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<DIV align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=4><FONT
color=#800000><FONT size=5><EM><U>correspondencia de prensa - boletín
solidario <BR></U></EM></FONT><FONT color=#ff0000 size=6>Agenda
Radical</FONT><BR>Edición internacional del Colectivo Militante<BR><U>2 de
febrero 2008</U><BR>Redacción y suscripciones:</FONT> </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Colombia</STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial>Asesinato de Luciano Romero
Molina</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT><BR><FONT
face=Arial><STRONG>El dirigente era testigo contra la empresa en un tribunal
internacional</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR><STRONG><FONT size=3>El crimen
que angustia a los directivos de Nestlé<BR><BR>Un juez especializado ordenó
investigar a la multinacional por su presunta injerencia en el asesinato del
líder sindical, ocurrido en 2005 a escasos pasos del batallón La Popa de
Valledupar.</FONT></STRONG><BR></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2> </DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Redacción
Judicial</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>El Espectador, Bogotá,
2-2-2008</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><A href="http://www.elespectador.com/"><FONT face=Arial
size=2><STRONG>http://www.elespectador.com/</STRONG></FONT></A></DIV><FONT
face=Arial size=2></FONT>
<DIV align=justify><BR><BR><FONT face=Arial size=2>A finales de noviembre
pasado, mientras el país observaba atónito y desconcertado las desgarradoras
pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y cuando no se
hablaba de otro asunto más allá de una consigna común por el acuerdo
humanitario, una trascendental decisión judicial pasó de agache: la condena que
impuso un juez especializado a dos desmovilizados de las autodefensas por el
asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina, ocurrido el 10 de septiembre
de 2005.<BR><BR>El fallo no tendría una relevancia mayúscula y sería apenas una
condena más por el sistemático exterminio de sindicalistas en Colombia (asunto
que preocupa en demasía a los congresistas demócratas de Estados Unidos y que,
de cualquier manera, tiene en el limbo el futuro del TLC con ese país), de no
ser porque, en criterio del juez José Nirio Sánchez, quien ordenó el crimen fue
el desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y porque, peor
aún, existen indicios que comprometen a la multinacional Nestlé con el
homicidio.<BR><BR>Por eso, en el fallo de 110 páginas, conocido por El
Espectador, el juez ordenó investigar a los directivos de Nestlé-Cicolac para
que se indague “su presunta injerencia en el asesinato del líder sindical y en
atención a la solicitud que elevó Carlos Alberto Vélez en su condición de
gerente de seguridad para América Latina” de la multinacional. Un panorama
cenagoso e incómodo para la exitosa compañía, en tiempos en los que imperan
verdades siniestras que asoman su cabeza y escandalizan a un país que reclama
justicia mientras exorciza los demonios de la guerra paramilitar que
silenciosamente se incrustó en los intereses del empresariado
colombiano.<BR><BR><STRONG>Génesis del crimen</STRONG><BR><BR>A las 7:30 p.m.
del 10 de septiembre de 2005, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la
Industria de Alimentos (Sintrainal) Luciano Enrique Romero Molina fue abordado
por los paramilitares José Antonio Ustariz Acuña y Jhonatan Contrera Puello y
fue llevado a la finca Las Palmeras, a escasos pasos del Batallón La Popa de
Valledupar. Allí se lo entregaron a Jimmy, comandante del Bloque Mártires de las
Autodefensas, acusándolo de ser guerrillero del Eln. “Lo interrogaron y como no
quiso hablar, Jimmy ordenó que lo mataran a cuchillo”.<BR><BR>Su cadáver sería
encontrado 13 horas después por las autoridades. Torturado. Con un pañuelo en la
boca. Y 50 cuchilladas. Huella irrefutable de la sevicia de sus asesinos. El
expediente, sin embargo, arrojaría luces más preocupantes aún. Romero Molina
tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA debido a su lucha sindical, y el 29 y 30 de octubre de 2005 —mes y medio
después del día en que lo asesinaron— iba a ser testigo estelar de la política
trasnacional de Nestlé en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos
que se realizaría en Berna (Suiza). <BR><BR>Según el expediente, Romero
denunciaría las presuntas violaciones de los derechos laborales de la
