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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT color=#800000><EM><U><FONT
size=5>correspondencia de prensa - boletín solidario</FONT></U></EM>
<BR><U><FONT color=#ff0000 size=6>Agenda Radical</FONT></U><BR>Edición
internacional del Colectivo Militante<BR><U>14 de febrero 2008</U><BR>Redacción
y suscripciones:</FONT> </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>El
Salvador</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>¿Quién defiende a Monseñor
Romero?</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>27 años de impunidad en un asesinato considerado
“un crimen contra la humanidad”. Siete años de desacato del Estado salvadoreño,
evadiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y desde octubre de 2007 un diálogo secreto entre el gobierno de ARENA y el
Arzobispado de San Salvador para llegar a un “acuerdo”. ¿Quién defiende a
Monseñor Romero?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Elaine Freedman *</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Revista Envío Nº 310</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Managua, enero 2008</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.envio.org.ni/index.es"><STRONG>http://www.envio.org.ni/index.es</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify>En marzo de 1983, el obispo brasileño, Pedro Casaldaliga,
escribió en su diario: “No consigo entender de ningún modo, o lo entiendo
demasiado: La fotografía del mártir Monseñor Romero con Juan Pablo II, en unos
carteles más que normales para la visita del Papa, ha sido prohibida por la
comisión mixta Gobierno-Iglesia de El Salvador. La imagen del mártir duele al
Gobierno, perseguidor y asesino, y es natural que le duela. Que duela a cierta
Iglesia también es natural, tristemente natural”.<BR><BR>El 11 de octubre de
2007, Monseñor aparecía de nuevo en los titulares de La Prensa Gráfica:
“Gobierno pide a Iglesia arreglo en el caso Romero”. Tristemente natural:
palabras que igualmente se podrían aplicar a los últimos acontecimientos en el
caso de Monseñor Romero, el pastor mártir que anunció que “resucitaría en su
pueblo”. <BR><BR><STRONG>HABLA LA COMISIÓN DE LA VERDAD</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El Informe de la Comisión de la Verdad, emitido en marzo
de 1993 por los tres miembros de dicha comisión -un ex-Presidente colombiano, un
ex-canciller venezolano y el ex-presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos- incluyó seis conclusiones sobre el asesinato de Monseñor Oscar
Arnulfo Romero: <BR><BR>“1. El ex-Mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta dio la orden
de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno
de seguridad, actuando como “escuadrón de la muerte”, de organizar y supervisar
la ejecución del asesinato.<BR><BR>2. Los capitanes Alvaro Saravia y Eduardo
Ávila tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del
asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.<BR><BR>3. Amado Antonio
Garay, motorista del ex-Capitán Saravia, fue asignado para transportar al
tirador a la Capilla. El señor Garay fue testigo de excepción cuando, desde un
volkswagen rojo de cuatro puertas, el tirador disparó una sola bala calibre 22
de alta velocidad para matar al Arzobispo. <BR><BR>4. Walter Antonio “Musa”
Alvarez, junto con el ex-Capitán Saravia, tuvo que ver con la cancelación de los
“honorarios” del autor material del asesinato.<BR><BR>5. El fallido intento de
asesinato contra el juez Atilio Ramírez Amaya fue una acción deliberada para
desestimular el esclarecimiento de los hechos.<BR><BR>6. La Corte Suprema de
Justicia asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los
Estados Unidos, y el posterior encarcelamiento en El Salvador del ex-Capitán
Saravia. Con ello se aseguraba, entre otras cosas, la impunidad respecto de la
autoría intelectual del asesinato”.<BR><BR><STRONG>CASO ARCHIVADO CON LA
AMNISTÍA</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Cinco días después de que este informe saliera a la luz
publica, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó la denominada Ley de
Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Conocida como Ley de Amnistía
General de 1993, esta legislación libró de responsabilidad penal y civil a los
perpetradores de atroces y aberrantes violaciones a los derechos humanos,
