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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria de revistas</U></FONT><BR><FONT color=#800000
size=6><EM>Correspondencia de Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - de mayo 2007 -
Redacción: </FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Uruguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>El gobierno frente al terrorismo de
Estado en dictadura<BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Del impulso al callejón sin
salida<BR></DIV></STRONG></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>“La verdad sigue
secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”</FONT><BR><BR>Samuel
Blixen</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Semanario Brecha, Montevideo,
18-5-2007</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR><BR>En vísperas del 20 de mayo,
la consigna de las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos que
convocan a una nueva marcha del silencio, este domingo, expresa un
cuestionamiento del rumbo que últimamente asumió la política del gobierno de
Tabaré Vázquez en la materia, y que se sintetiza en el patrocinio del Poder
Ejecutivo al proyecto de ley elaborado por el diputado colorado Daniel García
Pintos, un proyecto que, por la vía de la reparación económica, formaliza la
“doctrina de los dos demonios”. </FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, la distancia entre la disposición inicial
del gobierno y el callejón sin salida en que, dos años y medio después,
desemboca este “nunca más entre orientales” –tan alejado del “nunca más
terrorismo de Estado”– queda fundamentalmente en evidencia por las instancias
judiciales de la megacausa que orienta el juez penal Luis Charles.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La investigación del llamado “segundo vuelo” (el traslado
clandestino desde Argentina de una veintena de uruguayos secuestrados y que
fueron asesinados en Uruguay); la solicitud del antropólogo José López Mazz para
que se practiquen excavaciones en distintos lugares donde las informaciones
permitirían ubicar varios cementerios clandestinos; y la denuncia de ocho hijos,
tres padres y nueve hermanos de desaparecidos, patrocinada por el abogado Óscar
López Goldaracena, sobre traslados clandestinos de unos 40 uruguayos en 1978,
enfrentan al general Gregorio Álvarez, a los mandos de la Marina, a los
responsables del Servicio de Inteligencia de Defensa (sid) y al equipo de
represores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) a la
eventualidad firme del castigo judicial. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La determinación de los familiares, la acción constante
de los organismos de derechos humanos y las investigaciones periodísticas
independientes que no reconocen un punto final –negado oficialmente pero
impulsado por la vía de los hechos– revelan la inutilidad política de “dar
vuelta la página”, proclamar la “reconciliación” y decretar el “nunca más”
cuando aún la verdad sigue oculta y los criminales impunes.<BR><BR><STRONG>La
clausura de una etapa</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Pero son las instancias judiciales, al sumar indicios que
permitirán ubicar nuevos cementerios clandestinos, las que más cuestionan la
decisión presidencial de clausurar la búsqueda de restos de desaparecidos. En
octubre de 2006 el presidente Vázquez ordenó a los mandos suspender las
excavaciones en predios militares. La clausura quedó condicionada a la
eventualidad de que surgieran nuevas informaciones. Sin embargo, para entonces,
el propio Poder Ejecutivo manejaba información confidencial que hubiera merecido
una acción activa en la búsqueda de enterramientos clandestinos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las razones de tal decisión estaban íntimamente
vinculadas al fracaso de los esfuerzos por obtener, en el seno de las Fuerzas
Armadas, la información directa sobre la ubicación exacta de las tumbas
clandestinas. La resistencia de los oficiales implicados en los hechos a
proporcionar la información, con el compromiso de que ésta se manejaría en
reserva, sin identificación de las fuentes; la actitud obstructiva de esos
oficiales que promovieron expectativas con datos falsos; y la conducta cómplice
de los mandos, en especial del entonces comandante en jefe del Ejército Ángel
Bertolotti, que secundó la maniobra, enfrentaron al gobierno a la disyuntiva de
ejercer la autoridad para obligar a las fuentes a decir la verdad. La opción por
la abstención derivó, necesariamente, en la “clausura de la etapa”. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Para entonces resultaba evidente que el gobierno había
desplegado su voluntad de esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura
–y de ahí la nueva interpretación sobre la ley de caducidad que facilitó la
reapertura de causas judiciales archivadas y la presentación de nuevas
