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</FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT face=Arial size=4><STRONG><FONT color=#800000><FONT
size=5><EM><U>correspondencia de prensa - boletín
solidario</U></EM></FONT> <BR><FONT color=#ff0000 size=6>Agenda
Radical</FONT><BR>Edición internacional del Colectivo Militante<BR><U>20 de
junio 2008</U><BR>Redacción y suscripciones:</FONT> </STRONG></FONT><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><FONT face=Arial
size=4><STRONG>germain5@chasque.net</STRONG></FONT></A><BR></DIV><FONT
face=Arial>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=3><STRONG>Bolivia</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial>Grandes oportunidades, grandes
peligros</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial></FONT></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial>La cuestión
civilizatoria <BR></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT face=Arial>Pablo Regalsky
*</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG>Revista Herramienta</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.herramienta.com.ar/"><STRONG>http://www.herramienta.com.ar/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><BR>El texto aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro
el 9 de diciembre de 2007 es un triunfo importante para los movimientos
indígenas, que excede el plano puramente discursivo y de "papel mojado" al que
quedan generalmente reducidas las constituciones en América Latina. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Por un lado, lo que plantea el texto del proyecto de
Constitución tiene importancia. Pone en cuestión el sistema liberal de control
estatal sobre los pueblos oprimidos. Coloca nuevamente en el tablero, no sólo
nacional sino mundial, el tema del reconocimiento de los derechos colectivos, el
derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos, y pone en discusión el
sistema opresivo y homogeneizante del Estado-nación. Además de esto, establece
de la forma más taxativa posible un conjunto de derechos individuales que parece
colocar a Bolivia -al menos en el plano de la teoría- en el puesto más avanzado
de la civilización humana actual.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por otro lado, la circunstancia de este triunfo,
independientemente del valor mismo del texto, ha vuelto a colocar a la llamada
"derecha" en la defensiva. En este artículo, además de introducir algunos
elementos para apreciar los avances del texto constitucional y también
establecer lo que esto significó en términos de expresión y a la vez refuerzo a
las luchas indígenas campesinas y obreras, intentaremos dar un breve vistazo a
las relaciones de fuerza entre las clases (y los sistemas sociales) en términos
de larga duración.</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿Es un triunfo de los movimientos sociales? Afirmativo,
es una derrota política de una burguesía que se declara en retirada. ¿Es una
transformación del Estado? Negativo, no lo es. ¡Es un programa para la acción! Y
es, a la vez, una proclama civilizacional.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El texto constitucional aprobado en la Asamblea es un
texto que desde el punto de vista leguleyo podría considerarse contradictorio,
incluso inaplicable. Bajo un mismo Estado existirán dos doctrinas jurídicas
diferentes que quedarían territorializadas; una que continúa la tradición
constitucional liberal vigente y cuyo principio fundamental es el respeto
irrestricto a la propiedad privada, la otra -de inspiración indígena- que no
desconoce la existencia de esta última pero no permite el ejercicio irrestricto
de los derechos de propiedad privada. Depende de qué territorio se trate, se
aplicaría una u otra doctrina. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Este es un planteamiento de reconocimiento pleno del
pluralismo jurídico, lo que implica esa posibilidad. Las dos realidades
jurídicas han existido desde siempre en Bolivia, existen en la práctica dos
jurisdicciones superpuestas, la estatal-liberal y la indígena-campesina, que se
ejercitan a través de dos sistemas de autoridad paralelas. El cambio es que hoy
el texto constitucional plantea el reconocimiento abierto de la autoridad
indígena y ya no estarán superpuestas, porque los territorios estarán
delimitados en función del principio de autodeterminación de cada pueblo. Cada
pueblo tiene el derecho a autodefinirse como población indígena, originaria
campesina o como población intercultural. Esto por supuesto es una oportunidad y
a la vez, implica un gran peligro.<BR><BR>¿Qué significa el pluralismo jurídico?
