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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria</U></FONT><BR><FONT color=#800000 size=6><EM>Correspondencia de
Prensa</EM></FONT><BR>Año V - 1º de octubre 2007<BR>Redacción y suscripciones:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Perú</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT
face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>El sismo de la
corrupción<BR></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Ángel Páez</FONT> </STRONG></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG>IPS, Lima, 29-9-2007</STRONG></DIV>
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href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify>Autoridades centrales, regionales y municipales de Perú se
aprovecharon del desastre causado por el devastador terremoto del 15 de agosto
en el sur del país para lucrarse con los fondos públicos y la ayuda humanitaria
enviada por donantes extranjeros y nacionales.<BR><BR>A petición de la fiscal
Juana Meza, que investiga a 15 personas por una denuncia de compras
sobrevaloradas de alimentos por parte del Seguro Integral del Salud (SIS), el
juez anticorrupción Rafael Vela dispuso este sábado el cierre de fronteras para
todos los sospechosos. <BR><BR>La Comisión de Fiscalización del Congreso
legislativo acordó levantar el secreto bancario de los funcionarios del SIS
luego de que la prensa peruana reveló que al día siguiente del sismo que dejó
desamparadas a unas 45.000 personas en el sur del país, el organismo compró
219.000 raciones de alimentos a 34 soles la unidad (10,96 dólares) cando su
valor real era de 24 soles (7,74 dólares). <BR><BR>La sobrevaloración de 30 por
ciento de los precios costó al SIS un monto equivalente a más de 700.000
dólares, que pudo haberse utilizado para adquirir otras 64.700 raciones. Pero
ese dinero fue a parar a manos de los empresarios que pactaron esas compras con
directivos del SIS, dependiente del Ministerio de Salud. <BR><BR>La adquisición
se hizo a la empresa Plamol, cuyo rubro es la fabricación de zapatos y no la
venta de alimentos, lo que indicaría que la compra fue digitada por un alto
cargo del SIS o del Ministerio de Salud vinculado con alguno de los dueños de la
compañía beneficiada. <BR><BR>Pero el SIS no sólo compró raciones de alimentos a
Plamol, sino también otros productos, como tiendas y equipos de emergencia por
un total de 4,5 millones de dólares, y existen indicios de que en todos los
casos hubo sobrefacturación. <BR><BR>Uno de los propietarios de Plamol es Pedro
Molina Gálvez, sobrino del primer ministro Jorge del Castillo Gálvez. Molina ha
dicho que abandonó la empresa hace cuatro años y que se enteró de que continuaba
activa cuando estalló el escándalo de corrupción. La oposición, sin embargo, lo
ha incluido entre los sospechosos y ha requerido el levantamiento del secreto de
sus cuentas bancarias. <BR><BR>El gobierno de Alan García desató una guerra
contra el contralor general de la República, Genaro Matute, al que criticó de
que sus fiscalizaciones y denuncias retrasaban la distribución de la ayuda a las
víctimas del terremoto. <BR><BR>Alertado por malas experiencias de los procesos
de rescate y reconstrucción tras el huracán Katrina de 2005, en Estados Unidos,
y el tsunami en el océano Índico, en 2004, en los que se comprobaron corrupción
e ineficiencia, Matute envió al sur del país a cuadrillas de veedores para
verificar que la ayuda llegara a las víctimas. <BR><BR>El 23 de agosto, el
primer ministro Del Castillo presentó al Congreso un proyecto de ley para que la
Contraloría cesara por 60 días sus funciones fiscalizadoras preventivas,
amparadas por la Constitución, con el fin declarado de que las autoridades
agilizaran las adquisiciones y contrataciones y distribuyeran las donaciones.
<BR><BR>A raíz del caso de la compra sobrefacturada de raciones de alimentos, el
25 de septiembre la Comisión de Fiscalización archivó esa propuesta del
Ejecutivo porque creaba las condiciones para que se cometieran nuevos ilícitos.
<BR><BR>El proyecto de ley recogía la queja del alcalde provincial de la sureña
Pisco, Juan Enrique Mendoza, quien afirmó que funcionarios de la Contraloría
impedían que distribuyera rápida y eficazmente alimentos, ropa y medicinas a los
damnificados. <BR><BR>"Nosotros simplemente observamos qué donaciones recibía el
alcalde, cómo las distribuía y a quiénes se las entregaba", dijo a IPS el
contralor Matute. "Y hemos encontrado varios casos en los que ha tenido que
intervenir el Ministerio Público (fiscalía) por la sospecha de actos ilícitos".
