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<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT size=5><U>boletín informativo - red
solidaria</U></FONT><BR><FONT color=#800000 size=6><EM>Correspondencia de
Prensa</EM></FONT><BR>Año V - 28 de octubre 2007<BR>Redacción y suscripciones:
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Brasil</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Jueces “legislan” contra los
trabajadores<BR> <BR>Juan Luis Berterretche</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Revista
Desacato</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.alquimidia.org/desacato/"><STRONG>http://www.alquimidia.org/desacato/</STRONG></A><BR> <BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>Los jueces no tienen como función
legislar, sino juzgar en base a las leyes que aprueba el Congreso. Pero en esta
nueva época histórica en donde la Ley USA Patriot pretende marcar el camino
“jurídico” en el mundo globalizado, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil
se adjudicó derecho Constituyente y siguiendo la orientación del Imperio, limitó
de un plumazo y con arbitraria ilegalidad el derecho de huelga de los
trabajadores públicos. <BR> <BR>En la constitución de 1988 se reconoce el
derecho de huelga de los trabajadores del Estado, pero esta ley nunca fue
reglamentada. La resolución del Supremo que incluye a los funcionarios públicos
en la reglamentación del derecho de huelga que incumbe a los trabajadores
privados, es una medida antisindical. Entre otras cosas porque los privados
cuentan con ámbitos legales de negociación que los públicos no
poseen.<BR> <BR>En realidad extender la vigencia de la reglamentación del
derecho de huelga del ámbito privado al público no es una interpretación de la
ley como quisiera hacer creer el STF sino que el Poder Judicial se auto adjudica
el derecho de legislar invadiendo las atribuciones específicas del Poder
Legislativo. Esta arbitraria medida es la respuesta a una situación social que
se extendió por varios meses de este año.<BR> <BR>En junio llegó a haber
100 mil trabajadores del Estado (federales, estaduales y municipales) en huelga,
con innumerables reclamaciones. Frente a esta oleada de conflictos y alegando su
experiencia gremial, Lula hizo declaraciones como ex sindicalista respecto a las
medidas a tomar por el Ejecutivo. La intención del Presidente era aprobar una
reglamentación sindical que limitara el derecho de huelga a los funcionarios
públicos. “Huelga sin descuento de días parados, son vacaciones” afirmó Lula en
aquel momento, y volvió a repetirlo esta semana apoyando el descuento y
procurando desvalorizar a los actuales dirigentes y huelguistas del
funcionariado. El ministro de Planeamiento, Pablo Bernardo, llegó a anunciar que
en agosto pasado el Ejecutivo iba presentar al Congreso un proyecto de
reglamentación del derecho de huelga, aún con la oposición de las centrales de
trabajadores. Semanas antes Lula se había manifestado favorable a la prohibición
del derecho de huelga en los servicios que el Ejecutivo considerase “esenciales”
(electricidad, salud, telefonía, seguridad, aeropuertos, bancos, etc. y todo
aquello que el gobierno decidiera que se trataba de un servicio esencial).
<BR> <BR>En la segunda semana de junio pasado, el 5to. Congreso del
Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) repudió esta orientación
gubernamental y se comprometió a “defender nuestros derechos contra cualquier
política que intente desconocer los ya conquistados”./1 En esta nueva situación
de conflictos, la CUT se vio obligada a emitir una declaración contraria al
intento de reglamentación del derecho de huelga. Como afirmamos en aquel momento
el escenario no era favorable para que el gobierno aprobara medidas
anti-gremiales menos aún en un Congreso deslegitimado por las innumerables
acusaciones de corrupción. Y el proyecto quedó engavetado.<BR> <BR>Ahora,
ni el Ejecutivo ni el Legislativo van a reclamar sobre esta invasión del Poder
Judicial sobre sus privilegios, porque con este atropello, el Supremo liberó a
Lula y sus ministros del desgaste de presentar y defender en el Congreso una
reglamentación sindical para los trabajadores públicos y permitió zafar a un
parlamento en pronunciado desprestigio con la opinión pública /2, de votar una
ley anti-sindical. </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR>En junio decíamos que “Por el
momento la táctica parece ser la de continuar criminalizando los movimientos
sociales con la complicidad de la Justicia que ha asumido el papel con
entusiasmo: declaración de ilegal para algunas huelgas, descuentos salariales a
los huelguistas en base a decretos anticonstitucionales, multas a los sindicatos
que lanzan paro de actividades, amenaza en la administración pública de
contratar rompehuelgas, etc. etc.” /3</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR>Con esta expansión de las
limitaciones del derecho de huelga, el Poder judicial, da, ahora, un paso
cualitativo. Y si la discusión volviera al Congreso, ya es sobre una relación de
fuerzas desfavorable para los trabajadores.<BR> <BR>Mientras tanto,
Diputados en esta misma semana votó la anulación del descuento compulsivo a los
trabajadores para los sindicatos, que proviene del Estado corporativista de
Getulio Vargas. Muchos sindicalistas son contrarios a este aporte que los
