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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=5><U>boletín informativo - red solidaria de
revistas<BR></U><FONT color=#800000 size=6><EM>Correspondencia de
Prensa<BR></EM></FONT>Año IV - 27 de octubre 2006 - Redacción:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=5>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay<BR><BR>Fracaso de los
empresarios piqueteros</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>La reacción de
octubre</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Aunque por momentos lo pareció, no
fue un juego de las esquinitas en el cual el oficialismo de hoy dice lo
contrario que la oposición de ayer y viceversa. Lo que hubo esta semana fue una
pulseada importante, que ganó muy claramente el gobierno. Pero todo indica que
este octubre sólo fue el primer round de una nueva etapa. Sobre todo si el
gobierno, como anunció, avanza en el proceso de cambios que
prometió.<BR><BR>Guillermo Waksman</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Semanario Brecha, Montevideo,
27-10-06</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Las movilizaciones de los camioneros chilenos en 1972 y
1973 contra el gobierno de Salvador Allende tuvieron sin duda alcance y
características muy distintas a las de sus pares uruguayos de hoy. Las
diferencias de la situación nacional, regional e internacional de Chile hace
tres décadas con la del Uruguay de hoy, y hasta de la geografía de ambos países,
son demasiado notorias. El uruguayo Diego Valverde se parece muy poco al chileno
León Vilarín y no hay indicios de que la cia o el Departamento de Estado, desde
Washington, hayan invertido millones de dólares para financiar la movilización
de esta semana. Sin embargo, la reminiscencia es casi inevitable: se trata de la
misma rama de actividad (la de los transportistas de carga); la movilización no
se limita a la paralización de tareas sino que incluye bloqueos; el
enfrentamiento es con un gobierno de izquierda; no se trata de un sindicato sino
de un gremio empresarial, que sólo excepcionalmente había recurrido al paro como
forma de protesta y nunca lo había hecho por tiempo indeterminado; y los
respaldos, así como la actitud ante la negociación de las reivindicaciones
económicas, permiten sospechar que subyace un móvil político.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Tampoco parece razonable afirmar que hoy exista en el
país una conspiración contra el gobierno del Frente Amplio o una ofensiva
coordinada de los partidos y sectores sociales de oposición tendiente a
desestabilizar las instituciones. Los hechos no tienen en principio relación
alguna entre sí: además de esta huelga patronal en el transporte, el
enfrentamiento televisivo entre Pedro Bordaberry y el senador Rafael Michelini,
los cuestionamentos al proceso de debate educativo impulsado por la anep y la
renuncia de los representantes blancos y del Partido Independiente de su
comisión organizadora, el relevo –poco menos que provocado por él mismo– del
comandante en jefe del Ejército, las objeciones de inconstitucionalidad al
presidente Tabaré Vázquez por el nombramiento con carácter provisional de la
doctora Mirtha Guianze como fiscal de Corte, y la interpelación –durísima más
por la forma que por el contenido– al ministro del Interior, José Díaz, el lunes
23. Sin embargo, esta media docena de episodios, ocurridos a lo largo de
octubre, tienen un elemento común: el clima de altísimo voltaje en el cual se
desarrollaron. Notoriamente, las relaciones entre el gobierno y la oposición
alcanzaron esta semana su punto de máxima tensión desde que, hace casi veinte
meses, Vázquez asumió la Presidencia.<BR>Desde hace por lo menos dos décadas en
Uruguay se suele usar como sinónimos, erróneamente, los términos “confrontación”
y “enfrentamiento”, que en realidad tienen distinto significado.
