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<BODY bgColor=#ffffff background="">
<DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><FONT size=4><STRONG><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria de revistas</U></FONT><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 20 de diciembre
2006 - Redacción: </STRONG></FONT><A href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT
size=4><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG>Imperialismo</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify></FONT><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Los TLC
de EEUU con Colombia y Perú</FONT></STRONG></FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT
size=3></FONT></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><STRONG>Más reglas de inversión
adversas</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Sarah Anderson
*</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Foreign Policy In
Focuswww.fpif.org</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://www.fpif.org/fpiftxt/3813"><STRONG><FONT
size=3>http://www.fpif.org/fpiftxt/3813</FONT></STRONG></A><BR><BR></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Ahora que ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos se
encuentran bajo el control de los demócratas, la administración del Presidente
Bush se enfrenta con una batalla aun mas difícil para obtener la aprobación de
los tratados de libre comercio con Colombia y Perú que se encuentran
paralizados. Enseguida después de la victoria que los demócratas obtuvieron en
las elecciones de noviembre, unos miembros clave de la camara de representates
enviaron una carta al Representate de Comercio de los Estados Unidos para
solicitar que ambos tratados fueran negociados nuevamente. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, esta carta se enfocó mayormente en el tema
preocupante de los derechos laborales. “No podemos creer que la administración
se haya negado continuamente a dar unos simples pasos necesarios para dirigirse
a nuestra mayor preocupación, la cual sigue siendo los estándares laborales,”
afirmaron el Representate Charles Rangel (D-NY) y otros lideres demócratas.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Si bien el tema relacionado con los derechos del
trabajador es un tema crucial, la inserción de una cláusula laboral no será
suficiente para confrontar la enrome repercusión contra la manera en que el
gobierno de los Estados Unidos ha lidiado con el libre comercio, tanto aquí como
en el exterior. Se necesita una revisión completa. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La agenda comercial de los Estados Unidos, basada en el
modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, esta
diseñada para incrementar las ganancias de grandes corporaciones al restringir
la autoridad que poseen los gobiernos de asegurarse de que el comercio y la
inversión beneficien a toda la sociedad. Como resultado, es probable que en los
paises que firman el tratado los obreros trabajen bajo condiciones precarias,
que aumente la explotación dañina de los recursos naturales, que los pequeños
agricultores sean desplazados al no poder competir con gigantes de la industria
agropecuaria, y que el poder de las empresas farmacéuticas limiten el acceso a
los medicamentos genéricos. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Se necesita una inspección
detallada</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Las reglas de inversión en los tratados con Colombia y
Perú necesitan una inspección detallada. Estas otorgan protecciones a
inversionistas privados extranjeros que son virtualmente idénticas a las
protecciones otorgadas por el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América
Central y la República Dominicana, (CAFTA-DR en inglés) y varios otros acuerdos
bilaterales que han sido firmados en el transcurso de las dos últimas décadas. Y
aun asi se les solicita a estos países que firmen en un momento en que el
conocimiento del daño que estas reglas pueden llegar a causar ha crecido
enormemente. Varios funcionarios electos, desde legisladores estatales en
California hasta el Presidente de Argentina Néstor Kirchner, denuncian estos
tratados por ser una amenaza a la soberanía. Varios gobiernos de países en vía
de desarrollo han logrado obstruir, con la ayuda substancial de organizaciones
de la sociedad civil, los esfuerzos estadounidenses de imponer dichas reglas a
través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el 2004 Australia se
convirtió en el primer país en rechazar elementos claves de la agenda de
protección al inversor durante la negociación de un tratado de libre comercio
bilateral con Estados Unidos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>A medida que crece la repercusión contra estas
protecciones a los inversionistas, la administración de Bush pretende finalizar
las negociaciones con Colombia y Perú para poder lograr continuar con su agenda.
