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<DIV align=center><FONT size=4><STRONG><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria de revistas</U></FONT><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa<BR></EM></FONT>Año IV - 15 de noviembre
2006 - Redacción: </STRONG></FONT><A href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT
size=4><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Perú</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG><FONT face=Arial size=2> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Guerra borró hasta el nombre de los
muertos</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Ángel Páez, enviado especial a San
José de Secce, Perú</FONT></STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Inter Press Service
(IPS)</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG><FONT
size=3>http://www.ipsnoticias.net/</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><BR>La identidad de las personas también fue blanco de la
lucha armada peruana. En el lugar donde estalló el conflicto hoy quedan
recuerdos, fosas con huesos desconocidos o alguna fotografía de muertos y
desaparecidos por los maoístas, el ejército o los paramilitares entre 1980 y
2000.<BR><BR>A cualquiera que se pregunte en San José de Secce, capital de
Santillana, tiene un familiar muerto en el conflicto. Pero el registrador civil
local, César Méndez, uno de los pocos funcionarios estatales en este lugar,
explica que en sus archivos sólo están consignados dos certificados de defunción
durante la guerra interna.<BR><BR>Esos rastros no alcanzan para acreditar el
nacimiento de alguien o para probar su muerte violenta y el derecho de sus
familiares a la reparación prevista por la ley. Es como si las víctimas nunca
hubieran existido. <BR><BR>El gobierno de Alan García instaló en octubre el
Consejo de Reparaciones encargado de construir la lista de víctimas y
sobrevivientes del conflicto con derecho a recibir indemnizaciones, una medida
recomendada por el informe de 2003 de la independiente Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), que estudió las causas y consecuencias de dos décadas de
violencia política. <BR><BR>La guerra acabó oficialmente seis años atrás. Pero
en el distrito de Santillana, parte de la provincia de Huanta en la sureña
región de Ayacucho, donde el maoísta Sendero Luminoso inició su insurrección, la
gente todavía vive en estado de angustia. <BR><BR>Santillana estuvo a punto de
desaparecer del mapa por los ataques de la guerrilla y la represión del ejército
y las paramilitares autodefensas. Los que sobrevivieron temen que el Estado los
margine del Plan Integral de Reparaciones, un programa de retribución e
indemnización para quienes sufren las consecuencias del conflicto. <BR><BR>Las
comunidades andinas de Santillana tampoco han mejorado sus condiciones de vida.
Siguen tan pobres y excluidas como en 1980, cuando Sendero comenzó la guerra.
<BR><BR>La CVR calculó que los actores armados asesinaron y desaparecieron a
10.661 personas en Ayacucho, 47 por ciento de todas las víctimas civiles de un
conflicto en el que murieron 69.280 personas si se consideran también las bajas
de guerrilleros, militares y autodefensas, según las cuentas de la comisión.
<BR><BR>De las más de 10.000 víctimas civiles de Ayacucho, una mayoría de 22 por
ciento vivían en Huanta de la que es parte Santillana, un archipiélago de
comunidades indígenas situadas entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel
del mar. Sólo en este distrito la CVR estimó que los actores armados mataron a
más de 1.000 pobladores. <BR><BR>A cualquiera que se pregunte en San José de
Secce, capital de Santillana, tiene un familiar muerto en el conflicto. Pero el
registrador civil local, César Méndez, uno de los pocos funcionarios estatales
en este lugar, explica que en sus archivos sólo están consignados dos
certificados de defunción durante la guerra interna. <BR><BR>La guerrilla no
sólo tenía como blanco a las autoridades locales sino cualquier vestigio de la
presencia del Estado: la municipalidad, la prefectura y el registro civil.
<BR><BR>Los registradores eran asesinados o se fugaban de sus aldeas, y
centenares de libros de actas de nacimientos y defunciones fueron quemados por
los senderistas. <BR><BR>"Por miedo, por falta de recursos o por desconocimiento
los pobladores no registraron la muerte de sus familiares", explicó Méndez. "Si
no se ha registrado el fallecimiento de esas personas, es como si nunca hubieran
existido. Es como no tener partida de nacimiento: no hay registro de haber
venido al mundo". <BR><BR>Para evitar que los libros acabaran en las llamas, el
registrador de Santillana los escondió por años bajo tierra. Terminado el
conflicto, buena parte de ellos habían sido devorados por la humedad.
<BR><BR>"Hemos comenzado a reconstruir los libros, pero es un trabajo de muy
largo aliento", explica Méndez. "Hay mucha gente que no tiene partida de
nacimiento y tampoco certificado de defunción. Sus familiares vienen con sus
fotografías, pero eso no es suficiente para acreditar que una persona existió.
