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<DIV align=center><STRONG><FONT color=#800000 size=5><EM>Boletín informativo -
Red solidaria de la izquierda radical</EM></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><IMG alt="" hspace=0
src="C:\Documents and Settings\EH\Mis documentos\germain 1.JPG" align=baseline
border=0><BR><EM>Año III - 11 de septiembre 2006 - Redacción:
</EM></FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4><EM>germain5@chasque.net</EM></FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Chile</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Un 11 de septiembre que no termina
<BR><BR>Alvaro Ramis *</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
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<DIV align=justify><STRONG>Crónica Digital y Rebelión</STRONG><BR><BR><BR>Han
pasado más de dieciséis años desde el fin de la dictadura militar. Sin embargo,
los Derechos Humanos se continúan violando en Chile. No solamente se violan por
la impunidad en que tantos crímenes de lesa humanidad han quedado sin lograr
nunca verdad, justicia y reparación.<BR><BR>No solamente se violan en la persona
de los presos políticos mapuches que cumplen condenas injustas por “terrorismo”.
A treinta y tres años del golpe militar de 1973 los derechos económicos,
sociales y culturales de toda la población chilena se continúan violando día a
día.<BR><BR>Hasta el golpe militar de 1973 la educación, la salud, la previsión
y la vivienda -entre otros derechos- se consideraban bienes y servicios
públicos; es decir, bienes a los que las personas accedían por su condición de
ciudadanos/as y no como clientes o consumidores. Se entendía que el
financiamiento de la canasta de bienes y servicios públicos debía provenir de la
recaudación de impuestos que el Estado realizaba. Al mismo tiempo, se
establecieron derechos colectivos del trabajo: sindicalización, negociación
colectiva y derecho a huelga, entre otras conquistas que permitieron la defensa
de los derechos laborales. <BR><BR>A partir del golpe militar de 1973, y bajo la
influencia del programa y de la ideología neoliberal, se procedió a desconocer
la existencia de los derechos sociales y económicos de la población, hasta
situarlos como responsabilidad individual de las personas. Como reflejo de estas
políticas, la Constitución de 1980, dejó de garantizar los derechos a la
educación, a la salud, al empleo, a la justa remuneración, a la seguridad
social, etc. El Art. 19 de la Constitución de 1980 en la mayoría de los casos
consagra el derecho individual de "acceder libremente" al ejercicio de los
derechos económicos y sociales, sin que el derecho sustantivo quede
objetivamente asegurado o, al menos, consagrado. Así se comenzó a considerar los
servicios públicos como mercancías, lo que ha agravado la vulnerabilidad de los
sectores bajos y medios, quienes no pueden costear los servicios privatizados y
sólo pueden acceder a servicios estatales degradados y desfinanciados.
<BR><BR>Al mismo tiempo el Estado fue redefinido bajo un “rol subsidiario”, que
redujo sus ingresos tributarios, debido a que se rebajaron los impuestos a las
empresas y a los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, por medio de la ley
sobre exenciones a la especulación financiera, que permite invertir en la Bolsa
y en transacciones financieras sin tributar las utilidades que de ellas se
perciba. Desde entonces la estructura tributaria chilena se caracteriza porque
porcentualmente pagan más quienes tienen ingresos menores, lo cual rompe con los
principios de equidad más elementales. En Chile, la distribución del ingreso es
más regresiva después que antes de pagarse impuestos” . Esa situación creó las
condiciones para aplicar en Chile un modelo de “crecimiento empobrecedor”.
<BR><BR>Este modelo fue descrito por el profesor Jagdish Baghwati en 1958 y se
refiere a los efectos perjudiciales que suelen afectar a países ricos en
recursos naturales o que logran grandes inversiones extranjeras pero que no
logran generar condiciones de desarrollo endógeno. Este modelo crea las
condiciones para una desigualdad crónica, ligada a efectos nefastos como la
violencia delictiva y otras patologías sociales que se acumulan de forma
explosiva. <BR><BR>Paralelamente, toda la estructura política chilena fue
configurada para conservar el Stau Quo, mediante un complejo sistema de
cortapisas y amarres, como el sistema electoral binominal, la conformación de
los distritos electorales, la fórmula de conversión de votos en escaños
parlamentarios, y especialmente los altos quórum en las materias de ley de
cierta trascendencia. <BR><BR>Diversos especialistas han denunciado que el gasto
social no ha mantenido los incrementos que tuvo en los primeros años de la
democracia, existiendo los recursos para hacerlo. Sin embargo, debido a la
ortodoxia económica del gobierno, empeñada en mantener un superávit estructural
del 1% del PIB, estas utilidades no se han traducido en una mayor cobertura de
las necesidades de las personas. El gasto social en relación al PIB se mantiene
en torno al 17%, en circunstancias que antes de 1973 alcanzó porcentajes
superiores al 30%. Con anterioridad al golpe de Estado de 1973, el gasto público
en salud y educación alcanzó al 4.7% y 7.2% del PIB, respectivamente, cifras que
al fin de la dictadura se habían reducido a 2.6% y 2.9% del PIB,
respectivamente. Al 2000 dichas cifras se habían recuperado a 3.1% y 4.1% del
PIB, respectivamente, situación que se ha mantenido relativamente estable.
<BR><BR>Por esta razón la cobertura de los servicios básicos como educación,
salud, vivienda y previsión siguen dependiendo de los ingresos de las personas y
no de su dignidad como ciudadanos/as.<BR><BR>Por este motivo es posible
caracterizar a la democracia chilena mediante una categoría elaborada por Franz
Hinkelammert: “democracia de seguridad nacional”. Esta caracterización hace
referencia a que la democracia que se re-estableció en 1990 no posee continuidad
con la democracia anterior al golpe militar de 1973, sino que prolonga las
principales políticas de la dictadura militar. Esta continuidad explica, entre
otras cosas, la grave inequidad en la distribución del ingreso que se ha
convertido en un problema crónico y que cuestiona gravemente la estructura
social y política de Chile. <BR><BR>Los derechos humanos son indivisibles, ya
sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social. Por
consiguiente, todos los derechos poseen el mismo rango y condición, y no pueden
ser clasificados, a priori, en orden jerárquico. Por este motivo la Constitución
de 1980 es un instrumento legal que viola sistemáticamente los Derechos Humanos
de la población chilena y por lo tanto es el principal responsable del
sostenimiento de un sistema político y económico ilegítimo y atentatorio a la
dignidad humana. <BR><BR></DIV>
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<DIV align=justify>* El autor esTeólogo y Miembro del Consejo Editorial de
Crónica Digital.</DIV>
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<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información contenida en el boletín es
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<HR>
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