multinacional en Colombia ante el tribunal internacional de justicia
alternativa. De hecho, detalla el juez en su sentencia, otros sindicalistas y ex
trabajadores de Nestlé, como Víctor Mieles, Alejandro Martínez Toribío y Harry
Laguna, corrieron la misma suerte de Romero por cuenta de su férrea batalla
sindical: todos perecieron a manos de los paramilitares. La pregunta que plantea
el histórico fallo es si la multinacional se valió de las autodefensas para
perpetrar estos crímenes.<BR><BR>La lucha sindical de Luciano Romero se inició
en 1990. Para noviembre de 2004 su nombre había estado tan expuesto que le tocó
refugiarse en España durante cinco meses, en el Programa Asturiano de Atención a
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Regresó a Valledupar y continuó
enarbolando las banderas del sindicalismo en una región que dominaba a su antojo
el Bloque Norte de los paramilitares. Pero fue ultimado atrozmente. Su muerte
sumó además una estadística feroz: 21 miembros de Sintrainal han sido asesinados
desde 1987. Es decir, uno por año.<BR><BR>“La importancia de este fallo radica
en que clarifica que hubo móviles políticos para asesinarlo. Él era testigo en
un tribunal internacional de hechos irregulares y de violación de derechos
laborales a los trabajadores por parte de Nestlé. Lo mataron para evitar sus
denuncias. Nestlé ha tenido como costumbre la presión ilegal contra los
trabajadores a través de amenazas. Hay que investigar si esas amenazas y estos
asesinatos se dieron por solicitud de Nestlé. Es muy grave”, señaló Agustín
Jiménez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos.<BR><BR>El Espectador consultó a las directivas de la multinacional
para que fijaran su posición. A través de un comunicado fueron categóricos en
rechazar cualquier vínculo con grupos ilegales (ver recuadro “comunicado”). Sin
embargo, la orden del juzgado de investigar a las directivas de la compañía no
deja de ser un episodio perturbador. Mucho más para una empresa que se ha
caracterizado por su responsabilidad social. Nestlé, una de las principales
compañías de alimentos y bebidas del mundo, que emplea a 265.000 personas en 481
fábricas situadas en 87 países, se enfrenta a una encrucijada sin precedentes:
probarle a la justicia que nada tiene que ver con las Auc.<BR><BR>Así las cosas,
la Fiscalía deberá iniciar un nuevo expediente. Esta vez para desentrañar si
hubo o no manos del empresariado en el asesinato del líder sindical Luciano
Romero Molina. Y también para establecer la participación de Jorge 40 en la
decisión de ejecutar al reconocido dirigente. Este semanario consultó con
fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, quienes al parecer no tienen un
criterio uniforme sobre si el desmovilizado jefe paramilitar podría perder los
beneficios de la ley por cuenta de este homicidio. <BR><BR>Para algunos
fiscales, luego de la expedición de La ley de Justicia y Paz, en julio de 2005,
los paramilitares no podían cometer más delitos si querían ser incluidos en la
lista de beneficiarios de la norma. En este caso, Rodrigo Tovar podría quedar
excluido de las bondades procesales de la ley. No obstante, otros fiscales
manejan la teoría de que es a partir del momento de la desmovilización cuando se
ven obligados a abandonar su accionar delictivo. De cualquier manera, sostuvo
uno de los fiscales consultados, será el magistrado de Justicia y Paz el que
tendrá la última palabra.<BR><BR>Una discusión que comienza a ambientarse
precisamente en tiempos en los que el Gobierno lanza la inusitada propuesta de
adelantar juicios colectivos a los jefes paramilitares. Iniciativa que, de
entrada, ya empieza a causarles dolores de estómago a muchos defensores de
derechos humanos (ver recuadro “juicios colectivos...”). Por ahora, lo cierto es
que una de las multinacionales más prósperas del país, Nestlé, tiene
el desafío de comprobarle a la justicia su inocencia.<BR><BR><STRONG>¿Juicios
colectivos o impunidad colectiva?</STRONG><BR><BR>Desde mucho antes de entrar en
vigencia, la Ley de Justicia y Paz ya era duramente criticada por organismos de
derechos humanos nacionales e internacionales y ahora, dos años y medio después
de entrar en funcionamiento, una nueva señal de alerta pone la norma en el ojo
del huracán. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, soltó una polémica
propuesta que fue discutida el viernes pasado en el Consejo Superior de Política