Que cada pueblo indígena tiene derecho a gobernarse en su territorio en el marco
de sus propias normas y elegir sus gobernantes de la forma que ellas lo
establezcan. En los hechos significa el desconocimiento del principio liberal
que establece "un individuo-un voto" y el "derecho" al voto secreto. Desconoce
el principio democrático burgués de que todos los ciudadanos son iguales ante la
ley y que hay una sola ley para todo ciudadano. Establece la igualdad del
derecho colectivo frente al derecho individual.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En la generalidad de los pueblos indígenas, al igual que
en las asambleas obreras, se toman las decisiones -en ejercicio de la democracia
popular- en asamblea pública, levantando la mano. Muchas veces se realiza de
forma nominal: allí donde están reunidas muchas comunidades, por ejemplo en un
congreso provincial de sindicatos agrarios o en un cabildo o asamblea de ayllus,
cada comunidad delibera aparte y emite su voto a través de su representante en
público. En otros casos las votaciones por mayoría no son determinantes sino que
se subordinan al derecho a la participación equitativa, rigiendo el turno de
rotación: aunque se elije públicamente la autoridad, en realidad rige un acuerdo
de larga duración por el que la autoridad sale necesariamente de un determinado
sector según le toca el turno ejercer la autoridad (lo mismo hace la Unión
Europea con su presidencia). Todas estas normas tienen la finalidad de
establecer el derecho de la mayoría a hacer respetar sus decisiones dentro de un
equilibrio general. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La autoridad indígena originaria campesina ejerce la
atribución de aplicar las normas comunales en su jurisdicción de una manera
amplia. Una norma fundamental de la jurisdicción campesina originaria indígena
es la que marca los límites al ejercicio de la propiedad privada. El derecho a
la posesión de la tierra por parte de una familia que tiene derechos de herencia
sobre ella no implica -desde la normativa consuetudinaria indígena- el derecho a
disponer libremente de ella, no se la puede vender libremente, no se la puede
cultivar o usar de cualquier forma, sino solamente en función de decisiones
comunales específicas y que pueden modificarse de año en año. Para las empresas
capitalistas, lo mismo que para quienes se manejan con una lógica de acumulación
privada, estas normas significan un problema. No es que se impida la
acumulación, como tampoco se excluye al capital, solamente se lo restringe de
una manera que dificulta el proceso de diferenciación social y la acumulación en
pocas manos del poder.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La autoridad indígena, a diferencia de la autoridad del
Estado-nación, resume en sí la capacidad de juzgar así como la capacidad de
gobernar. Esto supone que distintas autoridades, en territorios contiguos,
podrían tener criterios diferentes para juzgar un mismo hecho. La justicia
ordinaria, según el texto aprobado, no puede revisar los fallos de la autoridad
indígena. El tribunal constitucional deberá considerar la jurisdicción indígena
en igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. El tribunal constitucional
mismo deberá estar conformado por igual número de miembros que representan ambas
jurisdicciones. Por supuesto que se plantean preguntas ¿Es esto viable en un
país sometido a la esfera de influencia global del capitalismo, un país donde el
capital financiero y el capital petrolero siguen siendo los que tienen las de
ganar en el momento de poner las reglas de juego?</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta es una somera explicación de ciertas partes del
texto constitucional aprobado en la Asamblea Constituyente. Se trata de un
triunfo retórico aún, es un texto aún sin valor legal alguno. Hay muchas piedras
en el camino: por un lado el gobierno (al momento de escribir este texto) está
negociando con los gobiernos departamentales en poder de la derecha un posible
cambio (que sería completamente ilegal). El texto aprobado por la Asamblea debe
ponerse a consideración del pueblo en un referéndum (por voto universal y
secreto, o sea muy influenciable por los medios de comunicación dominados por la
burguesía). </DIV>
<DIV align=justify><BR>Aún así, se trata de un triunfo político pues el texto
constitucional se constituye en un programa de acción para los movimientos
indígenas originarios. Y no sólo para los movimientos indígenas campesinos. El
movimiento indígena debe mucho de este triunfo a la posición adoptada por
sectores avanzados del movimiento obrero, en particular a los mineros de
Huanuni, que tuvieron una actuación decisiva en diciembre. Más adelante veremos
la intervención minera en este proceso. Sin embargo es importante notar que el
movimiento obrero no consiguió avances en el texto respecto al texto vigente, a
más de los consabidos derechos retóricos al trabajo. Por el contrario, el
cooperativismo minero, que es una amenaza no sólo sobre la única mina
nacionalizada subsistente que es Huanuni, sino también sobre las mismas
comunidades indígenas, ha obtenido dentro del texto garantías de intocabilidad
sobre sus concesiones de explotación de recursos mineros tal como exigía. Esta
es una de las contradicciones que afligen dentro del texto porque contradicen
abiertamente el derecho ya establecido desde 1990 cuando Bolivia adhiere al
Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho a la consulta previa para el caso
de explotación de recursos naturales en territorios indígenas.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>La situación es incierta aún</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La situación al momento que la Asamblea Constituyente
aprueba el texto era muy fluida. El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia
(Conade), conformado por los prefectos de la llamada Media Luna del oriente
boliviano, más los de Cochabamba y Sucre y cívicos de cinco departamentos, se
había reunido en Sucre en diciembre de 2007 poco después de los disturbios que
ocasionaron que los constituyentes debieran abandonar la ciudad en noviembre.