derogando inaceptablemente los derechos constitucionales de miles de víctimas de
estos crímenes.<BR><BR>Conforme a esta Ley, el Juez Luis Antonio Villeda
Figueroa sobreseyó definitivamente a Alvaro Saravia el 31 de marzo de 1993. El
magistrado no se pronunció con respecto a Roberto D’Aubuisson, fundador de
ARENA, aduciendo que nunca tuvo la calidad de imputado y que su fallecimiento en
1992 había extinguido su responsabilidad penal. De esta forma, se cerró el
proceso penal por el homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el caso, como
tantos otros, fue archivado. <BR><BR>Seis meses después, la Directora de la
Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández y
Tiberio Arnoldo Romero y Galdámez, hermano de Monseñor, llevaron el caso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de
Estados Americanos (OEA). <BR><BR>El trámite en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos duró siete años. Fueron siete años marcados por la nula
colaboración del Estado salvadoreño en la entrega de información, incluyendo una
solicitud -de parte del Estado- de que se archivara el caso. Mientras, los
peticionarios, a quienes se sumó el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) -una organización no gubernamental sin fines de lucro con
estatus consultivo ante la OEA y ante la ONU-, se mantuvieron firmes en que no
aceptarían una solución amistosa a menos que el Estado salvadoreño aceptara
plenamente su responsabilidad y se comprometiera a tomar las medidas necesarias
para investigar y sancionar a los responsables del crimen. <BR><BR><STRONG>EL
DICTAMEN DE LA CIDH</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La CIDH dictaminó sobre el caso el 4 de enero de 2000.
Las irregularidades en la investigación fueron numerosas. Incluyeron la llegada
de la Policía Nacional al escenario del crimen cuatro días después de los hechos
y sin proporcionar prueba alguna de una investigación; el testimonio de Amado
Antonio Garay, el chofer del Capitán Saravia, quien testificó haber transportado
al francotirador al lugar del asesinato fue desestimado por la Corte Suprema; la
indebida investigación del Mayor D’Aubuisson, de los Capitanes Saravia y Eduardo
Ávila, de los civiles Eduardo Sagrera y Mario Molina, y de Walter Antonio “Musa”
Álvarez, a pesar de tener elementos importantes que les incriminaban; la
desaparición forzada del testigo presencial, Pedro Martínez, solo 20 días
después de haber cargado a Monseñor Romero herido para llevarlo al hospital; el
atentado contra el Juez Atilio Ramírez Amaya, funcionario judicial a cargo del
caso, solo tres días después del asesinato de Monseñor; y la no investigación
del secuestro y posterior muerte de “Musa” Álvarez, a quien la CIDH adjudicó
participación en el pago del asesino. <BR><BR>Al final del dictamen, la CIDH
concluyó que “la justicia lenta no fue un fenómeno espontáneo. En el presente
caso surgió como producto de acciones estratégicas y concertadas, que impidieron
que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y los
Tribunales actuaran imparcialmente y procuraran un juicio justo, con arreglo a
las garantías del debido proceso”. Dictaminó que el Estado salvadoreño tenía
responsabilidad en la negación de justicia en el caso y emitió tres
recomendaciones:</DIV>
<DIV align=justify><BR>1) La realización de una investigación judicial completa
y efectiva a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores
materiales e intelectuales. 2) La reparación de todas las consecuencias de las
violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización. 3) La
adecuación de la legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar
sin efecto la Ley de Amnistía General decretada en 1993.<BR><BR><STRONG>“SI YO
HABLO EL SALVADOR TIEMBLA”</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Como todos los países miembros de la OEA, El Salvador
está obligado a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Según los convenios establecidos, los países tienen un período
de aproximadamente tres meses para iniciar el cumplimiento Sin embargo, a julio
de 2007, todavía no había ninguna indicación de que el Estado salvadoreño
estuviera dando pasos en esa dirección. <BR><BR>A casi cuatro mil kilómetros al
norte, en Fresno, California, el ex-capitán de la Fuerza Aérea salvadoreña y
mano derecha del Mayor Roberto D’Aubuisson, Alvaro Saravia, era condenado, en