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>No se han aprendido las lecciones</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Algunas de las reglas de inversión que el gobierno de
Estados Unidos está promoviendo, en realidad hacen lucir al Fondo Monetario
Internacional (FMI) como una institución progresista. Estas reglas prohibirían
el tipo de control sobre el capital que había ayudado a algunos países a escapar
la peor crisis financiera global de fines de los años noventa. Malaysia y Chile,
por ejemplo, salieron relativamente ilesos gracias al uso eficaz de dichos
controles, mientras que países vecinos sufrieron las consecuencias devastadoras
de la pérdida de miles de millones de dólares en la rápida fuga de fondos. El Ex
Economista Principal del Banco Mundial Joseph Stiglitz afirmó que la falta de
restricciones en el flujo de capital fue el factor principal que llevo a la
crisis. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde entonces el FMI ha dejado de exigir que los
gobiernos se deshagan de los controles del flujo de capital. Sin embargo, los
anticuados funcionarios en la oficina del Representate de Comercio de los EEUU
han continuado utilizando tratados como el de Colombia y Perú para que los
gobiernos se deshagan de esta simple herramienta necesaria para proteger a sus
poblaciones de la volatilidad del sistema financiero. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los gobiernos que aceptan estas condiciones ponen a un
lado a otras herramientas de desarrollo económico, como el requerir a
inversionistas extranjeros que utilicen un porcentaje especifico de inversión
local en la producción o la transferencia de tecnología. Peor aun, estas
regulaciones limitan la autoridad que poseen estos gobiernos de llevar a cabo
“expropiaciones indirectas” interpretada como cualquier acción que disminuya el
valor de una inversión extranjera, incluyendo la adopción de regulaciones
ambientales y con respecto a la salud pública. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>El poder de la demanda</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los inversionistas pueden requerir una compensación por
la violación de cualquiera de los derechos mencionados en estos acuerdos a
través de un proceso de resolución de disputas entre “estado-inversionista.”
Esto les permite evitar tribunales domésticos y demandar a gobiernos
directamente a través de tribunales internacionales. Se han llevado a cabo mas
de dos docenas de demandas como estas por miles de millones de dolares
solicitando compensación bajo el TLCAN contra los Estados Unidos, México y
Canadá. A nivel global, quien se encarga de manejar este tipo de casos de
estado-inversionista es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en el Banco Mundial. Actualmente, el
Centro cuenta con mas de 100 casos pendientes en contra de alrededor de cuarenta
países. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Colombia y Perú son tan solo dos de la larga lista de
países en América Latina que no poseen aun un acuerdo de protección de
inversionistas con Estados Unidos. Costa Rica podría estar atada pronto a través
de un acuerdo comercial que ha firmado pero no ha ratificado. Por lo tanto,
quedan solamente Brasil, Paraguay y Venezuela en la región sin tener ni un
acuerdo comercial ni un tratado de inversión bilateral con Estados Unidos.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una vez que estos tratados son ratificados funcionan como
camisas de fuerza. En el caso de los acuerdos de Estados Unidos con Perú y con
Colombia, estos gobiernos podrían optar por rescindir el contrato con seis meses
de aviso. Pero la realidad es que es extremadamente difícil rescindir de estos
acuerdos comerciales política y económicamente ya que cubren casi todos los
aspectos de la economía. Es típico que se requiera que en los tratados de
inversión bilaterales menos amplios se mantengan las protecciones por un periodo
de diez a quince años luego de que un gobierno comunique que desea salirse.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Uno no debe alarmarse con que el Presidente Boliviano Evo
Morales haya dicho a la televisora británica BBC que se siente “prisionero” en
el palacio presidencial debido a dichas reglas. Gobiernos bolivianos anteriores
firmaron una cantidad de tratados de inversión bilaterales, incluyendo uno con
Estados Unidos en 1998. Por lo tanto, a pesar de que Morales condujo una campaña
electoral con la promesa de redistribuir los ingresos para los bolivianos
obtenida de la explotación de los recursos naturales, el llevar a cabo estas
promesas podría resultar en una ola de demandas altamente costosas de parte de
empresas mineras y de gas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los bolivianos estan muy al tanto del peligro de las
demandas del tipo estado-inversionistas luego del famoso caso de la “guerra del
agua.” En el 2000 los residentes de Cochabamba se levantaron para protestar