“Confrontación”, según la Real Academia, es un “careo entre dos o más personas”,
un simple “cotejo de una cosa con otra”. La diferencia entre ambas palabras
expresa con precisión el cambio de la actitud de la oposición en las últimas
semanas: pasó de la confrontación al enfrentamiento. Un enfrentamiento sin
cuartel, donde todo vale.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Más allá de que no haya conjura, existe hoy una
coincidencia antigubernamental en sectores políticos y empresariales que hasta
ayer aparecía diluida. “¿Cuándo fue que se jodió el Perú?”, se preguntaba Mario
Vargas Llosa. La respuesta, en el caso de Uruguay, es setiembre, el décimo
noveno mes del gobierno de Tabaré Vázquez. El lunes 11 fueron procesados los
primeros militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura (quedó claro además que habría nuevas causas que incluirían a jerarcas
civiles y mandos militares), y el jueves 28 el presidente Vázquez anunció que no
firmaría un tlc con Estados Unidos. Esas dos decisiones, sumadas al hecho nada
menor de la inminente aplicación de varias de las reformas previstas en el
programa del Frente Amplio, fueron señales muy claras para la oposición y los
sectores más conservadores de la sociedad uruguaya: sus expectativas de que este
país fuera un ejemplo más de un gobierno que sube por la izquierda y gobierna
con la derecha, parecieron derrumbarse.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>TRES DÍAS DE FURIA</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Según El País (miércoles 25), “el ex presidente Julio María
Sanguinetti advierte que la democracia está amenazada por la actitud rompehuelga
y la intolerancia del PIT-CNT, y porque el gobierno del presidente Tabaré
Vázquez viola la Constitución”. Las presuntas violaciones de la Constitución del
actual gobierno se han convertido en el Leitmotiv de los discursos de los
dirigentes colorados y blancos. El Partido Nacional (pn) enumeró varias en un
informe que aprobó su Convención Nacional, celebrada el sábado 7 en
Florida.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Vale la pena mirar la portada de la última edición de
“Correo de los Viernes” (viernes 20), publicación (on line) oficial del Foro
Batllista. El título principal es “Contra la Constitución” y en el artículo se
refiere al nombramiento “a sangre y fuego” de la doctora Guianze como fiscal de
Corte. El otro artículo, sobre el cese del comandante en jefe del Ejército,
termina con este párrafo: “Cada día nos va peor. A las violaciones de la
Constitución ahora le agregamos estos excesos. Que suenan muy mal cuando además
el señor presidente actúa desde una sesión de pesca, cuando en helicóptero y
barcos de la Armada practicaba su deporte favorito en Cabo Polonio. Lo que suena
a monárquico”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por su parte, el diputado forista Washington Abdala
cuestionó severamente la actitud del PIT-CNT: “Los dirigentes sindicales
gubernistas, que además son genuflexos con el gobierno de una forma que causa
escándalo y hasta vergüenza, construyen toda una teoría conspirativa”. Dijo
también que “decir que se está chantajeando a la democracia o hablar de actitud
golpista es sólo para gente que tiene una mentalidad muy autoritaria, de
dictadura militar”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En una actitud también de crítica al gobierno, pero
bastante menos cerril que la de los colorados, el presidente del Directorio
blanco, Jorge Larrañaga, acusó el martes 24 al gobierno de realizar una
“maniobra de distracción”, y sostuvo que “no se nos puede agraviar con tesis de
conspiración o desestabilización, porque esto es algo que nadie se lo cree”.
Agregó que “Vázquez es el presidente de todos los uruguayos y debe generar
condiciones de diálogo entre los uruguayos”. Y subrayó que “este gobierno,
lamentablemente, no dialoga y esto es lo que está emergiendo en una situación
creciente de confrontación y enfrentamiento que divide a la sociedad uruguaya”.
Por su lado, el ex diputado Alem García, en un artículo publicado en la página
oficial del pn, se pregunta ya desde el título si se trató de un paro político y
responde: “Claro que es político”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El conflicto de los transportistas de carga comenzó a
gestarse a partir del decreto del 28 de setiembre, que lleva la firma del
presidente y los ministros Víctor Rossi, Jorge Lepra y Danilo Astori, por el
cual se crea un fideicomiso cuyos fondos surgirían del aumento del precio del
gasoil en 1,053 pesos por litro, que se estima produciría unos dos millones de
dólares mensuales que se destinarían a financiar una rebaja en el precio del
boleto urbano de pasajeros en todo el país (véase BRECHA, 20-X-06).<BR>El
miércoles 18 diez gremiales nucleadas en torno a los transportistas de carga
suscribieron una declaración en protesta por el aumento del precio del gasoil,
por las consecuencias de la reforma tributaria impulsada por el gobierno y aún
no examinada en el Parlamento, la no implementación del proyecto de país
