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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><FONT color=#800000><EM><U><FONT
size=5>correspondencia de prensa - boletín solidario
<BR></FONT></U></EM><FONT color=#ff0000 size=6>Agenda Radical</FONT><BR>Edición
internacional del Colectivo Militante<BR><U>24 de octubre 2008<BR></U>Redacción
y suscripciones:</FONT> </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR></DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><FONT size=3>Bomba de
tiempo</FONT></STRONG><BR></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>El problema indígena no puede seguir
siendo enfrentado con Policía y soluciones de fuerza, requiere de una reforma
agraria y de programas productivos</STRONG></FONT></DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Revista Cambio, Bogotá, 22-10-08</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.cambio.com.co/"><STRONG>http://www.cambio.com.co/</STRONG></A></DIV>
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<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>"A ese que cogimos el otro día allá abajo, no lo cogimos por
satélite sino gracias a información humana", dijo el presidente Álvaro Uribe
durante un consejo comunitario el 25 de marzo de este año en Popayán, en alusión
directa a la muerte de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano. Le sirvió de
preámbulo para autorizar a los mandos del Ejército y la Policía del Cauca a
ofrecer recompensas por información sobre los invasores de tierras aquí en el
departamento. "Así, esos delincuentes terminarán rotos y disgregados, se
acusarán unos a otros y podremos capturarlos", señaló Uribe.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Acto seguido, el ministro de Agricultura Andrés Felipe
Arias tomó la palabra y dijo: "Nuestra consigna debe ser: predio que sea
invadido, predio que no será comprado ni entregado a los indígenas". Uribe
acogió la idea y aprovechó la presencia de una fiscal para preguntarle si la
invasión de tierras era un delito excarcelable. "Sí, señor Presidente -contestó
la funcionaria-. Hoy es más grave robarse un celular que entrar a un predio y
destruirlo". Entonces, el jefe del Estado procedió a instruir al entonces
ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, para que iniciara con los
congresistas un proceso de concertación con miras a una "necesaria reforma
penal".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según Luis Fernando Arias, secretario general de la
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ese día quedaron despejadas
todas las dudas de los pueblos indígenas sobre la forma como el Gobierno
enfrentaría el viejo problema de las tierras y su intención de "criminalizar sus
aspiraciones y darle a un conflicto social un tratamiento reservado a los
problemas de orden público". Eso fue lo que sucedió con la reciente
movilización, que empezó como una protesta pacífica de las comunidades indígenas
del Cauca para reclamar del Estado la protección de los derechos humanos y la
entrega de tierras prometidas, y que terminó en graves disturbios. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El Gobierno se apresuró a criminalizar la protesta, a
acusarla de estar infiltrada por terroristas y a darle tratamiento policivo. Los
indígenas reaccionaron y recurrieron a las vías de hecho: taponaron la
Panamericana, abrieron zanjas en la vía, tumbaron árboles y dañaron vehículos de
carga. Los enfrentamientos dejaron dos indígenas muertos, más de 90 heridos, y
70 policías lesionados, entre ellos un policía con las manos amputadas por una
papa bomba. Las protestas se extendieron a 16 de los 32 departamentos, entre
ellos Risaralda, donde se produjeron choques que dejaron más de 20 indígenas
heridos. </DIV>
<DIV align=justify><BR>"Más allá de la inconformidad, hay un interés que busca
desestabilizar, confrontar y hacer oposición al Gobierno Nacional", aseveró el
ministro de Protección Diego Palacio el pasado viernes 17 en una rueda de prensa
en la Casa de Nariño, tras afirmar que no creía que fuera una coincidencia al
azar el hecho de que por los mismos días se dieran las huelgas de Asonal y los
corteros de caña, y las movilizaciones indígenas. El Ministro estaba acompañado
por la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el director de la Policía,
general Óscar Naranjo, quien afirmó que la llamada Minga de Resistencia Indígena
se había caracterizado por "la actitud violenta de muchos movilizados, el uso de
artefactos explosivos y de armas no convencionales", y aseguró que tenía
información sobre la participación directa de las Farc en las marchas.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Para nadie es un secreto que la guerrilla se
aprovecha de estos movimientos, lo cual le da pretexto al Gobierno para
estigmatizarlos y desconocer que han sido precisamente esas comunidades las que
han liderado un movimiento de resistencia para impedir que las Farc y, en
general, los actores armados las involucren en el conflicto, y que por eso les