contra los disparatados precios del agua que la corporación Bechtel con sede en
Estados Unidos habia impuesto; como lo hicieron también otros miembros de un
consorcio que había privatizado el sistema del agua de la ciudad. Luego de
abandonar el contrato, el consorcio demandó al gobierno boliviano pidiendo una
compensación de alrededor de $50 millones de dólares. Una campaña de activismo
internacional presionó a Bechtel para que aceptara la demanda por una suma
simbólica poco antes de que Morales asumió la presidencia. Pero ya para ese
momento el gobierno boliviano careciente de efectivo había gastado cerca de $1
millón de dólares en gastos para su defensa legal durante cuatro años de
arbitraje. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Argentina sufrirá</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Argentina sufrirá enormemente a causa de estas reglas de
inversión tan injustas. Existen treinta y cuatro casos; casi un tercio de todos
los casos pendientes del CIADI lidian con Argentina. Un miembro del tribunal del
CIADI Felix Peña calcula que si los inversionistas ganaran todos sus casos, la
cuenta para los contribuyentes en Argentina podría resultar hasta $15 mil
millones de dólares. Esta situación agravaría la crisis de la deuda externa de
Argentina, beneficiaría a los bolsillos de las corporaciones multinacionales y
deprivaría a los ciudadanos argentinos de la inversión tan necesaria en
servicios públicos, como las escuelas, clínicas, calles, y agua potable. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Como se llegó a esta situación? Durante los años noventa
Argentina firmo mas de 51 acuerdos de inversión bilaterales tanto con países
industrializados como con países en vías de desarrollo –mas que cualquier otro
país de América Latina. Estos acuerdos cerraron la camisa de fuerza jurídica que
permitió que surgiera esta ola de demandas de inversionistas. Luego de la crisis
financiera que sufrió Argentina a fines de 2001, el gobierno adoptó medidas de
emergencia que estaban, en parte, diseñadas para proteger a los ciudadanos de
una inflación fuera de control. Inversores extranjeros criticaron dichas medidas
porque implicaba una reducción en sus ganancias, y recurrieron a fuentes
legales. Entre quienes presentaron cargos estaban empresas globales de agua, gas
y electricidad como Nerón, Exxon Mobil, Suez, y la Corporación AES que había
llegado durante la ola de privatizaciones en Argentina en los años noventa.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hasta este momento, los tribunales del CIADI han fallado
en contra de Argentina en dos casos relacionados con las políticas del gobierno
en respuesta a la crisis, de los cuales el mas reciente es el caso presentado
por la empresa energética LG&E, con base en Louisville, Kentucky, por
habérsele exigido reducir los precios al consumidor por el gas natural. Ademas,
un tribunal del CIADI otorgó $165.2 millones de dólares a Azurix, subsidiaria de
agua de la empresa Enron en el mes de julio de este año con respecto a acciones
llevadas a cabo por reguladores provinciales de Buenos Aires antes de la crisis
financiera. Aunque la suma fue menos de lo que la compañía exigía, fue un caso
polémico ya que los consumidores tuvieron que hervir el agua potable durante un
brote incontrolable de algas de en el año 2000. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En ambos países, Bolivia y Argentina, varios activistas y
algunos oficiales de gobierno estan cuestionando la constitucionalidad de las
demandas del tipo estado-inversionista. En Bolivia hay varios críticos que se
encuentran ejerciendo presión política en la Asamblea Constitucional, la cual se
encuentra en el proceso de redactar nuevamente la constitución del pais, para
resaltar que los inversionistas extranjeros deben obedecer las leyes nacionales
y utilizar tribunales nacionales para resolver disputas. Se considera que es
probable que se lleve a cabo una revisión por el tribunal constitucional de
Argentina. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero aun si tribunales domesticos deciden que las
demandas del tipo estado-inversionista violan las constituciones nacionales, es
probable que los inversionistas argumenten que los tratados internacionales aun
son vinculantes y que tomen medidas represaliassi los gobiernos se rehúsan a
pagar. Si bien la fuente de sus recursos son legalmente cuestionables, algunos
expertos han sugerido que los inversionistas podrían ejercer presión política en
sus propios gobiernos para llevar el caso a la Corte Internacional en La Haya, o
incluso a tomar a la fuerza el capital del gobierno ofensor. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Respuesta del gobierno de Estados
Unidos</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Al promover la agenda de protección a inversores,
funcionarios estadounidenses ponen énfasis en los beneficios de inversores
estadounidenses en el exterior. También argumentan, a pesar de que no poseen