productivo y la pérdida de competitividad que, a su juicio, se derivaba de esas
circunstancias.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las organizaciones firmantes fueron la Intergremial del
Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (itpctu), la Asociación
Rural, la Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la
Cámara de Exportadores de Citrus, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la
Confederación Empresarial del Uruguay, la Confederación Granjera, las
Cooperativas Agrarias Federadas y la Sociedad de Productores de Leche de
Florida. Todas estas gremiales –incluidas las dos principales del agro, que rara
vez coinciden– apoyaban el paro que la itpctu había anunciado la semana anterior
para el lunes 23. No todos los firmantes estaban vinculados con el transporte
–en primer lugar el más influyente, la Asociación Rural–, y tampoco firmaron
todas las entidades empresariales vinculadas con el sector, lo que a la postre
crearía una fisura importante en la movilización.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hasta la noche del domingo 22 estuvieron negociando el
ministro Víctor Rossi y otras autoridades del mtop con los dirigentes de la
itpctu (el presidente Carlos Ney Ramírez, el secretario Gustavo González y los
dirigentes Humberto Perrone y Diego Valverde, este último el vocero más visible
en los últimos días). La propuesta del gobierno en esa oportunidad, rechazada
por los empresarios, fue rebajar el 7,99 por ciento del iva (en sustitución del
Imesi) que pagarían los transportistas por concepto de gasoil. Tres días
después, el conflicto terminaría con el compromiso de que esa rebaja fuese del
8,2 por ciento, apenas 0,21 centésimas de diferencia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La medida de la gremial empresarial se aplicó con una
intransigencia mucho mayor que la que los empresarios suelen reprochar a las
movilizaciones de sus trabajadores. Por un lado, se realizó sin gradualismo
alguno: de entrada comenzó sin paros parciales, de algunas horas o jornadas de
inactividad, sino con un paro por tiempo indeterminado. Pero además la medida no
fue sólo de paro: hubo también bloqueos que interrumpieron las actividades
normales en otros sectores –como la refinería y la planta de ANCAP en La
Tablada, así como el puerto de Montevideo– y también cortes de ruta en distintas
carreteras del país. Si bien esto último fue negado por dirigentes de la itpctu,
en un comunicado librado el martes 24 por la Asociación Nacional de Empresas de
Transporte Carretero por Autobús (Anetra) se da cuenta de media docena de
detenciones y revisiones de ómnibus de pasajeros, en diferentes rutas, por
piquetes de empresarios del transporte de carga. Los piqueteros, tan denostados
por casi todo el mundo –oposición y gobierno incluidos– cuando interrumpen el
tránsito en Gualeguay-chú, habían empezado a actuar, al menos de modo
incipiente, en territorio nacional.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>UNA ESENCIALIDAD DISCUTIBLE</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Es prematuro evaluar la incidencia de cada uno de los tres
principales factores que llevaron a la itpctu a levantar el conflicto en la
noche del miércoles 25: la última fórmula ofrecida por el gobierno en respuesta
a los reclamos de la gremial, la declaración de servicios esenciales y la
división que fue creciendo en la interna de los transportistas, así como la
deserción de algunos de sus aliados y el aislamiento en que los “empresarios
huelguistas” fueron quedando en el conjunto de la población a medida que se
sentían los impactos de su medida. Valverde declaró que el gremio había obtenido
finalmente una satisfacción de sus reivindicaciones, pero admitió que la
declaración de esencialidad había sido decisiva; no se refirió, como era
previsible, al debilitamiento del frente gremial.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En la resolución adoptada en la madrugada del miércoles
25 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss) –que lleva además de
la firma de su titular, Eduardo Bonomi, la del ministro Rossi– se señala que las
medidas de la itpctu “han afectado seriamente la normalidad en el abastecimiento
de la población”; que han sido infructuosos “los ingentes esfuerzos realizados
por las autoridades competentes, tendientes a encontrar una solución negociada
al conflicto”; que la movilización “pone en grave e inminente riesgo a la
población en virtud de que conduce al desabastecimiento de elementos vitales
para la vida, la salud y la seguridad humana, y dada la magnitud alcanzada por
dicha medida, se afecta seriamente el orden público”; y que tanto la doctrina
como el Comité de Libertad Sindical de la oit “han entendido que un servicio es
esencial cuando su interrupción puede causar un grave perjuicio público o
aparejar el riesgo de provocar un infortunio colectivo, para toda o parte de la
sociedad”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La resolución declaró esenciales los siguientes servicios
de transporte terrestre: “distribución de combustible en general; carga y