denuncias–, pero también resultaba evidente que esa voluntad no llegaba al punto
de presionar a los mandos y a los oficiales para que dieran a conocer sus
secretos. La ambivalencia, la política pendular, se estrellaba ante una
evidencia: para avanzar en la búsqueda de la verdad –para establecer las
responsabilidades y ubicar los restos– el camino más directo y efectivo era, y
sigue siendo, obligar a los responsables a confesar sus delitos; para ello, el
gobierno debía estar dispuesto a enfrentar al grupito de recalcitrantes –que de
hecho mantiene de rehén a toda la institución– y ejercer el mando tal como lo
conciben los propios militares. Aunque no había en el horizonte la perspectiva
de un desacato, de una insubordinación, el gobierno prefirió abstenerse de
incursionar en ese extremo, debido a cálculos y prioridades que todavía no
aparecen claros. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La otra vía –la que está en curso– es obligar a esos
oficiales a confrontar sus mentiras en los estrados judiciales con los elementos
que la propia justicia acumula con base en sus investigaciones y los testimonios
de las víctimas y sus familiares. Pero esa vía, lenta y dificultosa, se estrella
ante otra situación de hecho: de la misma forma que el presidente, en tanto
comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no obliga a sus subordinados a
revelar sus secretos, el gobierno tampoco resuelve abrir los archivos militares
cuyos documentos serían insumos fundamentales para la investigación judicial; de
hecho, los archivos siguen siendo administrados por los propios militares. La
evidencia más palpable de esa ambivalencia resulta de la confirmación del
comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, de la existencia de un segundo
vuelo, y de la incapacidad del gobierno para obtener la identidad de los
secuestrados que fueron trasladados a Uruguay, donde desaparecieron
definitivamente.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El proceso que desemboca en esta “clausura de la etapa” y
en el “nunca más entre orientales” se inició en abril de 2005 con la decisión
judicial de realizar excavaciones en los predios de los batallones 13 y 14 de
Infantería, donde se presumía que se había realizado la Operación Zanahoria, es
decir, la exhumación de cadáveres enterrados en 1976. Curiosamente, lo que se
buscaba eran indicios de los desenterramientos, pero muy pronto fue evidente que
en el Batallón 13 de Infantería era posible ubicar cuerpos. Así fue que el
presidente, por intermedio del comandante en jefe del Ejército, encomendó a dos
generales –Julio Barneix y Carlos Díaz– una instancia reservada para obtener de
los oficiales involucrados la información sobre los lugares exactos de
enterramiento de las víctimas. La expectativa se centró en el hallazgo de los
restos de María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta Juan Gelman, un
caso paradigmático del terrorismo de Estado (la joven argentina había sido
trasladada a Uruguay, con un embarazo de ocho meses, a los solos efectos de
robarle el hijo una vez que diera a luz, para después asesinarla), y de la
maestra uruguaya Elena Quinteros. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La información falsa indujo al presidente a dar un paso
en falso: anunciar la certeza, en un 99 por ciento, de que se encontrarían los
restos de María Claudia. Ello llevó a Vázquez a solicitar a los tres comandantes
informes sobre los restos de los desaparecidos. La novedad fue la información
brindada por Bonelli, que permitió la ubicación de los restos de Ubasgesner
Chaves Sosa, en una chacra de Pando. El informe del comandante de la Marina,
Tabaré Daners, que excluía a esa fuerza de cualquier participación en el
terrorismo de Estado, obligó al gobierno a solicitar un segundo informe,
revelador de la coordinación entre la Marina argentina y la uruguaya. El informe
del Ejército se remitió a la “autenticidad” de la información brindada
anteriormente. Sin embargo, la ubicación de los restos del militante comunista
Fernando Miranda, en el Batallón 13, no fue resultado de la información brindada
por los militares, sino de la información confidencial proporcionada por una
fuente.<BR>Durante un año prosiguieron las excavaciones en las que la voluntad
de los antropólogos chocaba con las maniobras de los jerarcas militares y no
aportaba resultados concretos (véase página 4). En la segunda mitad de 2005, una
gestión del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, ante varios de los
oficiales implicados pretendía obtener directamente la información sobre la
ubicación de los restos, a cambio de la promesa de que después “esto se puede
arreglar”. Los términos de esa gestión quedaron al descubierto un año después
cuando el ex ministro Pedro Bordaberry dio a conocer el contenido de las cintas
grabadas de una conversación reservada que mantuvo con el secretario Fernández.