<BR><BR>Las denuncias de los pobladores afectados contra Mendoza y otros
alcaldes fueron recogidas por IPS en Pisco y otras provincias sureñas a fines de
agosto. <BR><BR>En el caso de Mendoza, la Contraloría constató que una
importante cantidad de donaciones almacenadas en un campo ferial fueron
trasladadas a las instalaciones de una empresa privada donde la familia del
burgomaestre ofrecía el servicio de restaurante a los trabajadores.
<BR><BR>Cuando Mendoza fue interrogado por las razones de la mudanza de las
donaciones, alegó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) había
declarado inhabitable el campo ferial. "Pero verificamos con Defensa Civil que
no era verdad. Por eso decidimos intervenir", explicó Matute. <BR><BR>Hay
irregularidades en otros aspectos vinculados a la ayuda a las zonas devastadas
por el sismo de 7 grados en la escala Richter. <BR><BR>El jefe del comando de
operaciones en la zona del desastre, general Otto Guibovich, informó a IPS que
las tareas de reconstrucción avanzaban lentamente por la falta de maquinaria
pesada para retirar los escombros. <BR><BR>"Las empresas que en un comienzo
enviaron sus equipos, lógicamente se han retirado paulatinamente porque deben
continuar con su labores privadas, en consecuencia hay un déficit muy grande de
maquinaria", dijo Guibovich. <BR><BR>"Mientras no se resuelva ese problema, la
reconstrucción va a tardar mucho", afirmó. <BR><BR>Una de las explicaciones del
retraso sería la mala administración de los fondos públicos. <BR><BR>El Indeci
transfirió el equivalente a 5,8 millones de dólares al gobierno regional de Ica,
a cuya jurisdicción pertenecen las provincias devastadas de Pisco y Chincha. De
esa cifra, 4,5 millones de dólares se presupuestaron para contratar maquinaria.
Pero, alegando razones de emergencia y sin mediar licitación, se adjudicaron
obras a empresas relacionadas con autoridades regionales. <BR><BR>Una
funcionaria del gobierno de Ica, despedida por cuestionar la contratación de una
compañía, denunció que altos funcionarios regionales la presionaron para que
favoreciera a una determinada firma. <BR><BR>"Cuando por cualquier razón se
saltan las normas, siempre ocurren hechos de este tipo", comentó Matute. "En el
caso del gobierno regional de Ica, se ha contratado a una empresa que no contaba
con maquinaria para remover los escombros, así que ésta tuvo que subcontratar el
equipo pesado, elevando el costo del servicio. Además, se la contrató por horas,
cuando debió haber sido, según la lógica más elemental, por la cantidad de
escombros retirados". <BR><BR>A fuerza de denuncias que surgen una tras otra, el
28 de septiembre, García dijo en Pisco que "es necesario revisar los contratos
(del gobierno regional de Ica) y corregirlos a fin de optar por una mayor
eficiencia en estas labores. ¿Qué es más conveniente: pagar por metro cúbico que
se recoge o por hora trabajada?", se interrogó el presidente, rendido ante las
evidencias. <BR><BR>La Contraloría también ha detectado irregularidades en el
Indeci. El alcalde del distrito pisqueño de Túpac Amaru Inca, Tomás Villanueva,
denunció haber recibido de esa entidad paquetes de frazadas que decían contener
100 unidades, pero al repartirlas comprobó que había sólo 80 o incluso menos.
<BR><BR>Túpac Amaru Inca tiene una proporción muy alta de damnificados y es el
que concentra más número de "pueblos jóvenes", como se llama aquí a los barrios
hacinados que se conforman en las zonas suburbanas. <BR><BR>"A otros alcaldes,
funcionarios de Indeci les negaron la entrega de ropa donada desde el extranjero
porque supuestamente estaba reservada para otros fines", dijo Matute. "Hay
varios casos que ya son materia de investigación del Ministerio Público".
<BR><BR>En el caso de la compra sobrevalorada de raciones de alimentos, el
destituido jefe del SIS, Julio Espinoza, sostuvo ante la Comisión de
Fiscalización del Congreso que había informado de las adquisiciones a su
superior, el ministro de Salud, Carlos Vallejos. Pero éste lo desmintió.
<BR><BR>La oposición ha anunciado que interpelará al ministro Vallejos para
averiguar hasta dónde llega su responsabilidad. <BR><BR>"Los funcionarios que
cometieron irregularidades son de mando medio", dijo a IPS el legislador Renzo
Reggiardo, miembro de la Comisión de Fiscalización. "No podrían haber actuado
solos, por su cuenta. Debe haber otros de mayor nivel que han respaldado esas
acciones irregulares".</DIV>
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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#000080 size=4><EM>Correspondencia de
Prensa - boletín informativo - red solidaria<BR>Ernesto Herrera (editor):
</EM></FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
color=#000080 size=4><EM>germain5@chasque.net</EM></FONT></STRONG></A></DIV>
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