distribución de alimentos y productos necesarios para su elaboración; carga y
distribución de productos perecederos; garantizar las operaciones normales en
puertos y aeropuertos comerciales; el transporte de insumos y residuos
hospitalarios”, y cualquier otro transporte cuya interrupción, “a juicio del
mtss, pueda causar un grave perjuicio público o aparejar el riesgo de provocar
un infortunio colectivo para toda o parte de la sociedad”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La resolución ministerial establece, con base en la
legislación vigente, cómo se asegura el mantenimiento de los servicios
esenciales: “La autoridad pública podrá disponer las medidas necesarias para
mantener dicho servicio, recurriendo incluso a la utilización de los bienes y la
contratación de prestaciones personales indispensables para la continuidad de
los mismos, sin perjuicio de aplicar al personal afectado las sanciones legales
pertinentes”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>De acuerdo con esta disposición, un transportista que no
obedeciera la orden de la autoridad competente de efectuar determinado trabajo
considerado esencial, podría ser sometido a la justicia y acusado del delito de
desacato.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La Organización Internacional del Trabajo prevé, en
efecto, la posibilidad de que un gobierno considere como servicios esenciales
determinadas actividades, públicas o privadas, que no pueden dejar de cumplirse
ni siquiera en caso de huelga. La oit siempre sostuvo que sólo pueden ser
declarados esenciales aquellos servicios “cuya interrupción podría poner en
peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
población”. La jurisprudencia de la oit ha hecho siempre una interpretación muy
restrictiva de esta definición, y en la mayoría de los casos en que recibió
consultas específicas de gobiernos y sindicatos se guió por ese criterio, por
entender que de otra forma se violarían los convenios 87 y 98 de la organización
internacional y se vería afectado el derecho de huelga.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los tres presidentes que precedieron a Vázquez
recurrieron –alrededor de diez veces en total– al mecanismo de los servicios
esenciales para sofocar conflictos sindicales. Durante su primer gobierno, Julio
María Sanguinetti los declaró en varias ocasiones; sólo en 1986 lo hizo en
cuatro oportunidades, entre otras, respecto a los funcionarios de la seguridad
social y a los de ANCAP. En ambos casos hubo consultas a la oit y ésta respondió
que no se trataba de servicios esenciales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En la legislación uruguaya, la declaración de servicios
esenciales está prevista en una ley aprobada en 1968, durante el gobierno de
Jorge Pacheco Areco, que facultó a la Coprin, un organismo que funcionaba dentro
del Poder Ejecutivo, a determinar qué servicios debían mantenerse en actividad
en caso de paros o huelgas. Diez años después, en plena dictadura, un
decreto-ley del Consejo de Estado transfirió esa facultad al Ejecutivo. La
aplicación de ambas normas, además de ser rechazada con vehemencia por el
PIT-CNT, fue considerada inconstitucional por la Cátedra de Derecho Laboral, por
entender que el derecho de huelga, consagrado en la Constitución, sólo puede ser
limitado por una ley, y no por un simple decreto del Poder Ejecutivo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La Cátedra de Derecho Laboral también ha sostenido que
debe hacerse una interpretación restrictiva de este tipo de limitaciones al
derecho de huelga. Ya a principios de los años sesenta, el profesor Francisco de
Ferrari sostenía que sólo podían considerarse esenciales “los servicios
relacionados con el suministro de la energía eléctrica, con la sanidad pública,
con las aguas corrientes y, eventualmente, toda actividad cuya paralización, por
cualquier circunstancia, pudiera representar para la sociedad un desastre
general”. En el mismo sentido se ha pronunciado el catedrático Helios Sarthou
(véase BRECHA, 19-XII-86).</DIV>
<DIV align=justify><BR>La declaración de servicios esenciales con relación al
transporte de carga adoptada en la madrugada del miércoles 25 no fue dispuesta
por ley y ni siquiera medió un decreto del Poder Ejecutivo: fue una simple
resolución del mtss. Puede discutirse si la paralización total del transporte es
capaz de afectar la salud de parte de la población, al producir el
desabastecimiento de alimentos y otros productos esenciales, y también si el
concepto de “huelga” es aplicable a una patronal, cuyas interrupciones de
trabajo por reclamos a las autoridades se denominan “lock out”. En cambio, en
este caso habría una inconstitucionalidad desde el punto de vista formal, al
haberse dispuesto la esencialidad de los servicios mediante una resolución
ministerial.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>UN GREMIO DIVIDIDO Y AISLADO</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>La resolución de parar por tiempo indeterminado fue aprobada
