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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U><FONT size=5>boletín informativo - red
solidaria de revistas<BR></FONT></U><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 7 de febrero 2007 -
Redacción: </FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT
size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>El agua y el
aceite</FONT></STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Constanza Vieira </FONT></STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>IPS, Cartagena de Indias,
6-2-07</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG><FONT
size=3>http://www.ipsnoticias.net/</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><BR><STRONG>El gobierno estadounidense solicitará al Congreso
legislativo seguir financiando la guerra contrainsurgente y antidrogas mediante
la segunda fase del Plan Colombia. La sociedad civil colombiana, haciendo gala
de gran poder de convocatoria, acaba de mostrar a la cooperación internacional
que la emergencia humanitaria del conflicto no da espera.</STRONG><BR><BR>El
presidente George W. Bush pedirá unos 705 millones de dólares de ayuda anual a
Colombia, de ellos 80 por ciento en ayuda militar. La suma es similar al
promedio de financiamiento de años anteriores durante el Plan Colombia, pero
reduce en 11 millones la destinación específica al ejército del país andino.
<BR><BR>En cambio, aumenta en 10 millones la ayuda para el desarrollo, los
derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia, sectores que recibirían
139,5 millones, según lo anunciado el lunes. El año pasado marcó el fin del Plan
Colombia, al que Washington destinó en cinco años 4.681 millones de dólares. El
gobierno colombiano aspira a que el Congreso estadounidense apruebe la propuesta
de Bush, con al menos unos 600 millones de dólares anuales, y a conseguir
respaldo europeo para el rescate militar de la ex candidata presidencial Ingrid
Betancourt y sus compañeros de cautiverio, en manos de las insurgentes Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que proponen un canje por sus
guerrilleros presos. <BR><BR>Mientras, en la Conferencia Nacional sobre
Cooperación y Derechos Humanos, el 2 y 3 de este mes en esta norteña ciudad del
Caribe, se discutió cómo debería ser el aporte extranjero a este país
sudamericano que vive un conflicto armado aflorado hace 60 años. <BR><BR>El
encuentro fue convocado por el Consenso de Cartagena, surgido hace dos años, y
asistieron representantes del gobierno, de embajadas de países donantes y de la
Organización de las Naciones Unidas. <BR><BR>Del Consenso hacen parte la Alianza
de Organizaciones Sociales y Afines, de 132 miembros, el poderoso Consejo
Gremial Nacional, de empresarios y productores, el Consejo Nacional de
Planeación, ente asesor del Estado, la Iglesia Católica y la Federación
Colombiana de Municipios, entre otros. <BR><BR>A despecho del anuncio
estadounidense sobre el Plan Colombia II, el principal acuerdo de actores tan
diversos indica que el país andino necesita "una cooperación para la paz, los
derechos humanos y la democracia", resumió para IPS uno de los gestores del
Consenso, el historiador Jaime Zuluaga, de la Asamblea de la Sociedad Civil por
la Paz. <BR><BR>El Consenso de Cartagena consideró nuevamente en 2007 que "la
solución política negociada sigue siendo el instrumento más idóneo para resolver
el conflicto armado interno", en el que actúan el también insurgente Ejército de
Liberación Nacional, ELN, hoy en diálogos con el gobierno, y milicias
ultraderechistas desmovilizadas parcialmente y aliadas de la fuerza pública.
<BR><BR>El Consenso abogó asimismo porque se diera prioridad a "la vigencia del
derecho internacional, la paz y los derechos humanos, la lucha contra la
pobreza", entre otros puntos de una declaración final de cinco páginas.
<BR><BR>Invitó además a respaldar "proyectos y programas que conduzcan al
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil", "que atiendan las
obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos" y que
"busquen fortalecer las instituciones estatales, en especial las entidades de
control del Estado, así como las entidades territoriales", entre otras
prioridades. <BR><BR>La Conferencia se trató de "un momento muy importante
dentro de un proceso de diálogo que se ha abierto en Colombia entre la comunidad
internacional, la sociedad civil y el Estado colombiano", dijo a IPS el director
del católico Secretariado Nacional de Pastoral Social, obispo Héctor Fabio
Henao. <BR><BR>El llamado "proceso Londres-Cartagena" se inició en julio de 2003
en la capital británica con un encuentro entre el gobierno colombiano y la
comunidad de donantes: varias agencias del sistema de Naciones Unidas, la Unión
Europea (UE), Suiza, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Japón, que junto con
Argentina, Brasil, México y Chile conformaron entonces el llamado G-24.
<BR><BR>En agosto de 2000, la UE había rechazado asumir la asistencia del
componente humanitario del Plan Colombia, como esperaba Washington. Temiendo una
escalada de violencia por causa de esa intervención, congeló por un tiempo la
ayuda económica que ansiaba Bogotá. Organizaciones civiles europeas,
internacionales y colombianas intentaron incidir desde entonces activamente en
la decisión de los gobiernos donantes sobre el destino de la cooperación.