Allí, el Conade definió declarar la aplicación inmediata de las autonomías
departamentales a partir del 14 de diciembre, lanzamiento de los "estatutos
autonómicos" y el desacato a la Constitución oficialista. Esa fecha era
precisamente el día que la propia Asamblea Constituyente debía celebrar su
última sesión en la que ratificaba el proyecto de Constitución, después que una
comisión redactora "corrigiera" los posibles defectos del mismo. Además, la
desobediencia civil apuntaba a desconocer el decreto que redujo la participación
de los departamentos petroleros en la distribución del impuesto especial a los
hidrocarburos. Los Comités cívicos cuentan con el respaldo político y económico
de las empresas privadas de todo el país y no solo de Santa Cruz, en particular
de la Asociación de Bancos (Asoban), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO),
la Cámara de Exportadores y la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, todos estos
organismos activos dentro del Comité Cívico. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El Conade, con el soporte de estos sectores, pretendió
entonces constituirse en un gobierno paralelo al de Evo Morales, que comande
cinco de los nueve departamento del país.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, esos prefectos, unidos al mayor partido de
la oposición, "Podemos", encabezado por el ex presidente Tuto Quiroga,
cometieron un grave error de cálculo al momento en que el período de sesiones de
la Asamblea Constituyente estaba a punto de finalizar y la Asamblea aún no había
podido avanzar en el proceso de aprobación del texto final. Después que el
Congreso Nacional aprobara la prórroga del período de sesiones de la
Constituyente hasta el 14 de diciembre (según la convocatoria, el período de
vigencia de la Constituyente finalizaba el 6 de agosto de 2007), el gobierno
decidió convocar a una comisión suprapartidaria, conformada por los partidos con
representación en la Constituyente a fin de llegar a un acuerdo sobre el texto a
aprobar. En esa comisión, dirigida por el vicepresidente García Linera, se llegó
a ciertos acuerdos que, en realidad, permitían a la derecha y a los comités
cívicos conseguir prácticamente todos sus objetivos. Esto significaba que el
gobierno de Evo Morales, a título de garantizarse la gobernabilidad de su
administración, apostaba a un texto que beneficiaba a la burguesía retrocediendo
en ciertos aspectos, incluso con relación a la actual constitución liberal
todavía en vigencia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La "estrategia" fundamental que el gobierno -a través de
la figura de García Linera- ha ensayado desde el principio de la administración
de Evo Morales es decirles a las empresas y a sus voceros, los cívicos,
"déjennos gobernar y hacemos lo que ustedes requieran". Ya Evo lo había dicho
incluso pocos días antes de asumir el gobierno, mientras realizaba su gira
mundial donde puso de moda la famosa "chompa de alpaca": "He comprendido que
para ser un buen presidente tengo que lograr buenos negocios para los
empresarios". Se refería a los soyeros, agroexportadores y otras empresas
beneficiarias del latifundismo. Pero la miopía de esa burguesía "esmirriada" no
le ayuda: en parte lo explica su racismo. A tal punto no puede tolerar estar
siendo gobernada por quien califican como "indio", que no advierte que es el
gobierno de Evo Morales el que le está garantizando sus intereses estratégicos,
su propia viabilidad como clase propietaria, y que sólo en la medida que
facilite la gobernabilidad de la administración de Evo hará posible una salida
favorable a los intereses capitalistas a mediano plazo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Bueno, ese ha sido su error: ese grupo de necios
representantes de los comités cívicos y de Podemos siguió presionando al
gobierno y negándose a firmar el acuerdo que les proponía García Linera, pese a
que les estaba ofreciendo el oro y el moro. Al final, no le dejó salida al MAS.
Los propios constituyentes se vieron acorralados entre esta derecha torpe y los
movimientos sociales -en ese momento encabezados por los mineros de Huanuni y la
Central Obrera de Oruro- que empezaban a impacientarse con la cobardía política
del vicepresidente, de manera que el gobierno no tuvo más alternativa que
dejarle la vía libre a su propia bancada para que apruebe "su" texto. Este
texto, el único que había sido propuesto de forma coherente en el curso de la
Asamblea, era el que había diseñado el Pacto de Unidad de las organizaciones
indígenas, originarias y campesinas, de colonizadores y afrobolivianos, junto a
un pequeño y eficiente equipo de asesores técnicos y ongs aliadas que vienen
trabajando desde principios de 2005. Así es como entonces se aprobó,
inesperadamente para todos, un texto que avanza de manera audaz en el campo de
los derechos humanos tanto colectivos como individuales y que es probablemente
el texto constitucional más avanzado desde el punto de vista democrático en el
planeta. Lo interesante del caso es que frente a la redacción de esta
Constitución, la clase media, que había sido aterrorizada por la prensa y por
rumores de que este texto aseguraría la perpetuación del gobierno de Evo, además
de la confiscación de sus casitas y sus terrenitos, quedó encantada ante un
texto que en lo fundamental está bien elaborado y tiene consistencia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ahora bien, pese a que esa votación ponía a la derecha
ante un hecho consumado y ahora ya no le quedaba más salida que enfrentarlo en
el terreno del referéndum a realizarse en los próximos meses, no contaba con la
ayuda inesperada, otra vez, del propio gobierno. El gobierno, en vez de sacar
partido del hecho de que la población urbana se había rendido a la evidencia de
que este texto era un avance de los derechos en todo sentido, se esfuerza por
dar marcha atrás en la situación. A principios de enero Evo Morales convoca al
diálogo a los prefectos bajo una agenda que no termina de definirse. Mientras
que al principio la agenda parecía no contemplar el tema de la constitución,
tema ya cerrado, el mismo día que se realiza la reunión aparece esta cuestión
nuevamente. ¿Es falta de visión estratégica y de política de este gobierno? ¿Se
puede hablar de cobardía política? La derecha no termina de precipitarse en la
derrota por sus propios errores, cuando viene el gobierno a rescatarla. No
parece ser cobardía. Parecería que el gobierno, instintivamente, entiende que su
viabilidad está unida a la existencia de una derecha con capacidad de presión.
