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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><FONT size=4><STRONG><U>boletín informativo - red solidaria de
revistas</U><BR><FONT color=#800000 size=5><EM>Correspondencia de
Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 23 de noviembre 2006 - Redacción:
</STRONG></FONT><A href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT
size=4><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Bolivia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Entre la nacionalización del gas y
la masacre de Huanuni<BR> <BR>La revolución boliviana en un
laberinto<BR> <BR>por Pablo Stefanoni *</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Los enfrentamientos entre
grupos de mineros bolivianos en Huanuni en octubre pasado simbolizan las
crecientes dificultades del gobierno de Evo Morales para llevar adelante su
profunda agenda de cambios. El ejecutivo enfrenta una virulenta oposición
conservadora, pero también sufre por incoherencias internas y debilidades de
gestión que le impiden consolidar la relación de fuerzas políticas, que aún lo
favorece.</STRONG> </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Le Monde
diplomatique/el Dipló/</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Buenos Aires,
noviembre 2006</FONT></STRONG><BR></DIV></FONT><FONT face=Arial size=2></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR> Evo Morales Ayma llegó al
poder con una misión precisa, surgida de la denominada “agenda de octubre” (1):
convocar a una Asamblea Constituyente para “refundar el país” y nacionalizar los
hidrocarburos. Cumplió, los primeros cinco meses. En marzo consiguió la sanción
parlamentaria de la Ley de Convocatoria a la Convención Constituyente y al
referéndum autonómico, en el que los bolivianos debían aprobar o rechazar el
pasaje de la actual Bolivia unitaria a una autonómica. Y el 1-5-06 firmó el
decreto “Héroes del Chaco”, que recupera la centralidad del Estado –perdida en
los años ’90– en el negocio hidrocarburífero. Con ese capital político, el
Presidente boliviano plebiscitó favorablemente su gestión el 2 de julio –en las
elecciones de constituyentes– con la mayoría absoluta de los votos, y revalidó
la legitimidad conquistada el 18 de diciembre en los comicios presidenciales,
cuando consiguió el 53,7% de los sufragios (2).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, estos dos ejes de la política de cambio de
Evo Morales se desplazan hoy por un sendero pedregoso que reduce sensiblemente
su marcha y por momentos amenaza con empantanarlos. Y las piedras vienen de
fuera, pero también de dentro del gobierno. Por un lado, está la transformación
de los grandes medios de comunicación en una sola voz, más legítima, de la
oposición conservadora, derrotada en dos oportunidades consecutivas y cada vez
más virulenta en sus ataques al gobierno. Términos como “populista”,
“retrógrado”, “comunista” abundan en el discurso opositor, mientras el espacio
político tiende a desplazarse hacia una mayor polarización, en línea con la
situación venezolana: la derecha pronostica que se avanza hacia una dictadura
–cuya vía de acceso es la Asamblea Constituyente “plenipotenciaria”– y el
oficialismo denuncia que la oposición expresa a los grupos elitistas desplazados
del poder por la emergencia indígena-popular. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero, por otro lado, están las debilidades propias de la
administración nacionalista para avanzar en la gestión, construir una masa
crítica técnico-institucional y definir un rumbo estratégico para el proceso de
trasformaciones. Todo ello es opacado sólo transitoriamente por el exceso de
retórica e hiperactividad oficial. Si la nacionalización marcó el punto más alto
de la épica nacional-popular, la masacre entre mineros en la localidad de
Huanuni mostró la cara más trágica de la “vieja Bolivia” que se resiste a
perecer.<BR> <BR><STRONG>Escasez de cuadros</STRONG><BR> <BR>El
proceso de reconstrucción del movimiento popular boliviano –junto al
desprestigio social del ciclo neoliberal (1985-2005)– se expandió desde el campo
hacia la ciudad y se canalizó a través del “instrumento político” de los
sindicatos campesinos, que luego utilizó como sigla electoral el nombre de
Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, este tipo de militancia indirecta
–desde las organizaciones gremiales– frenó la incorporación de los sectores
urbanos que no pertenecen a instituciones corporativas y limitó los procesos de
