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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria de revistas</U></FONT><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 12 de diciembre
2006 - Redacción: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Guatemala</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Tendencias en materia de
seguridad...</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>La militarización y la creación de
nuevos agentes de la muerte en Guatemala<BR><BR>Fundación Myrna
Mack/Nikzor</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Bolpress</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://www.bolpress.com/"><STRONG><FONT
size=3>http://www.bolpress.com/</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>En Guatemala, las tendencias en materia de seguridad están
asociadas a la militarización y a la ejecución de esquemas, prácticas, políticas
y comportamientos que, en términos generales, se alejan del conjunto de
principios propios de la seguridad democrática. Una variante importante en la
actual coyuntura del país es el surgimiento de estructuras que desde ámbitos
privados, algunas, y otras desde la clandestinidad, han ido sustituyendo
paulatinamente la acción estatal.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Son tendencias que responden no sólo a códigos
ideológicos que imponen los grupos de poder real que controlan este ámbito de la
administración del Estado, sino también a códigos foráneos, sobre todo
procedentes de Estados Unidos. Es una suerte de conjunción de intereses que se
concreta exitosamente por la creciente y real amenaza del terrorismo, las
pandillas juveniles, la delincuencia organizada y otras actividades criminales
colaterales a las migraciones y las enraizadas redes de corrupción a escala
local y mundial. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En el caso de Guatemala, la implementación de patrones
que encajan con las pretensiones foráneas, tiene motivaciones propias. Por
ejemplo, la preocupación central nuestra no es el terrorismo vinculado a los
conflictos político-religiosos de gran envergadura mundial, y que tienen un
reflejo concreto en la situación bélica en el Medio Oriente. Nuestras angustias
nacen del terror ciudadano, la criminalidad y violencia que desatan las
pandillas juveniles, los delincuentes comunes, las bandas del crimen organizado
y las estructuras clandestinas que generan violencia política, con o sin la
participación del Estado. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Las tendencias de militarización, la vigencia de
conceptos contrarios a la seguridad democrática y la existencia de estructuras
que sustituyen en la realidad cotidiana la función estatal en la materia, se
evidencian en diferentes aspectos operativos, legislativos, administrativos e
institucionales en general. Algunos de ellos son: <BR>La restauración del poder
militar como supuesta solución a los problemas de seguridad ciudadana y por su
presunta efectividad en el combate de la narcoactividad y otras formas de
delincuencia organizada. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La pérdida de espacio por parte de la Policía Nacional
Civil como ente responsable de la seguridad ciudadana, la postergación o la
ausencia de políticas orientadas a fortalecerla; su fracaso en el desempeño de
las funciones legalmente asignadas y la exposición pública de las dimensiones de
podredumbre, corrupción e incidencia criminal en su seno. <BR>La existencia de
estructuras que, desde la clandestinidad, generan violencia que tiene impacto
político y, algunas veces, también una motivación política. Su accionar afecta
principalmente a autoridades de seguridad, judiciales, fiscales, legislativas,
ejecutivas y de otros ámbitos oficiales que impulsan leyes, políticas públicas y
otras disposiciones estatales orientadas a combatir los diversos focos de
criminalidad, corrupción y violencia. Son estructuras que, por supuesto, también
actúan contra dirigentes políticos y sociales, campesinos e indígenas,
defensores de derechos humanos, etc., que denuncian su existencia y acciones que
les son imputables; y que, a partir de sus demandas sociopolíticas y económicas,
afectan intereses de grupos de poder económico. <BR>La proliferación de empresas
que, desde el ámbito privado, prestan servicios de seguridad, de inteligencia y
venta de armas y municiones, sin que existan controles realmente efectivos que
prevengan y combatan la arbitrariedad con que se manejan estos servicios, ni las
formas de ilegalidad y criminalidad que suelen brotar en este ámbito. Según
datos de la empresa privada, hay 28 mil agentes de seguridad que operan con
autorización oficial, pero como contrapartida hay más de 60 mil hombres armados