De lo contrario el gobierno quedaría preso de su propia base social, los
movimientos sociales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Este es un gobierno-árbitro que lo que más teme no es que
la derecha esté en condiciones de imponerle sus términos. Por el contrario,
parecería que su instinto (pues no hay evidencia que hubiera una clara
estrategia en el gobierno en su conjunto) lo empuja a favorecer que la derecha
crezca lo suficiente como para colocar en vereda a los movimientos sociales y no
puedan crecer en sus demandas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>De esta manera el gobierno no quedaría preso del programa
radical con el que los movimientos sociales lo llevaron al poder: la llamada
"Agenda de Octubre" (el momento de la insurrección que derribó al gobierno de
Sánchez de Lozada). Por el contrario podría intentar resolver la crisis de
Estado, la crisis del capitalismo "esmirriado" boliviano, tal como lo calificara
Zavaleta, reforzando el actual Estado (neocolonial). </DIV>
<DIV align=justify><BR>Quien parecería empujar con más firmeza esta estrategia
del gobierno de convertirse en la expresión de la burguesía es su vicepresidente
García Linera: su planteo desde un principio ha sido reforzar el Estado-nación,
hacerlo nuevamente viable, intentado ganar como base de sustentación a una
burguesía que vea en esta administración al garante de sus mejores negocios en
muchas décadas[1]. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La situación real está definida, por un lado, por la
determinación de esta burguesía inviable y racista de, ya que no puede sacar al
"indio" del Palacio Quemado porque se lo impide el apoyo que el gobierno recibe
tanto de la OEA e implícitamente del gobierno de Estados Unidos como de Brasil y
Chile, por lo menos convertirlo en su rehén. Pero por la otra, la situación
también está signada por la esperanza y seguridad de parte de la gran mayoría de
los movimientos sociales de que este gobierno es "suyo" y, por lo tanto, se le
puede exigir que cumpla con la "Agenda de Octubre". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Hasta aquí hemos visto, a través del triunfo que logran
los movimientos indígenas y populares en la Asamblea Constituyente, que la
relación de fuerzas establecida por el movimiento semiinsurreccional de octubre
parecería no haberse modificado sustancialmente. Sin embargo, estamos en un
momento de inflexión. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En primer lugar examinemos las relaciones de fuerza
estructurales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Está claro que el Estado boliviano no ha modificado su
naturaleza colonial. La actual administración, aunque esté dirigida por un
movimiento político surgido de un proceso de levantamiento de las masas
indígenas, no tiene la capacidad y tampoco la intención de modificar ese
carácter colonial. Por el contrario, existen fuertes sectores no solo dentro del
Estado (las fuerzas armadas, la policía, la iglesia, el poder judicial, una
amplia mayoría del poder legislativo, toda la burocracia de la administración
del poder ejecutivo, los ministerios, ni que hablar de las prefecturas y los
municipios) que resisten cualquier intento de mínima modificación de la actual
estructura del Estado. De hecho, una mayoría del aparato político que conforma
el MAS está constituido por alcaldes, concejales, diputados, senadores,
ministros, viceministros, y cientos de pequeños burócratas, muchos de ellos
provenientes de los partidos de la burguesía como el MNR, ADN, UCS, MBL,
etcétera y que se han pasado al carro del MAS. Con el actual gobierno se agregan
los cuadros del MAS que pasan a formar parte del aparato administrativo del
Estado. Parte de ese fenómeno es la incorporación de buena cantidad de
dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas que se han asimilado a
la vieja y esclerosada estructura burocrática del Estado y adoptan
cotidianamente el antiguo ceremonial y protocolo de comportamiento burocrático.
Al incorporarse, asumen una actitud de defensa no solo de sus nuevos pequeños
intereses como burócratas que reciben un sueldo del Estado, sino de la misma
estructura jerárquica y burocrática a la cual se han asimilado y que les permite
gozar de esas pequeñas, a veces pequeñísimas, prebendas. También se puede
encontrar ahora dentro de los ministerios y organismos administrativos de Estado
a una pequeña nube de profesionales pseudoizquierdistas del PC y otros grupos,
incluso ex militantes del POR que no tuvieron empacho en servir de consultores a
los gobiernos neoliberales y ahora no saben hacer otra cosa que dar continuidad
a las mismas propuestas y políticas que habían desarrollado en gobiernos
anteriores. La reconstrucción de este aparato burocrático actúa como una pesada
losa que parece inmovilizar a los movimientos sociales y es un proceso que
ocurre a diario, pero a la vez es un proceso totalmente caótico, cada
subsecretario toma sus propias iniciativas y a veces en una misma reunión se
escuchan posiciones completamente diferentes, pero dentro de un caos armonioso.
