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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U><FONT size=5>boletín informativo - red
solidaria de revistas</FONT></U><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 6 de abril 2007 -
Redacción: </FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><FONT size=3><STRONG>Uruguay</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>La ley de reparación a las “víctimas
de la sedición”</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><FONT size=3><STRONG>Un daño
irreparable</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Con la firma de tres ministros –Danilo Astori, de
Economía; Daisy Tourné, de Interior; y Azucena Berrutti, de Defensa– el
presidente Tabaré Vázquez hizo suyo, el 26 de marzo, un proyecto de ley
elaborado por el diputado de la lista 15 Daniel García Pintos, consagrando la
famosa teoría de los dos demonios, que reduce el terrorismo de Estado durante la
dictadura a un enfrentamiento entre dos bandos con iguales
responsabilidades.<BR><BR>Samuel Blixen</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Semanario Brecha, Montevideo, 5-4-07</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>El proyecto, que otorga una reparación de 150 mil
dólares a los familiares directos de 66 policías, militares y civiles “víctimas
de la sedición”, causó estupor en filas del Frente Amplio (FA), cuyos
legisladores enfrentarán la disyuntiva de defender y aprobar la iniciativa
presidencial o provocar una crisis interna en las filas del gobierno. También
generó duros rechazos en organismos de derechos humanos porque, en el mismo
texto, se incluyen como beneficiarios de la reparación a los familiares de 26
desaparecidos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una compulsa entre dirigentes frenteamplistas –con las
limitaciones impuestas por la Semana de Turismo– reveló que la iniciativa,
aunque había sido anunciada en el discurso que Vázquez pronunció el 2 de marzo
en la plaza Independencia, no fue analizada formalmente ni en los órganos de
conducción del fa ni en la bancada parlamentaria oficialista. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Si, como explicó el vicepresidente Rodolfo Nin –el único
vocero del gobierno que justificó la medida–, el proyecto de ley pretende
ofrecer “una mirada generosa” sobre el pasado, el gesto (que insumirá un gasto
de 13 millones 500 mil dólares) fue interpretado por amplios sectores de la
izquierda como “injusto”, “erróneo”, “aberrante”,
“insólito”.<BR><BR><STRONG>IRRITANTES DIFERENCIAS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>El proyecto borra de un plumazo el conjunto de definiciones
sostenidas por el FA sobre las causas y las responsabilidades del
terrorismo de Estado que asoló al país. En los considerandos del texto se afirma
que “se pretende cerrar definitivamente una dolorosa etapa (…) teniendo en
cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable
defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba
conmovida por dicha situación”. Esta interpretación del pasado reciente explica
las afirmaciones de Vázquez, en su discurso del 2 de marzo, sobre el “nunca más
entre orientales”, que omitió una referencia al terrorismo que, impulsado desde
el Estado, adquiere una connotación y una significación claramente definidas y
condenadas en diversos tratados y convenios internacionales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La “generosidad” que le atribuye el vicepresidente Nin a
la iniciativa no se compadece con algunos tratamientos que configuran una
inequidad. El proyecto de ley repara económicamente a los “caídos en defensa de
las instituciones democráticas y de la libertad” en el período comprendido entre
1962 y 1976, “tanto en el territorio nacional como fuera de él”. Hasta el
presente, las reparaciones a las víctimas de la dictadura fijaban 1973 como la
fecha inicial.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Todo los posibles beneficiarios de la reparación son
policías, militares y civiles asesinados o muertos en enfrentamientos; no hay un
solo caso de desaparición forzada. Sin embargo, el gobierno no consideró
establecer una reparación para los militantes políticos, sindicales o sociales
muertos en enfrentamientos o muertos debido a las torturas durante los
interrogatorios. En ese sentido quedan fuera de la lista víctimas tales como
Líber Arce y Hugo de los Santos, estudiantes caídos en manifestaciones antes del
golpe de Estado; así como Jorge Salerno, Ricardo Zabalza, Ricardo Cultelli,
Armando Blanco, Alberto Candán, Ivette Jiménez, Nicolás Gropp, Luis Martirena,
ejecutados durante su detención; o prisioneros políticos como Graciela
Estefanel, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Floreal García y Mirtha
Hernández, cuyos cuerpos acribillados fueron abandonados en las cercanías de
Soca.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El proyecto de ley incorpora otra diferenciación