que trabajan en ese ámbito sin control alguno. Esos datos pueden ser
conservadores, si se analiza la cantidad de armas que están en poder de quienes,
sin el cobijo de una empresa privada y sin pertenecer a las fuerzas estatales,
brindan por cuenta propia servicios de custodia y vigilancia (por ejemplo, los
que están al servicio de terratenientes en zonas remotas del país). </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>La violencia en el posconflicto</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Tras una década de haber puesto fin al conflicto armado
interno y haber iniciado el proceso de recuperación en todos los órdenes de la
vida nacional (político, económico, social, institucional, etc.), el país se
encuentra inmerso en una espiral de violencia que continúa causando la pérdida
de vidas humanas a un ritmo tan acelerado, equivalente al periodo más cruento
registrado durante las hostilidades. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Tal es así que del 2000 al 2005 se registraron alrededor
de 23 mil muertes violentas y la tendencia sigue en aumento, pues en lo que va
del 2006 han sido asesinadas 417 mujeres, 430 niños y niñas y alrededor de 3 mil
hombres[1], con lo que éste se perfila ya como uno de los años con mayor tasa de
asesinatos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Si bien el número de muertes violentas es comparable con
los momentos más sangrientos del conflicto, resulta difícil equiparar el tipo de
violencia del pasado con la que ocurre en la actualidad. Los perfiles de la
agresión y la criminalidad han cambiado, al igual que sus motivaciones y
manifestaciones. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El fenómeno de la violencia se presenta ahora como un
problema polifacético, en la que intervienen condiciones históricas, dinámicas
políticas y alteraciones en la esfera sociológica, relacionadas, de manera
directa e indirecta, con el posconflicto y los cambios que ha experimentado el
país en las últimas dos décadas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta naturaleza multicausal de la violencia condiciona
los esfuerzos institucionales orientados a atender la crítica situación, en
tanto demanda acciones desde diversos enfoques, con una perspectiva integral,
que fortalezcan el carácter preventivo y no sólo el reactivo ante la intensa ola
de criminalidad. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Clasificación de la violencia</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Al observar la problemática en su conjunto, poniendo
énfasis en las víctimas, en el impacto que ocasionan los hechos de violencia y
sus posibles motivaciones, así como en las hipótesis sobre responsables, es
factible identificar varios tipos de violencia, que merecen un tratamiento y un
abordaje distinto. Entre ellos podemos ubicar: <BR>Delincuencia común: es la que
más resalta en el panorama de las estadísticas y es la que más de cerca afecta a
la población en general, por cuanto se expresa de manera cotidiana en áreas
residenciales, zonas de comercio, calles, transporte público e, incluso, en los
centros de trabajo. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Pandillas juveniles o maras: es un tipo especial de
delincuencia común que en la última década se ha desbordado, en especial porque
algunos grupos han establecido relaciones permanentes o eventuales con el crimen
organizado. No obstante, tienen vida y función propia como expresiones juveniles
sociales que han desarrollado una capacidad impresionante para infundir terror
entre la ciudadanía. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Crimen organizado: su impacto en la violencia general es
significativo, pero su verdadera incidencia radica en la enorme capacidad que
han desarrollado para penetrar instituciones, partidos políticos, gobiernos
locales, gobiernos departamentales y otras expresiones del ámbito público en las
que participan agentes sociales y estatales. Ésta es una agresión de tipo
político que no está exenta de la agresión física si es considerada necesaria e
inevitable, en la medida en que sus cabecillas juzgan imprescindible eliminar
enemigos, rivales y toda persona que represente un obstáculo o una amenaza a sus
intereses. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Violencia con motivaciones o con impacto de orden
político: su propósito ha sido el de perpetuar actividades de control social, en
áreas urbanas y rurales, con el fin de impedir el desarrollo de procesos
sociales, políticos y judiciales que busquen esclarecer la violencia política
del pasado, resarcir a las víctimas, reparar la memoria de los muertos y
sancionar a los responsables. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Este tipo de expresiones constituye la fuente de un