Las consignas burocráticas, las mismas realidades de un Estado colonial y
anticampesino, ahora se las reviste de una ideología pseudoandina, bajo un manto
de supuesta reciprocidad y redistribución, que sirve de nuevo manto ideológico a
la paz burocrática neo-burguesa vestida de ropaje indígena.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esta situación se verifica en el caso de la problemática
de la tierra. La aprobación de las últimas modificaciones a la ley INRA[2] como
resultado de movilizaciones campesinas e indígenas, que debería permitir ahora
la reversión de los latifundios improductivos que no cumplen función
económico-social, no ha servido para recuperar hasta ahora ni un metro cuadrado
de tierra ilegalmente apropiada por los latifundistas. Primero con la excusa de
inundaciones a principios de 2007, y ahora sin necesidad de ninguna excusa, la
"revolución agraria" se limita por el momento a prometer la mecanización de la
agricultura campesina, una política totalmente inadecuada para los suelos
andinos, y que sólo promete agravar la depredación de suelos y la caída de la
productividad. En noviembre de 2007 se aprueba el Decreto 29215 que determina la
expropiación con pago a precios de mercado de 180.000 hectáreas en el Chaco
chuquisaqueño para entregar a las comunidades cautivas guaraníes[3].</DIV>
<DIV align=justify><BR>La política del MAS, como explica Mayorga[4], un analista
muy apreciado por los medios de comunicación, "está caracterizada por
incertidumbre estratégica y flexibilidad táctica por ausencia de un proyecto
político elaborado de manera programática, lo que explicaría la postura
cambiante respecto al referéndum sobre las autonomías departamentales, así como
los vaivenes respecto a la reforma educativa. Su capacidad de acción se traduce
en una enorme flexibilidad táctica que se asienta en esa elasticidad
programática. El manejo de una retórica radical (por parte del gobierno)
neutraliza la izquierda y las moderadas decisiones de gobierno desbaratan los
cuestionamientos desde la derecha, lo que le permite ocupar una amplia franja
del centro político". Mayorga se felicita de esta característica del MAS, porque
permitiría recuperar la gobernabilidad del Estado que se perdió en el período de
2000 a 2005 como efecto de la movilización incontrolable de los movimientos
sociales. Efectivamente, mientras se mantiene una retórica de nacionalización,
tanto de los yacimientos de gas como de los recursos naturales en general, por
el otro lado, el gobierno se enorgullece en publicitar las inversiones
extranjeras en proyectos gigantes en minería, como el caso San Cristóbal o el
Mutún, y en haber dado las garantías suficientes a las empresas petroleras como
para que reanuden este año las inversiones en la exploración de hidrocarburos.
La re-nacionalización del sistema de pensiones parece haber quedado sepultada y
en cambio los fondos privados de pensiones se harán cargo del pago del nuevo
bono Dignidad destinado a todos los ancianos, proveniente de la redistribución
del ingreso impositivo de la producción de gas. Mientras tanto, de parte de las
comunidades campesinas ni siquiera es posible reclamar contra la total
contaminación e inutilización de sus tierras agrícolas por parte de las
multinacionales mineras y, peor aún, de las cooperativas mineras.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La COD de Oruro[5], en cambio, considera que no existe
espacio para esa política de conciliación: "El gobierno de Evo Morales surgido
como consecuencia de las luchas sangrientas del pueblo contra la oligarquía,
tiene como base de su política la concertación y la convivencia con el enemigo
de clase, compuesto por los pocos ricos de este país, culpables de la pobreza,
atraso y desempleo en nuestro país… En ese sentido, su política de pactos con la
derecha que terminaron en acuerdos de claro retroceso para el pueblo, como se
puede advertir en la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y los
acuerdos de la suprapartidaria, entre otras, nunca conformarán a la clase
capitalista, detentadora del poder y de los gobiernos durante la casi totalidad
del período republicano, así como también no serán solución definitiva a los
problemas de nuestro pueblo empobrecido aunque mayoritario". </DIV>
<DIV align=justify><BR>La emergencia de la COD de Oruro y de una fuerte
dirección clasista en Huanuni, que se han puesto claramente del lado de las
organizaciones y pueblos indígenas campesinos, de alguna manera ha disminuido el
margen de maniobra del gobierno y le ha obligado a inclinarse un poco más hacia
la izquierda, de manera de evitar que la dirección obrera en emergencia le gane
las espaldas. Eso explica que estos últimos días[6] el gobierno cada vez hable
de forma más pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo con los prefectos
derechistas. La estrategia del gobierno de establecer un acuerdo político con
los empresarios que de alguna manera convierta al MAS en su propia expresión
política no es hueca. La bonanza de los altos precios de las materias primas,
que ha permitido cuadruplicar los ingresos por exportaciones, lo permitiría. Lo
demuestran también las cifras de las entidades financieras. Las reservas
internacionales del Banco Central se han duplicado en un año. Los depósitos en
moneda nacional en la banca se han incrementado de la misma manera y la cartera
de préstamos también ha crecido en 60%[7]. ¿Por qué, en tal situación de
bonanza, aún es difícil un acuerdo y cuál parecería ser el proyecto estratégico
del empresariado boliviano y la derecha que lo representa?</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>La lucha por la hegemonía y el traslado del eje
geopolítico boliviano</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Desde octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada y su
gabinete, poco antes de huir del país, especularon con la posibilidad de
trasladar su gobierno -y por lo tanto la sede de gobierno- a Santa Cruz, se dio
nuevo impulso a lo que se dio en llamar las luchas regionales. Desde que se
impone la "Agenda de Octubre", cuando Carlos Mesa, inesperadamente para todos,
acepta como parte de su programa de gobierno la convocatoria a una Asamblea
Constituyente, empieza en serio el intento de trasladar la capital fuera de La
Paz. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Es un hecho que el cerco de los movimientos sociales
indígenas a La Paz, establecido en octubre de 2003 y que luego se repite en
mayo-junio de 2005, no fue hasta ahora derrotado. Es más, está pendiente aún
sobre las cabezas del sistema político como una espada de Damocles. Tanto en
