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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U><FONT size=5>boletín informativo - red
solidaria</FONT></U><BR><FONT color=#800000 size=6>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR>Año IV - 26 de julio 2007<BR>Redacción y suscripciones:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Los "paras" vuelven a hablar y las
víctimas serán sepultadas, ahora, por el silencio</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Otra vez muestran los dientes y
dicen que no volverán a las versiones libres </STRONG></FONT></DIV><FONT
face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Paramilitares “congelan” el proceso de paz.
Argumentan su decisión por un fallo de la Corte Suprema que les niega la
condición de sediciosos. El presidente Uribe también se muestra a favor de las
autodefensas: “No estoy de acuerdo que se le niegue al paramilitarismo el delito
de sedición”. La Corte reacciona y dice que el Jefe del </STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Revista Semana, Bogotá, 24-7-2007</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.semana.com/"><STRONG>http://www.semana.com/</STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><BR>Los paramilitares son expertos en silenciar a sus
víctimas. Cuando no recurren a las armas acuden a los efectos mediáticos. Eso
quedó en evidencia en las últimas horas cuando convocaron a una rueda de prensa
en la que anunciaron el congelamiento del proceso de paz. La fecha escogida para
semejante anuncio fue en vísperas de cumplirse dos años de la Ley de Justicia y
Paz. A propósito de esta fecha estaban previstos numerosos actos en distintas
partes del país en los que las víctimas iban a exponer su situación. Incluso,
iban a hablar por primera vez ante el Congreso de la República. <BR><BR>Con el
anuncio los paramilitares vuelven a ser los protagonistas de la noticia. Todos
se pusieron de acuerdo y firmaron un comunicado en el que aseguran que no
volverán a presentarse ante los fiscales que reciben las versiones libres. ¿La
razón? Quieren ser juzgados como delincuentes políticos. “No permitiremos que
nuestros hombres sean juzgados como criminales”, aseguró Antonio López, quien
ofició de vocero durante la rueda de prensa en la tardes de este martes en
Bogotá. <BR><BR>A la noticia se sumó otro hecho que seguramente alimentará la
polémica. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, también quiere que
los paras sean juzgados por los delitos de sedición, como ellos lo reclaman. “No
estoy de acuerdo que se le niegue al paramilitarismo el delito de sedición. Lo
he repetido a lo largo de estos cinco años de Gobierno: si se le reconoce
sedición a la guerrilla, se le debe reconocer sedición con los mismos elementos
al paramilitarismo. Si se le niega la sedición al paramilitarismo, se le debe
negar la sedición a la guerrilla por las mismas razones”. <BR><BR>El
Presidente habló en Medellín durante la graduación de periodistas que hicieron
un diplomado en economía social, impartido por la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB). Y su declaración -que va en contravía de un fallo de la Corte
Suprema- fue la noticia más destacada por la página web de la presidencia. La
reacción de la Corte Suprema fue categórica. “El presidente está equivocado”,
sentenció el presidente de la Alta Corporación, Julio César Valencia Copete, en
alusión a que hizo un pronunciamiento sin siquiera haber leído completo el texto
de la sentencia. Y aún más: El magistrado consideró que las palabras del jefe
del Estado, son una forma de “tomar partido sobre temas que son del resorte del
poder judicial”.<BR><BR><STRONG>La historia</STRONG> <BR><BR>Salvatore Mancuso,
‘Don Berna’, ‘Jorge 40’, Ernesto Báez y otros 20 jefes ‘paras’ desmovilizados
(todos presos en la cárcel de Itagüí) dijeron a través de sus voceros en Bogotá
que no permitirán que se les trate como a delincuentes comunes y que rechazan el
fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que ni los ‘parapolíticos’
ni ellos podrán ser procesados por delitos políticos como la sedición.
Aseguraron además que no entregarán más información sobre fosas comunes.
<BR><BR>“Lo menos que podemos exigir, ahora cuando el proceso de paz fue
abandonado en la mitad del camino, es que se nos respete la condición de actores
del conflicto armado”, señala el comunicado. Con esta frase también está de
acuerdo el presidente Uribe Vélez, quien dijo no estar de acuerdo con el
pronunciamiento de la Corte y recordó que en su primera campaña por la
Presidencia él pidió que se hiciera diferencia entre los delitos cometidos por
los paramilitares, y los cometidos por la guerrilla. <BR><BR>Francisco Aponte,
uno de los voceros de las autodefensas desmovilizadas, convocó la rueda de
prensa a la misma hora que las víctimas de paramilitares y guerrilla se
encontraban en el Capitolio Nacional contándole al Congreso su experiencia como
familiares de personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas. <BR><BR>“En el
marco de la anunciada celebración oficial de los dos años de la Ley de Justicia
y Paz, deploramos la congelación indefinida de la s diligencias judiciales, el
entorpecimiento grave del proceso de construcción de verdad histórica, la
suspensión de la información sobre fosas y desaparecidos, y la parálisis del
proceso de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas”, leyó
Aponte, quien aseguró que esta decisión se tomó después de una reflexión durante
diez días en Itagüí. Es decir, que ellos meditaron la decisión y esperaron a que
esta coincidiera con los actos de los dos años de la Ley de Justicia y Paz.