irritante: repara a los desaparecidos cuyos casos fueron investigados por la
Comisión para la Paz, pero omite a unos 150 desaparecidos secuestrados en
Argentina y Paraguay por militares y policías uruguayos. En este aspecto hay una
doble discriminación: por un lado deja fuera a desaparecidos “del exterior”,
mientras que incorpora a policías, civiles y militares caídos fuera de frontera;
y por otro ignora que al menos una veintena de los desaparecidos de Buenos Aires
fueron trasladados a Uruguay en el llamado “segundo vuelo”, cuya desaparición
definitiva por lo tanto se concretó en el país.<BR><BR><STRONG>DE VICTIMARIOS A
VÍCTIMAS</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Tal parece que el Poder Ejecutivo, al hacer suyo el proyecto
del diputado García Pintos, no hizo una comprobación de la información que
confirma la lista de beneficiarios. “¿Qué sedición ejecutó al coronel Ramón
Trabal?”, se preguntó el abogado Javier Miranda, de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos, al comentar el proyecto de ley. El coronel Trabal fue
asesinado en París en 1975 y el entonces dictador Juan María Bordaberry atribuyó
el hecho a un comando tupamaro. Sin embargo, el mln negó siempre su
responsabilidad. Numerosos indicios sugieren que la muerte de Trabal fue un
ajuste de cuentas interno del Ejército; es el único caso de uniformados en que
la dictadura no mostró ningún interés por investigar y aclarar. En este extremo,
el gobierno estaría confirmando la patraña montada por los mismos
verdugos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otro tanto ocurriría en el caso del policía Ildefonso
Kaulaskas, cuyo cuerpo apareció el 31 de junio de 1971, y cuya muerte se presume
que fue obra de los escuadrones de la muerte, en represalia por la presunta
vinculación del funcionario con el MLN.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay, además, por lo menos cuatro casos de policías y
militares caídos en enfrentamientos, pero abatidos por sus propios camaradas.
Así habría ocurrido con el inspector Antonio Silveira Regalado, muerto en un
allanamiento a una chacra el 22 de diciembre de 1966; Alfredo Pallas, herido de
muerte en un allanamiento policial en el balneario Cuchilla Alta, el 13 de
febrero de 1970; el capitán Wilfredo Busconi, herido por la espalda en el
ominoso operativo de la seccional 20 del Partido Comunista, el 17 de abril de
1972, en que fueron asesinados a sangre fría ocho comunistas; y el capitán
Roberto Botti, cuya muerte, el 19 de febrero de 1976, fue atribuida a un tiroteo
entre efectivos de distintas unidades militares, durante un allanamiento a una
casa donde Botti había montado una ratonera.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un caso incomprensible es la inclusión de Carlos Abdala,
un civil a quien se identificó como ideólogo de los escuadrones de la muerte, y
que fuera abatido en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1976, donde fungía
como embajador uruguayo. Un terrorista croata –sin ninguna vinculación con el
proceso uruguayo– lo confundió con un diplomático yugoslavo.<BR>Al incurrir en
las discriminaciones señaladas, la iniciativa del Poder Ejecutivo consagra
injusticias tales como reparar a personal policial o militar abatido en
represalia por sus propios crímenes (como es el caso de los integrantes del
Escuadrón de la Muerte), pero ignora a sus víctimas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Entre los argumentos que provocan el rechazo de la
iniciativa se maneja aquel referido a las indemnizaciones que el Estado ya ha
conferido a los familiares. En su oportunidad, Yamandú Fau, entonces ministro de
Defensa del segundo gobierno de Sanguinetti, respondió a un pedido de informes
del diputado forista Ruben Díaz puntualizando que 17 funcionarios caídos en el
cumplimiento de su deber habían sido indemnizados al amparo del artículo 115 de
la ley presupuestal 14.106 del año 1973.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los rechazos al proyecto de ley no se centran en la
reparación económica. Fundamentalmente se refieren al sustento político de la
iniciativa que, se afirma, tiende a consagrar un plano de igualdad de
responsabilidades entre la violencia política y el terrorismo de Estado, es
decir, supone la consagración de la teoría de los dos demonios. Organismos de
derechos humanos han reivindicado el concepto sostenido por las Naciones Unidas
de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado que, además de la
reparación monetaria, incluye, en primer lugar, la reparación de justicia y el
derecho al conocimiento de los hechos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Resulta incomprensible, hasta ahora, el móvil que indujo
al presidente Vázquez a dar este paso. Existe, en cambio, coincidencia en que no
se trata de un acto irreflexivo y tiene, por tanto, una enorme trascendencia
política.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>