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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5>boletín informativo - red
solidaria de revistas</FONT><BR><EM><FONT color=#800000 size=6>Correspondencia
de Prensa</FONT></EM><BR>Año IV - 8 de enero 2007 - Redacción:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG>España </STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>La ruptura de la tregua y sus
consecuencias políticas<BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>G. Buster</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV><FONT face=Arial><STRONG>Revista Sin Permiso</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><A href="http://www.sinpermiso.info/"><FONT
size=3><STRONG>http://www.sinpermiso.info/</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>El 30 de diciembre ETA rompió su “alto el fuego permanente”
con un coche bomba en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid que causó
importantes daños, decenas de heridos y dos muertos. Con este atentado se ponía
fin a más de tres años sin victimas mortales y a nueve meses de lo que ha
resultado ser solo una tregua en la actividad de ETA.<BR><BR>El proceso de paz
en Euskal Herria se encontraba bloqueado y las encuestas del Gobierno vasco
mostraban que el 64% de los ciudadanos vascos temía un atentado de ETA. Pero la
bomba de la T-4 en Madrid pilló por sorpresa al Gobierno– “en un año estaremos
mejor que hoy”, había dicho Zapatero el día antes tras el último consejo de
ministros del año- y a la dirección de Batasuna, como reconoció abiertamente
Joseba Alvarez en Radio Euskadi: “yo creo que eso no se lo esperaba
nadie”.<BR><BR>De hecho, reinaba un cierto ambiente de optimismo después de que
el Ministro Rubalcaba hubiese confirmado que representantes del Gobierno y de
ETA se habían reunido el 14 de diciembre “con el objetivo de intentar
desbloquear el proceso de paz”. El Gobierno habría podido “verificar la voluntad
de ETA de mantener el alto el fuego”, según la prensa vasca, y Zapatero
así se lo comunicó a Rajoy en su entrevista del 22 de diciembre. Es más, al
parecer, Gobierno y ETA habían quedado para una nueva reunión a finales del mes
de enero o comienzos de febrero.<BR><BR>La cuestión política clave era la
participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de marzo.
Batasuna y el Gobierno mantenían un duro pulso sobre cómo se produciría la
legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale –o superándolo, o en
el marco mismo de la Ley de Partidos heredada del Gobierno Aznar-, pero nadie
dudaba, empezando por Batasuna, de que esa participación se produciría. Con
ella, la izquierda abertzale se legitimaría como interlocutor político para la
mesa de partidos que, junto a los contactos del Gobierno con ETA, constituía la
segunda pata del proceso de paz.<BR><BR>El plazo para la presentación y
legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale hasta finales de
febrero era por lo tanto el margen temporal para continuar con un duro tira y
afloja negociador. Un pulso que incluía además otras condiciones para que el
proceso pudiera seguir avanzando, simultánea o posteriormente, como el
acercamiento de los presos, la situación de los macro-sumarios contra los medios
de comunicación o los movimientos sociales ligados a la izquierda abertzale, la
excarcelación de presos de ETA cumplidas legalmente sus penas (con la huelga de
hambre de De Juana Chaos como espada de Damocles). Es decir, las condiciones
para una actividad política democrática de la izquierda abertzale. Mientras
tanto, ésta aumentaba la presión por su parte con una importante movilización
social y un incremento de la kale borroka frente a lo que consideraba el bloqueo
del proceso por un Gobierno que se jactaba públicamente de haber hecho menos
concesiones que Aznar en su momento.<BR><BR><STRONG>¿Por qué el
atentado?</STRONG><BR><BR>La cuestión es, por lo pronto: ¿por qué puso ETA la
bomba el 30 de diciembre?<BR><BR>La primera respuesta de Arnaldo Otegi, portavoz
de Batasuna, el mismo día 30 por la tarde, tras expresar su “solidaridad humana”