octubre de 2003 como en mayo-junio de 2005, con el antecedente de la crisis de
febrero de 2003 que llevó al enfrentamiento armado entre policías y militares,
el Estado está en una crisis que se debe, en buena medida, al cerco que han
establecido los movimientos sociales sobre el gobierno y sobre su sede
geográfica. El levantamiento social paralizó entonces al gobierno y al aparato
estatal en su conjunto. La subida al gobierno de Evo Morales -un logro que es el
resultado directo de las luchas populares pero en gran medida hay que atribuirlo
a la estrategia de la Iglesia para neutralizar esas luchas- parece haber logrado
un cuarto intermedio en las luchas sociales. La gente tiene cierta esperanza de
que este gobierno "arregle" las cosas, aunque mantiene su vigilancia. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Dado que los sectores claves del aparato productivo
nacional (la energía, la minería, las telecomunicaciones, la tierra, los
bosques, los bancos, la prensa y la televisión) están en manos de
multinacionales o de sus socios los sectores empresariales, latifundistas y/o
lumpen burguesía boliviana, es poco lo que se presume que el gobierno pueda
hacer, a más de sanear las finanzas del Estado elevando la recaudación
impositiva. Esto último se lograría a través de la llamada "nacionalización de
los recursos naturales" que modifica los contratos petroleros existentes -que
nunca fueron anulados- de manera que el Estado perciba mayores ingresos por la
explotación del gas. Se suponía que la Asamblea Constituyente era el escenario
para cambiar radicalmente la situación generada por la privatización de las
empresas y recursos del país, pero el propio gobierno se encargó de trabar al
máximo esa posibilidad acordando con la derecha una ley de convocatoria que
transformaba lo que debía ser un espacio de poder político fundacional y
soberano en un ente ineficaz para hacer las transformaciones necesarias,
subordinado al aparato político, judicial y administrativo establecido del
Estado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Peor aún, el gobierno ha permitido que la derecha ponga
como condición para la realización de la Asamblea Constituyente, la previa
realización de un referéndum autonómico vinculante. Este referéndum determinó
que cualquier departamento donde haya sido aprobada la pregunta sobre autonomía
departamental con una mayoría simple, se transforma en autónomo, una vez que se
promulgue la nueva Constitución. Los constituyentes, tanto por la ley de
Convocatoria a la Asamblea, como por el texto de la ley de referéndum, están
obligados a avalar el resultado positivo de esa votación en un departamento,
aunque la opinión nacional mayoritaria se demuestre en contra.</DIV>
<DIV align=justify><BR>¿A qué apunta ese proyecto autonomista? ¿Acaso apunta a
la disgregación nacional? Lo mismo se decía cuando se estaba librando la Guerra
Federal que tuvo lugar en Bolivia en 1899. Sin embargo, el triunfo de los
federalistas no derivó en el establecimiento de un sistema federal, sino en el
traslado de la sede de gobierno a La Paz y el establecimiento de un sistema de
gobierno centralista. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El interés actual del empresariado que respalda esta
propuesta autonomista se expresaría en dos posibles salidas: </DIV>
<DIV align=justify><BR>A. La salida política mínima a que aspiran consiste en
que efectivamente no logran derrotar a los movimientos sociales durante todo o
parte del gobierno de Evo Morales y se ven entonces en la necesidad de
atrincherarse temporalmente en la sede de Santa Cruz, pero con prerrogativas y
competencias que les permitan manejar la parte más jugosa del presupuesto
nacional y aspirando también a manejar de la forma más directa posible -según
las relaciones de fuerza que logren para la Asamblea Constituyente- los recursos
naturales que ya sabemos: la tierra, el agua, los bosques, los recursos del
subsuelo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>B. La máxima, consiste en lograr derrotar o confundir lo
suficiente a los movimientos sociales para comenzar a trasladar, de hecho o de
derecho, la sede de gobierno a Santa Cruz. Ese proceso puede comenzar bajo una
apariencia de descentralización, o de traslado de organismos autárquicos o
semiautárquicos, como por ejemplo YPFB, u otras entidades de gran peso económico
a Santa Cruz. Aunque lograran solamente la autonomía, ya se estaría empezando a
aplicar de hecho el traslado paulatino de la sede del gobierno nacional a Santa
Cruz. Pero si la derecha lograra dividir y desmoralizar lo suficiente a los
movimientos sociales, es posible un cambio rápido de escenario geopolítico. Esto
puede efectivizarse si acorralan y reducen a la impotencia al gobierno de Evo
Morales y le obligan a servir simplemente de administrador eficiente de un
modelo neoliberal maquillado de populismo, sin ninguna transformación de fondo.
Por ejemplo, sin que se logre la reversión de una porción significativa de los
50 millones de hectáreas de tierras ilegalmente distribuidas desde la Reforma
Agraria de 1953 entre la nueva oligarquía. En la medida que el gobierno -para
sostenerse en el sillón- deba acudir a la desmovilización y a la división de las
organizaciones que lo apuntalaron para que gane las elecciones de 2005 y 2006,
el mismo gobierno serviría como instrumento para lograr ese fin. La
deslegitimación del gobierno lo volvería cada vez más débil y cada vez más
vulnerable a las presiones de las camarillas empresariales y mafiosas, hasta que
lo obliguen a rendirse y aceptar, él mismo, cambiarse de sede. Ese sería el
proyecto estratégico del empresariado latifundiario y sus aliados mafiosos y
petroleros.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por supuesto, no apuntamos a que la "burguesía
esmirriada"[8] y sus mafiosos se salgan con la suya y logren establecer este
escenario político que describimos arriba; por el contrario estamos seguros de
que los movimientos sociales sabrán derrotarlos a tiempo. Pero nuestro análisis
pretende alertar contra sus verdaderas intenciones, que no se quedan en la
autonomía departamental. Hay una forma para que los movimientos sociales,
acompañados por aquellos que desde el gobierno están de su lado, puedan
neutralizar esa estrategia y ganarles la batalla actual. Esa forma es, dicho de
manera llana, revertir los latifundios.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Las implicancias civilizacionales del proceso
actual</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La crisis de Estado que se presenta en Bolivia nos obliga
a utilizar un término un poco desgastado: aquello de "el eslabón más débil".