patrón sistemático de amenazas, ataques y asesinato que puede afectar,
indistintamente, a opositores políticos, operadores de justicia, defensores de
derechos humanos, dirigentes sociales, líderes indígenas y campesinos,
científicos y toda persona que en determinado momento puede representar una
riesgo para grupos de poder. Su acción busca obstruir la verdad y la justicia,
así como mantener bajo control la conducción de determinadas estructuras
estatales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La violencia con motivaciones o con impacto de orden
político suele ser ejecutada por estructuras que, obviamente, funcionan en la
clandestinidad y cuentan con poder económico suficiente para tener capacidad
armada, servicios de inteligencia e influencias política que garantizan
impunidad y encubrimiento. Son estructuras que funcionan fuera del Estado, pero
sin duda tienen vinculaciones directas e indirectas con algunos agentes y
aparatos del Estado. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La clasificación antes descrita permitiría visualizar,
con mayor precisión, medidas más concretas para disuadir la actividad criminal,
con un enfoque preventivo. Además, iniciar procesos de investigación criminal
orientados a desarticular, en la medida de lo posible, todas aquellas
estructuras que actualmente se dedican a cometer hechos de violencia desde su
ámbito de acción, y a establecer las motivaciones detrás de tantos asesinatos.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Linchamientos, "limpieza social" y ejecuciones: existen
hechos de violencia que pueden ser catalogados como manifestaciones de
intolerancia social o crímenes de odio. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En este tipo de violencia se incluirían todos aquellos
actos orientados a dañar la integridad de personas pertenecientes a grupos que
sufren algún tipo de marginación o que son catalogados como indeseables en el
entorno social, tales como homosexuales y travestis, prostitutas, niños y
jóvenes de la calle, delincuentes comunes o presuntos delincuentes y algunos
casos de mujeres (por cuestión de sexo). </DIV>
<DIV align=justify><BR>La acción violenta proviene de diversas fuentes: aparatos
clandestinos vinculados al Estado, grupos de vecinos que se organizan para
afrontar por vías violentas la inseguridad ante la falta de respuesta estatal,
masas violentas que responden a una determinada coyuntura o momento, como en el
caso de los linchamientos; sicarios al servicio de quienes puedan y deseen pagar
sus servicios, etc. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El hecho concreto es que los sospechosos de ser
delincuentes comunes, pandilleros, miembros de bandas del crimen organizado,
ladrones a diversa escala, etc., suelen ser víctimas de la acción de ciudadanos
o de aparatos organizados con anuencia de autoridades de seguridad o que pueden
operar por la indiferencia de aquéllas. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>La situación de la violencia contra la
mujer</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La violencia específica contra las mujeres, fenómeno que
en los últimos años ha venido en constante aumento, no puede ubicarse con
exclusividad en sólo uno de los fenómenos antes descritos. Según hipótesis de la
Policía Nacional Civil -PNC- y el Ministerio Público -MP-, más del 70% de
mujeres víctimas de muertes violentas se vincula a las maras. No obstante, ello
no ha sido comprobado, por las deficiencias en materia de investigación que
afrontan las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.[2] Además, las
estructuras del MP y de la PNC, responsables de la investigación criminal en
este tipo de casos, no han tenido la capacidad de construir hipótesis
susceptibles de comprobación en el ámbito judicial, por lo que constantemente
incurren en apreciaciones generalizadas sin fundamento. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El desconocimiento y la falta de información confiable
sobre la muerte de mujeres han creado corrientes de opinión disímiles en
diversos sectores nacionales: unas, apuntan a la existencia de un patrón
sistemático de eliminación de mujeres, por su condición de género; otras,
consideran que no existe tal cosa, sino que tanta muerte violenta es producto de
la participación directa de mujeres en actividades como el crimen organizado,
narcotráfico o pandillas juveniles. Aunque también hay quienes piensan que las
mujeres son víctimas de la violencia, por motivos comunes, como todos los
habitantes del país. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Tanto en lo que respecta a la muerte de mujeres como a
los decesos violentos en general, lo cierto es que existen muchas deficiencias
