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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria de revistas</U></FONT><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 6 de marzo 2007 -
Redacción: </FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Plan
Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Estados Unidos y la UE en Colombia
*</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Estados Unidos y
Europa accionando en llave sobre Colombia. Esto es lo que tenemos desde 2002,
cuando los intereses de las grandes empresas europeas se impusieron en la
política internacional de sus países. Cuatro años después, lo que tenemos es
contrario de lo publicitado: más guerra en vez de paz, más cocaína en vez de
erradicación. Los jóvenes del ‘viejo’ continente también pagan las consecuencias
de este desatino.</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Héctor
Arenas</FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Revista Pueblos
Unidos</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.revistapueblos.org/"><STRONG>http://www.revistapueblos.org/</STRONG></A></FONT></DIV></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>Un discurso de política exterior perfectamente hilvanado
sobre el respeto a los Derechos Humanos, el compromiso con la paz y la
cooperación para el desarrollo, camufla de manera oficial desde julio de 2003 la
verdadera agenda de pacificación manu militari concertada con relación a
Colombia entre los neoconservadores estadounidenses y el pequeño conjunto de
poderosos grupos financieros y patronales europeos con peso decisivo en el
Consejo y la Comisión Europea.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde finales del año 2002, el gobierno de los Estados
Unidos, con el apoyo del gobierno de Blair, Aznar y Berlusconi, y más tarde de
los gobiernos holandés, alemán y sueco, lograron imponer en las instituciones
comunitarias, la idea de que una solución consistente en una operación de
reingeniería social fundada en una drástica opción por el uso de la fuerza,
combinada con una permanente campaña de encubrimiento y desinformación
mediática, junto a medidas económicas complementarias de pacificación y control
social, constituían la mejor respuesta en Colombia frente a la amenaza inminente
de colapso en el control de su territorio, que no sólo constituye una de las
fuentes de suministro de petróleo hacia los Estados Unidos y un área clave en la
estabilidad regional, sino que está considerado como un escenario geoestratégico
para los intereses globales del dominio occidental.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Control territorial, control
militar</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La elección de un gobierno autónomo en Venezuela en
diciembre 6 de 1998, unida a la creciente inestabilidad política en Ecuador, y
al riesgo que devino inminente de perder el control sobre Colombia por el
ascenso militar de la guerrilla; la catastrófica situación social derivada de la
corrupción desbordada, la aplicación durante una década del recetario neoliberal
y el destierro de más de tres millones de pobladores rurales, junto a la puesta
en marcha en enero de 1999 de un proceso de paz entre el gobierno colombiano y
las FARC que contemplaba las reformas sociales exigidas por la insurgencia,
disparó todas las alarmas de los estrategas hemisféricos en Washington.</DIV>
<DIV align=justify><BR>A marchas forzadas se elaboró durante 1999 un Plan de
intervención militar indirecta en el que se privilegió el entrenamiento masivo
de tropas colombianas y la multiplicación por diez del soporte militar, la
ampliación del rango en el suministro de armamentos, el apoyo en la entrega de
inteligencia con tecnología satelital, y el número de ‘asesores’ militares y
civiles en el territorio, para garantizar que no se requiriera el ingreso de
tropas estadounidenses al combate directo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La manera de presentar la intervención, sin precedentes
por su magnitud y sus objetivos [1], ante la opinión pública y el Congreso
estadounidense consistió en señalar que se trataba de una iniciativa
imprescindible en la “guerra contra el narcotráfico” y que en el plazo de seis
años se reducirían en un 50 por ciento los cultivos de coca, que para 1999
alcanzaban las 122.500 hectáreas [2].</DIV>
<DIV align=justify><BR>En realidad, el Plan se dirigía a enfrentar las fuerzas
armadas rebeldes, con la idea principal de reducir lo que consideraban su fuente
