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size=5>correspondencia de prensa - boletín solidario</FONT></U></EM>
<BR><FONT color=#ff0000 size=6>Agenda Radical</FONT><BR>Edición internacional
del Colectivo Militante<BR><U>15 de febrero 2008</U><BR>Redacción y
suscripciones:</FONT> </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Guatemala</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Luz verde para
ejecuciones<BR></STRONG></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Inés
Benítez</FONT> <BR><BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>IPS, Guatemala,
13-2-2008</STRONG></FONT></DIV>
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href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>El presidente socialdemócrata de
Guatemala, Álvaro Colom, afirmó este miércoles que no indultará a los condenados
a muerte, facultad que el parlamento le restituyó en la víspera y con lo cual se
reestablece en los hechos la aplicación de la pena capital, en suspenso desde
2000.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>Colom afirmó que respetará la decisión tomada en su
momento por los tribunales. "La justicia existe y se aplicará la ley", declaró a
la prensa. <BR><BR>El Congreso legislativo aprobó el martes una ley que le
permite al presidente del país indultar a los sentenciados a la pena máxima, una
decisión que fue fuertemente criticada por las organizaciones defensoras de los
derechos humanos pues entienden que, en rigor, se trata de una vía para acelerar
las ejecuciones. <BR><BR>El nuevo texto legal facultó al presidente a otorgar el
"recurso de gracia" a por lo menos 21 personas condenadas a la pena capital,
pero, al cubrir un vacío legal que impedía en los hechos las ejecuciones desde
2000, en verdad otorgó luz verde para que la pena de muerte se aplique.
<BR><BR>"La ley tiene muchas deficiencias técnicas que no garantizan recursos de
gracia efectivos para los condenados y contraviene principios del derecho
internacional", declaró a IPS David Dávila, del Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales de Guatemala. <BR><BR>Dávila anunció que un grupo de
organizaciones pedirá a Colom que vete la ley, que fue aprobada por los
diputados con más de los dos tercios de los votos luego de que la semana pasada
las maras, como son llamadas las pandillas juveniles en Guatemala y en países
vecinos, asesinaran en cuatro días al menos a siete chóferes de autobús a
quienes les exigían sobornos. <BR><BR>Sin embargo, los analistas consideraron
poco probable que Colom vete la norma. Durante la campaña electoral, aunque
sostuvo que no era "una solución", aclaró que la pena de muerte estaba
contemplada por la ley y que debía respetársela. Por otra parte, encuestas
señalan que la mayoría de los consultados se declaran a favor de su aplicación.
<BR><BR>Asimismo, el veto presidencial no hubiera tenido muchas posibilidades de
perdurar. La legislatura puede ratificar el texto original con el voto positivo
de 105 de sus 158 integrantes, y la ley fue aprobada con el concurso de 140
diputados, incluidos los oficialistas. <BR><BR>"Pretenden acelerar las
ejecuciones", afirmó Dávila, quien consideró que aplicar la pena máxima traerá
muchas consecuencias negativas a nivel internacional para Guatemala, que el 18
de diciembre votó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) a favor de la moratoria de las ejecuciones. <BR><BR>En el gobierno
anterior, de Alfonso Portillo (2000-2004), el parlamento derogó el decreto ley
1.549 de 1892, conocido como Ley de Indultos, que permitía al presidente decidir
si se aplicaba o no la pena de muerte. <BR><BR>Desde entonces, Guatemala carecía
de procedimientos que garantizaran el derecho de un condenado a pedir indulto o
conmutación de la pena, por lo cual las ejecuciones estaban suspendidas de
hecho, aunque ese castigo continuó contemplado en el código penal.
<BR><BR>Dávila alertó que la norma otorga un plazo de apenas 30 días para que el
presidente decida sobre los casos. Este punto también fue criticado en mayo del
año pasado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en una
carta enviada a los diputados. <BR><BR>La FIDH también cuestionó la figura de la
denegación tácita contemplada por la ley, que da vía libre a la ejecución en
caso de que el presidente no se pronuncie. <BR><BR>La Convención Americana de
Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por Guatemala en
1978, establece que la pena de muerte no puede aplicarse mientras exista un
recurso de apelación pendiente. <BR><BR>Aunque la ley no estaba incluida en la
agenda legislativa, el martes fue tratada a pedido del opositor y derechista
Partido Patriota (PP). <BR><BR>Sólo los partidos izquierdistas Encuentro por
Guatemala y Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca votaron en contra.
<BR><BR>El líder del PP, Otto Pérez Molina, dijo que la pena de muerte, junto a
la aplicación del estado de excepción en las llamadas "zonas rojas", las más
violentas, y la participación de los militares en las tareas de seguridad pueden
ayudar al gobierno a hacer frente a la inseguridad. <BR><BR>"Estamos en contra
de la aplicación de la pena de muerte", dijo a IPS la directora de la no
gubernamental Seguridad en Democracia, Iduvina Hernández, quien calificó la
aprobación de la ley como "un show político que no resuelve el problema de fondo
de la violencia". <BR><BR>En Guatemala, donde 51 por ciento de sus casi 13
millones de habitantes viven debajo de la línea de pobreza, menos de 10 por
ciento de los homicidios son esclarecidos por una investigación judicial o llega
a producirse una condena. <BR><BR>La violencia y la persistencia de grupos
paramilitares son rémoras de la guerra civil, que entre 1960 y 1996 se cobró
200.000 vidas, en su mayoría de indígenas. <BR><BR>Un informe del humanitario
Grupo de Apoyo Mutuo señaló que en 2007 se registraron 3.319 asesinatos, de los
que 392 tuvieron como víctimas a mujeres. La mayoría fueron asesinadas a
balazos. <BR><BR>En 1996 fueron fusilados dos condenados a muerte por la
justicia y uno de ellos fue rematado con un tiro de gracia. Las ejecuciones
fueron transmitidas por televisión. Ante las críticas internacionales, el Estado
cambió de método. <BR><BR>Las últimas, una en 1998 y dos en 2000, se practicaron
con inyección letal, a pesar de los pedidos de clemencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. <BR><BR>Sesenta por ciento de los condenados
a morir en Guatemala han sido hallados culpables de secuestro, con y sin muerte
de la víctima, y 40 por ciento de homicidio. <BR><BR>"¿Cómo es posible que cada
día se vean en las escenas del crimen a niños comiendo helados a la par de los
muertos? Ojalá que los condenados a muerte pasen a mejor vida", dijo el martes
el diputado del Partido Unionista Pablo Duarte durante el debate de la ley.
<BR><BR>"Guatemala debe avanzar y no retroceder", subrayó Hernández, quien
añadió que si el presidente no vetaba la ley, un grupo de organizaciones
presentarían un recurso de inconstitucionalidad.</DIV>
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<HR>
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<DIV align=center><STRONG><FONT color=#800000 size=3><FONT
size=4>Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín
Solidario</FONT><BR>Ernesto Herrera (editor): </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><STRONG><FONT size=3><FONT
color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante - Por la Unidad de
los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT><BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><STRONG><FONT
size=3>Agendaradical@egrupos.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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