Para entonces, por distintas vías, se acumulaban informaciones confidenciales
que ponían en la pista de enterramientos clandestinos, en el propio Batallón 13,
en otras unidades militares, en cementerios civiles (como el de Vichadero, en
Rivera, o el cementerio de Tacuarembó) y en el establecimiento de La Tablada.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>En octubre de 2006 Vázquez decidió finalmente clausurar
la etapa de búsqueda, y en diciembre, en ocasión de su discurso de balance de
fin de año, anunció el “nunca más”, que preanunciaba su proyecto de ley sobre
reparaciones a los familiares de las víctimas de la
subversión.<BR><BR><STRONG>Las evidencias del genocidio</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Simultáneamente, en estos dos años, y a partir de la óptica
del gobierno sobre los alcances de la ley de caducidad, la justicia ha avanzado
en el esclarecimiento de algunos episodios y ha procesado a algunos de los
responsables. El hilo conductor de esa investigación –además de las
responsabilidades de los gobernantes de la época, ejemplificadas en los
procesamientos de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco– es el aparato
represivo concentrado en el ocoa, que enlazaba con el sid y con el Estado Mayor
Conjunto (Esmaco). Integrado por oficiales de inteligencia de las tres fuerzas
militares y de la Policía, el ocoa tuvo distintas sedes a lo largo de los años.
En 1975 y 1976 centró su cuartel en los predios del Batallón 13; de ahí la
presunción de que las víctimas de esa época fueron enterradas en ese cuartel,
entre ellos los secuestrados en Argentina que integraron el segundo vuelo. En
esas fechas, también, el ocoa operó en distintos lugares del Interior, en
especial en Paso de los Toros. Pero en 1977 el ocoa desplazó sus cuarteles a La
Tablada, y por ello es que por lo menos cinco de los 40 uruguayos secuestrados
en Argentina entre diciembre de 1977 y agosto de 1978 fueron torturados allí,
antes de desaparecer definitivamente.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La denuncia presentada el miércoles 16 por el abogado
López Goldaracena parte de la hipótesis de que esos 40 uruguayos (pertenecientes
a los gau, el Partido Socialista, el mln y el pcr, la mayoría de los cuales
permanecieron secuestrados en el centro clandestino conocido como “pozo de
Banfield”) fueron traídos clandestinamente a Uruguay en varios traslados. El
exhaustivo y documentado escrito de López Goldaracena, que desmenuza los
criterios de funcionamiento del terrorismo de Estado, se apoya en la evidencia
de que tres de esos secuestrados fueron positivamente vistos en La Tablada, en
febrero de 1978. Desaparecieron definitivamente, junto con otros siete
militantes comunistas allí recluidos que habían sido detenidos en Uruguay.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Puesto que ese primer traslado coincide con los
testimonios de sobrevivientes argentinos en Banfield, López Goldaracena deduce
que la evacuación de los uruguayos en mayo de ese año –según los mismos
testimonios– implicó un segundo traslado masivo. Y apunta para ello la
coincidencia de la evacuación de Banfield con vuelos realizados desde Uruguay
hacia Argentina, trasladando hacia la otra orilla a exiliados argentinos
detenidos en Uruguay; establece la hipótesis de que en el correr de 1978 hubo
extradiciones clandestinas “de ida y vuelta”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Puesto que la redada en Argentina contra los militantes
del gau quedó a cargo de la Marina; que el segundo informe de Daners admite una
coordinación con la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (Esma); y que
algunas de las personas apresadas por la Marina quedaron en manos del ocoa, en
la Tablada, López Goldaracena solicita al juez Charles que se formalice el
interrogatorio a toda la cadena de mandos responsable de la represión en esa
época. En primer lugar, el comandante en jefe del Ejército Gregorio Álvarez;
después el entonces comandante de la Marina Enrique Harriet, los jefes del sid,
los responsables del ocoa, y los oficiales de inteligencia de la Marina y del