Criminal y que busca, en cortas palabras, agilizar el proceso judicial en contra
de los paramilitares desmovilizados cobijados por los beneficios procesales de
esta ley.<BR><BR>La propuesta reza: “Teniendo en cuenta que esta clase de
organizaciones delictivas operaban en bloque, pero bajo un mando responsable,
considera el Gobierno que se podría llevar a cabo una investigación y
juzgamiento conjunto”. De esta forma, dice el Ejecutivo, los más de 3.000 ex
paramilitares que se han acogido a la ley podrían ser juzgados en un solo
proceso y junto a los demás integrantes que hacían parte de los bloques en los
que militaron. A esto se suma la insistencia de que los testaferros de varios de
los ‘paras’ en prisión puedan ser absueltos de todo cargo si entregan sus
ilícitos bienes al Fondo Nacional de Reparación.<BR><BR>El asunto es tan
peliagudo que distintas ONG ya pusieron el grito en el cielo y aseguraron que
esta iniciativa podría beneficiar a los jefes de las autodefensas, pues
librarían a la mayoría de sus familiares de líos judiciales. De acuerdo con las
penas contempladas en la ley, la mayor condena no superaría los ocho años. Si se
tiene en cuenta que el tiempo de su pena empezó a correr desde la instalación de
la mesa de diálogos en la antigua zona de concentración en Santa Fe de Ralito
(Córdoba), su permanencia en la cárcel podría terminar en no más de dos
años.<BR><BR>Muchas ONG coinciden en que esta nueva jugada no es más que un
obstáculo a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y la demostración
de la incapacidad del Gobierno y los entes judiciales para procesar a los jefes
‘paras’. Varios de estos defensores de derechos humanos se preguntan si esto
será, más que un juicio colectivo, una impunidad colectiva. Sin duda, una nueva
controversia político-jurídica se abre camino, dejando a su paso múltiples
preguntas por responder, pero una en especial: ¿Cuándo se producirán las
primeras condenas?<BR><BR><STRONG>Comunicado</STRONG><BR><BR>El siguiente es el
texto del comunicado de Nestlé:<BR><BR>“Nestlé a través de sus Principios
Corporativos y Principios de Dirección y Liderazgo promueve los valores de la
ética profesional, integridad y honestidad en sus directivos y trabajadores. La
Compañía rechaza categóricamente cualquier vinculación con hechos violentos y
confía plenamente en el profesionalismo, el comportamiento y conducta
responsable de sus directivos.<BR><BR>La Compañía respeta la legislación
nacional y cree en la administración de justicia en el país; por lo tanto, en el
evento de que una investigación formal fuere abierta por la presunta injerencia
y/o determinación de los directivos de Nestlé-Cicolac en el homicidio del líder
sindical Luciano Romero Molina, y con la certeza de sabernos inocentes,
estaremos prestos a colaborar con la Fiscalía General en el momento en que ésta
lo requiera.<BR><BR>Nestlé de Colombia, alineada con sus Principios
Corporativos, apoya y respeta la protección de los derechos humanos
internacionales y promueve las prácticas correctas en materia de derechos
humanos en sus actividades empresariales.<BR><BR>Nestlé, actuando solidariamente
con sus Principios Corporativos, aboga por el cumplimiento de los valores
esenciales en el área de los derechos humanos, razón por la cual al conocer la
mención del nombre de la Compañía y directivos en tan lamentable crimen,
manifestó a la autoridad total apertura e interés en colaborar en el desarrollo
de la investigación, para el esclarecimiento de los hechos que hoy atentan
contra el buen nombre de la compañía.<BR><BR>Categóricamente Nestlé rechaza
cualquier señalamiento de vinculación con actos violentos y ratifica que la
seguridad e integridad física de sus empleados y directivos es una
prioridad”.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><FONT size=3><STRONG><FONT color=#800000><FONT
size=4>Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín
Solidario</FONT><BR>Ernesto Herrera (editor): </FONT></STRONG></FONT><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT color=#0000ff
size=3><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A><BR><FONT
size=3><STRONG><FONT color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante
- Por la Unidad de los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298
- Montevideo - Uruguay</FONT><BR></STRONG></FONT><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><FONT
size=3><STRONG>Agendaradical@egrupos.net</STRONG></FONT></A></DIV>
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