formación de cuadros político-administrativos capaces de manejar el aparato
estatal. <BR>El débil desarrollo urbano no ha permitido al MAS conquistar
electoralmente ningún municipio “grande”, y sus estructuras urbanas están
dominadas por el clientelismo político. “En las ciudades el MAS es percibido, en
gran medida, como una agencia de empleo, para tratar de conseguir un cargo en la
administración pública; desde 2002 en el Parlamento y desde 2006 en los
ministerios u otros organismos estatales”, señala el politólogo Hervé Do Alto,
que estudia las formas organizativas de este partido sui generis. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Las limitaciones de la rama urbana del MAS hacen que Evo
Morales se recueste en el campo, donde encuentra su base de apoyo más “dura” y
leal. No es casual que sean los campesinos –cerca del 40% de la población
boliviana– quienes más se beneficiaron de las políticas públicas del nuevo
gobierno, anunciadas y llevadas personalmente por el propio mandatario indígena
a las zonas rurales: construcción de infraestructura hospitalaria y educativa,
plan de alfabetización, dotación de documentos nacionales de identidad, reparto
de tierras fiscales –en una etapa aún incipiente de la “revolución agraria” que
debe incluir latifundios privados improductivos–, distribución de tractores a
bajos costos, servicios telefónicos, transmisión por aire del mundial de fútbol,
etc. (3). </DIV>
<DIV align=justify><BR>Son varios los viajes semanales de Morales a alguna de
estas localidades históricamente fuera del horizonte visual del Estado, donde
gusta recordar anécdotas de su pasado de pastor de llamas, músico o cultivador
de papas para conseguir la empatía popular. En estas regiones de la Bolivia
profunda el liderazgo del Presidente es, hasta ahora, indiscutido. Y este apoyo
rural se extiende a departamentos autonomistas como Santa Cruz o Tarija, donde
se han conformado anillos masistas sobre las capitales departamentales: de estos
bastiones de la migración “colla” salió el voto que el 2 de julio le dio el
triunfo al oficialismo en esos dos departamentos, en Santa Cruz con el 25% y en
Tarija con el 41%, y hoy limita el poder de la oposición regionalista.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Frente a esta “lealtad incondicional”, el apoyo urbano es
más volátil, especialmente entre los sectores medios y acomodados que el 18 de
diciembre marcaron con una cruz la opción de Evo Morales en la papeleta
electoral para apoyar el cambio o como fruto de la convicción de que “si gana un
bloqueador” se acabaría la inestabilidad social que se llevó por delante a dos
gobiernos en menos de tres años. Hoy, las encuestas –con un fuerte sesgo urbano–
reflejan el paulatino alejamiento de estas clases medias con comportamiento de
elites ante las primeras dificultades del gobierno. Según una encuesta de la
firma Apoyo, Opinión y Mercado difundida por la prensa boliviana, el apoyo a
Morales llegó al 81% en mayo, bajo el influjo de la nacionalización de los
hidrocarburos. En junio al 78% y en julio al 68%. Entre agosto y septiembre
midió 52%, con el apoyo más bajo en Santa Cruz de la Sierra, con el 27% de
aprobación.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El gobierno se encuentra hoy ante un dilema: colocar en
los puestos estratégicos a indígenas o campesinos que aún no se han formado
suficientemente en la gestión estatal y fomentar inciertos procesos de
aprendizaje que chocan con las expectativas sociales de cambios rápidos, o
nombrar en esos cargos a “invitados” de las clases medias, muchos de ellos
ligados a los gobiernos de los ’90 que, en los últimos años de la crisis
intelectual y moral del neoliberalismo, han virado convenientemente de
perspectiva para no quedar fuera de la ola nacionalista.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En Bolivia, el Estado es el pilar de la reproducción
económica de las elites y, bajo el gobierno del MAS, estos sectores han perdido
varios privilegios, como las famosas consultorías –en retribución a diversos
tipos de apoyo político– y el acceso directo a los despachos ministeriales. El
comentario de un profesional de la acomodada zona sur de La Paz, transmitido por
un funcionario del actual gobierno a este periodista, es sintomático del momento
actual: “Cómo habrá sido sufrir más de 500 años de exclusión si nosotros hace
ocho meses que nos sentimos fuera del poder y ya no sabemos para dónde escapar”.