con las victimas, fue que el proceso de paz “no esta roto y es más necesario que
nunca”, y que era necesario “reconstruir las condiciones que permitan
estabilizar de manera definitiva el proceso”. Acusó al Gobierno Zapatero de “no
haber hecho un solo gesto en nueve meses de tregua”, pero que el atentado, “no
nos retrotrae a un escenario anterior al 24 de marzo” (fecha de la declaración
del “alto el fuego permanente” de ETA).<BR><BR>Las declaraciones de Otegi
parecían responder ante todo a dos prioridades de la dirección de Batasuna:
evitar una escisión en sus filas y una ruptura con ETA –y muy probablemente, una
escisión en la propia ETA- cerrando filas, e intentar mantener el proceso sobre
la base del ejemplo del proceso de paz irlandés. Lo primero, de ocurrir, suponía
el fin del proceso mismo al desaparecer el interlocutor político de la izquierda
abertzale; lo segundo, no dejaba de ser un intento desesperado de mantener la
legitimidad como interlocutor de la propia ETA a partir de una analogía de
imposible aplicación en el Estado español, dada la correlación de fuerzas
impuesta por la movilización masiva y continua de la derecha social y política
contra el proceso de paz.<BR><BR>Enseguida se hizo patente que, como había
ocurrido en el primer proceso de paz alrededor de los contactos de Argel en
1989, el aparato militar se había acabado imponiendo a la dirección política de
ETA. Bien para introducir el espectro de nuevas victimas mortales y la derrota
electoral del PSOE como consecuencia, bien para cerrar el proceso de paz una vez
más –como en el proceso de Argel en 1989 o el de Lizarra en 1999- constatado que
implicaba un viaje sin retorno para la propia ETA en ausencia de un cambio
cualitativo del marco político-estratégico de su lucha. Lo que el Barne Buletina
de la organización había definido ya en marzo de 1993, al concluir el balance
del primer proceso de paz, como el “síndrome de Argel”.<BR><BR>La analogía
irlandesa, a la que parecían referirse las declaraciones iniciales de Otegi, era
el atentado con un coche bomba en el barrio londinense de Docklands el 9 de
febrero de 1996, que había roto la tregua del IRA de 1994, ocasionando dos
muertos y cientos de heridos. Un boletín interno de ETA del 2001, al hacer
balance del proceso irlandés, señalaba que ello había permitido más tarde llevar
el proceso de paz a un nuevo escenario.<BR><BR>Los tres avisos de ETA previos al
estallido del coche bomba en la T-4 de Madrid hacen suponer que su objetivo no
era causar victimas mortales, sino graves daños materiales. La ausencia de
victimas mortales había sido uno de los argumentos fuertes de Zapatero para
solicitar del Congreso de los Diputados el apoyo para el diálogo con ETA en mayo
del 2005 –su principal escudo institucional frente a la contraofensiva del PP.
Pero como dijo Gaspar Llamazares, “quien juega con fuego, se acaba quemando”. La
muerte de dos emigrantes ecuatorianos –paradigma de víctimas inocentes y ajenas
al conflicto vasco- hacía imposible cualquier analogía irlandesa.<BR><BR>Por
otra parte, los casi doscientos kilos de material explosivo abandonados en
Atxondo por ETA alimentaban las tesis de quienes interesadamente defendían que
el objetivo del nuevo sector dominante en ETA era lanzar una ofensiva en toda
regla que cortase de raíz el proceso de paz.<BR><BR>La consecuencia inmediata,
en cualquier caso, es que el pulso político sobre la forma jurídica de la
participación electoral de la izquierda abertzale había quedado saldado a favor
de mantener su ilegalización, como había venido exigiendo Rajoy antes del
atentado. La movilización y preparación de la izquierda abertzale para las
elecciones se cortó en seco. Como las campañas de solidaridad por las
condiciones democráticas del proceso de paz, tanto en Euskal Herria como en el
resto del Estado español. Y por si había alguna duda, el acto previsto el 6 de
enero de apoyo a los presos vascos, organizado por el nuevo Movimiento pro
Amnistía en el velódromo Anoeta de Donosti, era prohibido por la Audiencia