septiembre de 2004, por un juez civil por su participación en la planificación
del crimen. Fue Juzgado bajo la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros
y la Ley para la Protección de Victimas de Tortura. En un hecho sin precedentes,
el juez Oliver Wagner calificó el asesinato de Monseñor Romero como “un crimen
contra la humanidad”. Saravia, quien residió en Estados Unidos desde 1987, no se
presentó al juicio ni envió ninguna representación legal. <BR><BR>Dos años
después, Saravia ofreció una entrevista al periódico “El Nuevo Herald”, “desde
algún país en América Latina”, semanas después de haber aparecido en una
librería de Honduras. En sus declaraciones, Saravia pidió perdón y mostró
disposición para revelar los nombres de los otros involucrados, incluyendo el
del tirador. “Hablaría todo si me garantizan mi vida, un trabajo, un país donde
pueda vivir… Si yo hablo, El Salvador tiembla”.<BR><BR>Desde San Salvador, el
arzobispo de San Salvador, Sáenz Lacalle dijo a “El Nuevo Herald” que recibía
con “alegría cristiana y sorpresa el mensaje”. Así se expresó el prelado: “Dios
siempre perdona cuando hay verdadero arrepentimiento y deseo de reparar. Qué
bueno que alguien que tiene sobre su conciencia una carga tan grande pueda
descargarla y encontrar la paz y la amistad de Dios”. Estos hechos no tuvieron
ningún seguimiento de parte del Estado y, más allá de brindar el perdón, tampoco
de la Iglesia. Sin embargo, las declaraciones de Saravia fueron otro
recordatorio de lo mucho que queda aún por investigar.<BR><BR><STRONG>MAS LEÑA
AL FUEGO: D’AUBUISSON “HIJO MERITÍSIMO”</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>A inicios de 2007, ARENA, el Partido de Conciliación
Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) pactaron los votos
necesarios para aprobar dos reconocimientos nacionales de “Hijo Meritísimo”: uno
para el ex-Presidente de la República e icono de la Democracia Cristiana
Salvadoreña, Napoleón Duarte, y otro para el fundador de ARENA, Roberto
D’Aubuisson.<BR><BR>Hubiera sido el segundo reconocimiento público en años
recientes para D’Aubuisson. El 22 de junio de 2006, una plaza y un monumento en
su honor fueron levantados por el municipio de Antiguo Cuscatlán con fondos
públicos. Las obras fueron inauguradas por el Presidente de la República y del
Comité Ejecutivo de ARENA, Elías Antonio Saca. La alcaldesa de esta comuna es
activa militante de ese partido político.<BR><BR>Tanto la propuesta de
condecoración, como el monumento, eran una flagrante provocación para quienes
aún esperan el cumplimiento de la segunda recomendación de la CIDH: reparación
material y moral de las victimas. El día de la votación, miembros de las
Comunidades Eclesiales de Base, organizaciones de derechos humanos y
simpatizantes de Monseñor Romero llegaron al Legislativo para apoyar la pieza de
correspondencia presentada por Maria Julia Hernández, a nombre de Tutela Legal
del Arzobispado, exigiendo la no aprobación de dicha iniciativa.<BR><BR>Al mismo
tiempo, el CEJIL y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos
(FIDH) enviaron cartas a las fracciones de la Asamblea Legislativa pidiendo que
no aprobaran la distinción. Se rumoró que algunos congresistas de Estados Unidos
también se comunicaron con legisladores salvadoreños para detener la
iniciativa.<BR><BR>Bajo estas presiones, el PCN retiró su apoyo. Se supo que al
interior del PDC se dieron fuertes disputas, dado que su máximo líder, el
ex-Presidente José Napoleón Duarte, había sido torturado y exiliado con
participación de D’Aubuisson en la década de los 70. Finalmente, el PDC pidió
cambio de la agenda legislativa para eludir la votación. El jefe de la bancada
de ARENA, Guillermo Gallegos, lo justificó así: “Lo hicimos para evitar
destrozos… La pieza regresa a la comisión pero en un futuro podemos aprobar el
reconocimiento”. <BR><BR>Aunque el proyecto fue frustrado por la presión
nacional e internacional, la propuesta echó más leña al fuego y puso nuevamente
de relieve la falta de voluntad del gobierno de asumir su responsabilidad en el
caso de Monseñor Romero.<BR><BR><STRONG>¿CÓMO REPARAR EL CRIMEN?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>David Morales, asesor legal de Tutela Legal durante los
períodos 1990-1995 y 2005-2007 y abogado de las víctimas, explicó que la
solicitud de una audiencia ante la CIDH para el seguimiento de las
recomendaciones había sido interpuesta por Tutela Legal y CEJIL en julio de