Un reciente editorial del semanario Pulso refleja, desde una perspectiva más
sociológica, el pesimismo de las elites ante un país que, periódicamente, se les
va de las manos: “Ni el socialismo y el autoritarismo que temían unos. Ni el
cambio de estructuras y el comienzo de un nuevo ciclo de desarrollo que deseaban
otros. Simplemente el viejo y feo rostro, tan conocido, del infortunio
boliviano: la inestabilidad política, la pura ingobernabilidad, que son formas
sintéticas de designar la crónica implosión del país”
(4).<BR> <BR><STRONG>Las reformas en riesgo</STRONG><BR> <BR>La salida
del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, en septiembre de este año,
dejó en evidencia la falta de homogeneidad en un área en la que el gobierno
boliviano ha colocado todas sus fichas. El ex periodista –y ex compañero de ruta
del “Colorado” Jorge Abelardo Ramos durante su exilio en Buenos Aires– abandonó
el Ministerio declarando que “hay pugnas (en el gobierno) para aplicar el
decreto de nacionalización” firmado el 1-5-06 en el marco de la ocupación de
campos petroleros y refinerías por las Fuerzas Armadas (5). Tanto las empresas
petroleras como los movimientos sociales leyeron la renuncia forzada de Soliz
Rada y su reemplazo por el economista académico Carlos Villegas, hasta ese
momento ministro de Planificación, como un “ablandamiento” de la política
petrolera, pero con una valoración distinta: unos ven en ello un paso hacia una
mayor flexibilidad, en tanto que los otros evalúan la situación como un
debilitamiento de las convicciones nacionalistas del Poder Ejecutivo en un
contexto de dificultades para pasar del discurso a la acción. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Más allá de su desempeño práctico, Soliz Rada
representaba un símbolo de la “recuperación” de los hidrocarburos y su salida ha
potenciado las críticas –por el momento minoritarias pero más significativas que
en los días siguientes al 1 de mayo– de que “no hubo una verdadera
nacionalización”. Lo cual, a falta de resultados para las pauperizadas economías
populares bolivianas, podría ser la bandera de una potencial oposición a la
izquierda del MAS, hoy casi inexistente, aunque la masacre de Huanuni (6) le dio
una presencia mediática que había perdido desde la llegada al poder de Evo
Morales, con la consiguiente “monopolización” del discurso de cambio, indígena y
nacionalista. Entre los problemas “prácticos” que aún enfrenta la
nacionalización se encuentran la falta de recursos para refundar la estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (7), y la resistencia de
Petrobras –principal transnacional afincada en el país– a pagar precios más
altos por el gas que Bolivia le exporta a Brasil.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, el millonario acuerdo de provisión de gas a
Argentina rubricado entre Evo Morales y Néstor Kirchner, y la firma de nuevos
contratos con todas las empresas petroleras que operan en el país –en los
que el Estado retoma el control de toda la cadena productiva de los
hidrocarburos– permitieron recuperar el optimismo en las filas oficiales y en el
conjunto de la sociedad (8).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero, si la “pata económica” del proyecto de Evo Morales
logró estos días recuperar parcialmente la iniciativa, su “pata política” –la
Asamblea Constituyente– enfrenta el peligro de una prematura pérdida de
legitimidad, pese a que la izquierda tiene mayoría absoluta. Desde el 6 de
agosto, los convencionales apenas avanzaron en la elaboración de sus reglas de
funcionamiento, en el marco de una pelea a brazo partido entre oficialismo y
oposición en torno al carácter de la Asamblea (“originaria” o “derivada”, es
decir por debajo o por encima de los actuales poderes constituidos) y a la forma
de votación de la nueva Carta Magna (mayoría absoluta frente a la mayoría
especial de dos tercios). </DIV>
<DIV align=justify><BR>Al respecto, la derecha se ampara en la Ley de
Convocatoria, que establece la aprobación del texto por dos tercios, mientras
que la izquierda responde que esa mayoría especial es necesaria para el texto
final pero no para los artículos individuales. Los poderes absolutos de la
Convención ya fueron votados –por mayoría absoluta– mientras la oposición
conservadora liderada por Poder Democrático Social (“Podemos”, del ex presidente
Jorge Quiroga) ha acudido en busca de ayuda al Tribunal Constitucional para
