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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U><FONT size=5>boletín informativo - red
solidaria de revistas</FONT></U><BR><EM><FONT color=#800000
size=6>Correspondencia de Prensa</FONT></EM><BR>Año IV - 11 de febrero 2007 -
Redacción: </FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Arrepentimiento
paramilitar</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Constanza Vieira
<BR></FONT></STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>IPS, Cartagena de
Indias</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG><FONT
size=3>http://www.ipsnoticias.net/</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify>Las imputaciones de los abogados de las víctimas y las
preguntas del fiscal impacientaron al enjuiciado ex paramilitar colombiano
Wilson Salazar, alias "El Loro". Dice que le achacan más de lo que cometió.
<BR><BR>"El Loro" está arrepentido de haberse sometido a la Ley de Justicia y
Paz, que lo obliga a confesar todos sus delitos si quiere pagar apenas ocho años
de prisión por crímenes de lesa humanidad. La norma entró en vigor en 2006 como
marco a la desmovilización de las milicias paramilitares activas en la guerra
civil de este país. <BR><BR>Entre otros crímenes, "El Loro" disparó y remató a
palos a una niña de 13 años que acudió en defensa de su madre, Cecilia Lazo,
candidata a alcaldesa del poblado de San Alberto, nororiental departamento del
Cesar, cuando ésta fue muerta a tiros en 2000 por el paramilitar.
<BR><BR>Ninguna víctima de Salazar asistió a su confesión esta semana en la
norteña Barranquilla, capital del Caribe colombiano. <BR><BR>El 20 de enero, fue
incendiada la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas cerca de Cartagena de
Indias, donde ellas fundaron su nuevo asentamiento, "La Ciudad de las Mujeres".
El 28 murió baleado Freddy Espitia, presidente de un comité local de desplazados
del también caribeño departamento de Córdoba, en el noroccidente. <BR><BR>El 31,
en Montería, capital de Córdoba, pistoleros en motocicleta asesinaron a Yolanda
Izquierdo, líder comunitaria que recogió pruebas para presentar en el marco de
la Ley de Justicia y Paz sobre el despojo de tierras de 863 familias campesinas
por testaferros de paramilitares. <BR><BR>El 1 de este mes se conoció el
asesinato en Maicao, nororiental departamento de La Guajira, de Óscar Cuadrado,
líder de la asociación departamental de desplazados. <BR><BR>El miércoles fue
muerta a tiros en Apartadó, zona bananera del nororiental departamento de
Antioquia, Carmen Santana, quien tras muchas dudas había decidido rescatar la
verdad sobre el asesinato en 1995 de su primer marido y padre de dos de sus
hijos, un trabajador del banano. <BR><BR>Santana había reorganizado su vida al
lado de Hernán Correa, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
<BR><BR>El gobierno reglamentó el jueves la intervención de las víctimas en los
procesos judiciales iniciados en diciembre contra paramilitares de ultraderecha
como "El Loro", por crímenes no indultables ni amnistiables. <BR><BR>El decreto
del Ministerio del Interior y de Justicia dispone que para asistir a los
juicios, las víctimas deben acreditar que lo son, haber denunciado ya penalmente
al imputado así como demostrar el "daño directo" sufrido e inscribirse en una
base de datos. Para participar en la investigación judicial, deben renunciar por
escrito a la reserva de su identidad, prevé la medida, pero no agrega nada sobre
la seguridad de las víctimas. <BR><BR>Dos días antes de su asesinato, Izquierdo,
de 43 años y quien ponía la cara por sus vecinos, había implorado a las
autoridades protección para su vida, por cuarta vez en cinco días y ya entre
lágrimas. Le contestaron que el trámite tomaba una semana. <BR><BR>"Siempre hay
alguien que tiene que decir las cosas", dijo a IPS Loyar Pineda, que había sido
su compañero de escuela en Las Claras, pueblo donde ambos nacieron en el
municipio cordobés de Tierralta, líder de esa región y quien perdió a un
hermano. <BR><BR>"Uno ve las injusticias y no tiene cómo parar, ni cómo callarse
frente a todo lo que uno ve que va a lesionar los intereses de los más
desprotegidos", agregó. <BR><BR>La reglamentación "restringió" el acceso de las
víctimas a los juicios, señaló a IPS un miembro de la humanitaria Comisión
Colombiana de Juristas (CCJ), que lleva a cabo la defensa de decenas de ellas.
