<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2523" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff background=""><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT color=#800000><EM><U><FONT
size=5>correspondencia de prensa - boletín solidario</FONT></U></EM>
<BR><FONT color=#ff0000><FONT size=6>Agenda Radical</FONT><BR></FONT>Edición
internacional del Colectivo Militante<BR><U>20 de julio 2008</U><BR>Redacción y
suscripciones:</FONT> </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Plan
Canje</FONT></STRONG><BR><BR></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Santiago
O’Donnell</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Página/12, Buenos Aires,
20-7-08</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><A
href="http://www.pagina12.com.ar/"><STRONG>http://www.pagina12.com.ar/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV><FONT face=Arial
size=2>
<DIV align=justify><BR>En estos días tuvo lugar en Colombia una especie de canje
de rehenes secuestrados. No fue un canje humanitario, sino más bien todo lo
contrario. El pasado 11 de julio, nueve días después de la liberación de Ingrid
Betancourt y sus catorce compañeros, un grupo armado sin identificación irrumpió
en las viviendas de los dirigentes campesinos Manuel Garcés, Rusbell Gómez y
Edilmo Papamija, Islenio Muñoz, Guido Muñoz y Evelio Rodríguez en el municipio
de Patía, en el sur del Cauca. Dos de ellos son directivos de la Junta de Acción
Comunal de la manzana “El Convenio” y los otros cuatro son miembros de la Junta
de Acción Comunal de la manzana “La Ceiba”. Los asaltantes acusaron a los
campesinos de “sospechosos de colaborar con la subversión” y los
secuestraron.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“Clamamos que les respeten la vida, toda vez que los
secuestrados son gente honesta, trabajadora, la mayoría son padres de familia,
nacieron y han vivido todas sus vidas en estas veredas y no están involucrados
en nada distinto al desarrollo de actividades agrícolas y al servicio de la
comunidad”, denunciaron en un comunicado las Juntas de Acción Comunal del
municipio, con copia a la Cruz Roja, la OEA y la Defensoría del Pueblo. El
comunicado agrega que el mismo grupo armado había secuestrado, semanas atrás, a
cuatro campesinos del vecino municipio de Argelia. Las víctimas permanecen en
poder de los pistoleros.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Curioso. El presidente colombiano Alvaro Uribe reclama
como uno de los mayores logros de su gobierno el haber desmantelado al aparato
paramilitar que surgió a fines de los ’80, primero para combatir a los carteles
narco, luego para disputarle rutas y plantaciones a la guerrilla. Durante toda
su existencia estas fuerzas irregulares amparadas por el Estado funcionaron
también como máquinas de aniquilamiento de los líderes sindicales y comunitarios
que osaban oponerse a su esquema de control territorial. Eso que según Uribe no
sucede más se parece demasiado a lo que pasó esta semana en Patía, que no es más
que una muestra de lo que viene sucediendo últimamente en Colombia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otra muestra: el martes pasado fue encontrado en un
cementerio de Ibagué el cadáver del dirigente sindical de la Contraloría
Distrital Guillermo Rivera, secuestrado el 22 de abril en Bogotá.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Qué raro. El presidente dice que el paramilitarismo no
existe más, que lo que hay ahora es una red de bandas criminales dedicadas al
narcotráfico, con un alto grado de militarización, similar a lo que ocurre en
Brasil y México, y no formaciones dedicadas al terrorismo de Estado. Sin
embargo, los paramilitares de antes también se dedicaban al narcotráfico, además
del secuestro y el asesinato político. Y los de ahora hacen más o menos lo
mismo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Claro, en el medio Uribe auspició el llamado proceso de
desmovilización de los paramilitares. Entre el 2003 y el 2008, más de 31.000
miembros y supuestos miembros de estas formaciones entregaron sus armas y se
sometieron a proceso. Lo hicieron al amparo de la llamada Ley de Justicia y Paz,
que es una especie de blanqueo. A cambio de una confesión, la ley limita la pena
de cárcel a ocho años y provee distintos beneficios sociales y financieros para
facilitar la reinserción social del supuesto arrepentido.</DIV>
<DIV align=justify><BR>No fue un proceso muy prolijo. Algunas formaciones
guardaron sus mejores fierros para entregar a cambio mosquetones de la Segunda
Guerra Mundial. Otras guardaron a sus mejores cuadros y mandaron en su lugar a
perejiles ávidos de un subsidio. Las confesiones tampoco aportaron demasiado
salvo algunas excepciones, suficientes para encarcelar a una veintena de
congresistas aliados a Uribe.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero justo cuando los desmovilizados empezaban a soltar
la lengua, Uribe embaló en un paquete a los 15 jefes más influyentes y los mandó
extraditados a Estados Unidos. De yapa, extravió o hizo extraviar los discos
duros de las computadoras de los extraditados. Cuando se enteraron las
autoridades judiciales que los estaban juzgando, los jefes paras ya estaban
aterrizando en Estados Unidos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La nueva generación de paramilitares no tardó en llenar
el vacío. Según un experto consultado para esta columna, las nuevas formaciones,
activas en las regiones de Cauca y Nariño, se dividen en tres grupos. Primero,
grupos nuevos en territorios nuevos con metodologías similares a las de los
viejos paramilitares. Segundo, grupos nuevos con metodologías similares que
vienen a ocupar el mismo territorio que antes controlaba un grupo paramilitar.
