianuro sino que el lavado de esos productos se hace
en cursos de agua abiertos y públicos, es decir, los ríos que surcan la
cordillera de los Andes. En general los reclamos son contra la contaminación del
agua de la zona donde se instalan las compañías, la destrucción indiscriminada
de montañas y cerros mediante explosiones que alteran el equilibrio ecológico y
por el pase a manos privadas de vastas zonas aledañas a los
emprendimientos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En San Juan se encuentra la mayor concentración de
explotaciones mineras, a cargo de la Barrick Gold Limitada, la ima Exploration y
la Tenke Mining. Los habitantes de los pueblos cercanos a los yacimientos
reclaman por el corte de rutas nacionales y provinciales que en tramos de más de
treinta quilómetros fueron privatizadas de hecho por las compañías mineras, y la
imposibilidad de usar el agua de ríos y arroyos para el riego y consumo
doméstico.</DIV>
<DIV align=justify><BR>A fines de junio pasado los vecinos de Chilecito, en La
Rioja, empezaron a ser tomados en cuenta por la prensa nacional. Se trata de una
población de 50 mil habitantes y, como en Esquel, reclaman desde hace un año que
no se instale la Barrick Gold para explotar el oro, la plata, el molibdeno y el
cobre que encierran las profundidades del cerro Famatina. También allí el método
es la mina a cielo abierto, y el agua es un bien preciado en la provincia, por
su escasez. “No tenemos agua para regar los cultivos y dar de beber a los
animales, menos la vamos a entregar para la minería”, asegura el intendente de
Chilecito, Fernando Rejal. En la provincia los conflictos están a la orden del
día. El vicegobernador, Luis Beder Herrera, está en desacuerdo con la
instalación de la mina: “Van a contaminar, se llevarán las riquezas y nos van a
dejar migajas”, asegura. Pero el gobernador Ángel Maza es kirchnerista y
ferviente defensor de la actividad minera. Fue secretario del área durante
cuatro años (1993 y 1997), cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía y
Carlos Menem el presidente, y sus lazos con el sector empresarial son
inmejorables.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Llegan los
chinos</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>La canadiense Barrick Gold invirtió 540 millones de dólares
en la mina de Veladero, en San Juan, y hace seis meses empezó a producir los
lingotes de oro. La minera Río Tinto desarrollará a su vez el proyecto de
Potasio Río Colorado, en el sur de la provincia de Mendoza y norte de Neuquén
con una inversión de 500 millones de dólares, y espera entrar en producción en
2009, según directivos de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM). Esas cifras
indican el promedio de inversiones que implica la instalación de una planta
minera. Sin embargo las expectativas mayores están puestas en el interés de
China por las inversiones en suelo argentino. Según fuentes provinciales y de la
Secretaría de Minería de la nación las cifras rondan los 5 mil millones de
dólares, invertidos en yacimientos de oro, plata y cobre, entre otros minerales.
Desde el gobierno nacional guardan silencio y prefieren remitir los reclamos por
los conflictos a las provincias. Pero se trata de un tema que tarde o temprano
golpeará a las puertas de la Casa Rosada. nJuicio a tres directivos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Tres altos directivos de la minera canadiense Meridian
Gold enfrentarán un juicio oral en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, por
desobedecer el amparo ambiental que paralizó en 2003 el fallido proyecto minero.
El 12 de agosto pasado la Cámara de Apelaciones de Esquel rechazó lo resuelto
por el juez de garantías, Jorge Criado, quien había dictado un sobreseimiento.
La resolución de la Cámara deniega el pedido de sobreseimiento para Mónica
Mariaca Pando, una de las directivas, y rechaza el beneficio denominado
probation –suspensión del juicio a prueba– para Darcy Edward Marud y Gonzalo
Tufino, también directivos de la empresa minera, quienes se encuentran imputados
del delito de “desobediencia”, según lo estipulado por el Código Penal, y que
irán a juicio oral.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Luego de esta resolución de la Cámara de Apelaciones los
imputados podrán ser llamados a prestar declaración indagatoria en los próximos
meses, para lo cual deberían viajar desde Estados Unidos, donde residen
actualmente al menos dos de ellos, y posteriormente se determinará la fecha del
juicio oral y público.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las medidas judiciales tienen su origen en la demanda de
amparo ambiental presentada por una vecina de Esquel, por la cual en febrero de
2003 un juez civil, comercial y laboral dispuso la paralización del proyecto
minero llamado Cordón Esquel, medida no acatada por los directivos de Meridian
Gold. Tras una investigación, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral
del caso pero los abogados defensores ofrecieron pagar 25 mil pesos destinados a
una escuela de la zona y el juez aceptó. La apelación rechazó la medida y llevó
la cuestión a juicio.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información contenida en el boletín es
de fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, redes alternativas,
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Suscripciones, Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
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size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
<BR> </FONT></DIV></BODY></HTML>