Eso es lo que dice la ley". <BR><BR>Obtener esos documentos implica un trámite
arduo aquí. <BR><BR>La población campesina, que sólo habla quechua y tiene poca
o ninguna instrucción escolar, es obligada a realizar trámites en español. Los
pobladores del medio centenar de aisladas comunidades de Santillana, como Putis
o Marcaraccay, deben viajar hasta la capital del distrito para solicitar los
documentos, y no pueden costear el viaje y la estadía. <BR><BR>"El registrador
de Aranhuay, una comunidad en la que Sendero y el ejército com <BR>"En Putis
mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los
Gamboa Ccente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco. ¿Quién va a
reclamar por ellos si todos están muertos?", dice el campesino
Fernández.<BR><BR>metieron atrocidades contra la población, sólo hace trabajo
voluntario. No tiene sueldo. Además, el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil lo capacitó en español cuando él es quechuahablante, como la
mayoría", explica a IPS Raquel Reynoso, de la no gubernamental Asociación SER.
<BR><BR>La Asociación coordinó en Santillana un programa de reconstrucción de
registros civiles afectados por la guerra con financiación de la organización
internacional Oxfam. <BR><BR>De los 193 libros de registros que existían en
Ayacucho durante el periodo de violencia, la mitad ha resultado total o
completamente dañado, dice Reynoso. En San José de Secce y Aranhuay, donde ella
trabajó en la recuperación de documentos, encontró 867 partidas de nacimiento
parcial o totalmente destruidas. <BR><BR>"Hemos proyectado el número de
pobladores afectados por la destrucción de los registros civiles en Ayacucho y
la cifra alcanza a 45.000, lo que implica un desafío para el proceso de
reparación de las víctimas", afirma. <BR><BR>Por eso la angustia de la guerra se
prolonga en tiempos de aparente paz. <BR><BR>Gerardo Fernández, vecino de la
comunidad de Putis, casi barrida por insurgentes y militares, ha comenzado a
registrar por su cuenta en unos cuadernos los nombres de las víctimas.
<BR><BR>Su lista llega hasta ahora a 380 personas, entre muertos y
desaparecidos. "Todavía me falta recoger muchos más casos. ¿Cómo se les va a
reparar a esa gente si en ninguna parte están registradas sus muertes?", se
pregunta este hombre enjuto y cetrino. <BR><BR>"Los senderistas mataban a las
autoridades y después a los que según ellos colaboraban con los militares y las
autodefensas. Y si no encontraban a los que tenían en su lista, en venganza
mataban a sus familiares, niños o adultos", relata Fernández. "Después venían
los del ejército con una lista negra y mataban a los que supuestamente eran
senderistas o colaboraban con ellos". <BR><BR>Fernández mismo es un
sobreviviente. El ejército secuestró a su madre, Catalina Mendoza Quispe, de 42
años, y a su hijo, Raúl Fernández Ccente, de sólo tres años. Nunca aparecieron.
<BR><BR>"Fue el 19 de abril de 1985. Los responsables son el capitán 'Bareta' y
el teniente 'Lalo'", afirma. El ejército se niega a informar qué oficiales se
ocultaban bajo esos alias. <BR><BR>En 2001, Fernández informó a los gobernantes
de Ayacucho del hallazgo de tres fosas comunes con restos de pobladores
asesinados por los militares. Pero nada ocurrió. En octubre encontró dos fosas
más en Putis, pero las autoridades le han dicho que no cuentan con recursos para
hacer la exhumación. <BR><BR>"No entendemos cómo se pretende reparar o
indemnizar si ni siquiera se han investigado las tumbas clandestinas. Nos piden
certificado de defunción, pero allí están los huesos para que verifiquen", dice
con honda tristeza. <BR><BR>Los restos corresponden a 117 pobladores de nueve
comunidades que en diciembre de 1984 escapaban del acoso de los senderistas y
fueron conducidos por el ejército hasta Putis. Allí los militares les hicieron
excavar zanjas para construir viviendas. Pero lo que cavaron eran tumbas: los
campesinos fueron fusilados bajo cargo de pertenecer a Sendero. <BR><BR>"Nadie
ha sacado partidas de defunción. En Putis mataron a familias completas: a los
Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los Gamboa Ccente, a los Madueño Curoi,
a los Condoray Huallasco. ¿Quién va a reclamar por ellos si todos están
muertos?", se pregunta Fernández. <BR><BR>La socióloga Sofía Macher, ex
integrante de la CVR y presidenta del flamante Consejo de Reparaciones, reconoce
a IPS que la falta de certificados de defunción hará difícil la tarea de
retribuir a las víctimas. Pero se excusa de dar mayor información porque el
organismo se encuentra evaluando qué hacer al respecto. <BR><BR>Fernández sigue
viajando como una sombra, con gruesos libros bajo el brazo, por las comunidades
de Putis, en busca de más nombres de víctimas. <BR><BR>Y quizás encuentre otra
fosa clandestina con muertos de una guerra que oficialmente terminó hace seis
años.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
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