en una votación dividida: 13 gremiales apoyaron la medida y siete se
pronunciaron en contra. Hubo además algunas organizaciones muy importantes que
no estuvieron de acuerdo con la medida, y desde el primer momento presionaron
para levantarla, como la Asociación de Fleteros de Combustibles (Aflecom) y la
Anetra.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ya en la mañana del primer día de movilización de los
empresarios transportistas, personal contratado por la empresa cutcsa –cuyo
presidente, Juan Salgado, mantiene un buen vínculo con el ministro Rossi–
distribuyó en varias paradas estratégicas un volante que decía: “Dejá de
caminar. Subite al ómnibus. Apoyá la rebaja del boleto”. Los ómnibus colocaron
en sus parabrisas un cartel con la misma leyenda.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En la tarde de ese mismo día se produjo la primera
deserción: la del Gremio Único del Taxi (GUT), que agrupa a propietarios de
vehículos con taxímetro y preside Óscar Dourado. Cientos de taxis habían rodeado
el Palacio Legislativo pero se retiraron de allí después de que varios
dirigentes decidieron levantar el conflicto, incluso antes de consultar a la
asamblea. Dourado y algunos otros directivos entendieron que se había
interpretado que la movilización tenía un carácter político y que era contra el
gobierno, por lo que postergaron sus “peticiones” (SIC) hasta después de la
celebración de la Cumbre Iberoamericana, a fin de no perjudicar la imagen del
país. El procedimiento heterodoxo de Dourado le generó duros reproches cuando
finalmente se realizó la asamblea, pero ésta terminó respaldando su
posición.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El martes 24 todas las gremiales de la construcción,
encabezadas por la propia Cámara de la Construcción, hicieron llegar por escrito
a la itpctu su discrepancia con la movilización que estaban llevando a cabo.
“Rechazamos el paro como mecanismo de presión, sea quien sea quien lo promueva y
lo lleve adelante”, escribieron. Señalaron que, de persistir la medida, deberían
enviar al seguro de paro a no menos de 20 mil trabajadores antes de fin de mes y
a otros 25 mil una semana después. Y concluyeron: “No podemos admitir, callados
la boca, que se tome de rehén a la sociedad toda y en particular a la
construcción”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>También el martes 24 el PIT-CNT realizó una movilización
contra el paro de los empresarios transportistas y en defensa de la
institucionalidad. Hubo una detención parcial de actividades de cinco horas y un
acto en la Avenida del Libertador, en el cual varios dirigentes se expresaron en
términos muy duros con respecto a los patrones del transporte de carga. Gustavo
López, del suatt, recurrió a la misma metáfora que usó Wilson Ferreira Aldunate
en 1984, en su discurso de Concordia, con relación a los militares de la
dictadura: “Si no se van solos, los vamos a echar a patadas”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ese mismo día, la Mesa Representativa del PIT-CNT, por
aclamación, aprobó una resolución en la que deja expresa constancia de que “el
movimiento sindical actúa desde la independencia de clase” y “tiene claro que la
fuerza política que hoy está en el gobierno y el movimiento sindical no son la
misma cosa”. Señala que “sí son parte de un proceso de acumulación de fuerzas
que básicamente se consolidó a partir de la unidad, organización y lucha del
movimiento social y popular”. En consecuencia, “entendemos que se deberá
continuar profundizando en la aplicación del programa de cambios, que implica
una modificación de la política económica de cara a un país productivo y con
justicia social”. Se afirma, asimismo, que “nuestra clase continuará
movilizándose en defensa de la democracia, que puede y debe continuar
profundizándose. El camino sigue siendo la expresión organizada y movilizada de
la clase trabajadora y el pueblo por sus reivindicaciones y levantando un
programa popular y democrático”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un balance muy preliminar de este agitado octubre muestra
que el gobierno de Tabaré Vázquez salió airoso de uno de los conflictos más
difíciles que debió afrontar desde que asumió: logró mantener su proyecto
inicial de financiar la rebaja del precio del boleto con un procedimiento
establecido por un decreto cuya derogación exigían al principio los empresarios
del transporte de carga, marcó su firmeza y a la vez su voluntad negociadora (en
este sentido debe recordarse que los gobiernos anteriores se negaban a cualquier
diálogo con movilizaciones callejeras), y vio reforzada su alianza estratégica
con el movimiento sindical, con el cual es previsible que tenga en los próximos
tiempos conflictos como los que ya ha tenido. Pero además infligió una derrota a
los partidos tradicionales y a las organizaciones sociales más conservadores,
habida cuenta de que, en las actuales –y previsiblemente en futuras– relaciones
entre el oficialismo y la oposición, los logros de una de las partes debilitan a
la otra.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>