2007, después de que “el Estado de El Salvador negara su responsabilidad en el
magnicidio de Monseñor Romero y rechazara cumplir con las recomendaciones de la
Comisión, así como para dialogar sobre una propuesta de reparaciones presentada
por las instituciones peticionarias” en una reunión de trabajo
conjunto.<BR><BR>Esa propuesta incluía, entre otras reparaciones, la realización
de un acto público en el que el Estado reconocería su responsabilidad y pediría
disculpas, la creación de una plaza en memoria de Monseñor Romero, la
prohibición de homenajes a los responsables de su muerte y la inclusión de las
recomendaciones-conclusiones de la CIDH en los planes de estudio de historia en
el sistema escolar salvadoreño.<BR><BR><STRONG>OCTUBRE 2007: AUDIENCIA EN
WASHINGTON</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>A principios de octubre de 2007 se llevó a cabo en
Washington la audiencia de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
dictadas por la CIDH en el año 2000. En representación del Arzobispado, David
Morales comunicó a la CIDH una misiva de la jerarquía eclesial salvadoreña: se
había iniciado un diálogo entre el gobierno y la Iglesia donde se había
expresado “la voluntad de seguirse escuchando” y la de tomarse el tiempo
necesario para ello. Al mismo tiempo, informó de los incumplimientos del Estado
respecto a las recomendaciones y expresó que el caso de Monseñor Romero se había
convertido en “símbolo de la impunidad a nivel internacional”.<BR><BR>El abogado
principal de la Cancillería de El Salvador es Carlos Méndez Flores, defensor de
los autores materiales <BR>de la masacre de los Jesuitas en 1989, y de los
imputados en sonados casos de corrupción y estafa, como los de FEDEFUT y
FINSEPRO-INSEPRO. En Washington, Méndez Flores volvió a negar la responsabilidad
del Estado en el caso de Monseñor Romero y reafirmó que “ya hubo una
investigación judicial”, expresando, contradictoriamente, que el Estado “en
ningún momento ha expresado su no reconocimiento de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos ni de las acciones de la Comisión.” Pidió un “compás
de espera” para que “primero Dios” se llegue a acuerdos con la máxima autoridad
de la Iglesia católica salvadoreña, Fernando Sáenz Lacalle sobre “la situación”.
<BR><BR>Aunque el relator de la Comisión valoró como “importante” y “válido” el
diálogo, aprovechó para recordar que las recomendaciones emitidas en el año 2000
son “obligatorias” y “vinculantes”. Reafirmó que, hasta la fecha, las
recomendaciones en su conjunto habían sido incumplidas y aclaró que el diálogo
no puede ser sustituto de su cumplimiento. Afirmó que el interés principal de la
Comisión es el cumplimiento de las recomendaciones. Quedó pendiente la decisión
de la CIDH de incluir o no el caso de incumplimiento en su informe de 2007 ante
la Asamblea General de la OEA. <BR><BR>En cualquier solución, el caso presentado
a la CIDH cuenta con una limitación de fondo. Hasta 1995, El Salvador rehuía las
presiones de adherirse a la Corte Interamericana. Cuando ya no pudo seguir
evitándolo, el país se suscribió, manifestando que no se contemplarían casos de
violaciones de derechos humanos ocurridos antes de esa fecha. Por lo tanto,
casos como el de Monseñor Romero y otros, sucedidos en el contexto de la guerra
de El Salvador, no podrían ser presentados a esa
instancia.<BR><BR><STRONG>DESPEDIDO POR LA IGLESIA POR “DESLEALTAD
LABORAL”</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Al día siguiente a la audiencia en Washington, Monseñor
Sáenz Lacalle publicó un comunicado desestimando la participación en la
audiencia de su representante, David Morales. “Lamentamos que la posición del
Arzobispado de San Salvador no haya sido debidamente transmitida en la reunión
efectuada el día 10 de octubre en la ciudad de Washington D.C. El diálogo
continuará en la búsqueda de una paz verdadera. La memoria de Monseñor Romero
nos exige respeto, paciencia, responsabilidad y un firme compromiso de trabajar
por la paz de nuestro querido El Salvador”.<BR><BR>Trece días después de la
audiencia, David Morales fue notificado por el arzobispo: estaba despedido por
“deslealtad laboral”. “Son asuntos internos de la Arquidiócesis que tienen que
ver con la fidelidad de los empleados. Ha habido un comportamiento no tan
consecuente”, explicó Sáenz Lacalle en una conferencia de prensa.
