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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U><FONT size=5>boletín informativo - red
solidaria de revistas</FONT></U><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 24 de noviembre
2006 - Redacción: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG>Uruguay</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Presente y futuro de los
victimarios</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><FONT size=3><STRONG>Un pueblo
agradecido</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Alegría, satisfacción, consuelo reparador,
estupor: la prisión de Bordaberry –y de su canciller Blanco– provocó un sacudón
emocional al que muy pocos pudieron permanecer ajenos. No era para menos: un
fallo judicial tumbaba el ícono de una impunidad construida a lo largo de tres
décadas, que otros fallos en ciernes prometen seguir deconstruyendo. La prisión
del ex dictador deparó reacciones airadas aunque esperables (como las del
“partido del golpe”, según llamó el general Seregni al Partido Colorado), pero
también instaló el escenario para propiciar la anulación de la ley de caducidad,
por razones jurídicas, éticas y morales. Precisamente porque, luego del
enjuiciamiento a Bordaberry, nada hace prever que el Poder Judicial tenga
intenciones de desistir en su obligación de impartir justicia, sobre todo cuando
el contexto político así lo habilita. <BR><BR>Samuel Blixen</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Semanario Brecha, Montevideo, 24-11-06</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>Juan María Bordaberry es el primer mandatario civil
latinoamericano castigado con prisión por su responsabilidad en delitos de lesa
humanidad como consecuencia de la imposición de una dictadura. Otros dictadores,
como el argentino Jorge Videla y sus colegas de las juntas, marcharon a la
cárcel, pero eran militares, exponentes de esos “profesionales del orden” que
quebraron las instituciones haciendo el trabajo sucio de poderosos intereses.
Algunos dictadores militares, como el cubano Fulgencio Batista y el paraguayo
Alfredo Stroessner, fueron encausados por la justicia pero eludieron el castigo
refugiados en el exilio; el boliviano Luis García Mesa, responsable de
genocidios, está preso en Estados Unidos, pero por delitos de narcotráfico
cometidos durante su “narcodictadura”. El más reciente antecedente que involucra
a un mandatario civil es el del serbio Slobodan Milosevic, el “carnicero de los
Balcanes”, procesado y encarcelado por un tribunal internacional penal por su
“limpieza étnica” que cobró más de 250 mil víctimas en Bosnia, Croacia y
Kosovo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El procesamiento de Bordaberry y de su canciller Juan
Carlos Blanco, por su responsabilidad en los asesinatos de Zelmar Michelini,
Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, adquiere
trascendencia en tanto consagra el principio de que el castigo por tales delitos
debe ser la señal inequívoca para quienes caigan en la tentación de intentarlo
de nuevo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La forma en que reaccionaron los familiares de Bordaberry
–más allá de una natural solidaridad– y sus correligionarios políticos revela el
estupor por el desenlace y la ofuscación por una consecuencia a la que, al
parecer, están sometidos todos menos unos pocos. La impunidad destronada es, en
ese sentido, una afrenta que no se termina de digerir.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La decisión del juez Roberto Timbal provocó conmoción en
la sociedad, y cualesquiera hayan sido los canales que la expresaron
–comentarios en la calle, entrevistas a modo de encuesta, mensajes en los
buzones de voz de radios– la reacción mayoritaria fue de aprobación y
satisfacción. Si el anuncio de la nueva política sobre derechos humanos, el 1 de
marzo de 2005, constituyó un primer peldaño en la reconquista de la dignidad
colectiva, y el procesamiento de varios militares un segundo escalón que
desterró el miedo heredado de la dictadura y realimentado por los gobiernos
anteriores, el encarcelamiento del ex dictador fue la comprobación de que la
justicia, tan maniatada y deteriorada con décadas de caducidad, puede animarse
con los intocables. No es menor la afirmación del ministro del Interior, José
Díaz, de que los flamantes y notorios presos no gozarán de privilegios
carcelarios, pero tampoco serán sometidos a ninguno de los escarnios que ellos
