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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><FONT size=4><STRONG><U><FONT size=5>boletín informativo - red
solidaria de revistas</FONT></U><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 1º de diciembre
2006 - Redacción: </STRONG></FONT><A href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT
size=4><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Papeleras</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>La militarización del conflicto con
Argentina</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Verde que te quiero
verde</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>El gobierno uruguayo pasó a la
ofensiva en la disputa con Argentina al decidir tres medidas duras. La más
fuerte en términos simbólicos, encargar al Ejército la custodia de la planta de
Botnia, supone un salto cualitativo de gran magnitud.<BR><BR>Fabián
Werner</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Semanario Brecha, Montevideo,
1-12-06</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>“Se está cuidando un predio de que eventualmente pueda
suceder algún tipo de cosa.” Con esta explicación, el prosecretario de la
Presidencia Jorge Vázquez explicó el miércoles 30 la decisión del Poder
Ejecutivo de mover tropas del Ejército para custodiar el predio en el que se
construye la planta de celulosa de Botnia, en Río Negro. Vázquez fue abordado
ese día por un grupo de periodistas, cuando todavía se buscaba la confirmación
de la noticia divulgada esa mañana por Últimas Noticias. Dijo además que la
medida fue tomada por el gobierno uruguayo, sin que mediara petición de la
empresa, para encarar “un problema del país”, y que no puede ser interpretada
como una demostración de fuerza. Consultado sobre la asignación de la tarea a
efectivos militares y no policiales, respondió: “Lo podría hacer la Policía, sí,
cómo no. Pero las Fuerzas Armadas están y tienen que cumplir un papel y, bueno,
se les ha adjudicado ese papel”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La labor fue resuelta en una reunión mantenida el jueves
23 por el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros del Interior José Díaz, de
Defensa Azucena Berruti, y de Trabajo Eduardo Bonomi. Según fuentes del
Ministerio del Interior, el pedido fue planteado por los jerarcas de esta
cartera, que consideraban necesario tomar medidas “precautorias” respecto a la
planta, pero por sentirse “desbordados” pidieron la colaboración de
Defensa.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La medida sorprendió a propios y extraños. Es que, según
diversas consultas realizadas por BRECHA, no hay un antecedente de este tipo
desde el regreso a la democracia. Es el carácter inusual de la decisión lo que,
por el momento, genera muchas más preguntas que certezas. Una de ellas tiene que
ver con el marco legal en que se produce, cuestión que preocupa a civiles pero
también a los militares involucrados en la medida, que esperan que aparezca el
decreto presidencial que le ponga marco a su intervención. El texto sigue en
etapa de revisión, y no estará firmado hasta la semana próxima, lo que demorará
unos días la puesta en práctica del operativo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Qué pasa si hay un incidente en el que tengan que
intervenir los soldados? ¿Tienen idoneidad para hacerlo? Preguntas similares se
plantearon cuando, años atrás, se produjo un conflicto de fueros entre la
justicia civil y la militar en un caso relacionado con la custodia perimetral de
las cárceles. (ver recuadro)</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero más allá de la sorpresa, la entrada a escena de los
infantes no es una medida aislada. Se suma a un decreto aprobado en octubre, que
–con mucho menos alharaca– aumentó la frecuencia de los patrullajes de la
Prefectura Nacional Naval en el río Uruguay y que los ambientalistas argentinos
denunciaron como una especie de cortejo a los barcos que atracaron en el “puerto
ilegal” de Botnia. La empresa, por su lado, se apuró a negar que la decisión
gubernamental de enviar al Ejército a cuidar su planta se haya originado en un
pedido suyo. Lo mismo hizo el gobierno finlandés a través de su embajada en
Buenos Aires.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los encargados de la custodia serán los efectivos del
Batallón de Infantería Mecanizada 9 con asiento en Fray Bentos, en base a un
plan elaborado por el jefe de la División de Ejército III, general Juan
Giorello. Al igual que el resto de las unidades militares del país, ésta cuenta
con personal especialmente capacitado para lo que podría denominarse “lucha
antiterrorista”: han sido entrenados para actuar ante toma de rehenes y para
desactivar explosivos, y entre ellos hay francotiradores. Por el momento se
estima que la custodia insumirá alrededor de veinte efectivos, la instalación de