decretar su “inconstitucionalidad”, lo que fue rechazado por la Asamblea
Constituyente justamente porque es “plenipotenciaria”. Es decir, una batalla que
se dirimirá en el campo de las relaciones de fuerza –hasta ahora favorables a la
izquierda– y no en el ámbito jurídico, entre citas de los textos fundamentales
del Derecho Constitucional que dan argumentos a tirios y troyanos en
proporciones similares. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero este predominio de los aspectos formales por encima
de los contenidos de la nueva Ley Fundamental está provocando elevados niveles
de apatía en la población. Esta “escenificación de un nuevo pacto social y de la
refundación del país” –como la definió el vicepresidente Álvaro García Linera–
no tiene como correlato, hasta ahora, un debate público y corre el riesgo de ser
absorbida por el maximalismo discursivo, como sucedáneo a la creatividad social
y al empoderamiento ciudadano. El constituyente Raúl Prada, del MAS, ha alertado
sobre las consecuencias políticas de un fracaso de la Constituyente por la
imposibilidad de lograr consensos mínimos para garantizar el desarrollo de sus
actividades. Prada alerta sobre las dificultades del gobierno del MAS para
transformar su mayoría política y social en una nueva hegemonía
“indígena-popular”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Uno de los déficit más importantes del actual gobierno
boliviano es la inexistencia de espacios de discusión política para resolver las
discrepancias y delinear una estrategia compartida. El Ejecutivo parece actuar
en un horizonte temporal extremadamente corto y en un permanente zig-zag en
relación a la radicalidad de las reformas y a su relación con la oposición
política, empresarial y regional. Por ejemplo, el vicepresidente acordó con la
oposición la aprobación de la nueva Constitución por dos tercios. Poco después,
el gobierno impulsó la mayoría absoluta y Evo Morales declaró: “no vamos a
pactar con la oligarquía”. Pero la derecha ya contaba con una ley que legitimaba
su posición. Y todo ello se encuadra en una discusión no saldada: el
vicepresidente García Linera teorizó –antes de llegar a la segunda Magistratura–
la necesidad de una “salida pactada” para acabar con el “empate hegemónico” que
agobia al país desde 2003; mientras que el presidente Evo Morales es más
partidario de una “guerra de maniobras” para restarle poder a la “oligarquía
cruceña”. El referéndum autonómico dejó en evidencia estas dos posiciones:
mientras Morales llamó a votar “No a las autonomías de la burguesía”, García
Linera mantuvo una poco desapercibida neutralidad ante la consulta. Y estas
diferencias estratégicas se repiten en otras áreas de la gestión
estatal.<BR> <BR><STRONG>¿Regreso de la
inestabilidad?</STRONG><BR> <BR>El gobierno tiene abiertos hoy dos frentes
casi simultáneos: la oposición conservadora –política y regional– que ha
convertido a los medios de comunicación en una suerte de “prensa orgánica”; y
sectores gremiales –no enrolados en el MAS– que comenzaron a plantear sus
demandas apelando a las formas tradicionales bolivianas: paros y bloqueos, en un
contexto de repliegue corporativista de las propias organizaciones sociales
oficialistas. En este marco, han aparecido intencionados y poco justificados
rumores de golpe y posibilidades de guerra civil, potenciados por las sucesivas
denuncias de conspiración que salen de las usinas oficiales, cada día con menos
impacto en la sociedad (9).</DIV>
<DIV align=justify><BR>El Presidente boliviano ha acusado a los grandes medios
de comunicación de ser “el principal partido de la oposición” y parece no estar
muy alejado de la verdad. “La campaña mediática tiene dos ejes: desprestigiar a
Evo Morales mostrándolo inútil y luego escenificar un clima de inestabilidad
política y social en el país”, dice César Fuentes en El Juguete Rabioso (10). El
analista Róger Cortez comentó, en la misma línea, que la “verdadera jefatura de
la oposición la ejerce el jefe de prensa de una cadena televisiva”. Se refería a
Unitel, el canal más hostil al gobierno, con sede en Santa Cruz de la Sierra y
cuyo discurso se articula con el de las elites regionales que ven en Morales un
“peligro chavista”. Por primera vez, este año un Presidente de la República no
fue invitado a Expocruz, la feria económica local orgullo de la burguesía
“camba”. Paralelamente, la derecha conservadora –carente de ideas y de discurso