<BR><BR><STRONG>¿LEALTAD A QUIÉNES? ¿SILENCIO SOBRE QUÉ?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>David Morales recuerda que cumplió con el encargo de sus
jefes de informar sobre el diálogo y reflexiona: “Yo supongo que la lealtad que
el arzobispo esperaba de mí era mi silencio”. ¿Silencio sobre qué? Silencio
sobre el incumplimiento del gobierno y sobre sus temores de que el gobierno
salvadoreño ande en búsqueda de un acuerdo con la Iglesia al margen de las
recomendaciones de la CIDH. <BR><BR>En el comunicado redactado por Morales al
conocer su despido, hace un largo recuento de los hechos que se dieron alrededor
del “diálogo” entre la Iglesia y el gobierno. “Decidí mencionarlos a causa de mi
convicción acerca de que su desempeño en las circunstancias aquí aludidas no
representa el sentir unánime de la Iglesia Católica de El Salvador ni del pueblo
de Dios. Ni siquiera de toda la jerarquía eclesial de la
Arquidiócesis”.<BR><BR>Pocos días antes de la audiencia, el Canciller de la
República y actual pre-candidato presidencial por ARENA, Francisco Laínez, había
solicitado al arzobispo de San Salvador iniciar un diálogo sobre el caso de
Monseñor Romero. En menos de una semana, el gobierno y la Iglesia realizaron dos
reuniones, en las que el gobierno sostuvo que no asumiría responsabilidad en el
caso y que no estaba dispuesto a dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. Lo
único que podía negociar era la recomendación sobre la reparación material y la
reparación moral en el orden simbólico. “El mismo Monseñor (Sáenz) dijo que
debemos pensar en el bien común… Si no se mantiene la vigencia de la Ley General
de Amnistía estaríamos en contra del bien común de nuestro país”, confirmó
Abigail Castro de Pérez, embajadora salvadoreña ante la OEA. <BR><BR><STRONG>UN
DIÁLOGO “NO EN SECRETO” SINO “EN SILENCIO”</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Según David Morales, “en ambas reuniones de diálogo el
Estado propuso que ambas partes omitiesen proporcionar información a la Comisión
Interamericana sobre la situación del incumplimiento de las recomendaciones”.
