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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria de revistas</U></FONT><BR><EM><FONT color=#800000
size=6>Correspondencia de Prensa</FONT></EM><BR>Año IV - 17 de febrero 2007 -
Redacción: </FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>El escándalo paramilitar (Katalina
Vázquez)</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Cinco mil paras rearmándose (María
Laura Carpineta)</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Para entender la parapolítica
(Corporación Arco Iris)</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Ya hay diez congresistas detenidos,
acusados de tener vínculos con los paramilitares. El escándalo sacude a los más
reconocidos parlamentarios (incluso un hermano de la canciller María Consuelo
Araújo), alcaldes, concejales y gobernadores del país. </FONT></STRONG>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>El escándalo
paramilitar<BR> <BR>Katalina Vázquez, desde Bogotá</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Página/12, Buenos Aires, 17-2-07</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>A la parapolítica colombiana algunos le dicen fenómeno. Pero
ya casi nadie cree que se trate de algo extraño, aunque a muchos los sigue
sorprendiendo saber que sí es cierto que hay congresistas y gobernantes que
recibieron y entregaron dinero y poder a los paramilitares. Esos políticos que
se aliaron con los paras fueron los gestores de lo que hoy se conoce como
parapolítica. Ellos son, entonces, los parapolíticos y el jueves tres fueron
arrestados: los senadores Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof. Los
detenidos fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, que ya
había ordenado la captura de otros tres congresistas. Están detenidos, después
de indagatoria, Alvaro García Romero, Jairo Merlano y Erick Morris, también
congresista, y la ex representante Muriel Benitorebollo. Así son ya diez los
“padres de la patria” que están tras las rejas por sus relaciones con las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Este es uno de los momentos de más alta tensión desde que
la parapolítica está en la agenda pública de los colombianos. Durante los
últimos años se murmuraba que la política y las fuerzas militares habían sido
infiltradas por los paras, esos colombianos que se armaron hace tres décadas
para defenderse de las guerrillas y poco después se convirtieron en
extorsionistas, asesinos y narcotraficantes, que hoy están desmovilizados (ver
aparte), en el marco de un proceso de negociación con el gobierno nacional. Y
hasta del mismo presidente de la república, Alvaro Uribe, se ha dicho que tiene
vínculos peligrosos con las autodefensas. El senador Gustavo Petro, del partido
de oposición Polo Democrático Alternativo, anuncia para marzo un debate en el
Senado sobre el papel de Uribe en la conformación de fuerzas paramilitares en
los años noventa, cuando fue gobernador de Antioquia, una de las provincias más
importantes del país, cuya capital es Medellín.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Así que las sospechas sobre la parapolítica no son
recientes, pero sí se hicieron mayores y más tarde se demostraron cuando el ex
jefe para Salvatore Mancuso entregó a la opinión pública el llamado Acuerdo de
Ralito. Se trata de un documento firmado el 23 de julio de 2001 por 11
congresistas y los jefes paras Jorge 40, Diego Vecino, Don Berna y el mismo
Mancuso. Los políticos y los paras se reunieron en Santa Fe de Ralito, al norte
del país, para acordar y firmar un documento que define los términos para
“construir una nueva patria”. Los legisladores firmaron, entonces, un acuerdo
con los jefes en una de las épocas de terror más agudas del paramilitarismo, y
con delincuentes que eran, en ese momento, buscados por la Justicia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“La infiltración de los grupos ilegales en la política no
es un asunto nuevo. Lo que sucede ahora es que se hizo público un documento
firmado por senadores y se están entregando pruebas de que hubo relaciones y
pactos entre ellos y miembros de autodefensas”, explicó para Página/12 el ex
asesor de Paz Jaime Fajardo Landaeta.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hoy el escándalo sacude a los más reconocidos
parlamentarios, alcaldes, concejales y gobernadores del país. Son 60 las
personas que la Corte Suprema ha llamado a declarar en el proceso que espera
aclarar quiénes, por qué y con qué fines, han establecido relaciones de poder