mucha evidencia, que dichas reglas ayudan a que los países en vías de desarrollo
atraigan mas inversión del exterior. Lo que tienden a olvidar es el hecho de que
estos tratados dan un poder sin precedente también a inversionistas que
provienen de otros paises, en los Estados Unidos. Por ello, fue una verdadera
revelación cuando en 1999 la empresa Methanex de Canada hizo uso de las reglas
de inversión del TLCAN para demandar al gobierno de Estados Unidos por cerca de
mil millones de dólares por un reglamento de salud pública en el estado de
California. El caso terminó siendo descartado, pero durante seis años involucró
a funcionarios estadounidense en un proceso de arbitraje que envió un mensaje
escalofriante a otros legisladores. El caso de Methanex y otros casos que se
dirigen a leyes estadounidenses han impulsado a varias organizaciones que
representan a funcionarios subfederales a que se opongan a estas reglas,
incluyendo la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales y la Liga Nacional
de Ciudades. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La administración de Bush ha respondido a las críticas
cediendo un poco, pero tan solo en el area de transparencia. Un ejemplo es que
los tratados que han sido negociados recientemente requieren que los tribunales
permitan intervenciones amicus curiae (presentaciones que pueden realizar
terceros ajenos a una disputa judicial) y que las audiencias sean públicas. No
ha habido ningun cambio que limite la amenaza que representan los inversores
sobre la soberania estatal y local. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Varios oficiales de gobierno alrededor del mundo estan
comenzando a darse cuenta de que las protecciones a los inversores que son
promovidas por el gobierno de Estados Unidos es uno de los ejemplos mas extremos
del exceso del poder corporativo. En una era de flexibilización y privatización,
estas protecciones constituyen una de las armas mas potentes que amenazan el
papel que posee el gobierno en el mantenimiento social y ambiental. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Alternativa Boliviana</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El hecho de que la administración de Bush tuvo que
negociar acuerdos bilaterales con economías relativamente pequeñas como Perú y
Colombia refleja la falla de su agenda comercial para el hemisferio. Desde un
principio, el plan se trataba de un Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), la cual incluiría 34 países de la región. Pero esta gran iniciativa
parece haber quedado en el olvido luego de tantos años de rechazo debido a la
oposición que demostraron varias de las economías mas grandes de la región,
sobre todo Brasil, Argentina y Venezuela. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En vez de insistir con una agenda que ha fallado, la Casa
Blanca y el Congreso deberían considerar las diferentes alternativas de
políticas de comercio e inversión creadas por organizaciones de la sociedad y
algunos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno Boliviano ha puesto en circulación
unas pautas para un tratado de cooperación justo y productivo con Estados Unidos
que abren las puertas al comercio internacional y a la inversión del extranjero,
siempre y cuando no ponga límites a la autoridad del gobierno nacional para que
lleve a cabo sus propias estrategias para el desarrollo. Dicho plan difiere del
modelo comercial de Estados Unidos en varias formas. Permitiría, por ejemplo al
gobierno Boliviano que garantizase el acceso a medicamentos generales de bajo
costo, prohibiría el patentado de plantas y animales, y mantendría programas que
beneficien a productores locales. Con respecto al tema de la inversión, se
reservaría el derecho de requerir que inversores extranjeros transfieran
tecnologías y que utilizaran productos y mano de obra local. Como es lógico,
rechaza el concepto de la solución de disputas del tipo estado-inversionista y
en vez de ello requiere que inversores extranjeros resuelvan disputas a través
de mecanismos nacionales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La propuesta boliviana refleja algunas de las demandas de
una sociedad civil crítica del libre comercio, aunque dichas demandas sobrepasan
un énfasis en la soberanía nacional y además se enfocan en la necesidad de
adoptar estándares internacionales. Dado que los gobiernos nacionales van y
vienen, los ciudadanos pueden obtener ciertas protecciones contra los caprichos
del poder político mediante el requerimiento de que los gobiernos firmen pactos
comerciales para defender derechos laborales internacionales básicos y respetar
tratados ambientales multilaterales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>No es suficiente que hayan pequeños cambios con tratados
que ya han sido negociados. El Congreso debería enfocarse en comenzar un diálogo
genuino que cruza las fronteras, los partidos y los sectores para lograr avanzar
un camino mejor, mas equitativo y sostenible hacia la integración económica.