Ejército involucrados en la represión en 1977 y 1978. Y finalmente solicita que
se realicen excavaciones en las unidades militares involucradas en esos
episodios y en el cuartel del ocoa en La Tablada.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según análisis de expertos vinculados al Poder Judicial,
la denuncia de López Goldaracena acorta las maniobras del general Álvarez para
eludir el castigo por sus responsabilidades durante la dictadura. No está exento
de complicidad en la muerte por omisión de asistencia de Roberto Luzardo, ni en
las muertes y desapariciones en el este del país mientras fue jefe de la Región
Militar número 4, ni en la represión como miembro del Estado Mayor. Pero
decididamente no podrá eludir su protagonismo en el caso de los traslados de
1978, porque en esa fecha era comandante del Ejército. Y, como se sabe, aun
cuando aleguen ignorancia, los mandos están expresamente exentos de los
beneficios de la ley de caducidad y son directamente responsables, por acción u
omisión, de lo ejecutado por sus subordinados. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por si fuera poco, esta última denuncia apuntala la
determinación de la justicia de ordenar nuevas excavaciones, a partir de los
elementos aportados por el antropólogo López Mazz. El gobierno, inclinado a
“clausurar una etapa”, deberá retomar aquello que suspendió hace siete meses. De
alguna manera, los nuevos acontecimientos confirman que sólo la verdad, toda la
verdad, aporta los verdaderos réditos políticos. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Nuevos excluidos</STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV>En vísperas de la marcha del 20 mayo el gobierno decidió excluir de la ley
de caducidad 18 casos de desaparecidos que pudieron haber sido trasladados
ilegalmente a Uruguay en el denominado segundo vuelo, efectuado el 5 de octubre
de 1976. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Se trata de Juan Morales, Josefina Klein, Roger Julién,
Juan Pablo Errandonea, Victoria Grisonas, Jorge Zaffaroni, Cecilia Trías, Raúl
Tejera, Washington Cram, Rafael Lezama, Ruben Prieto, Jorge Chejenian, Graciela
Martínez de Chejenian, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Carlos Rodríguez
Mercader, Juan Pablo Recagno y Washington Queiro. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Estos nombres se suman a los ya excluidos de la ley, en
la llamada “megacausa”, como María Emilia Islas, Ary Cabrera, Bernardo Arnone,
León Duarte y Alberto Mechoso. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Todos los casos son investigados por el juez Luis Charles
y la fiscal Mirtha Guianze. </DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Marcha del Silencio <BR><BR>“Nunca
más terrorismo de Estado”</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG>Walter Pernas</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG>Semanario Brecha, Montevideo, 18-5-2007</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>Bajo la consigna “¿Dónde están? La verdad sigue
secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”, Familiares de Detenidos
Desaparecidos realizará el domingo su Marcha del Silencio, como cada 20 de mayo.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Este año el mensaje refleja una respuesta ante la
decisión del gobierno de instituir el 19 de junio como el día del “Nunca más,
para todos”, o del “Nunca más hermano contra hermano”, que tergiversa el
verdadero sentido de la frase emblemática contra el terrorismo de Estado, que
nació en la lucha argentina contra la dictadura y fue adoptada luego en Uruguay
por quienes alzan su voz contra la impunidad. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por otra parte, a diferencia del año pasado, esta vez no
se explicita el reclamo de “justicia” para los crímenes de lesa humanidad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esto revela el ánimo en la interna de Familiares, donde
hay opiniones dispares respecto de la forma y el contenido de los
pronunciamientos que involucren el tema del derecho de justicia. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La organización como tal no se ha sumado a la campaña