determinante de finanzas, y asegurar militarmente los principales yacimientos
energéticos y los oleoductos, sosteniendo el proceso destructivo de todas las
formas de organización popular democráticas [3]. Gradualmente, a todo lo largo
de la frontera de Colombia con Venezuela, el Plan ha estructurado un dispositivo
militar [4].</DIV>
<DIV align=justify><BR>Señala la investigadora Lesley Gill, de la American
University, de Washington: “El centro del tráfico de cocaína no estaba ni en
Putumayo ni en los departamentos vecinos del sur de Colombia. Las principales
rutas de contrabando y los paramilitares que las controlaban permanecían sobre
todo en el norte, pero los estrategas estadounidenses y sus contrapartes
colombianas parecían menos interesados en los traficantes de cocaína y los
paramilitares que los controlaban que en limitar el creciente poder financiero y
militar de los grupos subversivos izquierdistas” [5].</DIV>
<DIV align=justify><BR>En Colombia, el Plan contó con el favor absoluto de las
élites económicas y políticas, así como de la alta dirección de sus fuerzas
armadas. La diferencia más significativa entre los diversos sectores de la
dirigencia colombiana con relación al Plan consistió en su implicación directa,
su claro rechazo o su tolerancia con los ejércitos irregulares -crecientemente
financiados por el sector del narcotráfico cooptado temporalmente por el
proyecto estratégico imperial-, reclutados en los sectores humildes de la
población y utilizados como mano de obra criminal y desechable para lograr con
métodos espeluznantes el desplazamiento o la aniquilación de la población civil
sospechosa de ser simpatizante de las fuerzas rebeldes o culpable por habitar en
territorios de asombroso valor para el portafolio de megaproyectos trazados en
los centros económicos de decisión global [6].</DIV>
<DIV align=justify><BR>Si bien la organización de escuadrones paramilitares
estaba contemplada en los manuales de contrainsurgencia de los años 60, sólo en
la década del 80 se consolida el proceso que convirtió en determinantes las
finanzas que provenían del narcotráfico, lo cual desembocó en su pasmoso
crecimiento, su amplísimo dominio territorial, y su extraordinaria simbiosis con
diversos y decisivos niveles de Estado regional y central.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Así, el Plan se fue perfeccionando para acceder a lo que
se puede considerar como la mejor hoja de ruta en esta área: un escenario de
guerra no declarada y que permite desmontar derechos y garantías ciudadanas del
Estado de Derecho, disminuir el campo de acción de los organismos de control
estatal, cooptar partes importantes del aparato de investigación a la guerra, y
garantizar la reducción y el sometimiento de la población no obediente a la
globalización corporativa, para consolidar un proceso de paz ideado en los
centros de pensamiento [7] encargados de generar los conceptos y las
herramientas que cumplen los designios estratégicos de la red de corporaciones
multinacionales con intereses en el territorio [8].</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>El componente social disfraza el
militar</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La cooperación internacional, expresada en el respaldo
político y el apoyo financiero a este ambicioso proceso de reingeniería social,
fue considerada como decisiva [9]. La Unión Europea fue invitada entonces a
brindar uno y otro soporte al componente social del Plan. Pero el hecho de haber
actuado sin suficiente consulta previa con las principales expresiones políticas
europeas en el momento de configurar el proyecto y la amplia movilización de las
organizaciones no gubernamentales de Europa y Colombia, vinculadas a los
derechos humanos y la paz que le pidieron a la UE no apoyar la guerra, condujo
en 2001 a un rechazo por parte de aquélla a participar en el componente social
del Plan [10].</DIV>
<DIV align=justify><BR>La negativa europea, pese a los esfuerzos del gobierno
del Partido Popular español, condujo a los núcleos de decisión de Washington a
formular una nueva estrategia en busca del respaldo político y el apoyo
financiero europeo para “el fortalecimiento institucional y el desarrollo
social”, indispensables para asegurar el control militar del territorio, en
especial en las zonas donde estaba previsto realizar repoblamientos que
consolidaran el exterminio o el destierro, así como el confinamiento de la
población civil.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la