<BR> <BR><STRONG>Contra Restrepo</STRONG><BR><BR>El comunicado critica
además lo que ellos llaman el desentendimiento del alto comisionado de paz, Luis
Carlos Restrepo, las deficiencias en la reinserción, el fenómeno de rearme, la
proliferación de grupos irregulares y la inseguridad jurídica de varios
desmovilizados. Estas quejas se suman a una manifestación que frente a la sede
del Ministerio del Interior en Bogotá, adelantaron varios desmovilizados la
semana pasada, cuando destruyeron vidrios de la sede. En ese momento, algunos
reinsertados de las Farc y las AUC fueron capturados por portar armas. Todos
protestaban por las mismas razones que aducen los desmovilizados recluidos en
Itagüí. <BR><BR>La pregunta es si este pronunciamiento podría desencadenar una
nueva crisis del proceso de paz entre las AUC y le Gobierno, o si es una más de
las veces que los ‘paras’ muestran los dientes porque, según ellos, el Gobierno
no les ha cumplido lo pactado. Según los ‘paras’, esto no es un rompimiento del
proceso, sino un congelamiento hasta que el gobierno nacional cumpla lo pactado
y hasta que no se les dé el trato de delincuentes políticos. <BR><BR>Pero si
‘Macaco’, ‘40’ o ‘Don Berna’ deciden no presentarse nuevamente ante los
fiscales, perderían todos los beneficios de la ley de Justicia y Paz y, según la
norma, pasarían a ser procesados por la ley ordinaria. Todos están en la cárcel
y aunque es válido que protesten o se quejen, lo que no se admite en teoría es
que vuelvan a incumplir la ley, aunque tengan el respaldo presidencial.
<BR><BR><STRONG>Otras reacciones</STRONG> <BR><BR>Las reacciones por el
comunicado de los paramilitares y las palabras del presidente Uribe fueron
inmediatas. Caracol Radio informó, por ejemplo, que la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia se reunirá este miércoles para analizar el pronunciamiento
del Jefe del Estado. Así mismo, los magistrados estudiarán el mensaje de los ex
jefes paramilitares, en el que acusan a la Corte Suprema de hacer modificaciones
a la aplicación de la ley de Justicia y Paz, con las cuales, según ellos, “queda
en evidencia la inseguridad jurídica frente a la continuación del proceso con el
gobierno nacional”. <BR><BR>Caracol Radio también recordó que hace dos semanas,
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitieron una sentencia en la
que le negaron a un ex paramilitar antioqueño la posibilidad de acogerse a los
beneficios de la Ley de Justicia y Paz, luego de ser capturado en flagrancia
cometiendo un delito. En ese fallo, el alto tribunal expresó que equiparar el
concierto para delinquir con el delito de sedición “burlaría el derecho de las
víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y se conozca la verdad”. La
sentencia señaló que “aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito
ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción
denominada sedición, equivale a suponer que los mismos actuaron con fines
altruistas y en busca del bienestar colectivo”. <BR><BR>Igualmente varios
expertos que sigue de cerca el proceso de paz con las autodefensas se mostraron
extrañados de la reacción de los paramilitares pues el delito político ya había
sido rechazado tanto por la Corte Constitucional como el Congreso cuando se
firmó la ley. <BR> <BR><STRONG>Un mal mensaje</STRONG><BR><BR>Así mismo, el
alto comisionado para la Paz también en diversas columnas había expresado sus
puntos de vista sobre las consideraciones políticas dadas a los paramilitares.
Precisamente, este martes Restrepo había publicado un artículo en el que
justificaba la inconveniencia de la sedición porque “era un mal mensaje que
además atentaba contra la alta dignidad de la política, aceptándose de hecho que
existían en Colombia dos tipos de organizaciones proselitistas: las que seguían
las reglas de la democracia y las que podían recurrir al crimen para imponer sus
propósitos”. <BR><BR>Restrepo recordó en su texto que “a diferencia de épocas
anteriores, cuando se indultaba el secuestro y el homicidio, hoy por decisiones
del Congreso y la Corte Constitucional, eso no es posible. Con esta certeza
jurídica, durante el actual gobierno hemos perfeccionado los procedimientos para
la concesión del auto inhibitorio, que debe estar precedido por identificación
plena (fotos de frente y perfil, huellas dactilares completas y carta dental),
así como por versión libre donde se reconozca el delito que se va a perdonar”.
<BR><BR>Por eso, a su juicio “existe un consenso nacional sobre la pertinencia
de mantener la vigencia de la ley 782, mientras se explora una legislación
especial para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la paz
nacional. Tales delitos no son políticos, ni pueden ser tratados como conexos
del delito político. Línea fronteriza que no debe ser pasada, para bien de la
democracia”. <BR><BR>Para muchos analistas hay una diferencia básica entre los
alzados en armas contra un Estado y los paramilitares. Ya que estos lo que
hicieron fue organizar bandas criminales y ejércitos privados para atacar a los
insurrectos y no para subvertir o derrocar al Gobierno establecido. <BR><BR>De
cualquier manera, la discusión está abierta. Los paras vuelven a hablar y las
víctimas serán sepultadas, ahora, por el silencio.
<HR>
<STRONG><EM><FONT color=#000080 size=3>Correspondencia de Prensa, difundido por
la red solidaria de información. Los artículos firmados no comprometen la
opinión editorial del boletín. Redacción (Ernesto Herrera). Suscripciones:
</FONT></EM></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT
color=#000080 size=3>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A>
<HR>
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