con los paras colombianos. El ex candidato presidencial Horacio Serpa, que dijo
que “la curva de ascenso del presidente coincide con la consolidación del poder
paramilitar y la celebración de pactos entre políticos y autodefensas”, está en
la lista de los llamados a hablar sobre este fenómeno que es la parapolítica
colombiana.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Cinco mil paras
rearmándose<BR><BR>María Laura Carpineta</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Página/12, Buenos Aires, 17-2-07</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><BR>En Colombia, los paramilitares no son un problema del
pasado. A sólo meses de las masivas desmovilizaciones que el gobierno de Alvaro
Uribe tanto celebró, miles de paramilitares habrían retomado las armas y
reorganizado sus actividades en las regiones dominadas por el narcotráfico. El
gobierno reconoció que no sabe qué sucedió con casi cinco mil desmovilizados y
que no tiene suficientes recursos como para asegurarles cobertura médica y una
salida laboral a todos los hombres que participaron hasta ahora del proceso. Dos
de los jefes paramilitares que se encuentran en prisión, Salvador Mancuso y
Carlos Mario Jiménez, advirtieron a la Justicia que más de cinco mil de sus
antiguos hombres, incluyendo 500 mandos medios, se están rearmando.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Como si estas cifras no fueran una alarma suficiente,
cuatro dirigentes sociales que habían denunciado los crímenes del
paramilitarismo fueron asesinados este último mes. Carmen Santana, Yolanda
Izquierdo, Oscar Cuadrado Suárez y Gustavo Espitia habían ayudado a otras
personas a denunciar las violaciones a los derechos humanos de estos grupos
armados a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este organismo es
uno de los pilares que soporta el proceso de desmovilización y debería haberles
garantizado seguridad a los denunciantes. Pero no sucedió. Como tampoco sucede
con las cientos de familias que ya denunciaron amenazas y siguen desprotegidas
de una red paramilitar que dista de estar disuelta, como asegura Uribe.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero para el gobierno los asesinatos, la quema de sedes
de organismos de derechos humanos y las amenazas a intelectuales no son síntomas
de la supervivencia del paramilitarismo. Como tampoco lo es que los territorios
manejados por los nuevos grupos armados –simples bandas criminales para el
ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín– coincidan casi hasta el
último centímetro con las regiones que antes manejaban los distintos bloques de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar del
país que oficialmente ya no fue desmovilizado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Estos nuevos grupos armados se hacen llamar Aguilas
Negras y estarían ganando presencia en todo el país, especialmente en aquellas
zonas donde el negocio del narcotráfico es más fuerte. “Hay lugares, como el
departamento de Cauca, donde los narcos han contratado a personas desmovilizadas
y otras que nunca se desmovilizaron para que les den protección”, explicó a
Página/12 Régulo Madero, uno de los integrantes de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La visión de Madero y la del gobierno son parte de un
debate que incluye a funcionarios, organizaciones sociales, intelectuales y a
los propios jefes paramilitares. ¿Quiénes son estos nuevos grupos? Según el
politólogo del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, Jesús Balbín, hay
tres respuestas. Para el uribismo son nuevos criminales que simplemente
empezaron a ganar poder. Para las víctimas son la prueba de que no todos los
paramilitares se desmovilizaron y no todas las armas fueron entregadas. Para
Balbín, en cambio, la cuestión es un poco más complicada. Hay hombres y armas
que no se entregaron, hay otros que se desmovilizaron pero al encontrarse sin
dinero ni trabajo decidieron volver al oficio que mejor conocían, hay un negocio
multimillonario ilegal que necesita protección ilegal y hay un sinfín de jóvenes
desesperados y sin futuro que compran la promesa de poder y riqueza fácil.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El propio jefe paramilitar Ernesto Báez había advertido
no hace tanto desde su prisión sobre las consecuencias de un proceso de paz
hecho a medias: “Si no los ayudan a los desmovilizados, la próxima generación
paramilitar será más violenta y sanguinaria que las anteriores”.