Efectivamente Bolivia es, quizás, uno de los eslabones débiles del sistema
hegemónico establecido por la civilización occidental capitalista en todo el
planeta. Un sistema que ha establecido como pivote de su dominación política a
los Estados-nación. No hay duda de que estamos ante un período de declinación
hegemónica, pero ¿de qué tipo es esa declinación hegemónica? </DIV>
<DIV align=justify><BR>Nadie, ni siquiera al interior del gigante
imperialista[9], se atreve a dudar de que los Estados Unidos hoy atraviesan una
crisis de hegemonía, pero hay poco acuerdo sobre el significado de esa crisis.
Otros gigantes imperiales han caído antes. Recordemos cómo el imperio inglés se
ha desmoronado en la Segunda Guerra Mundial, pero ya hoy las características de
la declinación hegemónica han cambiado fundamentalmente. En ningún momento,
durante el proceso de relocalización del eje geo-hegemónico mundial que se
traslada desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, se había puesto en duda el
sistema civilizatorio occidental mismo. Por el contrario, la reconstrucción de
Europa, pero sobre todo el movimiento anticolonial y nacionalista de la post
guerra, comenzando por la independencia de India y siguiendo por la
descolonización de África se realizó siguiendo el modelo de "modernización". En
estos últimos casos, conducidos por las burguesías nacionales del Tercer Mundo,
proponían un desarrollo capitalista basado en la "sustitución de importaciones";
hasta ahí nomás llegaban. También fue en ese período de transición
interimperialista que se generó un vacío temporario de poder o, más bien, un
período en el que las burocracias estatales mantuvieron su lealtad a los
antiguos jefes imperiales, y así surgieron los movimientos nacionalistas en
Latinoamérica, con fuerte arraigo en las burocracias militares y a los cuales se
adhirió un sector importante de la clase obrera. Recordemos el peronismo, el
APRA en Perú, Vargas en Brasil, MNR en Bolivia, etcétera, todos del mismo
período de finales de la Segunda Guerra Mundial teñidos de discurso
antiamericano pero, al menos en algunos casos, muy sospechosos de conducta pro
inglesa, y que finalmente debieron ceder sin pena ni gloria ante el avance de
los capitales americanos. Los años cincuenta se caracterizan porque entonces
llega a su mayor auge el ciclo de expansión civilizatoria de la modernidad
capitalista occidental: todos los países quedan integrados en la red de los
Estados-nación que forman el mercado mundial capitalista. Es probable que
incluso los países de la llamada esfera socialista, después de la Segunda
Guerra, hayan quedado también semiintegrados en esa red, a consecuencia del
propio proceso de regresión burocrática en que estaban sumidos. La lucha
nacionalista revolucionaria entonces se entendía, paradójicamente, como la
construcción de "verdaderos" Estados-nación, es decir, se acudía a la utopía de
naciones "independientes" y "desarrolladas" según el mismo modelo que planteaba
el imperialismo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El actual período se caracteriza no solo por una
creciente competencia interimperialista, existiendo de hecho ya tres grandes
bloques que se disputan esferas de influencia económica, sino por una
declinación civilizacional. El capitalismo a escala mundial ha sufrido una
regresión que la clase obrera vive en carne propia: se ha vuelto al capitalismo
salvaje, primitivo, al capitalismo basado en el trabajo a domicilio y otras
formas que ahora ya no es el pequeño capitalista emergente el que las usa, sino
el gran capital transnacional consolidado a escala global. Como consecuencia de
esa regresión histórica la clase obrera se ve en disgregación física y
políticamente y no se avizora el camino para su recuperación. Si bien hay
grandes huelgas en los últimos tiempos, las realizan básicamente los obreros
estatales, como es el caso de los sindicatos del transporte en Francia, Alemania
y Hungría, porque la industria misma se ha vuelto trashumante. Pero en el nudo
de la declinación se encuentra el problema de la crisis de legitimidad del
Estado-nación. Desde el mismo momento que la civilización capitalista global
basada en la red de estados nación se extendió por todo el planeta y dominó todo
el mundo, comenzó su declinación. El Estado-nación, por otra parte, dejó de ser
garante del nivel de vida de la población y se convirtió en el garante de la
expansión del capital, exclusivamente. Y entonces sucede algo aparentemente
contradictorio. La gran amenaza que desafía al Occidente pareciera que ya no es
el fantasma del comunismo, y ahora es retratada como el fantasma del
"fundamentalismo" y el "terrorismo" islámico. El desafío que plantea el
islamismo propone un tipo de civilización que ataca las bases del individualismo
burgués que domina nuestra cultura. Aquí me incluyo, como incluyo a la mayoría
(¿la totalidad?) de los marxistas occidentales que hasta ahora no han sabido dar
una mínima respuesta a este nuevo proceso global, por más que ya lleva cerca de
treinta años en expansión, desde la revolución iraniana. </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Lo paradójico es que a la crisis del capitalismo como