Nacional y reprimido por la policía.<BR><BR>La falta de aviso formal previo del
fin de la tregua por parte de ETA –a diferencia de ocasiones anteriores—, la
sorpresa de la dirección de Batasuna, su reafirmación de la estrategia de Anoeta
y su negativa a dar por concluido el diálogo con ETA y el proceso de paz en
curso hasta ese momento, parecen apuntar en definitiva a que un sector de ETA ha
sido incapaz de aguantar la tensión política de la negociación y ha cometido con
este acto terrorista un grave error político.<BR><BR><STRONG>La reacción del
Gobierno y la campaña del PP</STRONG><BR><BR>Las primeras reacciones por parte
del Gobierno, más allá de la sorpresa, reflejaron en seguida el debate en curso
sobre qué hacer tras el atentado.<BR><BR>Zapatero compareció pocos minutos
después de hacerlo Otegi, confirmada la falta de condena formal por parte de
Batasuna y su defensa del proceso. Tras constatar que “no se cumplen las
condiciones de la resolución parlamentaria de mayo”, informó que había “ordenado
suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo” con ETA. Pero desde
ese momento mantuvo una ambigüedad semántica sobre el proceso de paz,
distinguiéndolo del fin de la violencia como condición previa para una nueva
“aproximación del Gobierno al diálogo” con ETA. Esa ambigüedad aparece también
recogida en el comunicado emitido al día siguiente por la Comisión Ejecutiva
Federal del PSOE.<BR><BR>La ambigüedad, que parecía querer mantener un horizonte
de esperanza para repensar el proceso de paz en las nuevas circunstancias
políticas, fue inmediatamente detectada por el PP. Rajoy había comparecido ante
los medios antes que Zapatero para exigir el fin del diálogo con ETA, la
persecución de la izquierda abertzale y la completa sumisión del Gobierno al
Pacto Antiterrorista PP-PSOE heredado del período Aznar, en los mismos términos
que tras la reunión con Zapatero del 22 de diciembre. Pero después de la
comparecencia de Zapatero, el portavoz de interior del PP, Astarloa, exigió una
“declaración formal de ruptura” del proceso de paz, no su “suspensión”, y la
autocrítica por la “manifiesto fracaso de su política antiterrorista”. Los
medios de comunicación de la derecha inmediatamente recogieron la nueva línea de
Astarloa.<BR><BR>Durante 48 horas, la ofensiva mediática del PP definió el marco
de las posiciones del resto de las fuerzas políticas. El Gobierno Vasco, con el
apoyo de los consejeros de las tres fuerzas políticas que lo componen, mantuvo
no solo la ambigüedad, sino la necesidad política de mantener el proceso de paz.
Aunque Ibarretxe era contradicho públicamente por Imaz, portavoz del PNV, que
daba por acabado el proceso de paz, exigía la condena formal de Batasuna del
atentado –haciéndose eco de la Ley de Partidos- y al fin del diálogo con ETA, de
la que ya solo cabía esperar su disolución. Pocos días después se sumaba a esta
postura Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, con mayor contundencia si cabe.
Durán i Lleida, portavoz de CiU en Madrid, se ofreció como ministro, primero al
PSOE, y después, al PP. ERC se alineó inicialmente con las tesis de Otegi, para
aceptar después la disciplina del Tripartito catalán de apoyo incondicional a
Zapatero. IU, con la mayoría de Llamazares apoyando a Zapatero, se encontró con
posturas de algunos sectores del PCE que parecían añorar la estrategia de las
“dos orillas”.<BR><BR>Esa ofensiva del PP vino acompañada de una crítica frontal
a Rubalcaba y a su gestión del diálogo con ETA. ¿Cómo era posible que las
fuerzas de seguridad no hubieran detectado nada, que las conclusiones de la
reunión con ETA del 14 de diciembre hubieran sido tan distintas en sus
previsiones de los hechos? Pepe Blanco, secretario de organización del PSOE,
hacía frente –en ausencia de Zapatero y de la portavoz del Gobierno, Maria
Teresa Fernández- a la ofensiva del PP, exigiendo unidad antiterrorista a todos
los partidos y asegurando que las palabras de Zapatero no contenían ninguna
ambigüedad en cuanto al fin del proceso de paz y sí la voluntad de autocrítica.
