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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria de revistas</U></FONT><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 19 de abril 2007 -
Redacción: </FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Violencia de
Estado</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Construyendo Nº 23, abril
2007</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mensuario de la Coordinadora
de Unidad Revolucionaria (CUR)</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Editorial</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR> <BR>El compañero Fernando Masseilot (1) está preso
por razones de Estado. Mejor dicho, por haber participado en una acción de
protesta que, subvirtió, el pilar fundamental de todo “ordenamiento
democrático”: el monopolio de la fuerza y la violencia, pertenecen,
exclusivamente, al Estado y su aparato represivo. <BR> <BR>O si se quiere,
Fernando está preso por haber desobedecido la regla esencial que - según la
clásica definición de Max Weber - rige en las sociedades capitalistas: “Lo
específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos
sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el
Estado lo permite. El Estado es la única fuente de ´derecho` a la violencia”.
<BR> <BR>Esta definición weberiana que continúa trazando la frontera entre
lo “legal” y lo “ilegal”, destaca el rasgo básico que distingue al Estado de
otros núcleos del poder: el monopolio de la “violencia física legítima”. Como es
sabido, el poder se halla en numerosas esferas, se ejerce con muy diversos
instrumentos, incluso el mismo poder político es ejercido en parte desde esferas
que están “fuera” del ámbito de lo estatal, como por ejemplo, las corporaciones
patronales y los medios de comunicación. Pero es el Estado, entre todas las
esferas de poder, quien posee el monopolio de ejercer, “legítimamente”, la
violencia en la sociedad. <BR> <BR>Y el que no lo entienda así será, en la
mejor de las hipótesis, un “fuera de la ley y el orden”. Cuando no un
desaparecido o un muerto. <BR> <BR>La “justicia” que procesó y envió a la
cárcel al “pibe anti-Bush”, cumplió a cabalidad con esa definición política,
liberal-burguesa, del filósofo alemán. Y cumplió, también, con aquella función
que, en el “reparto de poderes”, el Estado le ha asignado: hacer “respetar las
leyes” y la propiedad privada, por la vía del castigo y la amenaza. En este
sentido, la sentencia de la jueza Graciela Gatti - que se atiene al numeral
quinto del artículo 143 del Código Penal - es absolutamente clara: “se alzó
junto a otras personas en número superior a 15, pública y tumultuosamente para
conseguir por la fuerza y violencia, ejercer con objetivo político o social,
algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquier clase de
Estado o contra sus bienes”. De esta manera fue que Fernando y sus
compañeros, traspasaron la frontera de la “legalidad”. Y, como ocurrió con los
cuatro procesados por las acciones en la Ciudad Vieja el 4 de noviembre 2005,
cometieron un “delito de sedición”. <BR> <BR>El mensaje desde los poderes
del Estado no podía ser más categórico. Va dirigido a los de abajo, a los
luchadores sociales, a los que resisten la escalada neoliberal-patronal, a los
que combaten al imperialismo y a sus socios locales. Que nadie vaya a
confundirse: toda movilización popular, toda demanda, todo acto de protesta,
tiene un límite. Cuando se trata de cuestionar la autoridad establecida o la
legitimidad que ésta tiene para usar la violencia, el Estado ejerce a plenitud
su “derecho” al monopolio de la fuerza. A través de los “órganos judiciales” o
de los mecanismos policiales más brutales. Da lo mismo. <BR> <BR>Este
carácter violento del “disciplinamiento social” no cambia por más etiqueta
“progresista” que se tenga. Por el contrario, el gobierno del Frente Amplio
mantiene en todos sus términos tanto el legado liberal-burgués del Estado, como
los paradigmas represivos que aplicaron los gobiernos derechistas de blancos y
colorados. De la misma forma, el gobierno del Frente Amplio reafirma, todos los
días, aquellos estigmas que reproducen la distinción entre “protesta legítima” y
“protesta ilegítima”. Con ello, la judicialización del “conflicto social”, o
sea, de la lucha de clases, se convierte en un recurso político-represivo
permanente que criminaliza toda manifestación de rebeldía que no se atenga a los
buenos modales. <BR> <BR>Sin embargo, es la sociedad burguesa quien
fabrica, cotidianamente, una multiplicidad de violencias políticas, económicas,