La realidad es que cerca del "80 por ciento de los casos de violaciones a los
derechos humanos están sin denunciar", precisó. <BR><BR>Así, la responsabilidad
por esclarecer la verdad "queda en cabeza de las víctimas", advirtió la misma
fuente, que pidió ser identificada sólo como CCJ. <BR><BR>En su opinión, el
decreto "no avanza absolutamente en nada" y simplemente pasa en limpio "lo que
la fiscalía viene haciendo hasta ahora" en los procesos contra los ex miembros
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), oficialmente disueltas en 2006
tras una negociación secreta con el gobierno del derechista Uribe. <BR><BR>Las
víctimas pueden entregar pruebas, sugerir preguntas al fiscal que preside las
confesiones y reportar bienes robados que puedan ser usados para la reparación,
como hizo Izquierdo. <BR><BR>No pueden estar presentes en la sala donde se lleva
a cabo la confesión, sino en recintos alternos independientes donde hasta ahora
han podido seguir los juicios por circuito cerrado de televisión. <BR><BR>"Son
delitos de lesa humanidad en los que la víctima es la humanidad. Cualquier
persona tiene derecho a oír esas confesiones y a estar ahí, y no tiene que
demostrar su calidad de víctima directa", comentó la fuente. <BR><BR>Desde sus
inicios, en diciembre, las diligencias han estado totalmente cerradas a la
prensa. Pero una fuerte presión de asociaciones de víctimas, defensores de
derechos humanos y periodistas impuso una revisión de la medida, aunque aún está
pendiente la reglamentación de la Fiscalía General de la Nación. <BR><BR>Esa
entidad será la que decida si solicita o no la transmisión de una audiencia en
directo o en diferido por televisión abierta, y la asignación de los espacios
televisivos queda a voluntad de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV),
presidida por Ricardo Galán, hasta diciembre jefe de prensa de Uribe. <BR><BR>La
confesión es la primera etapa de los juicios contra parte de los ex miembros de
las AUC, que nucleaban a la mayoría de los escuadrones de la muerte que entraron
a escena en diciembre de 1982. <BR><BR>Los 2.695 paramilitares que están
comprometidos en crímenes de lesa humanidad pueden acogerse voluntariamente a
los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, de un total de casi 31.000 que se
presentaron para desmovilizarse, según cifras oficiales. El resto fue indultado.
<BR><BR>Si en los juicios se demuestra que los procesados no han confesado todos
sus crímenes, pasan a la justicia ordinaria, donde enfrentan penas de hasta 40
años. <BR><BR>¿Cómo saber si la confesión ha sido completa? La fiscalía aduce
que efectuó un "barrido" de las denuncias que se han hecho en todo el país, pero
para la CCJ "ni 100.000 hombres podrían abarcar el territorio y tener tiempo
para registrar todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido
y se siguen cometiendo". <BR><BR>La Organización de las Naciones Unidas atribuye
a las AUC 80 por ciento de los crímenes en la longeva guerra colombiana, en la
que también actúan, desde 1964, guerrillas izquierdistas y fuerza pública que
trabajó en alianza con las Autodefensas. <BR><BR>Aun durante el cese del fuego
decretado mientras negociaban con el gobierno, las AUC habrían cometido 61 por
ciento de los asesinatos y desapariciones forzadas, según la CCJ. <BR><BR>En
enero, los ex jefes de las AUC se opusieron a que se transmitieran las
audiencias en directo, argumentando que algunos aspectos de "delicada reserva"
podrían poner en peligro sus vidas, porque se afectaría el debido proceso y se
crearía un clima de "desconfianza". <BR><BR>El asesinato de Izquierdo fue
mencionado por Salvatore Mancuso, ex jefe de las AUC, como uno de los "hechos
tenebrosos" que ocurren y ocurrirán. Cerca de cinco mil combatientes han vuelto
a las armas, confirmó. <BR><BR>Tras el rearme paramilitar estarían varios ex
comandantes que participaron en las negociaciones, pero no aquellos pocos que,
como él, se han sometido a la Ley de Justicia y Paz, sostuvo Mancuso, también
acusado de narcotraficante. Sus ex compañeros consideran que el gobierno
incumplió los pactos, adujo.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
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size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
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