declaratoria de “guerra global contra el terror” crearon el escenario
internacional propicio a la unidad entre los Estados Unidos y las instituciones
europeas para el nuevo empeño. En marzo de 2003, Colombia se convirtió en una
moneda de cambio para no profundizar la fisura transatlántica que se produjo con
la ocupación militar de Iraq.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los días 9 y 10 de julio de 2003, en Londres, los
gobiernos estadounidense y británico, con la gestión del Centro de Pensamiento
Estratégico Internacional (Cepei), una entidad no gubernamental financiada por
la USAID, con el encargo de reestructurar toda la cooperación internacional
hacia Colombia, el apoyo del gobierno colombiano y la notoria imprevisión de las
organizaciones no gubernamentales colombianas a las que se les encargó la
organización de la presencia de la sociedad civil, lograron promover el apoyo de
la comunidad internacional (G24) a la política de guerra de alta intensidad, con
bajo perfil mediático de la administración Bush-Uribe, y al “proceso de paz” con
las organizaciones paramilitares.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Este proceso ha sido catalogado como un simulacro -para
lograr la legalización de las estructuras paramilitares- por parte de
organizaciones internacionales de derechos humanos que siguen su desarrollo y
por parte también de organismos nacionales que señalan la ausencia de
responsabilidad del Estado y otros poderosos agentes en la conformación de la
estrategia paramilitar [11]. El respaldo internacional a este proceso se amplió
con las conclusiones del Consejo Europeo de 2004 [12], con un “compromiso
político y financiero evolutivo y condicionado” [13], posteriormente en la
reunión del G24 en Cartagena en febrero del 2005, y finalmente con el apoyo
político y financiero del Consejo y la Comisión Europeos a la Ley de Justicia y
Paz, en octubre del 2005, en contravía del discurso sobre los principios de
respeto a los Derechos Humanos y la protección a los defensores de Derechos
Humanos que afirman y guían la política exterior europea [14].</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, una parte de los países europeos -en
especial el gobierno francés- no entraron de lleno en el apoyo de la Ley por
“violación del cese de hostilidades, impunidad de hecho, ausencia de tratamiento
de las implicaciones con el narcotráfico y falta de voluntad para desmontar el
paramilitarismo y las conexiones con el Ejercito” [15]. La Comisión de
Reconciliación y Reparación, creada en la Ley de Justicia y Paz, no es
independiente ni contempla una verdadera reparación integral que incluya la
reconstrucción de los proyectos de vida destrozados. Su funcionamiento, no
obstante, ha obtenido el apoyo del actual gobierno socialista [16] español, que
privilegia en la política exterior en la región los análisis del discreto pero
determinante Observatorio para Empresas de Latinoamérica -centro de análisis de
las principales corporaciones españolas.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Resultados en contravía</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Mientras tanto, el crecimiento del consumo de cocaína en
la franja de jóvenes entre 14 y 18 años se multiplicó por 4 en España durante
los últimos cinco años, elevándose del 1,5 al 6 por ciento. En Inglaterra, tal
consumo en las edades comprendidas entre los 11 y los 14 años creció en un
ciento por ciento en el lapso 2004-2005, comprometiendo a 65.000 jovencitos
consumidores. En España, 170.000 adolescentes admitieron haber consumido cocaína
en el último año. Asimismo, los beneficios del sector financiero con espacios en
paraísos fiscales y con presencia en la región andina han experimentado notables
incrementos. Lo mismo ha ocurrido con las ganancias de las empresas productoras
de fertilizantes utilizados en la siembra industrial de coca, de precursores
químicos utilizados en la producción de cocaína y de la empresa Monsanto, que
suministra el veneno utilizado en las fumigaciones. Igualmente, se han
multiplicado las utilidades del conjunto de empresas estadounidenses y europeas
que venden armamento y servicios de ‘seguridad’ en este mercado floreciente,
como también los beneficios de la red de corporaciones que pueden lucrarse con
los diversos negocios exitosos en este endeble ‘orden’ sostenido en la represión
y la mentira [17].</DIV>
<DIV align=justify><BR>Al mismo tiempo, la mayor parte de la población europea
permanece alejada por completo de los beneficios genuinos que surgirían de