subordina al estado burgués. Pero, a la vez defienden, que la anulación del
descuento tenga como contrapartida una serie de derechos sindicales que
fortalezcan la actividad de los gremios y permitan financiar su
actividad.</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR>Centrales burocratizadas y
promotoras de la desmovilización de los trabajadores por su sometimiento a la
política del gobierno, son cómplices permisivas de este tipo de ataques al
movimiento sindical.<BR> <BR>Algún sindicalista se preguntará ¿qué tiene
que ver esta resolución del STF o la votación de Diputados con la ley USA
Patriot?</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>El objetivo de esa ley imperial y de otras supuestas
leyes “antiterroristas,” es atacar las libertades y derechos fundamentales de la
población del mundo globalizado. El discurso “antiterrorista” es un fraude que
utiliza el miedo para amedrentar a las poblaciones y así poder aplicar políticas
que aumenten la explotación.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Es una estrategia no sólo del ejecutivo estadounidense,
sino de la casi totalidad de los gobiernos del planeta entre los cuales existe
una verdadera solidaridad contra sus pueblos. Los secuestros secretos de la CIA
son un buen ejemplo de ese proceso. Además de las decenas de gobiernos
identificados colaborando en esas operaciones, ¿cuántos otros están
involucrados?. En el ámbito europeo, todos los gobiernos han sido directamente
integrados en esta organización del secuestro y la tortura. Las leyes
“antiterroristas” impuestas por EE.UU. han servido para establecer los
fundamentos sobre los que se construye un nuevo orden del derecho que se aplica
de ahora en adelante –por ejemplo- en todos los Estados europeos y que influye
en toda la jurisprudencia mundial. /4<BR> <BR>Por la relación de fuerzas
existente en América Latina en el 2001 cuando fue promulgada la Patriot Act, no
hubo posibilidades de un efectivo consenso con los gobiernos del continente de
aprobar leyes “antiterroristas” que limitaran los derechos y libertades civiles
de nuestros pueblos en el grado que hubieran querido. Los procesos abiertos en
Venezuela, Bolivia y Ecuador entorpecieron en los últimos años las pretensiones
imperiales en ese sentido. En Sudamérica, Colombia y Chile estaban en
condiciones de aprobar leyes “antiterroristas” con el modelo de USA. En
Chile se encuadró como “terroristas” a los mapuches que luchaban por recuperar
sus tierras del saqueo de las transnacionales. En Colombia se utilizó contra las
FARC –que es uno de los contendientes de una guerra civil, no un grupo
“terrorista”-, pero también contra los delegados y dirigentes sindicales que
defendían los derechos laborales o los indígenas expulsados de sus tierras por
las empresas estadounidenses.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En los demás países la adaptación de la ley Usa Patriot
fue la campaña de contra reformas (jubilatoria, impositiva, sindical, etc.) que
cercenó o revocó muchas conquistas sociales y la “criminalización de las
protestas” para amedrentar a los que defendían sus derechos movilizándose.
Neoliberalismo y lucha “antiterrorista” son dos lenguajes del mismo
discurso.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La lucha “antiterrorista” es en realidad una guerra
contra las libertades civiles para facilitar la aplicación de la globalización
neoliberal. Y las leyes antisindicales y contra las conquistas de los
trabajadores así como la criminalización de las protestas por los gobiernos o
los jueces, son parte de esa estrategia del Imperio. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Es inútil esperar mejoras en las libertades civiles o en
los derechos laborales, de parte de la izquierda social-liberal que gobierna en
varios países de Latinoamérica. Para que los partidos institucionales aprueben
medidas favorables a los ciudadanos, es necesario una relación de fuerzas que
los obligue a hacerlo. La libertad es “conciencia de necesidad” (Hegel) que se
conquista con la acción de masas. La democracia y los beneficios sociales nunca
son concedidos graciosamente. <BR> <BR>Isla de Santa Catarina,
Brasil, 27-10-2007<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U></U></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U>Notas</U></STRONG><BR> <BR>1/ Carta del 5to.
Congreso del MST, punto 2, Brasilia, 16 de junio 2007.<BR>2/ Pesquisa de la
Asociación de Magistrados Brasileños para evaluar la confianza en las
instituciones y órganos públicos, realizada por la Consultoría Opinião 27 09
2007.<BR>3/ Berterretche J. L. "Lula: Desde el gremialismo a la criminalización
de las protestas". Boletin Red Solidaria - Correspondencia de Prensa, junio 2007
(<A href="mailto:germain5@chasque.net">germain5@chasque.net</A>) <BR>4/
Jean-Claude Paye Las leyes antiterroristas. Un acto constitutivo del Imperio
Entrevista de Silvia Cattori Red Voltaire 30 de agosto 2007 <A
href="http://www.voltairenet.org/article151318.html">http://www.voltairenet.org/article151318.html</A>
</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#000080 size=4>Correspondencia de
Prensa - boletín informativo - red solidaria<BR>Ernesto Herrera (editor):
</FONT></EM></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><EM><FONT
color=#000080 size=4>germain5@chasque.net</FONT></EM></STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify><BR> </FONT></DIV></BODY></HTML>