<BR><BR>Monseñor Richard Antall, Vicario de Promoción Humana y designado como
representante de Saénz Lacalle en las reuniones con el gobierno, continuó en
ellas, a pesar de las observaciones técnico-jurídicas de Tutela Legal -hechas en
conversaciones privadas con el Vicario en distintas intervenciones durante las
dos reuniones de diálogo-, que aludían a la impertinencia de la posición del
Estado respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. <BR><BR>Más
sorprendente aún fue la revelación del siguiente detalle en la audiencia de
seguimiento de la CIDH: las reuniones de diálogo entre la Iglesia y el gobierno
deberían ser mantenidas “en privado para que no se entramparan”. Sáenz Lacalle
justificó que existían puntos en común que sustentaban el diálogo, como el
reconocimiento del Estado de que el asesinato de Monseñor Romero fue un acto
“repudiable”. Aclaró que “no hay nada secreto en el diálogo, sencillamente es
una reunión donde no hay acuerdos. Es mejor que permanezca no en secreto, sino
en silencio, hasta llegar a los resultados”. El arzobispo afirmó que el diálogo
busca un “acuerdo para reunificar la sociedad salvadoreña”. <BR><BR>Fue singular
la introducción de una nueva figura en estas conversaciones: Juan Daniel Alemán,
un abogado de FUSADES, la institución rectora de la política neoliberal en El
Salvador, con amplia experiencia jurídica en el campo mercantil y civil, pero
sin experiencia reconocida en el área de los derechos humanos ni tampoco en el
Arzobispado. Fue presentado como delegado personal de Sáenz Lacalle para el
caso. <BR><BR>Con razón, muchos laicos cuestionaron quién es el verdadero sujeto
de la lealtad del arzobispo: ¿Monseñor Romero, su familia, la Iglesia Católica y
el pueblo salvadoreño o el gobierno salvadoreño?<BR><BR><STRONG>ARZOBISPO SÁENZ
LACALLE: “NO ENTURBIAR EL AMBIENTE”</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>Con las organizaciones del movimiento popular, Sáenz
Lacalle fue más directo. Les recordó que la politización de la figura de
Monseñor Romero haría mucho daño al proceso de canonización que se lleva
adelante en el Vaticano. No es la primera vez que se oye esta admonición desde
la Catedral bajo el mando de Sáenz Lacalle. A principios del año, al conocer las
protestas populares, apoyadas por los diputados del FMLN ante la iniciativa de
designar a D’Aubuisson “hijo meritísimo”, el arzobispo advirtió lo mismo. En ese
momento fue aún menos sutil. Refiriéndose al homenaje a D’Aubuisson, expresó,
que “cada uno puede tener la simpatía o el aprecio que quiera por los personajes
que quiera y de todas maneras eso no debe ser motivo de inquietud social”.
Seguidamente, el prelado se refirió a la ley de amnistía aprobada en 1993,
gracias a la cual “todos los partidos pudieron presentarse a elecciones y
salieron gananciosos los que más votos tenían y en la actualidad la Asamblea
está compuesta por un polipartidismo muy sano”. Precisó que “si se han perdonado
en la amnistía delitos de unos y de otros, no vale la pena estar otra vez
sacándolos a flote porque no hacen más que enturbiar el
ambiente”.<BR><BR><STRONG>“¡QUEREMOS UN OBISPO AL LADO DE LOS
POBRES!”</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Al conocer los hechos alrededor de la audiencia de
seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, varias organizaciones sociales, de
la iglesia comprometida con los pobres y de Derechos Humanos se dieron cita en
el Hospitalito la Divina Providencia, donde hace veintisiete años ocurrió el
nefasto crimen que le quitó la vida a Monseñor Romero. <BR><BR>Después de
conocer el testimonio de David Morales y aplaudir su firme defensa de la verdad
en el caso, se invitó al público a hacer propuestas de acción para llevar a
cabo. El listado de veintiocho propuestas dio fe de la diversidad de personas
que se sienten víctimas del gobierno y de la Iglesia en el caso de Monseñor y
del nivel de rechazo popular que suscita la situación. Las propuestas son tan
diversas como “lograr que se informe a la Asamblea General de la OEA del
desacato del Estado salvadoreño”, “exigir la renuncia de Sáenz Lacalle como
arzobispo de San Salvador” y “eliminar el monumento a D´Aubuisson”.
<BR><BR>Entre gritos de “¡Queremos un obispo al lado de los pobres!” se conformó
la Comisión de Seguimiento al Caso de Monseñor Romero para diseñar y conducir
una estrategia de acción popular basada en el sentir de la
población.<BR><BR><STRONG>CAMPAÑA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>La Comisión, conformada por algunas instituciones de
derechos humanos, las Comunidades Eclesiales de Base, una organización
estudiantil y personas interesadas, ha realizado diversas actividades:
conferencias de prensa, un pronunciamiento firmado por 83 organizaciones
dirigido a la Conferencia Episcopal de El Salvador y el seguimiento del proceso.
<BR><BR>En diciembre se lanzó la Campaña por la Verdad y la Justicia Caso
Monseñor Romero, que terminará a mediados de 2008 e incluye varias acciones:
reuniones con el arzobispo y el Canciller de la República, movilización popular
y gestión con la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán para eliminar el monumento a
D’Aubuisson, cartas ciudadanas de presión, foros y actos culturales.