<BR><BR>La creación del G-24 propició la reactivación de la cooperación,
buscando que fuera coordinada y coherente, lo cual se hace también en otras
regiones y países. <BR><BR>Pero "el G-24 va más allá en la creación de espacios
de diálogo, y eso sí que es un interés" surgido del proceso Londres-Cartagena,
dijo a IPS el embajador de Canadá, Matthew Levin, quien actualmente ejerce la
presidencia del grupo. <BR><BR>El G-24 busca que las políticas, programas y
proyectos de cooperación de sus miembros "sirvan para acompañar a Colombia, el
gobierno de Colombia, sectores sociales en Colombia, en esa búsqueda de solución
a las situaciones de violencia", añadió el diplomático. <BR><BR>"Este diálogo
ciudadano y democrático cuenta con la representación de los más diversos
sectores de la sociedad colombiana y de las posiciones más amplias que existen
en el país sobre temas muy controversiales, como son los derechos humanos y la
construcción de la paz", destacó a su vez el obispo Henao. <BR><BR>Son
encuentros donde se juntan el agua y el aceite. Apenas en septiembre de 2003, el
mismo gobierno, que ahora reconoció errores y se mostró interesado en
rectificarlos, tildaba a muchas de las organizaciones convocantes de
"traficantes de los derechos humanos" "al servicio del terrorismo" y
"politiqueros". <BR><BR>A su vez, muchos sectores populares que integran la
Alianza mantenían "una resistencia enorme a hablar y a entenderse con los de
arriba, con los que dominan", relató a IPS el historiador Zuluaga. <BR><BR>El
gobierno acudió al encuentro de Londres pensando que se trataba de "una
formalidad" y que lo que allí se decidía no iba a tener implicaciones, según
Zuluaga. Pero la sociedad civil dio en la clave: "comenzar a hacer propuestas".
<BR><BR>La dinámica cobró una fuerza que los promotores no imaginaron. Las
organizaciones civiles empujaron mesas de trabajo permanentes sobre diferentes
temas, con la colaboración del G-24 y con la presencia del gobierno. <BR><BR>Las
así surgidas Mesas de Seguimiento sociedad civil-gobierno son escenario de
fuertes contradicciones y conflictos, pero de diálogo. En 2006 se realizaron
cerca de 48 reuniones y se creó una comisión de enlace para facilitar la
participación. <BR><BR>"El diálogo sigue siendo un factor fundamental de
educación, una actividad pedagógica muy importante. Y los gobiernos también
aprenden. Desde luego, nosotros también aprendemos", resaltó Zuluaga.
<BR><BR>Las organizaciones no gubernamentales han aprendido a hablar con un
gobierno con el que están enfrentadas en muchos aspectos. "Eso no significa que
el gobierno vaya a cambiar su política, eso lo tenemos claro. (Pero) hemos
aprendido también que este diálogo es fundamental, si queremos materializar la
idea de una sociedad futura en la que quepamos todos", destacó. <BR><BR>"Es un
proceso que yo no he visto en otros países aparte de Colombia", dijo a IPS el
embajador Levin. "En una situación como la de Colombia, el diálogo es esencial",
agregó. <BR><BR>Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), 11.292
personas fueron asesinadas o desaparecidas "por violencia sociopolítica" fuera
de combate y otras 8.810 murieron en medio de combates, según informe de la
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) con motivo de la Conferencia. <BR><BR>La
CCJ atribuye 75,15 por ciento de las muertes o desapariciones fuera de combate
aL Estado, y desglosa así el porcentaje: por perpetración directa de agentes
estatales, el 14,17 por ciento; por tolerancia o apoyo a las violaciones
cometidas por grupos paramilitares, el 60,98 por ciento. <BR><BR>La CCJ
responsabiliza a las guerrillas por 24,84 por ciento de esos crímenes.
<BR><BR>Además, el desplazamiento forzado colombiano configura, según las
Naciones Unidas, la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Colombia
es el segundo país del mundo con más desplazados dentro de las fronteras del
país, después de Sudán. <BR><BR>Según la Consejería para los Derechos Humanos y
el Desplazamiento, Codhes, también parte de la Alianza que convocó la
Conferencia, en Colombia hay 3,8 millones de desplazados, de los cuales más de
un millón abandonaron sus hogares entre julio de 2002 y diciembre de 2005.
<BR><BR>El gobierno de Uribe no reconoce como desplazados a quienes huyen del
efecto de las fumigaciones de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, uno
de los principales programas del Plan Colombia. <BR><BR>"Por lo menos 45 de cada
100 personas que solicitan el registro de desplazamiento tienen como respuesta
el rechazo del sistema oficial de registro. Sesenta por ciento de la población
desplazada no tiene acceso a ningún tipo de servicios de salud, y la deserción
escolar de la población desplazada en Colombia alcanza a 70 por ciento", dijo a
IPS el director de Codhes, Jorge Rojas.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A></FONT>
<HR>
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