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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria<BR></U></FONT><FONT color=#800000 size=6><EM>Correspondencia de
Prensa</EM></FONT><BR>Año IV - 9 de agosto 2007<BR>Redacción y suscripciones:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>América Central
<BR></FONT></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Una guerra
difusa<BR></DIV></STRONG></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Raúl Gutiérrez
*</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG>IPS, San Salvador</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify>América Central consiguió dejar atrás los conflictos armados
internos. Pero el istmo vive hoy otra guerra.<BR><BR>Analistas y líderes
religiosos coinciden en que los gobiernos de las últimas dos décadas han sido
incapaces de detener una vorágine que costó la vida de miles de centroamericanos
en tiempos de paz. <BR><BR>El Acuerdo de Paz de Esquipulas II --firmado en 1987
por cinco presidentes centroamericanos--, trajo alguna esperanza en medio de
guerras "revolucionarias y contrarrevolucionarias", dijo Carlos Rivas, pastor
general de la iglesia evangélica Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI)
de El Salvador. <BR><BR>Pero, dos décadas después se mantiene "un clima de
violencia". <BR><BR>"Existe una total indiferencia ante las necesidades
espirituales, la ingobernabilidad que linda con la anarquía, la corrupción y la
desigualdad social que empuja a la emigración", señaló Rivas, que maneja un
programa de apoyo para jóvenes en riesgo o ex pandilleros en el municipio de
Ilopango, en las afueras de San Salvador, uno de los más afectados por la
violencia. <BR><BR>El lunes, Rivas enterró a un joven feligrés asesinado en el
fin de semana. <BR><BR>El 7 de agosto de 1987, los presidentes Vinicio Cerezo,
de Guatemala, José Napoleón Duarte, de El Salvador, José Azcona Hoyo, de
Honduras, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Óscar Arias, de Costa Rica, artífice
del plan, firmaron en la ciudad guatemalteca homónima el acuerdo de Esquipulas
II, que los comprometió a terminar con las guerras civiles guatemalteca,
salvadoreña y nicaragüense. <BR><BR>El "Procedimiento para la establecer la paz
firme y duradera en Centroamérica" de 16 páginas, estipulaba 11 puntos
medulares, entre ellos, reconciliación nacional, exhortación al cese de
hostilidades, democratización, elecciones libres, cese de ayuda a las fuerzas
irregulares y no uso del territorio para agredir a otros estados. <BR><BR>El
pacto también estableció negociaciones en materia de seguridad, verificación,
control y limitación de armamento, refugiados y desplazados, cooperación,
democracia y libertad para la paz y el desarrollo y verificación y seguimiento
internacional. <BR><BR>Este miércoles, los actuales mandatarios centroamericanos
se reunieron en Costa Rica, en la denominada cumbre de Esquipulas III, para
evaluar el plan propuesto por Arias, quien es, como Ortega, nuevamente
presidente de su país. <BR><BR>En Guatemala, "los fantasmas de la guerra siguen
presentes. El conflicto armado dejó un legado de represión, violencia e
impunidad muy acentuado", dijo a IPS Diego de León, encargado del área política
de la Fundación Myrna Mack, defensora de derechos humanos. <BR><BR>Esos
fantasmas cotidianos son la delincuencia común, la violencia política, las
ejecuciones extrajudiciales, el accionar de las pandillas y, en los últimos 10
años, el crimen organizado. <BR><BR>Aunque Esquipulas y los acuerdos de paz de
1996 entre y el gobierno de Álvaro Arzú y la Unión Nacional Revolucionaria de
Guatemala (URNG) lograron sentar algunas bases para acabar con un estado de
guerra, la confrontación, la inseguridad y la precariedad social y económica
siguen alimentando la violencia, opinó De León. <BR><BR>Para el ex presidente
Vinicio Cerezo (1986-1990), uno de los firmantes del pacto, "el crimen
organizado, la violencia de las pandillas, la corrupción y el debilitamiento del
Estado no conducen ahora a una guerra política pero sí pueden llevar a un
conflicto social cuyas consecuencias aún se desconocen", según dijo a IPS.