sociales, culturales: contra los trabajadores, contra los pobres, contra las
mujeres, contra los jóvenes. Contra los que no se resignan y contra los que se
indignan. Violencias engendradas por la apropiación privada de la riqueza social
producida por el trabajo colectivo; por la expropiación de derechos
democráticos; por la confiscación salarial, el desempleo masivo y la precariedad
laboral. Por el aumento exponencial de una pobreza que empuja a miles de
uruguayos a irse del país; que obliga a niños y viejos a sobrevivir en la calle
bajo condiciones miserables; que arrastra a jóvenes madres con sus hijos en
brazos, hacia el limosnero instalado en el transporte público y en las puertas
de grandes comercios y supermercados.<BR> <BR>Para todos los “excluidos”,
para todo estos “compatriotas que la están pasando mal”, según la hipócrita
expresión del presidente de la República, los “valores de convivencia
democrática y pacífica” son, en realidad, una perversa parodia. Inhumana,
trágica, violenta. <BR> <BR>Este gobierno del Frente Amplio es una
verdadera estafa. Porque desde la gestión del Estado, ha continuado con el
programa económico impuesto por las instituciones financieras internacionales y
las clases propietarias; porque se somete a las políticas de “libre-comercio” de
Bush y sus aliados; porque envía tropas de ocupación a la desvalida Haití;
porque continúa tomado al salario como una variante más de “ajuste”; porque
trata el problema de la pobreza de masas desde un ángulo “asistencial”, sin
atacar las raíces socio-económicas de esa pobreza: la explotación capitalista.
<BR> <BR>Pero también es una estafa ideológica. No solo porque su discurso
sobre la “democracia ciudadana” es una cáscara vacía (que se recicla
coyunturalmente, como ahora, con la asunción de Rubio en la OPP), sino porque su
propuesta de “reforma del Estado” se inscribe en la lógica neoliberal de
“asociación pública-privada. Peor aún: porque su función política, desde la
gestión del Estado, ha sido la de re-legitimar (con un disfraz “progresista”)
los mecanismos institucionales de impunidad, control y represión social.
<BR> <BR>El Estado gestionado por el gobierno el Frente Amplio, continúa
siendo el “comité de negocios” de la clase dominante. Tal cual lo definiera,
magistralmente, Federico Engels. Y, al mismo tiempo, continúa siendo el
instrumento centralizador de las decisiones políticas que ostenta, armas en
mano, el monopolio de la violencia contra esas “clases peligrosas” cuyo único
bien es su fuerza de trabajo. <BR> <BR>Entonces, digámoslo con todas las
letras y sin balbuceos leguleyos: la condena al compañero Fernando es un acto
violento de un Estado violento. Es una señal de “mano dura” que, por la vía de
las instancias judiciales, se envía contra todos los que luchan y se rebelan
ante las injusticias sociales y la entrega de soberanía nacional. Por ello, no
podemos retroceder. Ni limitarnos al escueto recurso de las declaraciones o de
actividades solidarias más o menos esporádicas. <BR> <BR>Hay que retomar el
camino de la movilización organizada, como la que consiguió arrancar de la
cárcel a los compañeros en noviembre y diciembre 2005. En esto sí tenemos una
responsabilidad. Todas las fuerzas políticas y sociales que integramos la
Coordinación Antiimperialista, que convocamos a la marcha del 9 de marzo,
debemos reaccionar. Exigiendo la libertad inmediata de uno de los “nuestros”.
Reivindicando su combate, que es el nuestro. Defendiendo la legitimidad política
y de clase de usar todos los medios de lucha popular. Enfrentando a una
“democracia electoral” que encubre la violencia del capital y de su Estado.
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<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Nota de Correspondencia de Prensa:</STRONG> joven
militante detenido y procesado con prisión, detenido unos días después de la
marcha anti-Bush convocada por la Coordinación Antiimperialista el 9 de marzo.
En una manifestación posterior (jueves 12 de abril) en solidaridad con
Fernando Masseilot, fue detenido el militante del Sindicato del Taxi, Wahington
Muniz, quien luego de ser liberado quedó en situación de "emplazado" por una
jueza. </DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información
difundida por Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios,
redes alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda.
Suscripciones, Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A> </DIV>
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