fomentaron y toleraron, aunque sigan puerilmente alegando ignorancia.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>EL PARTIDO DEL GOLPE</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>La oposición reaccionó con significativos matices ante el
procesamiento. El Directorio del Partido Nacional acordó expresamente, en su
sesión del lunes 20, mantenerse en silencio y recomendó no emitir “juicios
condenatorios”. Los dirigentes blancos hicieron saber que no “existen razones
para festejar” porque el procesamiento es una forma de “seguir viviendo en el
pasado”, pero recordaron que su partido, ya en 1978, había calificado a
Bordaberry como “enemigo”. Quizás la declaración más ajustada a la estrategia
impuesta por el Directorio blanco fue resumida por el líder de Correntada
Wilsonista, el senador Francisco Gallinal: “Bordaberry es responsable político
del golpe de Estado, de la dictadura militar y de sus consecuencias. Debemos
asumir la enseñanza, para que no haya más subversión ni dictadura”. Sin embargo,
el senador herrerista Luis Alberto Heber apuntó que “si se quiere rever lo
pasado, que se revea todo, la anulación de la ley de caducidad pero también la
ley de amnistía” para los presos políticos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El Partido Colorado (pc), en cambio, volvió a transitar
los conocidos trillos que confirman su papel histórico de “partido del golpe”,
no sólo porque Bordaberry fue electo presidente por el pc y seguía siendo
colorado cuando disolvió las cámaras, sino porque el pc fue la cantera principal
de los dirigentes civiles que respaldaron a la dictadura en los principales
cargos administrativos, desde Blanco en la cancillería hasta Walter Ravenna en
Defensa, pasando por Fernando Bayardo Bengoa en aquel engendro de Ministerio de
Justicia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Al parecer, el respaldo a la decisión del juez Timbal no
cuestiona la conducta de los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y
Jorge Batlle, que bien podrían haber facilitado durante sus mandatos esta
demorada instancia de justicia, más aun cuando, en el momento de votar la ley de
caducidad, todos manifestaron que la impunidad no se extendía hasta los
responsables de los asesinatos de los dos legisladores. Particularmente el
entonces presidente Sanguinetti –quien, según señaló el politólogo Adolfo Garcé,
“quedó en una posición muy incómoda”– optó por ordenar el archivo del expediente
judicial que más tarde fue reabierto y que ahora desemboca en el
procesamiento.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sanguinetti no considera siquiera la posibilidad de un
error político; prefiere incluso cuestionar la actuación de los jueces: “Veo con
preocupación que los parámetros básicos de la política de paz de los últimos
años se cambien en una mirada hacia el pasado que juzga a unos y no a otros”,
sostuvo, pasando por alto que los presos políticos estuvieron años en las
cárceles. Dijo que los delitos por los que fueron procesados Bordaberry y Blanco
“prescribieron” (aunque, aceptando su interpretación, no habían prescripto
cuando él fue presidente). Y agregó, como ejemplo de sus “verdades axiomáticas”:
“El camino elegido por el actual gobierno lleva a recriminaciones que pueden
reabrir heridas”. Sanguinetti prefiere desconocer que los reclamos de las
víctimas a lo largo de estos años revelan que ciertas heridas nunca fueron
cerradas, por lo tanto difícilmente podrían reabrirse.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Aunque el forista Washington Abdala rebajó un cambio
sosteniendo que la decisión de la justicia no era opinable, y el líder de
Batllismo Abierto Ope Pasquet recordó oportunamente que Bordaberry “no está
afiliado” al pc, el ex presidente Jorge Batlle comentó que el dictamen del juez
Timbal fue “una mala noticia” y complementó la opinión de Sanguinetti afirmando
que “lo que hay que hacer es mirar para adelante” porque el procesamiento es “un
mal mensaje a los jóvenes, a quienes les preocupan otros temas, como el
desempleo”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay que reconocer que ambos ex mandatarios son
coherentes, pero difícilmente pueda percibirse claridad política en la
insistencia en agitar cucos, a la luz de la forma en que la sociedad asume la
nueva política sobre derechos humanos. No hubo, que se sepa, convulsiones
institucionales en las Fuerzas Armadas cuando los más notorios represores fueron
a la cárcel, salvo las consabidas reacciones verbales de los “nostálgicos”; y no
hubo por cierto indiferencia cuando el hallazgo de los primeros restos comenzó a
saldar la deuda con los familiares. Las “recriminaciones”, las “heridas