para anular la ley de caducidad, a pesar de que la norma ha cercenado el derecho
de justicia dispuesto en las convenciones internacionales que Uruguay debe
cumplir, en tanto se trata de derechos humanos fundamentales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En conferencia de prensa brindada por Familiares, Luis
Urtazú sostuvo que las Fuerzas Armadas y algunos civiles “siguen mintiendo,
ocultando la verdad sobre nuestros desaparecidos”. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Luisa Cuesta dijo que Familiares “está de acuerdo con la
justicia” pero que “la verdad es un forma de justicia para el pueblo” (Radio
Uruguay, jueves 17). Y puso en duda que integrantes de la organización concurran
al acto del 19 de junio, organizado por el gobierno. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Sostuvo que hace varios meses habían pensado concurrir
con pancartas que recordaran las frases célebres de Artigas, pero que hoy esa
posibilidad se diluyó sobre todo luego de que el Poder Ejecutivo hiciera suyo el
“proyecto de reparación” del diputado colorado Daniel García Pintos, que deja en
pie de igualdad a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La marcha partirá a las 18 horas desde Rivera y Jackson,
para continuar por 18 de Julio hasta la plaza Libertad. </DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Plebiscito contra la ley de
caducidad<BR><BR>Para anular una inmoralidad</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG>Walter Pernas</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG>Semanario Brecha, Montevideo, 18-5-2007</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>La Coordinadora Nacional por la Anulación de la ley
de Caducidad decidió iniciar una campaña de reforma constitucional para lograr
su cometido. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Para ello es necesario recolectar antes del 30 de abril
de 2009 una cantidad de firmas que supere el 10 por ciento del padrón electoral
(hoy serían unas 250 mil).</DIV>
<DIV align=justify><BR>De llegar al número, y si la Corte Electoral convalida la
normalidad del procedimiento, el plebiscito debería realizarse junto a la
elección de octubre de 2009.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En principio, un grupo de juristas encabezado por Óscar
López Goldaracena será el encargado de la elaboración del proyecto de reforma
constitucional que podría ser plebiscitado, el que luego será sometido a
consideración de las organizaciones que integran la coordinadora. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En su proclama emitida ayer, jueves, la coordinadora
afirma que “la ley de caducidad es jurídicamente nula por ser contraria a normas
del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a juzgar los
crímenes de lesa humanidad, por haber sido aprobada bajo amenaza militar contra
los más elementales principios éticos y jurídicos de la República, por
desconocer la separación de poderes, y por violar derechos humanos
fundamentales”. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Sostiene que declarar la nulidad de la ley de caducidad
“es un imperativo histórico, moral y jurídico indispensable para consolidar un
Estado de derecho democrático y pleno”. Y recuerda que el Poder Legislativo
“tiene el derecho y el deber de ajustar las realidades antijurídicas al derecho
y, para el caso, tiene la obligación de dictar, por simple mayoría, una ley que
declare nulas e inexistentes las normas de impunidad de la ley de
caducidad”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La coordinadora convoca “a toda la ciudadanía y, muy
especialmente, a todos los actores políticos y organizaciones sociales a sumarse
a los esfuerzos para declarar.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>La información difundida por
Correspondencia de Prensa es de fuentes propias y de otros medios, redes
alternativas, movimientos sociales y organizaciones de izquierda. Suscripciones,
Ernesto Herrera: </FONT></EM></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT color=#000080
size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>