han asesinado a sus líderes. "El Gobierno no ha entendido que la guerra no nace
en nuestros pueblos sino en mundos ajenos", dice Berito Cobaría, jefe de la
comunidad u'wa. El objetivo de las protestas indígenas es hacer visibles
problemas que no han tenido solución pero en ningún caso generar violencia,
nosotros no fabricamos las minas ni los helicópteros bombarderos".</DIV>
<DIV align=justify><BR>En medio de un clima de tensión social, la Minga de
Resistencia Indígena inició el lunes una marcha hacia Cali. Se trata de un
movimiento legítimo que busca respuesta a problemas cuya solución ha sido
largamente aplazada. Por eso desde diferentes sectores se han alzado voces para
llamar a la concertación y a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y no
mediante el uso de la fuerza. "Lo que estamos viendo -dice Virgine Laurent,
investigadora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos y profesora del
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes- es el reflejo
de una profunda crisis en la que se evidencia la falta de cumplimiento de la
Constitución y de los acuerdos pactados con las comunidades indígenas".</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Siervos sin tierra</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>CAMBIO investigó sobre la situación de las comunidades
indígenas y consultó a estudiosos del tema, funcionarios, líderes indígenas,
académicos e investigadores sociales. Todos coinciden en que el problema de la
tierra y la violación de sus derechos humanos no es nueva, pero que ha sido
agravada por el conflicto armado, que no solo ha contribuido al debilitamiento
de las organizaciones, sino a la pérdida de tierras, cuya consecuencia es la
reducción de sus territorios. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La ONIC sostiene que 400.000 de los más de 1,3 millones
de indígenas que hay en Colombia, no tienen acceso al uso de la tierra. El
epicentro del problema es el Cauca donde, según la organización, el Estado ha
incumplido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
ordenó entregarles 15.633 hectáreas para reparar a la comunidad afectada por la
masacre de 21 personas en la finca de El Nilo, el 16 de diciembre de 1991.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El Nilo hacía parte de las tierras que les habían
arrebatado y en la parte alta del predio se habían asentado algunas familias.
Hasta allí llegaron otros miembros de la comunidad Nasa para acordar una
propuesta para que el Incora comprara la finca y les adjudicara la tierra. Por
la noche, hombres armados entraron disparando, asesinaron a los indígenas y
quemaron sus ranchos. El caso llegó a la Corte Interamericana.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y el
Ministerio de Agricultura coinciden en que de las 15.663 hectáreas prometidas
como reparación por los hechos de El Nilo, el Estado ha adquirido 11.866 -el
75,8 por ciento-, que este año ha comprado 484 hectáreas y que espera adquirir
1.500 hectáreas más antes de diciembre. El ministro de Agricultura Andrés Felipe
Arias asegura que, aun en plena época de ajuste fiscal, el Ministerio ha
destinado 36.000 millones de pesos para ese propósito. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Un informe preparado por el Gobierno a raíz de la
protesta indígena, indica que en cumplimento del acuerdo firmado el 16 de
diciembre de 2005 con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para
agilizar los compromisos adquiridos en 1999 para la compra de 8.000 hectáreas,
han adquirido 4.555 y titulado 7.645 hectáreas en la Costa Pacífica del
departamento. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El mismo 16 de diciembre, el Gobierno suscribió un acta
de acuerdo con las comunidades de las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, y
con los pueblos de Guambia y Nasa del CRIC, para destinar 6.500 millones de
pesos para la compra de tierras en 2006, 2007 y 2008. De esos recursos solo han
sido desembolsados 2.500 millones de pesos por el Ministerio del Interior,
correspondientes a 2006. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, maneja
otras cifras. Según un estudio reciente, de los tres millones de hectáreas que
constituyen el área del Cauca, 721.000 pertenecen a los indígenas, y entre los
83 grandes terratenientes -dueños de más de 1.000 hectáreas- 75 pertenecen a los
paeces (ver recuadro). Por su parte, el ministro de Agricultura sostiene que
"los indígenas son el 20 por ciento de la población del Cauca y tienen el 33 por
ciento de la frontera agrícola del departamento". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Aun así, la ONIC sostiene que el Estatuto de Desarrollo
Rural -que demandó ante la Corte Constitucional- le ha permitido al Estado
bloquear la creación de nuevos cabildos, ampliar los existentes y regular a su
amaño, mediante los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, la vida de las
comunidades cuya autonomía está garantizada por la Constitución. Según la ONIC.