Mientras se acumulaban las declaraciones y presiones de los barones
territoriales del PSOE y de algunos ministros para una definición mas dura en el
mismo sentido, en algún caso exigiendo la vuelta al consenso antiterrorista con
el PP, como defendía el ex ministro de defensa Bono desde muchos meses
antes.<BR><BR>Según distintos confidenciales de prensa, Rubalcaba exigió de
Zapatero el fin de toda ambigüedad y compareció el 2 de enero para
asegurar que la polémica alimentada por el PP era falsa, porque el proceso de
paz, no solo el diálogo con ETA, estaba “roto, liquidado y acabado”. Que el
martes 9 de enero comenzaría una ronda con todos los partidos políticos para
conocer su posición ante la situación y sus propuestas para la política
antiterrorista del Gobierno. Con ello tomaba directamente la iniciativa política
frente al PP y trazaba las líneas generales de una estrategia antiterrorista más
allá del Pacto Antiterrorista PP-PSOE, al abrirse al resto de los partidos
políticos, incluidos los nacionalistas, sobre la que sustentar la política de
represión selectiva sobre ETA –que nunca había cesado- y también un nuevo ciclo
de represión de la izquierda abertzale, acorralada entre la kale borroka y la
escisión.<BR><BR>La campaña del PP combinaba ya elementos extraparlamentarios
-como la convocatoria de concentraciones por parte de la Asociación de Victimas
del Terrorismo (AVT) en la perspectiva de una gran manifestación contra el
Gobierno, y en las que reaparecieron grupos fascistas- con la agitación
mediática. Pero abrió ahora un tercer frente, el parlamentario. Astarloa exigió
de nuevo que fuera Zapatero quién diera personalmente por roto el proceso ante
el pleno del Congreso de los Diputados, reunido de manera extraordinaria durante
sus vacaciones. Al exigir el pleno y no la convocatoria de la Diputación
Permanente, el PP estaba cuestionando directamente la legitimidad del Gobierno
al exigir la aplicación de un artículo del reglamento previsto para casos de
crisis institucional o guerra.<BR><BR>Zapatero, sin embargo, no reapareció hasta
el día 4 de enero con su visita al lugar del atentado -donde seguían las tareas
de búsqueda de una de las victimas bajo decenas de miles de toneladas de
escombros-, para expresar en los términos más firmes su compromiso con el fin de
la violencia y la consecución de paz, anunciar su comparecencia parlamentaria
para construir el consenso de las fuerzas políticas y rechazar cualquier
posibilidad de intimidación al Gobierno por parte de ETA. Pero no dijo nada
más.<BR><BR>Soledad Gallego-Diaz, desde El País el día 5, resumía así las
posiciones: “Parece evidente que siguen existiendo dos maneras de enfocar el fin
de ETA. La que defiende el PP pretende alcanzar el fin de la violencia mediante
la acción policial y judicial y exige cegar toda vía de diálogo. La estrategia
de Zapatero ha sido otra, y probablemente seguirá siéndolo. El presidente sigue
pensando, y trabajando, para lograr un fin dialogado de la violencia (…) Pero
hace falta que explique a los ciudadanos por qué sigue en ese camino, aun
sabiendo que no va a contar con el apoyo del PP, y que exponga las nuevas
condiciones que exige a ETA y a Batasuna para ello”.<BR><BR><STRONG>Un debate
con cuatro posiciones</STRONG><BR><BR>En realidad, en el debate político que
estaba teniendo lugar, no había solo dos posiciones, sino al menos cuatro, con
distintos matices en cada una de ellas.<BR><BR>La del PP cuenta con la ventaja
de ser una continuación de la contraofensiva iniciada después del 14-M de 2004,
incluidas las teorías conspiratorias sobre la participación de ETA en los
atentados del 11-M, para deslegitimar al Gobierno Zapatero. El atentado daría la
razón a la política antiterrorista definida por el Gobierno Aznar tras la
ruptura de la tregua de 1999 y que se concretó en el Acuerdo por las Libertades