en materia de investigación y persecución criminal, que dificultan establecer la
motivación detrás de los asesinatos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Las cifras de muertes van en aumento[3] y el aparato
estatal sigue propiciando altos índices de impunidad.[4] En las condiciones
actuales sólo se puede presuponer que del cúmulo de muertes violentas, un número
corresponde a ejecuciones arbitrarias, dadas las características de algunos
asesinatos publicadas en los medios de comunicación.[5] Por el momento no se ha
establecido, a través de procesos judiciales, si en la comisión de algunos de
estos asesinatos están involucrados directamente agentes estatales, con lo cual
podría hablarse de ejecuciones extrajudiciales, aunque los señalamientos de la
participación de agentes en la comisión de hechos delictivos no son pocos.[6]
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Respuesta estatal ante los altos índices de
violencia</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>A continuación se señalan algunos aspectos que causan
especial preocupación y que su abordaje debe ser prioritario para revertir la
creciente ola violenta que persiste. <BR>ámbito legislativo</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pocos han sido los esfuerzos orientados a la creación de
marcos legales que coadyuven a contrarrestar los índices de violencia y
criminalidad. Si bien recientemente fue aprobada la Ley contra la delincuencia
organizada y meses atrás se creó la Dirección General de Inteligencia Civil
-DIGICI- adscrita al Ministerio de Gobernación, aún queda pendiente toda una
agenda legislativa necesaria para hacer más efectivo el combate de la violencia.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta incluye: ley de armas y municiones, ley de empresas
de servicios de seguridad privada, ley del sistema penitenciario, ley que crea
el sistema nacional de inteligencia, ley de creación del Instituto Nacional
Autónomo de Ciencias Forenses -INACIF- y el proyecto de reformas a la Ley de
Amparo. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Varios de estos proyectos, previamente consensuados entre
diversos sectores sociales, se han estancado en el proceso legislativo y han
sufrido modificaciones y alteraciones, que no se apegan a los parámetros de la
seguridad democrática. Por lo que el riesgo de que se aprueben normativas
débiles, sin mecanismos adecuados de control, es latente y causa mucha
preocupación. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Policía Nacional Civil y Ministerio
Público</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Ambas instituciones afrontan una serie de problemas que
impide una acción efectiva frente a la ola de violencia. Descrédito,
incapacidad, falta de profesionalismo, operativos policiales infructuosos y de
corto alcance, débiles políticas en materia de prevención del delito, etc., son
algunos de los problemas por los que atraviesa la PNC. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Además, no son pocos los señalamientos que se dan en
torno a la participación directa de agentes policíacos en la comisión de hechos
delictivos, entre ellos, asesinatos de mujeres y de jóvenes vinculados a
pandillas juveniles. La estructura policial responsable del combate de la
narcoactividad ha sido la más penetrada, prueba de ello son los robos
perpetrados a los almacenes donde se guarda la droga incautada y el juicio al
que están sometidos, en Estados Unidos, desde el año pasado cuando fueron
capturados, los que entonces fungían como sus más altos dirigentes. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En los tribunales se ventilan procesos contra agentes y
oficiales que han sido capturados por cometer delitos comunes, como allanar
residencias para robar; y por participar en hechos como el robo de combustible,
secuestros, redes de prostitución y de corrupción, venta de armas y comercio de
droga. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Si bien es importante reconocer los esfuerzos de las
autoridades por depurar las filas policiales, existen aún muchas trabas de
carácter burocrático y administrativo que impiden remover de sus cargos a
agentes vinculados a hechos delictivos. Por aparte, los casos judiciales que se
ha logrado construir no avanzan en los tribunales. <BR>Por su parte, el
Ministerio Público es quizás la institución más inoperante del sistema de
justicia. A pesar del impulso de algunos procesos técnicos dentro del MP,
orientados a fortalecer la institución y mejorar el desempeño de sus funciones
en materia de investigación y persecución penal, sigue mostrando falencias de
tipo estructural, que derivan en el alto índice de impunidad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Manejo inadecuado de la escena del crimen y carencia de