relaciones económicas, científicas y culturales con Colombia fundadas en la
transparencia y la equidad. La mayor parte de sus impuestos destinados a la
‘cooperación’ con Colombia se canaliza hacia el apoyo a este caótico proceso de
pacificación, tanto como al precario control social y territorial apuntalado en
una inestable impunidad selectiva. Con esta dinámica, sus impuestos terminan
apoyando la prolongación del conflicto, la vulneración de los derechos
elementales de la población civil y el flujo de narcóticos que se origina en
algunas de las regiones ‘pacificadas’. Se trata de un despilfarro descomunal de
inteligencia social y recursos financieros que bien pudieran encauzarse a curar
las heridas producidas durante décadas, y en el apoyo a una genuina y soberana
democratización de la vida social, hoy marcada por la intimidación y el
irrespeto cotidiano a los derechos más elementales de las comunidades. En el muy
corto plazo, un curso de verdadera cooperación redundaría en favor de la
ciudadanía europea.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El tejido corporativo europeo celebra la política de
‘seguridad democrática’ en Colombia y los indicadores macroeconómicos que tantos
beneficios le reportan, pero permanece absolutamente indiferente ante el
infierno humano y los horrores inexpresables de la miseria que castiga en el día
a día a casi el 70 por ciento de la población, miseria estrechamente relacionada
con la prolongada guerra civil que se sostiene y profundiza con voluminoso apoyo
externo. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar esta inversión de lógicas, propósitos
y acciones? </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>* Publicado en Le Monde Diplomatique Nº 46, edición Colombia,
junio 2006. <BR><BR><BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>[1] Ya en 1925, el Ejército de Estados Unidos había
intervenido tres veces en Colombia, pero sólo desde 1959, con el triunfo de la
Revolución Cubana, se inicia una presencia militar permanente. Desde 1962, con
el Plan LASO (Latinoamerican Security Operation), se inició la intervención
masiva y sistemática del gobierno de Estados Unidos, interpretando cualquier
conflicto social como amenaza comunista, criminalizando toda protesta social y
tratándola militarmente.<BR>[2] Ver El Plan Colombia y la internacionalización
del conflicto. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales-IEPRI, 2001.<BR>[3] Ver La otra historia de los Estados Unidos,
de Howard Zinn, Editorial Hirú, 2003.<BR>[4] Desde La Guajira, en la costa norte
de Colombia, pasando por la región del Catatumbo, en el centro, hasta Vichada,
en el sur del país, se ha operado un proceso de desplazamiento poblacional y de
control militar y social. En 2005-2006, el gobierno estadounidense destinó 4.000
millones de pesos para expandir el cultivo de palma en el Catatumbo. En febrero
de 2005 se incluyeron -junto a la “Guerra contra el narcotráfico” y la “Guerra
contra el terrorismo”- las “Amenazas a la seguridad nacional de Colombia” como
determinantes de la ‘ayuda’ militar estadounidense a Colombia. El 1 de mayo de
2006, Fidel Castro reveló en su discurso oficial de ese día que “en noviembre de
1999 se conoció desde California que René Cruz y Eusebio Peñalver (estrechamente
vinculados a los dos Posada Carriles), junto a los también terroristas Roberto
Martín Pérez, Ángel D’Fana y Ernesto Díaz, actual cabecilla de Alpha 66, estaban
involucrados en un plan para atentar contra la vida del presidente Hugo Chávez,
con el apoyo de un grupo de adinerados venezolanos... Dicho plan sería ejecutado
en el mes de diciembre por un comando integrado por cubanos y venezolanos,
quienes arribarían a Venezuela procedentes de un tercer país”. En 2006 se ha
iniciado una creciente ofensiva mediática internacional dirigida a vincular
cargamentos de cocaína y narcotraficantes con Venezuela.<BR>[5] Escuela de las
Américas, Lesley Gill. Editorial Lom, enero 2005.<BR>[6] Al sobreponer los mapas
de los resultados electorales desde la segunda mitad de los años 80 con los
mapas de las masacres y el desplazamiento de la población civil, resultan
estremecedoras las coincidencias entre la geografía del proceso de exterminio y
destierro, y los lugares donde la izquierda triunfó o tenía presencia
significativa en los gobiernos locales.<BR>[7] En el libro Repensar los Estados
Unidos. Para una sociología del hiperpoder, de Loïc Wacquant (Dir.), de