y contra el Terrorismo, la Ley de Partidos y la persecución judicial del
conjunto de la izquierda abertzale a través de la doctrina Garzón. El Gobierno
Zapatero debería ahora reconocer públicamente su error al alejarse de esta
política abrfiendo un diálogo con ETA sin el consenso del PP. En realidad, el PP
ha hecho del fracaso del proceso de paz el eje de su contraofensiva desde el
14-M, cercando al Gobierno e intentando limitar su margen de maniobra con una
movilización extraparlamentaria, encabezada por la AVT, que ha sacado a la calle
en Madrid a cientos de miles de personas en cinco ocasiones. La vía represiva y
judicial contra la izquierda abertzale es a la vez su estrategia de acoso y
derribo del Gobierno Zapatero. (Dentro de esta orientación están aquellos
sectores del PSOE que siempre han condicionado cualquier política socialista en
relación con el conflicto vasco a un consenso previo con el PP, dándole un
derecho de veto en la práctica aunque sea en nombre de la eficacia. Y tras el
atentado, han exigido, con Bono, “enseñar seria y democráticamente los dientes”
a ETA o, de acuerdo con la doctrina Garzón, a ETA-Batasuna, demostrando una
capacidad represiva igual o superior a la del PP para evitar el corrimiento de
votos del centro hacia la derecha.)<BR><BR>La segunda gran opción es la que
parece estar construyendo Rubalcaba. Una nueva política antiterrorista, en el
sentido de que no espera contar con el consenso de un PP, que mantiene su
dinámica de acoso y derribo del Gobierno Zapatero, pero si apoyada por el resto
de las fuerzas políticas. Una política que en sus contenidos, como se ha
encargado de subrayar Rubalcaba, implicaría la represión selectiva de ETA
y la extensión de la judicialización del conflicto a toda la izquierda
abertzale, sin grandes diferencias con la política antiterrorista del PP. La
eficacia de esa acción represiva sería la garantía de la buena fe y capacidad
del Gobierno. A esta postura parecen sumarse sectores tan dispares como Imaz del
PNV o Zabaleta de Aralar, con la idea de que el aislamiento y derrota policial
debe llevar a una autodisolución de ETA antes de cualquier legalización de la
izquierda abertzale como sujeto político y única posible mediadora ya en temas
como los presos. Patxo Unzueta daba cuerpo teórico a esta postura en El País el
4 de enero.<BR><BR>La tercera alternativa parece surgir de la ambigüedad
calculada de Zapatero. Parte de un reconocimiento de que el atentado ha acabado
con las condiciones institucionalizadas para el diálogo, pero se mantiene para
un futuro no determinado un horizonte de proceso de paz que reivindique la línea
seguida por el Gobierno hasta ahora. Aunque se haya hecho imposible la
legalización de las candidaturas de la izquierda abertzale, no implica una nueva
criminalización masiva de Batasuna y su entorno -contrarios mayoritariamente a
la violencia según las encuestas-, para empujar definitivamente a una autonomía
política de la izquierda abertzale respecto de ETA, de manera que más allá de la
represión selectiva, sea este el precio político que tenga que pagar por la
ruptura de la tregua. La deslegitimación como interlocutor de ETA no implicaría
la de una nueva dirección autónoma de Batasuna. El horizonte de un proceso de
paz se trasladaría así a una nueva legislatura.<BR><BR>Por último, la cuarta
postura, defiende la necesidad de mantener el proceso de paz entendido como la
creación de las condiciones políticas que lo hagan posible, el desarrollo de un
movimiento social por la paz que articule un consenso para evitar retrocesos y
bloqueos, y la adopción de medidas unilaterales, que incluyan la actividad legal
democrática de la izquierda abertzale. Se trata en definitiva de evitar un nuevo
ciclo de violencia-represión-violencia en Euskal Herria, que acabaría llevando