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Estudio</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Para entender la para-política
</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><FONT size=3><STRONG>Una investigación de la Corporación
Nuevo Arco Iris da nuevas pistas sobre cómo los paramilitares ejecutaron un plan
macabro para tomarse la política regional.</STRONG>
<BR></FONT><BR><STRONG>Revista Semana, Bogotá 16-2-07</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>Cada vez que Colombia atraviesa un proceso extraordinario de
su ya particular realidad, nace una nueva palabra. En los 80 se hablaba de
'narcoguerrilla', y en los 90, de 'caguanización'. Hoy la 'para-política' es el
término de moda. Pero, a pesar de estar de boca en boca, es preciso organizar
los elementos que expliquen su verdadero significado.<BR> <BR>¿Se trató de
una estrategia de los paramilitares para convertir en cómplices a los políticos?
¿Por qué confluyeron sus intereses? ¿Fue un meticuloso cálculo para apoderarse
de las finanzas públicas? ¿De qué les servían a los paramilitares los políticos,
y viceversa? ¿Llegar a la política regional era el camino para que los paras
consiguieran una negociación con el gobierno?<BR><BR>Estas preguntas motivaron a
la Corporación Nuevo Arco Iris, en cabeza del analista León Valencia, a
investigar durante dos años el fenómeno. El equipo de investigadores, en su
mayoría de la Universidad Nacional, cruzó variables numéricas de acciones
armadas con circunstancias políticas, recorrió regiones y realizó entrevistas
directas con los protagonistas. Los resultados de esta investigación permiten
tener una visión sobre la penetración armada en el poder legislativo que en la
actualidad tiene alarmada a la sociedad, y a prueba a las
instituciones.<BR><BR><STRONG>El punto de quiebre</STRONG> <BR><BR>La
investigación no puede decir con exactitud el momento ni la razón por la que se
empezó a gestar este fenómeno. Pero para la Corporación Arco Iris hay hechos que
confirman coincidencias entre la expansión del ejército paramilitar, que entre
1999 y 2003 llegó a 223 municipios en todo el país y se hizo especialmente
fuerte en 12 departamentos; y la consolidación en las urnas de los mismos
municipios de desconocidos movimientos políticos que aparecieron de un momento a
otro con fórmulas electorales que juntaban candidatos tradicionales con otros
nunca antes mencionados. <BR>La llegada de estos mini partidos contribuyó a
debilitar a los tradicionales, liberal y conservador. No sólo minaron sus bases,
sino que les crearon una debilidad mayor de la que ya sufrían por sus propias
culpas. Muchos políticos prefirieron el aval de estas singulares siglas (Mipol,
Moral, MPU) como la vía mas expedita para mantener su poder, y en la mayoría de
los casos los votos les dieron la razón. <BR><BR>La investigación que hace
Valencia con Mauricio Romero, un conocido analista del tema paramilitar,
atribuye este fenómeno a una especie de resistencia por sobrevivir a la apertura
democrática que planteó la Constitución del 91 con la circunscripción nacional
para Senado. Para los investigadores, en la pirámide de la política la figura
del senador es la cúspide: desde ella emana el poder hacia abajo. Por eso el
estudio hizo énfasis en casos de la Cámara alta. <BR><BR>Del cruce de las dos
variables -municipios de expansión paramilitar y la votación de los nuevos
movimientos- se concluye que en las elecciones de 2002 al Congreso llegaron 26
senadores sobre los cuales cabría algún tipo de sospecha. En 2006, este número,
según el estudio, habría aumentado en siete más: llegaron a 33, con una votación