Editorial Anthropos, 2005, es posible consultar las nuevas formas del
internacionalismo estadounidense apoyadas en la creación de doctrinas
funcionales al dominio imperial en los centros de pensamiento, y ejercidas a
través de un conjunto de instrumentos que incluyen la presencia discreta y
eficaz en los medios de comunicación y las academias, y en organizaciones no
gubernamentales financiadas por la USAID y por NED (National Endowment for
Democracy, que a la vez son parte de las herramientas de intervención civil de
la CIA, conforme se explica en el revelador libro El código Chávez, de la
periodista venezolana Eva Golinger.<BR>[8] En la página Web del Diálogo
Interamericano es posible apreciar una parte importante de las 250 corporaciones
de Estados Unidos con intereses en Colombia. En la página www.solidaridad.net es
posible consultar el artículo sobre la European Round Table, que contiene el
listado de multinacionales europeas cuya mayor parte tiene intereses económicos
que determinan la política exterior sobre Colombia. En el libro El negocio de la
Guerra, de Diego Azzellini, publicado por Editorial Txalaparta, se nombran las
15 principales corporaciones de armamento, seguridad y entrenamiento que se
benefician con la demanda que arroja la guerra entre colombianos. Esta
información también aparece en la página de la red Voltaire.<BR>[9] Las Mesas de
Donantes, una metodología de encauzamiento de los recursos de cooperación
internacional al sostenimiento de la guerra, que evitan su fracaso por falta de
respuesta a las demandas sociales de la población, fue ensayada, por ejemplo, en
Afganistán después de 2001, cuando se creó el Grupo de Apoyo para la
Reconstrucción de Afganistán.<BR>[10] La Presidencia, en nombre de la UE,
declaró en diciembre del 2001 que “no existe ninguna alternativa adecuada a una
solución negociada del conflicto interno”. En cambio, el 19 de marzo de ese
mismo año, el ministro de Relaciones Exteriores español Joseph Piqué declaró que
“no hay alternativa al Plan Colombia” [...]. Estamos trabajando en el incremento
de nuestra participación a través de observadores tanto civiles como militares,
en todo el proceso”.<BR>[11] Ver el Informe de Amnistía Internacional de 2005,
“Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?,
sobre la desmovilización emblemática del Bloque Cacique Nutibara de Medellín, y
el Informe de Human Rigth Watch “Las apariencias engañan”.<BR>[12] Cada dos
años, en noviembre, el Colat, grupo encargado en el Consejo Europeo de producir
los documentos de política sobre América Latina, produce un Policy paper que
sirve de base a las conclusiones públicas del Consejo Europeo.<BR>[13] Los
recursos de cooperación internacional no reembolsable de la Unión Europea
dirigidos a Colombia pasaron de 18 millones de dólares en 2002 a 68 millones en
2006, conforme a la Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social del
gobierno colombiano.<BR>[14] La ley significó un aumento de la vulnerabilidad de
quienes defienden los espacios democráticos y los derechos fundamentales de la
población civil. Asimismo, las exportaciones de armamento van en contravía de
los Códigos de Conducta de la Unión Europea, que prohíben el suministro a
gobiernos gravemente implicados en la violación de Derechos Humanos.<BR>[15] Ver
el ensayo: “Perspectivas para la paz en Colombia: la respuesta a la política de
Uribe”. Daniel García-Peña. CIP-FUHEM, Madrid, 2005, p. 12, y el informe
“Colombia: ¿reconciliación con impunidad?, de Nuria del Viso en Papeles de
Cuestiones Internacionales Nº 89, primavera de 2005, pp. 80-81.<BR>[16] Apartes
de la intervención de Eduardo Pizarro en las Jornadas de la Taula Catalana de
Cooperación con Colombia, de abril de 2006: “Hay un grupo de apoyo a la Comisión
donde están el G24, el Banco Mundial y las 22 agencias de la ONU. El gobierno
español, a través del Vicecanciller y el Director de Cooperación Internacional,
ha ofrecido cooperar con la Comisión a través de rutas jurídicas para acompañar
a las víctimas, bases de datos de bienes y la constitución de dos bancos para
las víctimas: Antropológico y Genético”.<BR>[17] En especial, las empresas de
petróleo, carbón, gas, minería, palma de aceite para la producción de biodiesel,
turismo y aguas. Articulados a ellas, funcionan exitosamente los principales
bancos europeos y una amplia gama de corporaciones que suministran diversos
componentes y servicios a estos sectores.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
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