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<DIV align=center><STRONG><FONT color=#800000 size=4><FONT
size=5><EM><U>correspondencia de prensa - boletín
solidario</U></EM></FONT> <BR><FONT color=#ff0000 size=6>Agenda
Radical</FONT><BR>Edición internacional del Colectivo Militante<BR><U>14 de mayo
2008</U><BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Extradiciones son un golpe a la
verdad<BR></STRONG></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Constanza Vieira *
<BR></STRONG></FONT></DIV>
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<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>IPS, Bogotá,
13-5-08</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><BR><BR>En una operación iniciada en
silencio y a la medianoche en tres cárceles de Colombia, y concluida con la
primera luz del alba de este martes, fueron extraditados a Estados Unidos 14 ex
jefes paramilitares, presuntos o confesos criminales de guerra, que la justicia
estadounidense pide por narcotráfico.</FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR>Todos tenían suspendida la orden de extradición mientras
acataran la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 para regir la
desmovilización de bandas paramilitares de ultraderecha responsables, según la
Organización de las Naciones Unidas, de 80 por ciento de crímenes cometidos en
la guerra civil colombiana. <BR><BR>El presidente Álvaro Uribe justificó la
medida porque los ex jefes paramilitares siguieron delinquiendo tras su
desmovilización, otros no estaban confesando sus delitos y "todos incumplían con
la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".
<BR><BR>"La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse
sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones", señaló el presidente. <BR><BR>Agregó
que "el gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza
que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se
dedique a reparar a las víctimas colombianas". <BR><BR>"Nada se opone a que la
reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos", enfatizó para
tranquilizar a casi cuatro millones de personas, la mayoría desplazadas por
acción de estos grupos. <BR><BR>Sorprendido por su extradición, Rodrigo Tovar,
alias "Jorge 40", azote del pueblo indígena kankuamo en la norteña Sierra Nevada
de Santa Marta, gritó que los habían traicionado y lanzó un improperio, lo cual
mostraría que no hubo negociación para extraditarlos. <BR><BR>Según su abogado,
Hernando Bocanegra, los paramilitares estaban dando la verdad "gota a gota"
porque así fue diseñada la Ley de Justicia y Paz. <BR><BR>Cada uno de los 200 ó
250 sobrevivientes o familiares de las víctimas presentes en las sesiones de
confesión tenían derecho a preguntar a su defendido por su ser querido inmolado.
Si tenía conocimiento directo del caso, el procesado podía contestar; si no,
inquiría a sus subalternos, y "esa era la demora", relató. <BR><BR>"Ellos
estaban hablando", por eso "eran tan lentas estas versiones libres", como se ha
llamado a la etapa de confesión, señaló Bocanegra. "Había un cronograma que se
estaba cumpliendo. Estaban en el punto de asesinatos, masacres y genocidios".
<BR><BR>Algunos comenzaban a relatar sobre su acción conjunta con unidades
militares, otro punto en el cronograma. Otros ya habían anunciado que
implicarían a empresarios. <BR><BR>Entre los extraditados están el ex comandante
de los paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Murillo, alias "Don Berna",
heredero del extinto narcotraficante Pablo Escobar, y el jefe del lado norte de
la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo. <BR><BR>El portavoz del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, advirtió a la prensa
que la medida afecta "gravemente" los derechos de los sobrevivientes y busca
impedir que los paramilitares continúen dando los nombres de sus cómplices e
instigadores, políticos, militares y empresarios. <BR><BR>Eduardo Carreño,
vicepresidente del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
dijo a IPS que "la medida confirma lo que hemos dicho desde el principio: que un
Congreso legislativo con fuerte presencia paramilitar legisló en causa propia, y
que las víctimas son las grandes olvidadas en este proceso". <BR><BR>Al menos 63
parlamentarios, casi todos oficialistas, están bajo investigación por sus
vínculos con los paramilitares, en un proceso judicial conocido como la
"parapolítica". <BR><BR>Entre ellos está preso el primo del presidente y su
principal aliado político, el ex senador Mario Uribe. <BR><BR>Carreño señaló que
"con las víctimas nunca se dialogó, nunca se les ofreció garantías ni se
respetará la no repetición" de crímenes de guerra, como las masacres, la
desaparición, las torturas horrendas, los asesinatos de líderes populares y
personas del común, y el desplazamiento forzado para apropiarse de las tierras
del campesinado. <BR><BR>Según los paramilitares y quienes los justifican, estos
actos fueron cometidos contra "subversivos", es decir colaboradores de la
guerrilla izquierdista surgida en los años 60. <BR><BR>"Pensar que desde Estados
Unidos se logre la reparación de las víctimas es una falacia total. Pensar que
ahora las víctimas tendrán que tramitar pasaportes y solicitar visas (a Estados
Unidos) es un imposible", en caso de que sobrevivientes y familias afectadas
quisieran buscar justicia en ese país, dijo Carreño. <BR><BR>"Es una burla
total", dijo a IPS Gustavo Gallón, director de la humanitaria Comisión Colombia
de Juristas. "La cuestión era clara. Si realmente estaban delinquiendo tras la
desmovilización, como lo estaban haciendo, pasaban a justicia ordinaria, como
está previsto en Justicia y Paz", donde en lugar de penas máximas de ocho años
tendrían que pagar 40. <BR><BR>El gobierno colombiano dice que los procesos de
la Ley de Justicia y Paz continuarán en Estados Unidos, a donde enviará a
fiscales y abogados para tomar declaraciones de los ex jefes paramilitares.