pruebas científicas; falta de capacitación del personal encargado de las
investigaciones, tratamiento aislado de casos, falta de coordinación con la PNC,
entre otros, son algunos de los problemas más acuciantes que afronta el MP,
particularmente la Fiscalía de delitos contra la vida e integridad personal, que
se encarga de llevar los casos de asesinatos. <BR>Los procesos internos
orientados a mejorar el desempeño de los fiscales, mediante la capacitación, el
monitoreo informático y la implementación de protocolos e instrucciones
generales, han fracasado o muestran graves retrasos. Esta situación de escaso o
nulo avance tiene, entre otros, los siguientes puntos de origen: la indiferencia
y desinterés de los fiscales, la impunidad que reina en el interior ante faltas
graves y gravísimas o incluso delitos que cometen algunos funcionarios del MP,
la inexistencia de un régimen disciplinario y de la carrera fiscal; la acción de
funcionarios que manipulan la investigación criminal. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Investigación criminal</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Los problemas que afronta la Dirección de Investigaciones
Criminalísticas del MP, que por ahora es la encargada de realizar los peritajes
solicitados por los fiscales que atienden los delitos contra las mujeres,
impiden llevar a cabo una efectiva persecución penal sobre la muerte violenta de
personas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Falta de personal capacitado y especializado, carencia de
equipo y de presupuesto adecuado y falta de coordinación con la División de
Investigación Criminal -DINC- de la PNC, son algunos de los problemas que
afronta dicho ente. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por su parte, la DINC enfrenta dificultades similares,
que impiden el desarrollo de investigaciones criminales sólidas para el impulso
de procesos judiciales contra los autores de los hechos de violencia. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Ambas estructuras son fundamentales para desarrollar una
adecuada investigación y persecución sobre los hechos de violencia. Por ello es
indispensable que se fortalezcan para que puedan aportar insumos en el marco de
los procesos penales. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>CICIACS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de
Guatemala para la creación de la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad -CICACS- está en negociación en la
organización internacional. Al quedar aprobado el texto definitivo, este deberá
ser remitido al Congreso de la República para su ratificación. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Este proyecto constituye el segundo intento por crear una
comisión de esta naturaleza, luego de que la propuesta inicial fuera considerada
inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, en el 2004. La creación de
la CICIACS es considerada fundamental para investigar y propiciar el
desmantelamiento de todas aquellas estructuras criminales dedicadas a generar
violencia política, así como promover el impulso de procesos judiciales contra
sus agentes y cabecillas. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Acciones urgentes frente a la situación de
violencia</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Para revertir los índices de violencia que afectan al
país, especialmente de asesinatos, se requiere de acciones concretas, de
decisiones llenas de voluntad y convicción por parte de las autoridades
políticas, en el orden de: </DIV>
<DIV align=justify><BR>1. Impulsar esfuerzos institucionales conjuntos, que
incluyan un fuerte componente en materia de prevención del delito. <BR>2.
Agilizar el proceso de aprobación de la agenda legislativa de seguridad y
justicia que está en discusión. Esta incluye los proyectos relativos al control
de armas y municiones, empresas de servicios de seguridad privada, sistema
penitenciario, sistema nacional de inteligencia (iniciativa 3314), INACIF, y el
proyecto de reformas a la Ley de Amparo, a fin de cerrar espacios de
arbitrariedad en el uso de esta garantía procesal. <BR>3. Crear el Sistema
Nacional de Seguridad, que permita armonizar y coordinar a las instituciones que
velan por la seguridad e impulsar políticas públicas más efectivas e integrales
en la materia. Para que exista complementariedad, el esfuerzo debe ir acompañado
de la creación del Sistema Nacional de Inteligencia. <BR>4. Poner en
funcionamiento la DIGICI, para ayudar a contrarrestar de manera eficiente las
actividades del crimen organizado y la delincuencia común. <BR>5. Fortalecer, a
través de recursos materiales y humanos, de capacitación especializada y de
equipo, la Fiscalía de delitos contra la vida e integridad personal del MP.