en el actual contexto de reflujo neoliberal y asociada a los peores casos de
corrupción de los últimos 20 años– se refugia en las demandas autonomistas,
percibidas como un blindaje ante el devenir “populista” y “autoritario”
del gobierno.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“El problema es que Evo Morales no tiene una política
para Santa Cruz y el oriente boliviano, de forma tal de disputarle a los grupos
de poder locales la hegemonía sobre los sectores populares”, dice, off the
record, un importante funcionario gubernamental. Allí se encuentran algunos de
los límites en la consolidación de una hegemonía nacional de la izquierda
indígena. Hoy no parece posible la división del país, pero sí que la derecha se
atrinchere en el oriente boliviano como una “zona liberada” frente a los cambios
políticos, económicos e institucionales que promueve el Poder Ejecutivo. La
amenaza lanzada semanas atrás de desconocer la nueva Constitución “surgida de
una Asamblea Constituyente ilegítima” brinda algunos indicios acerca de por
dónde podría venir la contraofensiva conservadora. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Menos real parece la posibilidad de un golpe de Estado.
Pese a que cualquier sociología histórica de las Fuerzas Armadas bolivianas
daría cuenta de su carácter “golpista”, actualmente no existe un horizonte de
legitimidad para aventuras putchistas. Venezuela puede servir de lección. Pero
ello tampoco asegura el éxito de la apuesta de Evo Morales por una alianza
campesina-militar como base social de sus reformas. A lo largo de la historia,
el ala nacionalista de las Fuerzas Armadas bolivianas convivió conflictivamente
con un ala proestadounidense, soldada con becas, financiamiento y
adoctrinamiento ideológico. Esa lucha se dirimió, en diferentes momentos, en
favor de uno u otro bando. Pocos se animan hoy a especular sobre cuál de los
grupos pesa más en el interior del aparato armado boliviano.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En lo que hay coincidencia es en la necesidad de algunos
golpes de timón que restituyan la mística al proceso de cambio, cuya condición
de posibilidad pasa por una buena gestión del Estado, sustentada en una nueva
institucionalidad que sedimente las actuales relaciones de fuerza favorables
–por el momento pero no indefinidamente– a los sectores populares. </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>* Periodista e investigador social. Autor, con Hervé do Alto,
de La revolución de Evo Morales, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> <BR>1. Se denominó “agenda de octubre” al pliego de
demandas del movimiento social en septiembre y octubre de 2003, cuando una
asonada popular expulsó del poder al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en la
actualidad autoexiliado en Estados
Unidos.
<BR>2. El referéndum por las autonomías mostró la división del país entre
“oriente” y “occidente”. En Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando se impuso el Sí con
una amplitud similar al triunfo del No en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y
Cochabamba. A nivel nacional ganó el No, con el 54%.<BR>3. Sin embargo, los
problemas de gestión están limitando la utilización de los recursos, no
despreciables, con los que cuenta el Estado en la actual coyuntura económica,
con buenos precios de las materias primas y aumento en los impuestos a los
hidrocarburos, fruto de la nacionalización. Hasta el mes de agosto, la
administración central sólo había ejecutado el 20% de su presupuesto anual, los
municipios –que gozan de autonomía de acuerdo con la Ley de Participación
Popular– llegaron al 40% y las prefecturas (gobernaciones) al 25%. Una verdadera
paradoja en un país pobre, plagado de déficit en términos de infraestructura
básica, viviendas y rutas (autoevaluación del Gabinete de Ministros y el
presidente Evo Morales en la localidad de Huatajata, en las orillas del Lago
Titicaca, el 22-8-06).<BR>4. Pulso, Nº 368, La Paz, 6 al 12-10-06.<BR>5. Sin
consultar a Evo Morales, Soliz Rada emitió una resolución –enmarcada en el
decreto de nacionalización– por la cual el Estado boliviano recuperaba el 50%
más uno de las acciones de las refinerías, mayoritariamente en manos de
Petrobras. Ello puso en crisis un acuerdo entre Evo Morales y Lula Da Silva para
no tomar ninguna medida que afecte la carrera del brasileño por su reelección.