casetas en puntos considerados “sensibles” y alejados de la planta, y un buen
número de vehículos militares y material que permita levantar un nuevo cerco
perimetral en el predio de la firma finlandesa.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La situación en Río Negro tiene aspectos en común con la
que se vive en la provincia chilena de Valdivia. Dos meses atrás, el gobierno de
Michelle Bachelet ordenó a la Armada proteger la planta de la papelera Celco,
fuertemente cuestionada por los pobladores locales por el alto grado de
contaminación ya generado por sus desechos. Durante una protesta, los marinos
dispararon sobre los manifestantes. La asamblea ambientalista de Gualeguaychú
cita el caso de Valdivia como ejemplo de lo que ocurrirá en Fray Bentos con
Botnia.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>LA REACCIÓN ARGENTINA</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Si bien cada país tiene la potestad de mover sus tropas para
donde quiera dentro de su territorio, tal como se encargó de recordar el
prosecretario Jorge Vázquez, siempre se considera “descortés” (por decir lo
menos) hacerlo en una frontera sin que se avise al vecino de al lado. Según supo
BRECHA, en este caso hubo una comunicación de las autoridades de defensa
uruguayas a sus pares argentinas de que se produciría el movimiento tendiente a
darle mayor seguridad a Botnia. Ayer jueves también trascendió que el agregado
militar de la embajada argentina en Montevideo se contactó con autoridades del
Ejército nacional para conocer de primera mano los detalles del operativo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero inesperadamente, en un acto público por los 200 años
de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, ayer por la tarde, el
presidente Néstor Kirchner aprovechó para hacer mención al asunto. “¿Por qué
mandó a custodiar una papelera? No nos merecíamos semejante afrenta, le pedimos
que rectifique ese error. Por Dios, no hay que perder la razón ni hay que buscar
réditos internos en algo que nos conmueve, tratando de mostrar xenofobias del
pasado”, exclamó el mandatario aludiendo a su par uruguayo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por su lado, el ministro del Interior Aníbal Fernández
calificó de “desmedida” la decisión de Tabaré Vázquez y evaluó que “esto lo que
hace es llevar una suerte de afrenta que hay que resolver”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El día antes, el vicecanciller argentino Roberto García
Moritán había dicho que la medida del gobierno uruguayo puede provocar una
alarma “innecesaria” en la opinión pública. El diplomático añadió que “más allá
de las necesidades internas uruguayas que originan la decisión y sobre las que
no tengo nada que comentar, en las actuales circunstancias no parece ser una
buena señal involucrar a las Fuerzas Armadas en una tarea de carácter policial”.
En esa línea, aclaró que “no juzgamos las intenciones, pero las percepciones, en
la actualidad, tienen un valor particular”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Pero qué origina la inquietud oficial? Al parecer,
algunos dichos de los asambleístas de Gualeguaychú. “Sin exagerar, ahora mismo
hay más de mil personas dispuestas a cruzar y a hacer lo que sea”, dijo Miguel
Campostrino, miembro de la asamblea (El País, 25-XI-06), mientras otro comentó
que “puede llegar a aparecer un Bin Laden” que atente contra las instalaciones
de Botnia. “Ha habido expresiones que dan para preocuparnos”, dijo el
vicepresidente Rodolfo Nin el miércoles 29. “No queremos crear elementos de
inseguridad, pero es necesario tomar precauciones, queremos garantizar el
desarrollo de las inversiones en Uruguay”, apuntó. La alusión a un émulo del
autor intelectual del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York no parece
ser suficiente para explicar el movimiento militar en Uruguay, más teniendo en
cuenta que se produce en un contexto en el que cualquier medida es tomada, a uno
y otro lado, con particular sensibilidad en el marco de una escalada que se
agrava con el paso de las semanas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Y es que esta decisión del gobierno oriental se suma a
otras dos, igualmente molestas para el argentino. La primera es la presentación
de un pedido de medidas cautelares ante la Corte Internacional de La Haya contra
los cortes de ruta en la frontera. La Corte ya fijó audiencias para el lunes 18
y el martes 19, y aquí se estima que el veredicto podrá conocerse en el correr
del mes de enero. Si se produjera un nuevo fallo favorable a Uruguay, la
situación de la diplomacia argentina podría verse seriamente comprometida y
alterar la actitud que el gobierno de Kirchner ha tenido hasta el momento ante
los cortes de ruta.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El otro tema que alimenta la hoguera de las diferencias