reabiertas”, los “malos ejemplos”, las “malas noticias” son sólo producto de una
adhesión –aunque se diga que se peleó contra la dictadura– que proviene de aquel
respaldo al novel presidente Bordaberry cuando Batlle propuso impulsar acciones
paramilitares y Sanguinetti escamoteó la investigación sobre el Escuadrón de la
Muerte.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>DEMONIOS MASONES Y DE IZQUIERDA</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>La familia del ex dictador no ahorró epítetos para condenar
la resolución judicial. El ex ministro Pedro Bordaberry explicó el dictamen de
Timbal como producto de las presiones que el gobierno ejerció sobre la justicia,
no sólo sobre el magistrado sino también sobre un tribunal de apelaciones y
sobre la Suprema Corte de Justicia. En la visión del hijo de Bordaberry,
prácticamente todas las estructuras del Poder Judicial que analizaron el
expediente de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz claudicaron en su
independencia, una acusación nada menor que flaco favor le hace a las instancias
de apelación en curso.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otro de los hijos del ex dictador, Santiago Bordaberry,
reiteró los juicios en un texto publicado en la página web de Comunión
Tradicionalista. Dios, Patria, Fueros, Rey Legítimo, con agregados tales como
“acusación infame de una fiscal revolucionaria”, refiriéndose al pedido de
procesamiento de la doctora Mirtha Guianze; o conclusiones de la siguiente
especie: “Es una venganza de la izquierda, pero como todos ustedes se
imaginarán, con la intervención en la oscuridad de la inmunda masonería, tan
fuerte en este país”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Comunión Tradicionalista es la fracción más reaccionaria
del “carlismo”, el movimiento que se originó en Navarra reivindicando los
derechos sucesorios a la corona española de don Carlos de Borbón. Una fracción
del carlismo derivó hacia una postura de “autogestión social”; la que representa
Comunión Tradicionalista alimenta esa tradición que los identifica con el más
rancio franquismo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La familia de Bordaberry está dispuesta a pelear hasta el
último instante el procesamiento del ex dictador y apunta por ahora sus baterías
a lograr privilegios en el régimen carcelario; en cualquiera de los planos
pretende obtener un beneficio similar al que usufructuó Blanco cuando fue
procesado por la desaparición de Elena Quinteros (quedó en libertad provisional
pese a haber admitido su complicidad en el homicidio); o el que usufructúa su
colega chileno Augusto Pinochet, en reclusión domiciliaria por razones de
salud.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Mientras algunos voceros oficiosos difunden la especie de
que no existen pruebas para procesar a Bordaberry (vale la pena recordar que en
cualquier interpelación el Parlamento reclama la dimisión del ministro por su
responsabilidad como jerarca ante irregularidades de sus subordinados), otros
sugieren que el dictamen judicial “dificulta” la política gubernamental
tendiente a lograr una reconciliación nacional. El argumento confunde dos
niveles: la campaña lanzada formalmente para la anulación de la ley de
caducidad, con la decisión independiente de la justicia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por ahora, el gobierno se ha abstenido de opinar sobre el
procesamiento de Bordaberry y Blanco, y no existen señales de que tal medida
haya “desagradado” al Ejecutivo. Si se asumen las afirmaciones de Pedro
Bordaberry, el gobierno, al aprobar la ley de descongestionamiento carcelario ya
preveía la prisión de su padre, incorporando una norma “con nombre y apellido”
para perjudicarlo. Por otro lado, si se recuerdan los términos de la
conversación privada –clandestinamente grabada– entre Pedro Bordaberry y el
secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, el jerarca gubernamental
coincidía en que el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz era “cosa juzgada”, de lo que
se desprende una opinión contraria al procesamiento.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero difícilmente el procesamiento del ex dictador marque
una especie de “marcha atrás” en la política de derechos humanos, entre otras
cosas porque la iniciativa está en la justicia y ello supondría una intromisión
del Ejecutivo para “acotar” el proceso. Sí cabe esperar una oposición del
gobierno a los proyectos surgidos desde la sociedad civil para anular la ley de
caducidad.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
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