de 1.845.773 votos que, según cálculos del informe, representan "una tercera
parte de la votación para Senado y un punto muy alto en la votación para
Presidente".<BR><BR>El estudio es cuidadoso en mencionar que las coincidencias
no son prueba de la relación entre políticos y paras. Pero un vocero autorizado
de la organización ilegal, Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', les confirmó a
los investigadores que sus miembros tuvieron reuniones con políticos para
"actuar mancomunadamente en el ámbito electoral" y les hizo un detallado
recuento del proceso. <BR><BR><STRONG>El inicio</STRONG> <BR><BR>El análisis
destaca las entrevistas que dio Carlos Castaño a los canales de televisión como
un escenario minuciosamente calculado. Para esa época ya los paras sabían que
necesitaban defender la existencia de su ejército, la toma de territorios, el
narcotráfico y el enriquecimiento personal, y lo hicieron con un discurso
contrainsurgente que justificaba estas prácticas como receta para contrarrestar
la incapacidad del Estado. 'Báez' se había encontrado con Castaño en un hotel en
Bogotá meses atrás y le había insistido en que la unión de todo el movimiento de
autodefensa era posible, pero que la motivación de la venganza por el asesinato
de su padre a manos de las Farc no era suficiente para montar un proyecto
político-militar. Fue así como decidieron, según lo narra la investigación, que
éste y Hernán Gómez se dedicaran durante un año a crear un discurso más
elaborado y que sirviera de argumento para plantear una negociación política. El
resultado fueron las entrevistas de Castaño en televisión, que causaron un
impacto enorme. <BR><BR>Pero necesitaban más. Las autodefensas requerían una
amplia cobertura política que sólo podrían obtener recurriendo a las elites
regionales y empezaron a convertir esos movimientos pequeños en los vehículos
para alcanzar el protagonismo en las altas esferas de la política.<BR><BR>El
texto utiliza un concepto elaborado por el investigador Edward Gibson, de la
Universidad Northwestern University: los "autoritarismos subnacionales", que son
la respuesta de las regiones a los signos democráticos del centro. Se crean,
dice Gibson, "enclaves autoritarios" en las provincias, que acentúan la
antidemocracia y capturan el poder local. <BR><BR><STRONG>Elecciones de
2002</STRONG> <BR><BR>La investigación estudia las votaciones de 33 senadores,
sus movimientos y sus compañeros de lista. Algunos casos ya son conocidos por la
opinión pública porque forman parte de investigaciones de la Fiscalía o la Corte
Suprema. Otros apenas se han mencionado. <BR><BR>Desde luego, las coincidencias
no necesariamente significan que el incremento de una votación por un candidato
sólo se puede producir por acción de los paramilitares. Pero en algunos lugares
la investigación infiere la sospecha por el inmenso poder que tuvieron las
autodefensas en ese territorio. <BR><BR>En Córdoba, por ejemplo, se hace
explícita la alianza. El Movimiento Popular Unido llevó al Congreso a Miguel de
la Espriella y a Eleonora Pineda, y a Juan Carlos Sinisterra. Y señala que de
las listas de este grupo hacían parte David Turbay Turbay, ex contralor, y
Rodolfo González García, ambos inhabilitados para ser senadores por haber sido
condenados en el Proceso 8.000. <BR><BR>Otro ejemplo es el de Convergencia
Popular Cívica, movimiento político que nació en el bajo Cauca antioqueño y todo
el Magdalena medio, Caldas y Boyacá. La investigación señala cómo eligió en 2002
la fórmula de Carlos Clavijo al senado y Rocío Arias a la Cámara, y también a
Óscar Iván Zuluaga, hoy súper ministro de Uribe, que obtuvo mayorías en Caldas.