civilización también le sucede la crisis del "comunismo real", de los
socialismos en un solo país, construidos sobre el modelo de la industrialización
forzada. Entonces, al desafío islamista contra esa civilización liberal
individualista que nos ha penetrado hasta los huesos, se suma la emergencia
indígena que recorre Latinoamérica. Hasta ahora esa emergencia ha dado pasos
tibios y a tropezones, sin encontrar un camino independiente. Cuando se ha
encontrado en posición dominante, como ha sido octubre de 2003, la corriente que
supuestamente representaba los intereses de campesinos indígenas ha rehuido ese
propio camino, ha vuelto a asumir la ruta de los derrotados, en este caso de los
neoliberales que estaban en plena huída. Para peor, se disfrazan de
nacionalistas y llegan al extremo de reivindicar el Estado-nación colonial y su
soberanía, es decir, los supuestos representantes del movimiento indígena
terminan negándose a sí mismos. Hasta ahora no ha surgido una corriente indígena
latinoamericana con el suficiente coraje como para plantarse y asumirse como
alternativa civilizatoria y reclamar la devolución total de la soberanía al
pueblo, a los pueblos. Sin embargo, cuando los pueblos indígenas se sientan a
deliberar surgen espléndidas ideas como las que dieron contenido a la propuesta
de Constitución que elaboró el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas
originarias campesinas de Bolivia. Esa experiencia nos demuestra que es posible
una respuesta a la crisis civilizatoria. Es la hora ya de crear un frente
indígena y obrero que recupere esa extraordinaria experiencia y se plantee
desterrar de una vez la corrupta cultura liberal capitalista, incluida su
versión seudo-nacionalista.</DIV>
<DIV align=justify><BR><BR>* Antropólogo, CENDA, Cochabamba, Bolivia.
Autor de Etnicidad y clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de
manejo de su espacio La Paz, CEIDIS/CESU-UMSS/CENDA y Plural editores, 2003. En
Herramienta Nº31 publicó América Latina: Bolivia indígena y campesina. Una larga
marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo
Morales. Correo electrónico: <A
href="mailto:pabloa@albatros.cnb.net">pabloa@albatros.cnb.net</A><BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U></U></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>[1] En varias publicaciones está clara esa posición,
particularmente en Tinkazos, 20 de junio de 2006, donde dialoga con Juan Carlos
Urenda, el ideólogo del autonomismo cruceño, y también en Fuentes, F. "The
struggle for Bolivia’s future" en Monthly Review 59 (4), septiembre de 2004,
donde se refleja claramente la política de Evo y García L. de lograr un acuerdo
con las Fuerzas Armadas en base a la recreación de un "Pacto militar campesino"
y al reforzamiento económico de las mismas y a ganar el apoyo de "las clases
medias" con una política moderada.<BR>[2] Instituto Nacional de Reforma Agraria,
ley dictada en 1996 bajo el gobierno de Sánchez de Lozada y reformada
últimamente en 2006 bajo Evo Morales.<BR>[3] <A
href="http://www.la-razon.com/versiones/20071129_006105/nota_250_513106.htm">http://www.la-razon.com/versiones/20071129_006105/nota_250_513106.htm</A>
</DIV>
<DIV align=justify>[4] Mayorga, Fernando. 2007. Encrucijadas: ensayos sobre
democracia y reforma estatal en Bolivia. CESU-UMSS Edition. Cochabamba: Gente
Comun.<BR>[5] Declaración de la Central Obrera de Oruro, diciembre 2007.<BR>[6]
Este artículo se terminó de redactar el 8 de febrero de 2008.<BR>[7] UDAPE.
2006. "Economía y Política Económica 2006." La Paz: Unidad de Análisis de
Políticas Sociales y Económicas.<BR>[8] Es la denominación que le dio Zavaleta
M, Rene. 1987. El Poder Dual. Cochabamba: Los amigos del libro.<BR>[9] Ver New
York Times, Khanna, Parag 2008 Waving Goodbye to Hegemony, en <A
href="http://www.nytimes.com/2008/01/27/magazine/27world-t.html?ei=5087&em=&en=626eef41b0e68c4e&ex=1201496400&pagewanted=all">http://www.nytimes.com/2008/01/27/magazine/27world-t.html?ei=5087&em=&en=626eef41b0e68c4e&ex=1201496400&pagewanted=all</A>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>
<DIV
align=justify><STRONG><U>Bibliografía</U></STRONG></DIV><STRONG><U></U></STRONG>
<DIV align=justify><BR>Mayorga, Fernando, 2007, Encrucijadas: ensayos sobre
democracia y reforma estatal en Bolivia, CESU-UMSS Edition, Cochabamba, Gente
Común.<BR>UDAPE, 2006, Economía y Política Económica 2006." La Paz: Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas.<BR>Zavaleta M, Rene, 1987, El Poder
Dual, Cochabamba, Los amigos del libro.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=3><FONT color=#800000><FONT
size=4>Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín
Solidario</FONT><BR>Ernesto Herrera (editor): </FONT></FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><STRONG><FONT size=3><FONT
color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante - Por la Unidad de
los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT><BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><STRONG><FONT
size=3>Agendaradical@egrupos.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV></FONT></DIV></BODY></HTML>