Tercero, grupos nuevos reclutados por mandos medios no desmovilizados de viejos
grupos paramilitares.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ante este panorama, que nadie discute, porque ahí están
los nombres y las direcciones de las víctimas para probarlo, el gobierno
colombiano insiste en caracterizar a los nuevos paramilitares como “bandas de
delincuentes”, ignorando sus crímenes políticos y sus vinculaciones políticas,
casi como que secuestran a campesinos y sindicalistas por deporte.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La historia oficial de Uribe cuenta con el inestimable
apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de
los Estados Americanos, llamada MAPP-OEA, que depende directamente del
secretario general José Miguel Insulza.</DIV>
<DIV align=justify><BR>A pesar de las evidencias del reciclaje, Insulza avaló
sin medias tintas la tesis de Uribe sobre el fin del paramilitarismo en el
último informe de MAPP-OEA, publicado en junio. “Las facciones armadas que
surgieron después de la desmovilización de las autodefensas (paramilitares)
adquieren un perfil delincuencial que se encuentra vinculado al narcotráfico. No
existe evidencia, hasta la fecha, de acciones contrainsurgentes que vinculen a
estas estructuras con el concepto y el accionar paramilitar”, declaró en un
comunicado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, en el mismo comunicado el secretario general
de la OEA reconoció que le preocupaba “la persistencia de grupos de naturaleza
delincuencial... especialmente desde la afectación que generan sobre las
comunidades”. ¿Pero cómo? ¿No eran delincuentes comunes dedicados a la venta de
droga? ¿Qué significa generar “afectación sobre las comunidades”? ¿Qué es lo que
se esconde detrás de semejante eufemismo?</DIV>
<DIV align=justify><BR>A lo largo de los años, con pulso de equilibrista, la
MAPP-OEA ha alternado elogios y críticas al proceso de desmovilización. La
semana pasada, sin ir más lejos, alertó sobre el asesinato de más de 800
paramilitares desde que empezó la desmovilización y dijo que pone en riesgo todo
el proceso. ¿Quién los mató? ¿Por qué los mataron? Según la MAPP-OEA, la mayoría
fue por “disputas por el control de zonas y por no querer reincorporarse a
nuevas bandas”. Curioso. Si están desmovilizados, ¿por qué disputan el control
de zonas? Si los de ahora no tienen nada que ver con los viejos paramilitares,
¿por qué quieren reclutarlos por la fuerza?</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los secuestros de Patía desnudaron la falacia de la
definición de Uribe que Insulza hizo suya. El ex ministro y politólogo Camilo
González Posso, cofundador del opositor Polo Democrático Alternativo, lo puso en
evidencia esta semana en un artículo que tituló “el despiste de la OEA”.
González Posso dice que la MAPP-OEA “tiene buena gente en el terreno” que sabe
lo que pasa. Pero agrega que la misión “se torna inoperante” porque sus
responsables “están ocupados en vericuetos diplomáticos para no molestar al
gobierno con hechos que muestran la reproducción y emergencia del fenómeno
narcoparamilitar.”</DIV>
<DIV align=justify><BR>A continuación ofrece un diagnóstico que parece más
ajustado a la información disponible: “Ahora como antes estamos ante grupos
armados cuyos objetivos centrales son los negocios ilícitos, cuidado de
laboratorios, rutas y procesos de apropiación de tierras y de lavado de activos
en macroproyectos. Y ahora como antes, aunque en forma diversa según la zona,
esos grupos prestan servicios de ‘orden’, persiguiendo especialmente a líderes y
a comunidades que no se ajustan a sus planes de control territorial... El
objetivo es subordinarlas a sus proyectos y de paso ofrecerles a las autoridades
una colaboración en la guerra (contra la guerrilla) a cambio de favores en otros
negocios. Como antes, esos tratos con algunos agentes estatales y parapolíticos
en un lado no impiden que en otro tengan acuerdos pragmáticos con frentes
guerrilleros”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Queda claro que el plan de “seguridad democrática” de
Uribe no provee seguridad democrática, porque no protege a los líderes de los
movimientos sociales. También, que negar la persistencia del paramilitarismo es
una forma de cobijarlo. Y que más allá de los golpes mediáticos, la vida de un
campesino vale tanto como la de Ingrid Betancourt.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=3><FONT color=#800000><FONT
size=4>Correspondencia de Prensa - Agenda Radical - Boletín
Solidario</FONT><BR>Ernesto Herrera (editor): </FONT></FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><STRONG><FONT size=3><FONT
color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante - Por la Unidad de
los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT><BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><STRONG><FONT
size=3>Agendaradical@egrupos.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV></FONT></BODY></HTML>