de vuelta al PP al Gobierno central. Porque la experiencia ha demostrado que
solo la deslegitimación política de la vía armada a través de alternativas
democráticas, y no solo la represión policial, pueden superar las causas
profundas de la existencia de organizaciones como ETA. La resolución democrática
–dando la palabra a los ciudadanos— del conflicto nacional vasco debe ser el
punto de partida para mantener una perspectiva de diálogo con ETA para su
autodisolución. Como se ha demostrado, el mantenimiento en la ilegalidad
de la izquierda abertzale refuerza el carácter incontrolable del aparato
militar de ETA.<BR><BR>Se trata naturalmente de un esquema de posiciones, en una
realidad cambiante de líneas no definidas, que contribuye y cambia con la
correlación de fuerzas entre fuerzas políticas y la movilización de la opinión
publica. El propio Zapatero, en sus conversaciones con los periodistas durante
las celebraciones de la Pascua Militar el día 6, quiso cerrar la polémica
semántica mantenida con Rubalcaba: “el proceso de paz tenía su fundamento en el
diálogo y, por tanto, tras el atentado, llegó a su punto final”. Pero se
reafirmó en la corrección de la orientación y metodología seguida por el
Gobierno en el proceso de paz, definiendo el terreno de consenso en el PSOE. Su
toma definitiva de posición se dará en la comparecencia el 15 de enero en el
Congreso de los Diputados y en el debate que allí tenga lugar, el cual dejará
sin duda marca para el resto de la legislatura y determinará el tono y el
momento de las próximas elecciones generales.<BR><BR><STRONG>La removilización
de la izquierda</STRONG><BR><BR>Durante la primera semana de enero, después del
choque del atentado, el debate político ha sido un ejercicio de desconcierto,
con una derecha volcada a la contraofensiva final contra el gobierno y unas
izquierdas impotentes y sumidas en la pasividad. El resultado, en definitiva, de
dos años y medio de gobierno minoritario del PSOE, en el que Zapatero ha
intentado hacer una gestión “en frío” del mandato de cambio recibido el 14-M del
2004, apoyado en el impulso menguante del mayor ciclo de movilizaciones del
post-franquismo de 2002-2004, mientras la derecha social y política se volcaba
en una movilización extraparlamentaria e institucional sin
precedentes.<BR><BR>La falta de iniciativa de la izquierda peso tanto como los
escombros de la T-4 hasta el 5 de enero. Las primeras concentraciones de
protesta en Madrid fueron convocadas separada pero paralelamente por la AVT y la
Federación Española de Municipios y Provincias. La desventaja numérica de la
izquierda en la segunda convocatoria acabó con intimidaciones por parte de
piquetes de manifestantes de derechas, fascistas incluidos, ante la falta total
de servicios de orden. El Foro Social de Madrid fue incapaz de encontrar el
consenso para un comunicado llamando a la movilización. El peligro de
desmoralización solo empezó a superarse cuando CC OO y UGT, con el apoyo
posterior de IU y del PSOE, convocaron finalmente en Madrid una manifestación
para el 13 de enero “por la paz y contra el terrorismo”, a la que se sumó la
organización de emigrantes ecuatorianos que había previsto otra ese mismo
día.<BR><BR>La bola de nieve de una cierta recomposición política de la
izquierda frente a la contraofensiva del PP, empezó a hacerse sentir también en
Cataluña a partir de la iniciativa de la Plataforma Aturem la Guerra, que había
estado a la cabeza de las manifestaciones contra la guerra de Irak. Se
constituyó la Plataforma “Sí al Procés de Pau” y se convocó otra manifestación
de todas las fuerzas políticas para el 28 de enero. Montilla y el gobierno
catalán de la Entesa se pusieron detrás de Zapatero.<BR><BR>Por su parte, el
Gobierno vasco convocó directamente su propia manifestación también para el día