<BR><BR>Las "maras" o pandillas juveniles son consecuencia de la pobreza y la
marginación, agregó. <BR><BR>Sólo en el primer semestre de 2007 se cometieron
2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego, según la Procuraduría de los
Derechos Humanos. El Informe de Limpieza Social de esa entidad reportó el año
pasado 3.776 ejecuciones extrajudiciales. Buena parte de las víctimas
presentaban señales de tortura. <BR><BR>En los 36 años de conflicto interno,
murieron 200.000 guatemaltecos. <BR><BR>Pero "durante la guerra teníamos más
claro el panorama, pero ahora no sabemos qué sector está provocando más muertes
porque no existe sanción penal", subrayó De León. <BR><BR>En 1992, el entonces
presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLB) pactaron en México el fin de la guerra
civil que dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 50.000 lisiados en ambos
bandos. <BR><BR>Pero las guerras intestinas del pasado no explican en su
totalidad la actual violencia, sostuvo el coordinador de seguridad pública y
justicia penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El
Salvador, Edgardo Amaya. <BR><BR>Si bien en Guatemala y El Salvador podría ser
una precondición, esto no se aplica a Nicaragua, país que también vivió una
guerra civil pero que hoy no padece los grados de violencia de sus vecinos, dijo
Amaya a IPS. <BR><BR>En su opinión, esto podría deberse a que Nicaragua ha
implementado "formas de convivencia y de combate a la violencia" distintas a
Guatemala, El Salvador y Honduras. <BR><BR>Datos de varias organizaciones
internacionales revelan que en 2005, Guatemala tuvo una proporción de 37,5
homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras 40 y Nicaragua 6,5. <BR><BR>En
2006, El Salvador llegó a 56 homicidios por cada 100.000 personas, una de las
proporciones más altas de América Latina y del mundo. Ese año, 3.928 personas
fueron asesinadas en este país, mientras en 2003 habían sido 2.388. El aumento
es atribuido a la intensa represión aplicada contra las pandillas. <BR><BR>La
aseveración de las autoridades salvadoreñas de que las pandillas son las
causantes de toda la violencia "es una excusa para no enfrentar los verdaderos
problemas en el país", apuntó Rivas. <BR><BR>A finales de julio, el sargento
Nelson Arriaza, otro uniformado y un civil fueron enviados a prisión acusados de
pertenecer a un grupo de exterminio organizado dentro de la Policía Nacional
Civil y financiado por empresarios de la oriental ciudad de San Miguel.
<BR><BR>La ex procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de
Carrillo, denunció sin mucho eco el año pasado la existencia de esos grupos
dentro del cuerpo policial. <BR><BR>Además, "la persecución política y el
endurecimiento de leyes para criminalizar la protesta social" se han convertido
en "una cacería de brujas contra las organizaciones que se preocupan por el
bienestar público", añadió el pastor Rivas. <BR><BR>El 2 de julio, 13 activistas
sociales y una periodista fueron capturados en una protesta en la ciudad
turística de Suchitoto, a unos 45 kilómetros de San Salvador, y luego acusados
de "actos de terrorismo". Si bien fueron liberados más tarde, continúan
encausados. <BR><BR>Cesada la guerra, no cesó la violencia social. El
establecimiento de un Estado de derecho sólido "sigue pendiente", consideró
Amaya. <BR><BR>La "democratización y mejoras a las condiciones de vida de la
población" son la gran deuda de Esquipulas II, concluyó. <BR><BR>Reconociendo la
debilidad institucional, Guatemala aprobó el 1 de este mes la creación de la
Comisión Internacional contra la Impunidad, un organismo acordado por el
gobierno y las Naciones Unidas para investigar cuerpos ilegales de seguridad y
aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de
financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros
sectores que atenten contra los derechos humanos. <BR><BR></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>* Con aporte de Inés Benítez (Guatemala)
<HR>
<EM><FONT color=#000080 size=3><STRONG>Correspondencia de Prensa, difundido por
la red solidaria de información. Los artículos firmados no comprometen la
opinión editorial del boletín. Redacción (Ernesto Herrera). Suscripciones:
</STRONG></FONT></EM><A href="mailto:germain5@chasque.net"><EM><FONT
color=#000080 size=3><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></EM></A>
<HR>
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