es la aprobación de un decreto que impone un arancel a las importaciones de
varios productos argentinos elaborados en las zonas de promoción industrial de
las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan o Catamarca, o por grupos
económicos que tengan plantas en dichas zonas. La medida podrá tomarse a
instancias del Poder Ejecutivo, de oficio o a pedido de productores
domésticos.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>TODOS SOMOS BOTNIA</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>La defensa de la inversión extranjera como una forma de dar
empleo y mantener el desarrollo –argumento clave en el discurso del equipo
económico uruguayo– es uno de los pilares de la reacción nacionalista que campea
de este lado del río.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ana Filippini, integrante de la organización
ambientalista uruguaya Guayubira, se queja de que ya no es posible brindar
información crítica que aporte a un profundo debate nacional sobre el
monocultivo forestal. “Nuestra posición es la misma de hace cinco años: que la
información que se le está dando a la gente es insuficiente y que debió haberse
propiciado desde el gobierno un ámbito de discusión para que la gente abra los
ojos”, dijo Filippini a BRECHA.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Asuntos como las consecuencias de los monocultivos o las
denuncias de incumplimientos laborales por las empresas del sector son, ahora,
poco menos que intratables. “Habría que ponerse a discutir qué tipo de país
productivo queremos. Nosotros, por lo pronto, perdimos toda posibilidad de
comunicación para plantear estos problemas, no hay espacio para nosotros en la
televisión desde que asumió este gobierno”, se lamentó.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En cuanto al manejo de los términos del conflicto con
Argentina, Filippini estimó que “ha sido planteado como un partido de fútbol
entre uruguayos y argentinos, y no como la agresión que sufrimos los ciudadanos
de parte de las empresas que vienen a buscar agua gratis, tierra y mano de obra
barata, exoneraciones tributarias” y que se benefician por los “escasos
controles ambientales y la inversión estatal para la construcción de
carreteras”. En este contexto, la integrante de Guayubira consideró que una
medida que podría bajar los decibeles de la discusión sería que el gobierno
uruguayo dispusiera habilitar un debate sobre los monocultivos forestales y
suspendiera mientras tanto su desarrollo. “Sería bien visto por quienes ya se
sienten perjudicados en Uruguay y también en Argentina”, señaló. Sin embargo,
“con la intransigencia de la empresa de seguir adelante pase lo que pase parece
difícil que esto se pueda solucionar”. Es que en medio del conflicto, los
ambientalistas uruguayos estiman que el panorama para ellos no puede más que
empeorar. “El gobierno debería haber cambiado el rumbo. Es increíble que la
gente se haya olvidado que estos que hoy se aplican eran los planes de los
gobiernos de derecha anteriores. Habría que privilegiar a los sectores
postergados que tanto trabajaron para el cambio”, dijo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En tanto, para el sociólogo Agustín Canzani hay un
elemento sobre el que hasta ahora no se ha trabajado, y es la situación que
quedará en Gualeguaychú cuando pase el conflicto entre los gobiernos. Si bien
admitió que hoy es difícil pensar en esa perspectiva dada la gravedad que
adquirió el conflicto, estimó que ese elemento debería preocupar el gobierno
uruguayo a mediano plazo, ya que no depende del acuerdo al que puedan llegar los
gobiernos. La cuestión podría abordarse buscando la forma de que los pobladores
de la ribera argentina tuvieran algún beneficio, y no sintieran que reciben
únicamente agresiones o perjuicios, como lo están percibiendo ahora,
subrayó.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Respecto a la baja exposición pública de las posturas más
críticas hacia la actual estrategia forestal del gobierno, Canzani consideró
comprensible que haya un retraimiento en un momento en que toda marginación de
una causa vista como “nacional” es leída como una “traición”. De todos modos,
coincidió en la necesidad de una mayor discusión sobre la política forestal y la
cuestión ambiental, evitando, precisó, una falsa oposición entre defensa del
entorno ecológico y generación de empleo.<BR>En este último aspecto fue que puso
énfasis el pit-cnt al aprobar la semana pasada una declaración contra los cortes
de ruta y convocando a una “movilización nacional en defensa de la soberanía y
los puestos de trabajo”. El secretario de organización de la central, Marcelo
Abdala, dijo a BRECHA que al discutir el asunto el secretariado ejecutivo tuvo
en consideración el daño que causa la situación actual a la perspectiva de
integración latinoamericana y el impacto de los cortes, que terminan pagando los