Asimismo, definir una política de persecución penal efectiva dirigida a los
responsables de las muertes violentas en el país. <BR>6. Dotar de recursos
humanos, materiales y de equipo, así como de capacitación y especialización, a
la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, y la División de
Investigación Criminal de la PNC, para mejorar los peritajes y fortalecer los
procesos de investigación criminal en torno a los hechos de violencia.
Simultáneamente, esto debe ir acompañado de la creación del Instituto nacional
Autónomo de Ciencias Forenses (INACIF), cuya implementación debe estar
garantizada tanto en lo operativo como en lo financiero. <BR>7. Encaminar un
proceso sostenido de depuración de la Policía Nacional Civil y llevar a cabo
investigaciones exhaustivas para establecer la responsabilidad directa de
agentes policiales en la comisión de delitos y abusos, especialmente asesinatos
de mujeres y jóvenes. <BR>8. Crear la CICIACS con miras a contribuir a la
investigación y desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad que generan violencia con motivaciones políticas.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>[1] Es importante anotar que en el país no existen
estadísticas unificadas sobre el índice de violencia y en muchos casos no están
desglosadas por sexo o por edad. La Policía Nacional Civil tiene sus cifras,
pero también el Ministerio Público, los medios de comunicación y algunas
organizaciones sociales que dan seguimiento a la situación.[Back] <BR>[2] Según
información de prensa, en lo que va del año tan sólo se han realizado 12
capturas de posibles responsables de asesinatos de mujeres. Esto demuestra la
debilidad en materia de investigación y persecución criminal y la inoperancia
del sistema de justicia en el esclarecimiento de los hechos de violencia.[Back]
<BR>[3] Según el monitoreo diario realizado por los medios de comunicación, cada
día fallecen de manera violenta al menos 12 personas.[Back] <BR>[4] En un
informe de Amnistía Internacional se afirma que "las estadísticas oficiales
siguen enmascarando el bajo índice de enjuiciamientos. Aunque en el informe
anual del MP se cataloga como resueltos casi el 42% de los casos de muertes de
mujeres en los que intervino la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad
Personal durante el 2005, sólo en el 3.8% de estos casos se presentó una
acusación formal y sólo en el 1% tuvo lugar una vista judicial. La mayoría de
los casos catalogados como resueltos (23.8%) se archivó (casos en los que el MP
desistió de interponer acciones judiciales por una presunta falta de
colaboración de los testigos o de los familiares, a petición de los familiares
de las víctimas, o por falta de pruebas), el 8.4% se desestimó, el 2.6% terminó
con la absolución de los presuntos autores y el 2% se cerró de forma
provisional. Guatemala, ni protección, ni justicia. Homicidios de mujeres
(actualización) julio 2006.[Back] <BR>[5] Acorde con investigadores de la
Sección de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la PNC, 40%
de las muertes es atribuida a peleas entre pandilleros, 30% es vinculado al
crimen organizado y narcotráfico, 5% a crímenes pasionales y el 25% no está
determinado. Prensa Libre, julio 11, 2006.[Back] <BR>[6] Según informe
presentado por la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública -IMASP-,
de enero a mayo de este año fueron presentadas a la Oficina de Responsabilidad
Profesional de la PNC 40 denuncias por agresión, 52 por amenazas, 31 por
detenciones ilegales, 19 por allanamientos ilegales y 18 por desapariciones
forzadas. Prensa Libre, julio 13, 2006.[Back]
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>