"el desarrollo social y cultural es el territorio y no puede pensarse fuera de
él". </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>A sangre y fuego</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Además del problema de tierras, las violaciones
permanentes de los derechos humanos y las infracciones al DIH son otras de las
causas que llevaron a la movilización de 50.000 indígenas en todo el país. Según
la ONIC, desde 2002 han sido asesinados 1.253 indígenas de las etnias Nasa,
Embera, Sikuani, U'wa, Wiwa y Awa. De esas muertes, 52 ocurrieron este año.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>La ONIC sostiene que la mayoría de esos homicidios están
relacionados con la defensa del territorio y las fuentes de agua en regiones
ancestrales, y con la declaratoria de neutralidad de las comunidades indígenas
frente al conflicto armado, y responsabiliza de ellos a paramilitares, las Farc
y miembros de las Fuerzas Armadas. "Muchos fueron asesinados por oponerse a
trabajar con los actores armados -asegura Higinio Obispo, representante de las
comunidades del sur y del oriente, entre ellas la nukak makú-. En los últimos 10
años, 439 fueron desaparecidos, 32 fueron heridos por minas antipersona y 1.478
fueron reclutados por los grupos armados".</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un caso emblemático es el del líder embera Kimy Pernía
Domicó, desaparecido en Tierralta, Córdoba, el 2 de junio de 2001. Fue detenido
por hombres armados a media cuadra de la sede de la Fiscalía y llevado en una
moto hacia la salida del pueblo. No volvieron a verlo. Pernía había encabezado
las movilizaciones de las comunidades indígenas del Alto Sinú contra la
construcción de la represa de Urrá en 1995, para defender "la dignidad, el
territorio y la cultura de su pueblo". El ex jefe paramilitar Salvatore
Mancuso reconoció en versión libre, en enero de 2007, que él ordenó desaparecer
al líder indígena y que su cadáver fue arrojado al río Sinú.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según un informe de junio de 2007 de la Comisión de
Verificación Interinstitucional -Defensoría del Pueblo, Procuraduría General,
Dirección de Derechos Humanos de Mininterior, Coordinación de DD.HH. de la
Gobernación del Putumayo y Secretaría de Gobierno de Puerto Asís-, las denuncias
más relevantes sobre violación de derechos humanos se refieren a asesinatos
selectivos y masacres. </DIV>
<DIV align=justify><BR>El reporte también documenta abusos cometidos por la
fuerza pública; la prohibición de libre circulación, movilización y transporte
de elementos básicos; restricciones al ejercicio de la autonomía y la
participación; violaciones de los derechos de las mujeres; señalamiento y
estigmatización de las comunidades por parte de algunas autoridades, grupos al
margen de la ley y sectores de la sociedad, y el impacto de las fumigaciones en
los cultivos de pancoger y en la salud de la gente.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Indígenas de la región sostienen que estas situaciones no
son nuevas, y que desde hace 10 años la defensa del territorio les ha
significado muertes e incluso la extinción de varias etnias. Quedan 18 pueblos
con entre 22 y 40 integrantes cada uno, y hay comunidades como la de los nukak
makú -descubierta hace 20 años- que está reducida a 450 miembros, cuando hace
unos años llegó a tener 1.500. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En abril de este año, la Defensoría del Pueblo presentó
al Congreso un informe en el que llamó la atención sobre las deficiencias de la
política indígena, que no garantiza la plena vigencia de los derechos de los 87
pueblos nativos -1.378.884 personas, según el censo del DANE de 2005- que
representan el 3,4 por ciento de la población total. Hoy 323 indígenas de 11
comunidades que han sido amenazados, reciben protección oficial en el marco de
un programa en el que el Gobierno invierte 1.400 millones de pesos
anuales.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Hondas raíces</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El Gobierno sostiene que la situación de violencia contra
los indígenas ha mejorado, y para probarlo presenta cifras del Observatorio de
Derechos Humanos de la Vicepresidencia: si entre enero de 1999 y julio de 2002
fueron asesinados 594 indígenas, durante el primer mandato de Uribe el número
bajó a 394, y en lo que lleva del segundo gobierno se han registrado 91 muertes
violentas. Por ejemplo en Cesar y La Guajira, donde las masacres eran pan de
cada día en la época de la violencia paramilitar, las muertes se han
reducido en 98 y 75 por ciento, respectivamente. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los problemas de tierra y de derechos humanos no son los
únicos indicadores de la crisis. La participación de las comunidades indígenas
en el régimen de transferencias y regalías por la explotación de recursos
naturales, está por debajo de los promedios históricos de otros países de
América Latina, según advierten conocedores del tema. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Además, los programas de atención en salud y cobertura
educativa registran saldos en rojo (ver infografía). Para no hablar del hambre
que, como escribió este martes en El Espectador el profesor de la Universidad de
los Andes, César Rodríguez, "Es casi tres veces más alta entre los indígenas que
entre los blancos y mestizos. O de la miseria, en la que se encuentra el 28 por
ciento de la población indígena, comparada con el 19 ciento de los 'civilizados'
". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Para rematar, según el censo de 2005 los indígenas sufren
el desplazamiento forzoso con mucha más frecuencia que el resto de la población:
10,3 por ciento han sido desplazados, mientras el promedio nacional es de
3,8 por ciento. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Ángela Santamaría, investigadora y profesora del Centro
de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, sostiene que lo que se está
viendo es la exacerbación de un problema estructural. "Para el movimiento
indígena es importante el derecho a la tierra, pero no es solo eso -asegura-.