<BR><BR><STRONG>¿DÓNDE ESTÁ LA VOZ PROFÉTICA DE LA IGLESIA
SALVADOREÑA?</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El año 2007 fue un año duro para la Iglesia Popular
Salvadoreña. En marzo, el sacerdote jesuita Jon Sobrino fue sancionado por el
Vaticano y se le prohibió la enseñanza en cualquier centro católico. En esa
ocasión, el arzobispo Sáenz Lacalle se posicionó claramente: “Yo le pido al
Señor por el padre Jon Sobrino para que sea dócil a las enseñanzas de la
Iglesia.”<BR><BR>La Compañía de Jesús ha sido una de las principales aliadas de
las víctimas en su lucha para derogar la Ley de Amnistía, una ley cuya anulación
ha sido recomendada por la CIDH en todos los casos de violaciones de derechos
humanos relacionados con la guerra, y que constituye un estorbo para un
verdadero proceso de reconciliación nacional.<BR><BR>Sin embargo, desde
noviembre de 2007, distintas voces en la Compañía de Jesús y sus instituciones
han comenzado a desvincular el tema de “la verdad y el perdón” del tema de los
“juicios penales”. La más explícita apareció en un editorial del Semanario
“Proceso” (número 1268), calificando “la búsqueda de justicia absoluta” como “no
menos extrema” que “la impunidad extrema”. El autor llamó a los defensores de
derechos humanos a bajarse de su “maximalismo ético y jurídico” para explorar
“una senda intermedia”. Resultó confuso para las víctimas escuchar que su lucha
es extremista. Ver descalificada la justicia “absoluta” les lleva a especular
qué se debe entender por “justicia no absoluta” o “relativa”. Muchas víctimas
sienten que están en riesgo de perder un aliado importante.<BR><BR>Buena parte
del clero salvadoreño no está de acuerdo con la senda que ha escogido la
jerarquía en el caso de Monseñor Romero. Al hacerse público el diálogo entre la
Iglesia y el Gobierno, un grupo de aproximadamente 25 sacerdotes envió un
escrito a Sáenz Lacalle expresando su descontento. “Monseñor no es pieza de
mercancía y no se puede negociar”, dijeron. Ellos suponen que su correspondencia
fue entregada a Monseñor Sáenz y a Monseñor Antall. Sin embargo, no han tenido
respuesta y al igual que el resto de la población, desconocen si las
negociaciones han avanzado o no en silencio.<BR><BR><STRONG>MONSEÑOR LO DIJO:
“EL PUEBLO ES MI PROFETA”</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>En el foro que se realizó en el Hospitalito Divina
Providencia se comenzó a manejar una tesis nueva acerca del caso de Monseñor.
Allí se planteó que no solamente la Iglesia y la familia Romero Galdámez fueron
ofendidas con el asesinato de Monseñor Romero. También el pueblo salvadoreño. En
consecuencia, pedían un reconocimiento del pueblo salvadoreño como parte
ofendida y sugirieron que el pueblo y sus organizaciones deberían tener voz en
el proceso jurídico sobre Monseñor Romero. <BR><BR>Este escenario generaría una
situación inédita, pero quienes lo proponen consideran que no existe ningún
impedimento en la Convención Americana. Existe el precedente del juez Oliver
Wagner en los Estados Unidos, quién calificó el asesinato de Monseñor como “un
crimen contra la humanidad”.<BR><BR>Es posible que sea el mismo pueblo quien
asuma la voz profética y la figura de demandante en el magnicidio de su pastor.
Seguramente, ese escenario le hubiera encantado al mismo Monseñor. Por algo dijo
él que “el pueblo es mi profeta”.<BR><BR><BR>* Educadora popular. Corresponsal
de Envío en El Salvador.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#800000 size=3><FONT
size=4>Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín
Solidario</FONT><BR>Ernesto Herrera (editor): </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><STRONG><FONT size=3><FONT
color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante - Por la Unidad de
los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT><BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><STRONG><FONT
size=3>Agendaradical@egrupos.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV></FONT></BODY></HTML>