trabajadores. “De ninguna manera esto es alinearse con los intereses de Botnia,
esto está dicho expresamente en la declaración, donde también hay una crítica al
manejo de la contratación de personal que ha hecho la empresa”, explicó el
sindicalista. Y subrayó que si bien los planteos gremiales “son independientes”
del gobierno, “en determinadas situaciones convergen”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En ese sentido recordó la disposición de la central a
trabajar con sus pares de Argentina y de otros países de la región para aportar
a una solución del conflicto. Sostuvo que “está cerca” una reunión con centrales
sindicales argentinas, aunque su concreción “no depende de nosotros”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Consultado sobre la custodia militar que dispuso el
gobierno al predio de Botnia, opinó que “la situación es muy preocupante,
peligrosa, y hay que moverse con responsabilidad” y recordó que “no todas las
razones de Estado se difunden”, por lo cual carece de elementos de juicio
suficientes. De todos modos, dijo que estos hechos no inhibirán al pit-cnt de
“desarrollar las críticas fundadas que nosotros tengamos, como el hecho de que
el gobierno haya enviado al ministro de Economía y al secretario de la
Presidencia a gestionar un préstamo al Banco Mundial y no se muevan acá para
pedir firmemente a la empresa las contrapartes del trabajo nacional”.
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Un mal
antecedente</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de
seguridad pública es un viejo anhelo de la derecha uruguaya. A mediados de 1997
ministros y legisladores colorados y blancos pensaron en echar mano a los
militares que estaban ociosos en los cuarteles y encomendarles variadas tareas.
La lista incluía la guardia perimetral de las cárceles, la vigilancia de las
sedes diplomáticas y el patrullaje callejero. Reparos expresados por los propios
representantes de gobiernos extranjeros hicieron que la posibilidad de que
militares aseguraran la custodia de las embajadas fuera rápidamente abandonada.
El sentido común también hizo desistir de asignarles la vigilancia callejera. Es
que hasta los propios mandos se resistían a asumirla, reconociendo la falta de
preparación de sus subordinados.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Finalmente, el 10 de octubre de 1997 el Poder Ejecutivo
encomendó por decreto la custodia militar de las cárceles de Libertad, Santiago
Vázquez y Canelones, por un plazo de tres meses (luego prorrogado). El 17 de
octubre comenzó a aplicarse el nuevo sistema, al cual se destinaron 170
efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, liberándose un número
similar de funcionarios policiales a los cuales se asignaron tareas de seguridad
en la calle. El 24 de diciembre se fugó un preso y en la madrugada del 1 de
enero de 1998 dos más.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El 26 de marzo de 1998 se volvió a prorrogar la vigencia
de la medida, pero esta vez sin plazo, lo cual contradecía lo acordado a nivel
político y lo aceptado por los mandos militares.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En la noche del 7 de setiembre de 1998 ocho reclusos
intentaron fugar del Comcar. Cinco lo lograron, y de los tres restantes uno fue
muerto de un balazo que le hizo estallar la cabeza. Los otros dos se
entregaron.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El incidente generó un conflicto entre los fueros civil y
militar sobre cuál sería el encargado de juzgar el hecho. El 28 de febrero de
2000, la Suprema Corte de Justicia declaró competente para entender en el caso a
la justicia ordinaria. Ante las versiones castrenses que indicaban que el
soldado investigado por la muerte no sería entregado, el diputado herrerista
Jaime Trobo defendió la necesidad de aprobar urgentemente un marco jurídico para
regular la actuación de los militares en tareas vinculadas con la seguridad
interna.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En diciembre de 2000 la jueza penal Anabella Damasco
archivó el presumario, en el entendido de que el militar actuó en cumplimiento
de la ley. Todavía hoy el marco jurídico reclamado brilla por su ausencia.
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>La versión electrónica del diario
argentino</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La Nación daba cuenta ayer jueves de una inflexión en la
actitud de la asamblea ambientalista de la ciudad de Colón. La semana pasada la
asamblea había descartado volver a los cortes de ruta, pero ahora un sector
“radical” habría resuelto retomar la medida a partir de hoy viernes, y por una
semana, durante seis horas al día. “Hay mucha inquietud en la comunidad y
posiblemente se sumen voluntades para el corte”, comentó incluso Carlos
Serretti, del ala “moderada” de la asamblea.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>