Las causas van más allá del mero incumplimiento de la Ley y lo que vemos de
fondo son las consecuencias de un modelo económico neoliberal y de una ley de
Justicia y Paz que no garantiza la reparación y la reconciliación". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Y Garavito anota en la columna que el Gobierno le ha
puesto zancadillas a los derechos indígenas. "Colombia se abstuvo de firmar en
la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que fue suscrita por
143 países de todo el mundo. Y el Gobierno sigue sin expedir una ley que cumpla
con su obligación internacional de consultar con los pueblos indígenas las
decisiones que los afecten". </DIV>
<DIV align=justify><BR>Los dirigentes de la Minga de Resistencia Indígena han
dicho que no pierden la esperanza de poder establecer una mesa de diálogo y
concertación con el Gobierno con una dinámica distinta a la de los consejos
comunitarios. "No queremos un diálogo de sordos", dice Luis Fernando Arias. El
Gobierno está dispuesto a dialogar con la condición de que los indígenas
renuncien a la fuerza. Al fin y al cabo, como dice el profesor Garavito, "el
asunto es mucho más complejo que el dilema clásico entre civilización y
barbarie, o entre orden y amenaza terrorista". </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Botones para la muestra</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><BR>La ONG Tribunal Permanente de los Pueblos, cuyo objetivo
es hacer visibles las denuncias de los pueblos indígenas por violación de los
derechos humanos, resume los casos más representativos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>U'wa, Casanare. Esta comunidad indígena considera que el
establecimiento de la empresa petrolera OXY en su territorio constituye una
violación al derecho inalienable a tierras comunales y un atentado a su plan de
vida.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Wayúu, Guajira. La comunidad, que vive en la media y alta
Guajira, ha denunciado la violencia paramilitar y el asesinato por hombres de
las Auc de dos indígenas que se dedicaban a comerciar gasolina, en febrero de
2005. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Kankuamos, Sierra Nevada de Santa Marta. Este pueblo
rechaza el proyecto de la empresa Drisa para construir la represa Besotes, y
denuncia que los enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y miembros de la
fuerza pública en su territorio los ha dejado en la mitad de un fuego cruzado en
el que no tienen participación alguna. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Mocanas, Atlántico. La comunidad sostiene que le han
negado el reconocimiento como pueblo indígena y que la legalización de los
resguardos está rezagada, situación que se agrava por la política gubernamental
de no autorizar nuevos resguardos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Nasa, Cauca. Este pueblo denuncia la
estigmatización sistemática de los procesos de resistencia y los señalamientos
colectivos como guerrilleros, terroristas y delincuentes, lo mismo que la
violación de los derechos a la autonomía y a su cultura.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Tierras del Cauca</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Un estudio de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del
Cauca señala que de las 3'031.464 hectáreas que constituyen el área de
departamento, 721.763 pertenecen a asentamientos indígenas . El informe indica
que hay 1'268.937 habitantes en el departamento, el 19 por ciento de los cuales
son indígenas, el 20 por ciento afrocolombianos y el 61 por ciento mestizos.
</DIV>
<DIV align=justify><BR>Entre los 176.432 propietarios de tierras, el 91 por
ciento tiene entre 0 y 20 hectáreas; el 7,8 por ciento entre 20 y 200 hectáreas;
el 0,7 por ciento entre 200 y 1.000 hectáreas y el 0,04 por ciento -83
propietarios- más de 1.000 hectáreas. De estos 83, 75 son comunidades indígenas
y ocho son particulares.</DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT color=#800000 size=3>Correspondencia de Prensa -
Agenda Radical - Boletín Solidario<BR>Ernesto Herrera (editor):
</FONT></STRONG><A href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=3>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A><BR><STRONG><FONT size=3><FONT
color=#800000>Edición internacional del Colectivo Militante - Por la Unidad de
los Revolucionarios<BR>Gaboto 1305 - Teléfono (5982) 4003298 - Montevideo -
Uruguay</FONT><BR></FONT></STRONG><A
href="mailto:Agendaradical@egrupos.net"><STRONG><FONT
size=3>Agendaradical@egrupos.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV></FONT></BODY></HTML>