<BR><BR>Santiago Rodríguez, quien fue defensor del narcotraficante colombiano
Hernando Gómez Bustamante, alias "Rasguño", extraditado a Estados Unidos en
julio de 2007 tras ser deportado a Colombia desde Cuba, recordó que no se puede
juzgar por los mismos hechos a una persona en dos lugares distintos. <BR><BR>Y
además, todo lo que digan los extraditados, a partir de este momento puede ser
usado en su contra. <BR><BR>"Yo no permitiría a un cliente mío hablar" sobre
crímenes cometidos en Colombia adicionales al narcotráfico, dijo el jurista
Rodríguez desde Estados Unidos en entrevista telefónica con la bogotana W Radio.
<BR><BR>Sólo lo aceptaría si mediara un acuerdo escrito y aprobado por el
Departamento de Justicia estadounidense, sobre protección ante cualquier proceso
que pudiera ser usado contra un defendido suyo. <BR><BR>Según el estadounidense
Código de Evidencia en la sección 404 P, detalló el abogado Rodríguez, si un
acusado, mientras es juzgado, admite en otro proceso delitos que no hacen parte
de la acusación en Estados Unidos (como las confesiones en las que se basa la
Ley de Justicia y Paz), esas admisiones pueden tornarse evidencia contra el
procesado. <BR><BR>En síntesis, los ex jefes paramilitares extraditados no
tendrían por qué colaborar con la justicia colombiana, porque esto les puede
complicar su situación legal en Estados Unidos. "Tendría que haber protecciones
por escrito", reiteró el jurista. <BR><BR>Para el senador colombiano
izquierdista Gustavo Petro, con estas extradiciones, el presidente Uribe "dio
varios golpes en uno solo". "El primer golpe es contra la verdad", dijo a IPS.
<BR><BR>"Si Uribe dice que hay un pacto con Estados Unidos" para que los
procesos por crímenes de guerra continúen en ese país, que no reconoce la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional, "es un pacto secreto porque nadie
lo conoce. El interés de Estados Unidos es controlar el narcotráfico, nada más",
expresó. <BR><BR>"El segundo golpe es contra las víctimas y la posibilidad de
una reparación, que se aleja al no conocerse la verdad", y "el tercero es contra
la justicia colombiana", señaló el senador, porque con esta decisión, el
presidente "desconoce la justicia colombiana y reconoce la justicia
estadounidense", estimó Petro. <BR><BR>Por su parte, la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (CNRR), creada en el marco de la Ley de Justicia y
Paz, instó a "firmar un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para que
los derechos de las víctimas ocupen un lugar central en la agenda judicial".
<BR><BR>Otro acuerdo que habría que pactar, según la CNRR, debe garantizar con
"certeza" que las víctimas "puedan adelantar tanto sus demandas civiles como
penales contra los jefes paramilitares extraditados y así garantizar la plenitud
de sus derechos". <BR><BR></DIV>
<DIV align=justify>* Con aportes de Helda Martínez (Bogotá).</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=3><FONT color=#800000><FONT
size=4>Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín
Solidario</FONT><BR>Ernesto Herrera (editor): </FONT></FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><STRONG><FONT size=3><FONT
color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante - Por la Unidad de
los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT><BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><STRONG><FONT
size=3>Agendaradical@egrupos.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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