</DIV>
<DIV align=justify><BR> * Sarah Anderson es directora del proyecto de
economía global en el Instituto de Estudios Políticos. Sara Grusky coordina el
programa para Latinoamérica de Food and Water Watch. Ambas escriben para Foreign
Policy in Focus. </DIV></FONT>
<DIV><FONT face=Arial size=2>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>En profundidad...</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Tratados de Libre Comercio -
TLC</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3><A
href="http://www.choike.org/">http://www.choike.org/</A></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>Por medio de diversos mecanismos, en
la última década y media, se han impuesto los procesos de privatización,
globalización y desregulación de la economía. La Organización Mundial del
Comercio (OMC) ha sido el instrumento más importante para llevar adelante estas
políticas. <BR><BR>Sin embargo, la sociedad civil y gran parte de los gobiernos
de los países en desarrollo consideran a la OMC “una de las organizaciones más
faltas de transparencia”, que deja fuera de sus negociaciones a los países menos
desarrollados para favorecer los intereses de los países ricos. Por esas razones
la OMC es uno de los organismos sobre el cual se ejerce un mayor monitoreo por
parte de las organizaciones no gubernamentales. A su vez, las reuniones
ministeriales -máxima instancia de toma de decisiones de la institución– se han
convertido en instancias masivas de protesta por parte de los movimientos de la
sociedad civil. <BR><BR><STRONG>Acelerando los procesos</STRONG> <BR><BR>A
partir de 1995, al considerar EEUU que las negociaciones de la OMC no se
concretaban con la rapidez que hubiera deseado, comienza a impulsar
negociaciones para la formación de áreas de libre comercio regionales. La
primera de estas negociaciones que logra salir a la luz es el Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) en 1994. Los lineamientos de los programas
económicos recomendados por el FMI y el Banco Mundial en América Latina durante
la década de los noventa, han ido preparando el camino para facilitar la puesta
en marcha del ALCA. Si bien el mercado norteamericano es importante para las
exportaciones latinoamericanas, el problema es la cesión de soberanía en el
manejo de la política económica interna que se exige a cambio. <BR><BR>Pocas
semanas después del fracaso de la reunión de la OMC en Cancun en 2003, se
realizó la reunión ministerial que negociaba el ALCA, en Miami. Una vez más la
sociedad civil y sus movilizaciones fueron un actor importante: se repitieron
las protestas, el espacio de maniobra y entrega se vio reducido y especialmente
Brasil defendió condiciones para su industria y agricultura, imposibilitando
llegar a un acuerdo. <BR><BR>Estados Unidos, ante este panorama, avanza poco a
poco mediante otros acuerdos regionales de libre comercio más reducidos o
bilaterales. Ya ha firmado tratados con México y Chile, y está negociando más
aceleradamente el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). De esta
manera, se van realizando tratados paralelos que tienen el mismo formato y
características de un ALCA funcional a Washington. Siguiendo este camino se
puede llegar a una red de convenios que cubre toda Centroamérica y varios países
andinos. Al mismo tiempo intenta desarrollar negociaciones regionales en Africa
y Asia. La enfermedad del momento sería “Trataditis aguditis”, según titula la
organización Grain un documento que ofrecemos en este informe. <BR><BR>“El
planeta está envuelto en una densa trama de convenios y tratados económicos y
financieros internacionales, regionales y bilaterales que han subordinado o
suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional de los
derechos humanos (incluido el derecho a un medio ambiente sano), las
Constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo
nacional y las leyes laborales y sociales tendentes a mitigar las desigualdades
y la exclusión”. </FONT><A
href="http://www.choike.org/nuevo/informes/2131.html#1"><FONT face=Arial
size=2>(1)</FONT></A><FONT face=Arial size=2> <BR><BR>Un ejemplo muy claro de
estas afirmaciones es el uso de los TLC para la imposición de estándares de
propiedad intelectual por parte de EEUU, los que favorecen los intereses
comerciales de corto plazo de las empresas farmacéuticas estadounidenses a
expensas de la salud pública en los países en desarrollo. La organización Oxfam
compara cinco tratados con EEUU: NAFTA, Chile, Singapur, CAFTA y ALCA.