Con la salida de Soliz Rada, esa resolución fue anulada. Página/12, Buenos
Aires, 19-10-06.<BR>6. El 5 y 6 de octubre los mineros estatales respondieron
con dinamita y armas de fuego al intento de los mineros cooperativistas de tomar
por asalto el Cerro Posokoni, la principal reserva de estaño de Bolivia, en la
localidad de Huanuni, departamento de Oruro. El saldo fue de 16 muertos y más de
50 heridos. <BR>7. De acuerdo al Decreto Supremo del 1 de mayo, la refundación
de YPFB debía concluir el 1 de julio. En su discurso del 12-10-06, Evo Morales
anunció la postergación de este objetivo para marzo de 2007. Las sucesivas
postergaciones se vinculan a la falta de recursos.<BR>8. Clarín, Buenos Aires,
29-10-06. <BR>9. Evo Morales declaró al diario Le Monde que existió un complot
para asesinarlo durante el acto del 12 de octubre pasado. Luego se difundió el
informe policial de advertencia, basado sólo en una llamada anónima. “Bolivie:
Evo Morales et la ‘terrible conspiration’”, Le Monde, París, 17-10-06.<BR>10. El
Juguete Rabioso, Nº 162, La Paz, 15 al 28-10-06.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Acuerdo militar con
Venezuela</FONT></STRONG><BR> <BR></DIV>
<DIV align=justify>El acuerdo de cooperación militar entre Bolivia y Venezuela
firmado el pasado 26 de mayo y aprobado por la Cámara de Diputados ha despertado
todo tipo de fantasmas en la oposición de derecha local y en los gobiernos de
Chile, Perú y Paraguay. En el ámbito interno, los puntos que han generado mayor
susceptibilidad opositora –que tiene mayoría en el Senado y se muestra reticente
a aprobar los convenios– son los que hablan de “gestión (conjunta) de crisis” y
“desarme y control de armas”, leídos como injerencia del país caribeño en los
asuntos estratégicos de Bolivia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En el exterior, se comenzó a hablar de una “carrera
armamentista”. El embajador de Estados Unidos en Asunción, James Cason, advirtió
a Paraguay que “no debe dormirse” ante los acontecimientos en Bolivia, lo que
trajo a escena la guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a ambos países
vecinos por el control de esta región rica en hidrocarburos. El mandatario
peruano Alan García habló en la cadena CNN de los peligros del “fundamentalismo
andino cocalero”, una poco disimulada alusión al Presidente boliviano, y la
presidenta chilena Michelle Bachelet pidió “transparencia en las actividades
militares de los países vecinos para fortalecer la confianza mutua”. Frente al
revuelo en el vecindario, el presidente Evo Morales aseguró que el acuerdo
militar firmado con su colega venezolano Hugo Chávez “no es para agredir ni
invadir a nadie” y recordó que el Plan Nacional de Desarrollo prevé la
instalación de 21 puestos militares fronterizos que se convertirán en polos de
desarrollo, consolidados con el asentamiento de unas 1.250 familias (1). Las
FF.AA. rechazan que se trate de construcción de bases militares. “Es una mala
interpretación o interpretación interesada cuando se habla de 10 bases
(militares), no son bases, son 10 módulos fronterizos. Estos puestos militares
son los normales y comunes que tenemos, simplemente queremos integrarlos con la
parte de Aduana, Inmigración y la Policía para tener un control efectivo de las
fronteras. Esto beneficia no solamente a los bolivianos, sino también a nuestros
vecinos, para el control de las amenazas compartidas como es el tráfico de
armamento y el tráfico de drogas”, explicó el jefe del Ejército, Freddy Bersatti
(2). <BR> <BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>1. La Razón, La Paz, 18-10-06.<BR>2. La Razón, La Paz,
14-10-06.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
<BR> <BR></DIV></FONT></BODY></HTML>