13 en Bilbao, “por la paz y el diálogo”, abriendo con el lema una polémica con
el Partido Socialista de Euskadi y desatando el rechazo frontal del
PP.<BR><BR><STRONG>Los límites impuestos por la derecha</STRONG><BR><BR>A la
espera de la evolución de los acontecimientos, que estarán marcados por la
movilización de la izquierda y el debate en el Congreso de los Diputados, los
últimos días han vuelto a poner de manifiesto muchos de los problemas tácticos y
estratégicos de las izquierdas en el Estado español que han comenzado a ser
discutidas en Sin Permiso [véase: Búster I, Búster II, Búster III y Maurizio
Matteuzzi].<BR><BR>El proceso de cambio social y político iniciado el 14-M del
2004 con la derrota de Aznar, tras el ciclo de luchas del 2002-2004, esta
llegado a sus límites. En el terreno económico ha supuesto una continuación de
las políticas neoliberales en muchos aspectos, matizados por un fuerte
crecimiento económico y reformas para la extensión de prestaciones sociales
gracias a la Ley de Dependencia. Pero el modelo económico sigue siendo
prácticamente el mismo, basado en la construcción y el endeudamiento familiar, a
pesar de no ser sostenible a medio plazo. La polarización de la renta nacional
sigue perjudicando a los asalariados, que soportan el mayor índice de
temporalidad de toda la UE, erosionando el voto de los sectores de centro, como
han argumentando recientemente Toni Doménech y Daniel Raventós en El País el
pasado 31 de diciembre.<BR><BR>El Gobierno Zapatero ha producido importantes
avances en temas democráticos y de igualdad jurídica de los ciudadanos. Basta
compararlo con el resto de los gobiernos de la UE en estos aspectos. Pero la
estructura de un estado con distintas nacionalidades y la descentralización del
gasto social hacia los gobiernos autonómicos ha vuelto a plantear con urgencia
la mas importante de las cuestiones democráticas aun no resuelta, como es el
modelo de estado. Es en este terreno de la reforma de los Estatutos de
Autonomía, y del proceso de paz en Euskal Herria donde la correlación de fuerzas
impuesta por la movilización de la derecha social y política tras el 14-M del
2004 ha impuesto unas “líneas rojas” que han frustrado el avance hacia un modelo
federal de estado, avances democráticos mas importantes en la cuestión nacional
y bloqueado el proceso de paz. <BR><BR>La falta de debate táctico y estratégico
de cómo superarlas desde la izquierda para mantener y profundizar el cambio
político y social iniciado en el 2004 es uno de los principales impedimentos. La
gestión “en frío” del Gobierno Zapatero, con una izquierda social subordinada a
acompañar institucionalmente las iniciativas parlamentarias de la izquierda
política, no es capaz de superar los problemas de fondo que plantea la fuerte
articulación social y política de la derecha después de los ocho años del
periodo Aznar. Ha sido especialmente patente en los nueve meses del proceso de
paz en Euskal Herria. De ahí la importancia política de los debates que están
teniendo lugar y de la experiencia práctica que van a suponer para sectores
significativos de la ciudadanía. Sin una política de izquierdas, claramente
delimitada de las propuestas del PP -tanto en lo que se refiere al proceso de
paz, como en relación con la estabilidad y seguridad laboral, la mejora
perceptible del nivel de vida de la mayoría de la población tras años de perdida
de poder adquisitivo-, no se podrá movilizar una mayoría social de izquierdas
para ganar las elecciones y se abrirá el paso a una fuerte involución
democrática con un gobierno del PP enfrentado los gobiernos de izquierdas
autonómicos y dispuesto a asfixiarlos económicamente.<BR><BR>Pero todavía
estamos a tiempo.</DIV>
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<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
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