<BR><BR>La referencia a éste último dio pie para una fuerte arremetida del
presidente Uribe contra León Valencia la semana pasada. Valencia sostiene que a
su equipo le parece curioso que personas tan diferentes y con distancias
territoriales tan grandes terminen en una misma lista. Y se pregunta: "¿qué lazo
podía existir entre Carlos Clavijo, un hombre del campo en Santa Rosa, sur de
Bolívar, con Zuluaga, un empresario de Caldas?" <BR><BR>El estudio menciona
casos como el de Cambio Radial en 2002, que eligió a Jairo Merlano como senador,
con Cámara de Muriel Benito Revollo. Los dos hoy están en la cárcel. Y dice que
también eligió al senado a Rubén Darío Quintero "con votos en zonas de evidente
control paramilitar". Este partido tuvo candidatos en Meta y Casanare, como
Miguel Ángel Pérez, quien después como gobernador fue capturado por vínculos con
las autodefensas y hoy está preso. <BR><BR>Atlántico, Magdalena, Cesar y La
Guajira fueron el escenario para el Movimiento de Integración Popular (Mipol),
por el cual salieron elegidos senadores Dieb Maloof, Vicente Blel Saade, Luis
Vives Lacouture y Mario Salomón Nader. Con excepción del último, todos los demás
están investigados por la Corte o han sido separados de las listas uribistas en
la famosa purga de febrero de 2006.<BR><BR>Hay casos en los que la corporación
Arco Iris se pregunta por qué los que no tuvieron nada que ver, y estuvieron en
esas listas, no se percataron de que con su presencia fortalecían un proyecto
paramilitar. ¿Buscaron los paras en ellos una cobija para desarrollar su
proyecto? Y le deja esta respuesta a la justicia. <BR><BR><STRONG>Llegó
2006</STRONG> <BR><BR>El año 2006 pintaba un panorama nuevo. Después de un largo
camino del proceso de desmovilización y cuando 'su' bancada se había lucido al
lograr que los jefes paras echaran discursos en pleno salón elíptico del
Congreso y la Ley de Justicia y Paz se había aprobado, llegaban unas nuevas
elecciones, y con ellas la pregunta de cuál era el paso a seguir.<BR><BR>Los
investigadores cuentan que el debate suscitó una fuerte tensión en las
autodefensas. Por un lado, Mancuso, 'Don Berna' y 'Jorge 40' insistían en que el
camino ya estaba despejado para formar su propio movimiento político nacional y
participar directamente en la política. Por otro, 'Ernesto Baez', Carlos Mario
Jiménez, alias 'Macaco', y Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar',
insistían en mantener las alianzas con los políticos. Esta última ganó, y se
adoptó como estrategia electoral previa al posterior objetivo de presionar la
negociación con las elites nacionales.<BR><BR>En las elecciones del año pasado,
según los cálculos del estudio, ampliaron su poder en el Congreso, ya que esos
pequeños movimientos se fusionaron con partidos más fuertes, y en otros casos
gracias a que unieron fuerzas y mantuvieron su umbral, también se llegó el
momento en que todo se empezó a enredar. Valencia resume la teoría en el título
del último capítulo de la investigación: "El presidente y los parlamentarios les
cumplieron a los paramilitares, el Estado no".<BR><BR>Esa referencia al Estado
tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional que limitó los
beneficios a los paramilitares incluídos en la Ley de Justicia y Paz. Sobre todo
en lo referente al delito político que los blinda de la extradición. Gobierno y
parlamentarios dieron vueltas para cambiar la situación, pero ningún esfuerzo
surtió efecto. Los jefes paras dijeron sentirse traicionados y poco a poco el
proceso se fue tensionando, hasta que muchos de ellos hoy día están recluidos en
la cárel de Itagüí. Para los investigadores, la poca claridad del gobierno en
este proceso hizo que el gavirismo, representado en Rudolf Hommes y Rafael
Pardo, se alejara de Uribe y se atrincherara en el oposicionista Partido
Liberal. <BR><BR>Lo cierto es que el famoso 35 por ciento de "amigos en el
Congreso" del que hablaron en su momento los jefes de las autodefensas Salvatore
Mancuso y Vicente Castaño sobre los parlamentos de 2002 y de 2006 pareciera
confirmarse con los datos de la investigación. Si en 2002 tuvieron 26 senadores
y sus fórmulas a la cámara, y en 2006, 33 senadores y 50 representantes, la suma
da 83, que se acerca al 32 por ciento de las 268 curules disponibles. <BR><BR>La
conclusión del estudio -auspiciado en su totalidad por el gobierno sueco- es que
el seguimiento de las relaciones entre los paramilitares y la clase política fue
un ejercicio apasionante pero doloroso, al constatar que al tiempo que se urdía
esta trama macabra, por el camino iban quedando miles de víctimas. <BR><BR>El
fenómeno se empieza a develar, pero será la justicia la que pronuncie la última
palabra.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT color=#000080 size=3><EM>La información
difundida por Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios,
redes alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda.
Suscripciones, Ernesto Herrera: </EM></FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT color=#000080
size=3><EM>germain5@chasque.net</EM></FONT></STRONG></A></DIV>
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</DIV></FONT></BODY></HTML>