innecesariamente rigurosos para los países en desarrollo que van más allá de los
ya perjudiciales requisitos de las normas dispuestas por la Organización Mundial
de Comercio (OMC). </FONT><A
href="http://www.choike.org/nuevo/informes/2131.html#2"><FONT face=Arial
size=2>(2)</FONT></A><FONT face=Arial size=2> <BR><BR>En estos momentos, son
tantos los procesos de negociación que es dificultoso tenerlos a todos
presentes, teniendo en cuenta además que generalmente se llevan a cabo en forma
secreta. Sin embargo, del conocimiento de los acuerdos ya terminados se pueden
analizar los objetivos y contenidos reales de los mismos. <BR><BR>Estos tratados
no se refieren solamente a asuntos económicos, sino que también tienen un
explícito contenido político donde los países en desarrollo quedan en una
situación de subordinación. Hay varios ejemplos, que proporcionamos en
diferentes secciones de este informe. En el tratado con Marruecos Estados Unidos
se explicita su interés en "promover sociedades islámicas más tolerantes,
abiertas y prósperas". Otros tratados (como con Tailandia) están explícitamente
presentados como un mecanismo para reforzar vínculos militares y cooperación en
"la guerra al terrorismo". </FONT><A
href="http://www.choike.org/nuevo/informes/2131.html#3"><FONT face=Arial
size=2>(3)</FONT></A><FONT face=Arial size=2> <BR><BR>Al reanudarse las
negociaciones comerciales en la OMC muchos grupos exhortan a una revisión de las
consecuencias de tales pactos bilaterales. Países industrializados como Estados
Unidos y Japón se valen de ese instrumento para obtener de sus socios lo que no
pudieron obtener en la OMC, donde los países en desarrollo han podido oponerse o
resistir ciertos elementos negativos en varios acuerdos.
<BR><BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR></FONT><A name=1></A><FONT
face=Arial size=2>(1) "Derechos humanos y tratados bilaterales". Exposición
conjunta presentada por el Centro Europa Tercer Mundo, organización no
gubernamental con estatuto consultivo general y la Asociación Americana de
Juristas. Comisión de Derechos Humanos, 56° período de sesiones - 26 de julio al
13 de agosto de 2004. </FONT><A
href="http://movimientos.org/noalca/show_text.php3?key=3064" target=_nueva><FONT
face=Arial size=2>Ver texto completo</FONT></A><FONT face=Arial size=2>.
<BR><BR></FONT><A name=2></A><FONT face=Arial size=2>(2) "Socavando el acceso a
medicinas: comparación de cinco TLCs de los Estados Unidos". Junio 2004, Oxfam.
Formato pdf. </FONT><A
href="http://www.choike.org/documentos/oxfamJulio2004.pdf" target=_nueva><FONT
face=Arial size=2>Ver texto completo</FONT></A><FONT face=Arial size=2>.
<BR><BR></FONT><A name=3></A><FONT face=Arial size=2>(3) Entre los recientes
Tratados de Libre Comercio negociados por los EE.UU. tenemos EEUU-Chile (2003),
EEUU-Jordania (2000), EEUU–Marruecos (2004), EEUU-Singapur (2003), y el Tratado
de Libre Comercio de América Central (CAFTA–2004) que incluye a la República
Dominicana. Los EE.UU. también están negociando numerosos TLCs con otros países
en desarrollo, incluyendo el Área de Libre Comercio de las Américas (fecha
límite del ALCA 2005), los países Andinos, Tailandia, Panamá, Bahrein y países
del sur de África, quedando otros en consideración.TLC con Perú y Colombia
Garantiza Mas Reglas de Inversión Adversas<BR>Sarah Anderson y Sara Grusky |
December 18, 2006<BR></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify></FONT> </DIV></BODY></HTML>